Por: Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, marzo 1º de 2011
Andrés Felipe Arias, para estigmatizar al 50% de la leche que se transa por “los canales informales” y que, según él, es veneno, preguntó en teleconferencia de agosto 3 de 2008, “¿Qué le voy a dar a mi bebé?”. En el mismo sentido, en el Congreso de Fedegan, el 28 de noviembre de 2010, el ministro Restrepo señaló que “la informalidad” es el principal “cuello de botella”; es decir, ambos coinciden en atribuir a la misma causa los padecimientos de la cadena.
La FAO, al contrario, dice que el problema a escala global es la “vulnerabilidad de los productores” frente a la gran industria y Colombia no es excepción. Uno de cada dos ganaderos tiene menos de diez reses; cada vaca entrega en promedio cinco litros por día; una proporción muy grande son mujeres rurales que complementan el ingreso familiar; la mayoría de los animales no se especializan ni en carne ni en leche sino en “doble propósito”; todo lo cual limita la existencia de hatos de talla mundial como los exige la tecnocracia criolla. Para colmos, un oligopolio controla el 85% de la leche pasteurizada.
En Colombia, en Brasil o en India hay otros canales, con pequeños comercializadores, consumidores de bajos ingresos y pequeñas firmas de derivados. Esta porción del mercado está en la mira de las grandes compañías. El gobierno, en conchabanza, ha expedido decretos prohibitivos de la leche en cantina, pese a que la OMS considere que, hervida, es alimento sano. Ha aceptado capítulos lácteos en seis TLC para que las filiales importen desde sus casas matrices, aunque el país sea autosuficiente. Es laxo con la presencia en tiendas y supermercados de bebidas lácteas basadas en lactosuero y de otras formas industriales engañosas que, sin nutrientes auténticos, asaltan la fe de los compradores. Y más grave aún, alcahuetea que no se paguen al lechero los precios oficiales, como sucede a estas alturas de 2011 cuando ni siquiera se han actualizado. Todo un legado de Arias que Restrepo continúa.
Usando los medios nombrados y otros más, el interés neoliberal es sustituir por extranjera una porción significativa de la leche nacional. La industria carece de capacidad para procesar los 6.500 millones de litros producidos al año y, por ende, cabe preguntar, ¿de dónde saldrá el sustituto del porcentaje que se proscribirá desde el 10 de marzo? Muchas organizaciones entendieron la urgencia de demandar una política sectorial incluyente, favoreciendo a los débiles y garantizando la seguridad alimentaria nacional, y se unificaron para resistir esa alianza “público-privada” que planea hacer del país una pieza más en la conquista, por los poderosos, de un “nuevo mundo” lácteo, será un pulso reñido que comienza el 9 de marzo venidero.
