Cartas del lector

AMIGO BERNARDO:

LA PRIVATIZACION DE LA UNIVERSIDAD ES UNA NUEVA ETAPA DE LA ARREMETIDA NEOLIBERAL PARA ACRECENTAR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y GENERAR MAYOR DEPENDENCIA EXTERNA; ES PARTE DE LA ESTRATEGIA PARA IMPONER EN COLOMBIA EL MODELO MALAYO DE EXPLOTACIONES MINERAS Y GRANDES PLANTACIONES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS DE LAS ECONOMIAS DEL PRIMER MUNDO, EL CONSUMO DE LAS SOCIEDADES CON ALTO GRADO DE DESARROLLO TECNOLOGICO.

EN COLOMBIA Y, EN LA MAYORIA DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA, SE VIVE UNA PARADOJA SOCIAL: LA ECONOMIA CRECE, EL PIB CRECE Y LA POBREZA CRECE. LAS GANANCIAS OBTENIDAS POR EL ESFUERZO Y EL TRABAJO DE LOS CIUDADANOS DE NINGUNA MANERA REVIERTE A SUS AUTORES, CON EL SOFISMA DE LA CONFIANZA INVERSIONISTA SOLO EL CAPITAL SE LUCRA Y OBTIENE ALTAS TASAS DE RENDIMIENTOS.

SEGUN LAS ESTADISTICAS DEL PROPIO ESTADO, TENEMOS QUE, EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) AÑOS EN COLOMBIA, LA REMUNERACION DE LAS ACCIONES SE INCREMENTO EN 1200%, LOS BANCOS MULTIPLICARON SUS GANANCIAS POR SIETE, PERO LOS TRABAJADORES, DURANTE EL MISMO LAPSO, SOLO OBTUVIERON UN INCREMENTO REAL DEL 3% EN SUS INGRESOS.

ESTAS GANANCIAS EXCESIVAS DEL CAPITAL SE OBTUVIERON CON EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA, LA PRIVATIZACION DE LOS BIENES Y RECURSOS PUBLICOS Y, DESDE LUEGO, CON LA PERDIDA DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS TRABAJADORES Y LA INFORMALIDAD LABORAL QUE SE TRADUCE EN MAS TRABAJO CON MENOS REMUNERACION; EN CONCLUSION, ES LA SINTESIS DEL NEOLIBERALISMO: EXPROPIACION Y APROPIACION DEL ESTADO POR EL CAPITAL, CONCENTRACION DEL PODER Y LA RIQUEZA EN EL CAPITAL TRASNACIONAL Y SUS AGENTES LOCALES Y EMPOBRECIMIENTO GENERALIZADO; EN SUMA: CRECIMIENTO SIN EQUIDAD SOCIAL.

LAS MEDIDAS QUE PRETENDE IMPONER EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS EN CONTRA LA UNIVERSIDAD OFICIAL REVIVE EN COLOMBIA EL FANTASMA DE LA IDEOLOGIA NAZI DE MUERTE A LA INTELIGENCIA, DADO QUE EN EL MODELO MALAYO DE PLANTACIONES Y MINERIA LA INTELIGENCIA SOBRA, CON EL MUSCULO Y LA FUERZA BRUTA ES SUFICIENTE.

 ATENTO SALUDO,
REINALDO RAMIREZ

La mala educación judicial

Colombia, miércoles 12 de noviembre de 2008. Fuente: elnuevosiglo.com

POR: HORACIO SERPA

Cerca de dos millones de estudiantes y docentes que han pasado durante los últimos 16 años por las Universidades Nacional, Pedagógica, Distrital, Libre y el Sena, tienen en riesgo sus derechos a la intimidad, dignidad y presunción de inocencia. Todo porque un fiscal de la unidad de antiterrorismo ha solicitado oficialmente esa información, con el argumento de querer judicializar a más de 50 individuos sospechosos de pertenecer a las FARC.

Ese fiscal comisionó a un grupo de la Policía Judicial para realizar "inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley".

La lucha antiterrorista, cuestionada por los falsos positivos y la estigmatización de los opositores y sectores sociales, ha entrado en una nueva etapa. Y lo hace, precisamente, cuando las alarmas mundiales están encendidas por las altas cifras sobre violación de derechos humanos en Colombia.

Ahora, hay que decirlo sin ambages, es cuestionable cualquier medida que genere la idea de amenazar las libertades civiles y los derechos individuales y colectivos. Hay quienes temen llegar a un estado policía, insensible, manejado por leyes reaccionarias que aterrorizan a la gente. Un estado que llegue a desconocer derechos esenciales y convierta a todos en sospechosos, amparados en la lucha contra el terrorismo.

Puede ser una exageración, pero hay prevenciones. Se dice que en el andamiaje estatal hay quienes ven enemigos por todas partes y hacen maniobras para amparar dislates y argucias de funcionarios judiciales, políticos y gobernantes.

La decisión de ese fiscal antiterrorismo no tiene justificación alguna. Es síntoma de una mala educación judicial y un desprecio a la democracia. Un atentado contra las libertades y principios elementales del derecho, que dicen que las investigaciones deben ser individuales y no colectivas.

¿Qué piensa hacer el referido fiscal con dos millones de datos de jóvenes estudiantes, profesores e investigadores de las universidades mencionadas? ¿Cuánto tiempo durará mirando esa información y en dónde irán a reposar? Dada la corrupción reinante, que le acaba de costar la cabeza a un fiscal ante el tribunal Superior de Bogotá y otro ante la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en el caso de la parapolítica, ¿puede un ciudadano creer que esos datos no caerán en manos criminales, que tendrán la información exacta de sus futuras víctimas?

En Colombia todo es posible. Desafortunadamente se está perdiendo la confianza en las instituciones. Cajamarca, Guaitarrilla, Ocaña, Soacha son apenas el inicio de un largo etcétera de arbitrariedades. Varias instancias del Estado se han corrompido. Instancias del Das fueron cooptadas por el paramilitarismo, y algunos sectores del Ejército han sido infiltrados, por citar solo dos instituciones. Bien se haría retirando ese esperpento. Porque la mala educación judicial puede terminar en tragedias. Volver a Inicio >