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domingo, 3 de agosto de 2014

Ciudadanos cuestionan paro del poder judicial

Un grupo de abogados y ciudadanos pertenecientes a la Veeduría La Lupa, expidió un pronunciamiento respecto a las protestas que se han generado en el poder judicial subdirectiva Bucaramanga.
La posición de la ONG rechaza y cuestiona la actitud de los trabajadores del poder judicial y sostiene que eso solo está afectando a los ciudadanos del común que diariamente buscan la labor de la justicia para dilucidad hechos. El documento de la Veeduría La Lupa dice:
Por: Veeduría La Lupa
EL PARO DE ASONAL…. ¿ES PARA PEDIR MAS PUESTOS?
Un verdadero despelote y trastorno a la administración de justicia ha generado las absurdas ideas del Consejo Superior de la Judicatura y el sindicato de asonal judicial.
Se les ocurrió la brillante idea de implementar la oralidad en materia civil, sin antes presentar la reforma al código civil.
El sistema penal con la oralidad está en crisis y ha sido un verdadero fiasco.
Se inventaron, nuevamente y a pesar de los pobres resultados, crear Juzgados de Descongestión, los cuales para lo único que sirven es para que nombren a los parientes de los funcionarios y a los sindicalizados a asonal.
El 90% de las decisiones tomadas por estos juzgados, son apeladas y fueron nombrados puros pelagatos que no tienen ni idea de cómo funciona la rama judicial, violando  varias  leyes de discriminación por la edad, como quiera que son nombrados funcionarios recién egresados o que todavía son estudiantes de derecho, sobre abogados con experiencia,  nombramientos a dedo.
Estas absurdas decisiones han trabado el aparato judicial y someten al ciudadano a interminables colas, mala atención y violación de derechos fundamentales y al debido proceso como en los Juzgados de Ejecución, donde los procesos no aparecen.
En vez de los señores de ASONAL que  nuevamente van a  paro para pedir más puestos para sus amigos y parientes, deben más bien hacer un autoexamen del pésimo servicio que se presta y el despilfarro de miles de millones de recursos públicos en implementar sistemas que han demostrado ser ineficaces.
Esta veeduría ha demandado ante organismos internacionales los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que son sometidos los ciudadanos, en especial en los Juzgados de Ejecución de Bucaramanga ubicados en la calle 52 A no 31-31, barrio Sotomayor, donde una persona puede hacer fila por cinco horas sin ser atendida y ante la denegación de justicia que es un servicio publico
Firman:
SP® SAUL ORITIZ BARRERA, SP® MANUEL RICARDO YEPES, ABOG, SERGIO EDUARDO TOLEDO, ABOG. JIMMY CAMARGO, ABOG. EDWARD ALEXANDER DIAZ, Doctor JUAN DE JESUS GUTIERREZ, JEFE TECINO ARMADA® LUIS SANABRIA, ALVARO BAUTISTA, ROSARIO PATIÑO PEREZ, ALBA LUZ SANABRIA….SIGUEN 50 FIRMAS MAS!.
Carrera 18 No 36-24, oficina 301, teléfono 6701023, Bucaramanga

domingo, 28 de abril de 2013

Aceptación del error judicial en Colombia

                                      Por: Pedro Gerardo Tabares
Los 12.657 procesos que se indican por la autoridad competente creada recientemente para la protección del Estado, y que acepta promedio de estimación de 1.700'000.000 de pesos por cada proceso, causa estupor, como también lo causó aquello que en el pasado constituyó la ingente desaparición de dineros que se desviaron de una entidad que en los últimos años  no ha manejado ese tipo de recursos.
El error judicial tiene una orientación que no se alcanza a definir.
Se determina la razón lógica de la condena a inocentes que deben acudir a demandar, no porque el daño deba resarcirse, sino porque en cada persona hay un mínimo de ética que le da valor para reaccionar ante el Estado cuando lo atropella.
Sin embargo, notamos que cuando se elabora una demanda de esa magnitud, nadie se preocupa por examinar el fondo de la situación que la produce, puesto que en verdad ya no interesa la persona que actúo, sino una demostración de que quienes manejan el Estado en este caso, la rama judicial no son  idóneos para hacerlo, y cada día se aumenta esta deficiencia. Por eso habrá necesidad de examinar así sea equivocadamente alguna razón para tan lamentable situación.
La creación del Consejo Superior de la Judicatura, fue una aspiración perfecta del constituyente, pero con sólo la aspiración frustrada de suprimirlo se puede deducir que no dio los resultados anhelados, puesto que en sus manos han pasado 20 años para dirigir a los administradores de justicia, en cabeza de jueces y las sanciones para abogados, al lado del manejo del presupuesto de la rama judicial.
Loable también fue considerar la carrera para funcionarios y empleados y a cada funcionario colocarle un buen número de empleados que hagan lo que le corresponde a aquel, desde el entendido que físicamente le es imposible evacuar las sentencias que se le imponen y en oportunidades surge la aplicación de caprichos tradicionales o también una ambición desmedida de poder, desconociendo las normas para resolver, de tal manera que en el primer caso se institucionalizó una posibilidad de dejar pasar, dejar hacer, en contrario a la dinámica que crean las leyes; en la segunda connotación con un reconocimiento profesional sin que interese cuál es la responsabilidad de quien presta el servicio gratis, se tornó en esa facilidad para tomar decisiones sin la mesura necesaria; pero a ello hay que agregar el cambio radical de la orientación de la justicia penal que de la investigación que hacia el Estado, pasó a la influencia del interesado en obtener una condena sin que interese a quien se la impongan, usando medios de presentación de prueba que le den fuerza a la acusación y luego, finalmente a la decisión del juez, con las consecuencias que se anotan. Seguramente que si se analizaran estas elementales situaciones, partiendo de la integridad moral de cada uno de los funcionarios habría horizonte.

miércoles, 11 de julio de 2012

¿Reforma judicial o complicidad con la parapolítica?

------------------------------------Por Gerardo Delgado Silva
Si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido uno de los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.
Radbruch la clasifica entre los valores absolutos, como el bien, la verdad y la belleza, y Cicerón expresó de ella, que era “inclinación del alma que da a cada uno lo suyo”. Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.
Y bien. Nunca la opinión de los Congresistas se han formado realmente un serio propósito, consistente y perdurable en torno a nuestra administración de justicia. Se cree ingenua o malintencionadamente que con afrentar a Magistrados y jueces, como lo hizo el anterior Presidente, o con elaborar estatutos deficientes se soluciona el problema. Lo ocurrido con esta ominosa “reforma”, fue un ostensible repudio a todos los principios que soportan la excelsitud de la justicia, mancillando la propia piel transparente de la patria, pues evidentemente, como sostuvo Platón, la justicia es la razón de ser del Estado, su piedra angular.
Este panorama de destrucción institucional que estamos viviendo como legado del Señor Uribe, no es un designio divino de obligatorio cumplimiento: es la consecuencia de políticas abyectas que hay que remediar. Los Congresistas no son guardianes, como debieran serlo, de la moral pública, tampoco intrépidos defensores de los intereses nacionales en todos los aspectos de la vida republicana.  No entienden cual es su misión y en que consisten sus responsabilidades, ni para que son sus funciones dentro del contexto jurídico de la Carta, con la cual contamos.
Ningún colombiano ignora que el complejo proceso de males se recrudeció, por desgracia, por la poca atención que el anterior Presidente y el Congreso le pusieron a las prácticas vitandas, impulsadas por los parapolíticos y núcleos importantes de ese Gobierno, a despecho de la tradición jurídica y ética universal cambiándola por la sola y siniestra voluntad de unos paramilitares que le impusieron su propia ley al Estado. Ese Gobierno al que nos hemos referido se comprometió en una tarea de apaciguamiento que confundió con la entrega del orden jurídico y moral de la República. Evidentes ataduras con la delincuencia común.
La política torció su rumbo de servicio público, para convertirse en un negocio de trastienda venal que ha acomodado por el atajo de torcidas intenciones, la legislación a los intereses de los delincuentes.  En las horas de tinieblas del Congreso, por ejemplo, se ha conspirado abiertamente contra la institución democrática, al eliminar el régimen de inhabilidades; la detención preventiva establecida por 36 horas, para evitar obstrucción de la justicia; se legisló con estulticia en causa propia blindando a los Congresistas contra los hechos punibles de la parapolítica; aberrantemente se descorrió el velo de la intención proditoria de implantar la abominable impunidad; se suprimió a la Comisión de Investigación de la Corte Suprema, que sobresalientemente ha desempeñado su función, como una autentica cruzada  para ponerle valladar infranqueable a los hampones de la parapolítica; los presos en la hora fatídica saldrían libres, sin que la justicia pudiera abrirse paso en su sagrada misión, sin poder conservarse el orden jurídico. Es el olvido de los reales destinos de la dignidad y eficacia de la justicia.  Sencillamente porque el delito con la actitud permisiva del Congreso fue elevado oficialmente como fuente del derecho. Y, al propio tiempo se bendice con la aquiescencia oficial un pasado atroz manchado por los más horrendos crímenes de los paramilitares.  Todo esto vergonzosamente nos indica que el orden político, se convirtió en agencia del poder individual. Tiendas de campañas electorales, y no más.
No se puede montar un escándalo de las proporciones del que fuera montado, con pruebas concretas de desafecto a la Ley y a la Moral. Es un desprecio por el País que pueda exhibir cuerpo alguno deliberante.  En esta comedia de equivocaciones constitucionales y morales, intervino el Gobierno Nacional, consagrando la reforma con aguas bautismales. Y causa horror que las Cortes, dedicadas a hacer la luz en el desorden que nos rodea, a la labor de sanidad espiritual, hubiesen transigido con el engendro de reforma, desluciendo la toga, hecho que les está vedado.
En medio de la tempestad, en un acto plausible afortunadamente,  asumió el Presidente una posición de arrepentimiento, de enmienda y sobrepuso - en forma no ortodoxa - el interés Nacional a los acontecimientos adversos que socavarían para siempre la justicia y el Estado de Derecho, deteniendo los intereses de los depredadores legales.
La historia ha demostrado que la peor desgracia que puede acontecerle a un pueblo, es la de destruir, desarticular o vejar a su justicia.
Es el “Suplicio de Tántalo”, por ignorar el don de la justicia que lleva a los hombres a ignorar los límites de la ética. Por allá en la época de los romanos se sentenció: “Corruptio Óptima, Pésima”, la corrupción es lo mejor de lo peor. Sentencia que subsume el aberrante conciliábulo de la comisión de conciliación prevaricadora.
Estamos en el instante preciso de que la inteligencia colombiana asuma la personería del destino histórico de Colombia. Han hecho los Congresistas, la mala historia, que deja sin piso la razón de ser del organismo. Porque la buena se hace con visión y grandeza.

sábado, 16 de enero de 2010

El afán de poder y riqueza en Colombia

Por: Maria Teresa Prada Serrano
-----------Periodista Independiente.


Soy una mujer nacida en un hogar de bases sólidas y principios claros y concretos, que al paso de os años los ha consolidado más y más y que hoy mira sorprendida la forma de actuar de nuestras nuevas generaciones -y de cuyos vicios se han contagiado algunos mayores-, en donde solo imperan, dos elementos que si bien es cierto se necesitan, no deben ser indispensable en la vida de las personas, al punto de hacerle perder sus valores y principios, como es la RIQUEZA YA EL PODER. Ellos han sido dados al hombre para servir, no para amañarse, enriquecerse y llevarse por delante a las clases menos favorecidas.

Este apetito desmesurado de tener lujos y vivir en una sociedad ficticia, donde se eta más pendiente de lo que se ponen, del último trago, mostrar las mejores tetas y colas a base de silicona nos está llevando a la perdición total.

Es tal este afán de poder y riqueza que se ha tocado lo más sagrado de un Estado: Su cuerpo LEGISLATIVO Y JUDICIAL.

Nos encontramos con un Congreso sin pulcritud, sin respeto por los electores, sin honestidad, que rompe todos los patrones en un Estado Social de Derechos, confundido con el Derecho para unos pocos encabezados por el Presidente de la República. Y si entramos a hablar del sector Judicial, no podemos menos que horrorizarnos por el actuar de Policías y Militares de todos los rangos, de la impunidad de sus acciones como ocurre con los políticos involucrados a todos los niveles: senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores para los que siempre se buscan prebendas cuando debe buscarse la aplicación de la ley que rige para todos los acusados y condenados, a los que no se les da prioridad en celdas, alimentación, TV, Celular etc.

Y si hablamos del sector de los Medios de Comunicación no nos quedamos atrás ya que todos dan las noticias movidos por sus intereses personales, porque viven de las pautas del Estado y de los políticos corruptos. Y más tristeza aún da ver el comportamiento de los Entes de Control que no tienen criterio propio sino que se dejan manejar y utilizar esto lo vemos con Contralores, Procuradores y Fiscales y ahora hasta actos delincuenciales cometen algunos en ejercicio de sus cargos.

La Ley no discrimina. Las leguyadas lo permiten todo. Esto es lo que vemos, escuchamos, digeríamos días a día.

¿Será que como colombianos electores nos merecemos continuar gobernados y manipulados por estos personajes que no conocen de valores y menos de principios? La palabra la tienen ustedes..
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miércoles, 12 de noviembre de 2008

La mala educación judicial


Colombia, miércoles 12 de noviembre de 2008. Fuente: elnuevosiglo.com

POR: HORACIO SERPA

Cerca de dos millones de estudiantes y docentes que han pasado durante los últimos 16 años por las Universidades Nacional, Pedagógica, Distrital, Libre y el Sena, tienen en riesgo sus derechos a la intimidad, dignidad y presunción de inocencia. Todo porque un fiscal de la unidad de antiterrorismo ha solicitado oficialmente esa información, con el argumento de querer judicializar a más de 50 individuos sospechosos de pertenecer a las FARC.

Ese fiscal comisionó a un grupo de la Policía Judicial para realizar "inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley".

La lucha antiterrorista, cuestionada por los falsos positivos y la estigmatización de los opositores y sectores sociales, ha entrado en una nueva etapa. Y lo hace, precisamente, cuando las alarmas mundiales están encendidas por las altas cifras sobre violación de derechos humanos en Colombia.

Ahora, hay que decirlo sin ambages, es cuestionable cualquier medida que genere la idea de amenazar las libertades civiles y los derechos individuales y colectivos. Hay quienes temen llegar a un estado policía, insensible, manejado por leyes reaccionarias que aterrorizan a la gente. Un estado que llegue a desconocer derechos esenciales y convierta a todos en sospechosos, amparados en la lucha contra el terrorismo.

Puede ser una exageración, pero hay prevenciones. Se dice que en el andamiaje estatal hay quienes ven enemigos por todas partes y hacen maniobras para amparar dislates y argucias de funcionarios judiciales, políticos y gobernantes.

La decisión de ese fiscal antiterrorismo no tiene justificación alguna. Es síntoma de una mala educación judicial y un desprecio a la democracia. Un atentado contra las libertades y principios elementales del derecho, que dicen que las investigaciones deben ser individuales y no colectivas.

¿Qué piensa hacer el referido fiscal con dos millones de datos de jóvenes estudiantes, profesores e investigadores de las universidades mencionadas? ¿Cuánto tiempo durará mirando esa información y en dónde irán a reposar? Dada la corrupción reinante, que le acaba de costar la cabeza a un fiscal ante el tribunal Superior de Bogotá y otro ante la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en el caso de la parapolítica, ¿puede un ciudadano creer que esos datos no caerán en manos criminales, que tendrán la información exacta de sus futuras víctimas?

En Colombia todo es posible. Desafortunadamente se está perdiendo la confianza en las instituciones. Cajamarca, Guaitarrilla, Ocaña, Soacha son apenas el inicio de un largo etcétera de arbitrariedades. Varias instancias del Estado se han corrompido. Instancias del Das fueron cooptadas por el paramilitarismo, y algunos sectores del Ejército han sido infiltrados, por citar solo dos instituciones. Bien se haría retirando ese esperpento. Porque la mala educación judicial puede terminar en tragedias.
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