Por: Bernardo Socha Acosta
Por fortuna quedan instituciones que
defienden a la sociedad colombiana de los atropellos aberrantes que intentan
establecer dependencias del gobierno que más bien parecieran el azote del
pueblo como reiteradamente lo ha hecho el Ministerio de Transporte, últimamente
con las licencias de conducción y ahora con las llamadas Foto-multas.
Y cuando hablo de las instituciones que
defienden a la sociedad, me refiero al Consejo
de Estado en relación con los llamados FOTO-COMPARENDOS. Y gracias a esta sentencia, los conductores por lo menos tiene el alivio de no ser castigados con el 100x% de la multa, porque al ordenar que la autoridad de transito notifique personalmente la sanción, el afectado puede pagar en el tiempo previsto y recibir un descuento del 50%.
Con este “gancho” (foto-comparendos)
establecido con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el Ministerio de
Transporte y algunas, por no decir que todas, las Direcciones de Transito del
país habían iniciado la peor guerra vivida en la historia
colombiana contra los conductores de vehículos, en una arremetida en la que los
directores y jefes de las oficinas de
Tránsito veían poco el número de alféreces para ordenarles que
realizaran las más funestas cruzadas por las calles y carreras de las ciudades,
amedrentando a cuanto encontraran con la aplicación de foto-multas y sin escuchar
razones del por qué alguien se estacionaba así fuera en la vía de la periferia más solitaria de la
ciudad.
Con estas famosas cruzadas o “batidas” como
les dicen, pareciera que las autoridades de transito quisieran enriquecer a como
diera lugar a esas entidades, no se sabe con qué finalidad, aprovechándose de
una normatividad que por más respetable
que sea es atentatoria de los derechos
sociales y económicos de una sociedad que no alcanza a trabajar para sufragar
obligaciones tributarias de toda clase.
Pero además la forma como querían las autoridades de tránsito (no los alféreces
porque ellos cumplen órdenes) sacarle la platica de las multas a los
conductores, era violatoria del debido proceso, como lo reafirmó el Consejo de Estado en su
sentencia, para regular la norma de la cual son también responsables los llamados PADRES DE LA PATRIA
(congresistas) que aprobaron en la ley
unas cuantías económicas que lesionan no
solo lo económico sino lo moral de un ciudadano. Pero como lo congresistas y los burócratas de las oficinas de tránsito no
sienten en dolor de los asalariados que muchas veces tienen que destinar lo del
pan de sus hijos para pagar una multa de esas de TRÁNSITO, no por hechos
gravísimos como si serían pasarse un semáforo en rojo o conducir embriagado,
sino por el desgraciado momento de pararse un minuto en un sitio de los llamados prohibidos, o así no sea
prohibido, porque eso es lo que se ha visto. Un ciudadano que sea tratado de
esta forma, jamás puede reponerse del
dolor y la amargura que deja el pago de una multa injusta, una multa que muchas
veces lo obliga a sacrificar un bien o un salario para poderla cumplir, o poderla
cancelar.
Muchas veces el estado a través de algunas
instituciones con funcionarios
insensibles, es el responsable de todos los males que un país como Colombia
padece. La problemática social, no nace
por gusto de sus actores; lo motivan fuerzas distintas y en este caso lo motiva
el mismo estado que con sus funcionarios crueles, obligan al ciudadano a
volverse malo y ya los ejemplos lo dicen todo. En el caso que nos ocupa, gracias al Consejo
de estado que le devolvió la confianza a muchos colombianos que estaban en la
mira de los más absurdos atropellos.
