Colombia, miércoles 12 de noviembre de 2008. Fuente: elnuevosiglo.com
POR: HORACIO SERPA
Cerca de dos millones de estudiantes y docentes que han pasado durante los últimos 16 años por las Universidades Nacional, Pedagógica, Distrital, Libre y el Sena, tienen en riesgo sus derechos a la intimidad, dignidad y presunción de inocencia. Todo porque un fiscal de la unidad de antiterrorismo ha solicitado oficialmente esa información, con el argumento de querer judicializar a más de 50 individuos sospechosos de pertenecer a las FARC.
Ese fiscal comisionó a un grupo de la Policía Judicial para realizar "inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley".
La lucha antiterrorista, cuestionada por los falsos positivos y la estigmatización de los opositores y sectores sociales, ha entrado en una nueva etapa. Y lo hace, precisamente, cuando las alarmas mundiales están encendidas por las altas cifras sobre violación de derechos humanos en Colombia.
Ahora, hay que decirlo sin ambages, es cuestionable cualquier medida que genere la idea de amenazar las libertades civiles y los derechos individuales y colectivos. Hay quienes temen llegar a un estado policía, insensible, manejado por leyes reaccionarias que aterrorizan a la gente. Un estado que llegue a desconocer derechos esenciales y convierta a todos en sospechosos, amparados en la lucha contra el terrorismo.
Puede ser una exageración, pero hay prevenciones. Se dice que en el andamiaje estatal hay quienes ven enemigos por todas partes y hacen maniobras para amparar dislates y argucias de funcionarios judiciales, políticos y gobernantes.
La decisión de ese fiscal antiterrorismo no tiene justificación alguna. Es síntoma de una mala educación judicial y un desprecio a la democracia. Un atentado contra las libertades y principios elementales del derecho, que dicen que las investigaciones deben ser individuales y no colectivas.
¿Qué piensa hacer el referido fiscal con dos millones de datos de jóvenes estudiantes, profesores e investigadores de las universidades mencionadas? ¿Cuánto tiempo durará mirando esa información y en dónde irán a reposar? Dada la corrupción reinante, que le acaba de costar la cabeza a un fiscal ante el tribunal Superior de Bogotá y otro ante la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en el caso de la parapolítica, ¿puede un ciudadano creer que esos datos no caerán en manos criminales, que tendrán la información exacta de sus futuras víctimas?
En Colombia todo es posible. Desafortunadamente se está perdiendo la confianza en las instituciones. Cajamarca, Guaitarrilla, Ocaña, Soacha son apenas el inicio de un largo etcétera de arbitrariedades. Varias instancias del Estado se han corrompido. Instancias del Das fueron cooptadas por el paramilitarismo, y algunos sectores del Ejército han sido infiltrados, por citar solo dos instituciones. Bien se haría retirando ese esperpento. Porque la mala educación judicial puede terminar en tragedias. Volver a Inicio >
POR: HORACIO SERPA
Cerca de dos millones de estudiantes y docentes que han pasado durante los últimos 16 años por las Universidades Nacional, Pedagógica, Distrital, Libre y el Sena, tienen en riesgo sus derechos a la intimidad, dignidad y presunción de inocencia. Todo porque un fiscal de la unidad de antiterrorismo ha solicitado oficialmente esa información, con el argumento de querer judicializar a más de 50 individuos sospechosos de pertenecer a las FARC.
Ese fiscal comisionó a un grupo de la Policía Judicial para realizar "inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley".
La lucha antiterrorista, cuestionada por los falsos positivos y la estigmatización de los opositores y sectores sociales, ha entrado en una nueva etapa. Y lo hace, precisamente, cuando las alarmas mundiales están encendidas por las altas cifras sobre violación de derechos humanos en Colombia.
Ahora, hay que decirlo sin ambages, es cuestionable cualquier medida que genere la idea de amenazar las libertades civiles y los derechos individuales y colectivos. Hay quienes temen llegar a un estado policía, insensible, manejado por leyes reaccionarias que aterrorizan a la gente. Un estado que llegue a desconocer derechos esenciales y convierta a todos en sospechosos, amparados en la lucha contra el terrorismo.
Puede ser una exageración, pero hay prevenciones. Se dice que en el andamiaje estatal hay quienes ven enemigos por todas partes y hacen maniobras para amparar dislates y argucias de funcionarios judiciales, políticos y gobernantes.
La decisión de ese fiscal antiterrorismo no tiene justificación alguna. Es síntoma de una mala educación judicial y un desprecio a la democracia. Un atentado contra las libertades y principios elementales del derecho, que dicen que las investigaciones deben ser individuales y no colectivas.
¿Qué piensa hacer el referido fiscal con dos millones de datos de jóvenes estudiantes, profesores e investigadores de las universidades mencionadas? ¿Cuánto tiempo durará mirando esa información y en dónde irán a reposar? Dada la corrupción reinante, que le acaba de costar la cabeza a un fiscal ante el tribunal Superior de Bogotá y otro ante la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en el caso de la parapolítica, ¿puede un ciudadano creer que esos datos no caerán en manos criminales, que tendrán la información exacta de sus futuras víctimas?
En Colombia todo es posible. Desafortunadamente se está perdiendo la confianza en las instituciones. Cajamarca, Guaitarrilla, Ocaña, Soacha son apenas el inicio de un largo etcétera de arbitrariedades. Varias instancias del Estado se han corrompido. Instancias del Das fueron cooptadas por el paramilitarismo, y algunos sectores del Ejército han sido infiltrados, por citar solo dos instituciones. Bien se haría retirando ese esperpento. Porque la mala educación judicial puede terminar en tragedias. Volver a Inicio >
