Por: Pedro Gerardo Tabares C
El cese de actividades de la rama judicial, ofrecen algunas referentes que tienen importancia social. La sociedad tiene concepto elevado de la administración de justicia y confía plenamente en desempeño el desarrollo y el bienestar tienen consecuencias importantes. Pero a su vez las personas en general mantienen los conceptos de equidad que no están propiamente referidos a los contenidos de las leyes y las reglas constitucionales, sino a una comparación de comportamiento, economía, convivencia, connotaciones de entorno social. De estas últimas apreciaciones aparece la consideración general de la inversión social, que dista de lo considerado en los presupuestos de los entes que conforman.
Lo anterior explica los diversos conceptos que llevan a discrepancias entre gobernantes y gobernados que deciden la disponibilidad de recursos para que aquellos que presten servicios públicos y no tienen decisión presupuestal sean atendidos. No se trata de enfrentamiento entre poderes, sino entre quienes presten servicios y manejan el presupuesto como el servicio público de la justicia.
En forma tradicional, los presupuestos destinados a la administración de justicia han tenido en el momento de asignarlos un poco que de desatención, sin que eso permita desconocer que dentro de las inversiones realizadas sea loable la sistematización, pero dado que aún se utiliza papel y otros elementos que parecen no causar erogaciones, culminan deteriorando cualquier presupuesto, con el transcurso de los años.
Sin embargo no estriba ahí la dificultad, sino que en el transcurso del tiempo, quienes manejan los presupuestos. siguen pensando que el desempeño en la rama judicial continúa cumpliéndose con personal no calificado, en lo que se refiere a jueces y empleados, como lo fue en otra época no lejana, y de ahí que las distancias entre el pago de los funcionarios calificados que desempeñan niveles importantes sigan con distancia de más de 10 millones en su asignación, y frente a empleados hasta de 14 millones, a niveles provinciales para no hacer la comparación con las altas cortes sin tener en cuenta la labor desempeña y calificada de profesionales recién egresados que cumplen labores específicas. Es en este caso, en donde se confunden los términos que nos sirven para titular la nota, debiendo hacer énfasis en que se requiere análisis sopesado por parte de quienes tienen decisión, para que acerquen las distancias y den solución a las dificultades que durante cerca de un mes producen estancamiento en decisiones que trascienden de manera grave en la sociedad.
Queda también la reflexión a autoridades educativas para que si profesionalizan a los jóvenes no haya discriminación y multiplicidad para desconocer los principios sociales del trabajo. Volver a Inicio >
El cese de actividades de la rama judicial, ofrecen algunas referentes que tienen importancia social. La sociedad tiene concepto elevado de la administración de justicia y confía plenamente en desempeño el desarrollo y el bienestar tienen consecuencias importantes. Pero a su vez las personas en general mantienen los conceptos de equidad que no están propiamente referidos a los contenidos de las leyes y las reglas constitucionales, sino a una comparación de comportamiento, economía, convivencia, connotaciones de entorno social. De estas últimas apreciaciones aparece la consideración general de la inversión social, que dista de lo considerado en los presupuestos de los entes que conforman.
Lo anterior explica los diversos conceptos que llevan a discrepancias entre gobernantes y gobernados que deciden la disponibilidad de recursos para que aquellos que presten servicios públicos y no tienen decisión presupuestal sean atendidos. No se trata de enfrentamiento entre poderes, sino entre quienes presten servicios y manejan el presupuesto como el servicio público de la justicia.
En forma tradicional, los presupuestos destinados a la administración de justicia han tenido en el momento de asignarlos un poco que de desatención, sin que eso permita desconocer que dentro de las inversiones realizadas sea loable la sistematización, pero dado que aún se utiliza papel y otros elementos que parecen no causar erogaciones, culminan deteriorando cualquier presupuesto, con el transcurso de los años.
Sin embargo no estriba ahí la dificultad, sino que en el transcurso del tiempo, quienes manejan los presupuestos. siguen pensando que el desempeño en la rama judicial continúa cumpliéndose con personal no calificado, en lo que se refiere a jueces y empleados, como lo fue en otra época no lejana, y de ahí que las distancias entre el pago de los funcionarios calificados que desempeñan niveles importantes sigan con distancia de más de 10 millones en su asignación, y frente a empleados hasta de 14 millones, a niveles provinciales para no hacer la comparación con las altas cortes sin tener en cuenta la labor desempeña y calificada de profesionales recién egresados que cumplen labores específicas. Es en este caso, en donde se confunden los términos que nos sirven para titular la nota, debiendo hacer énfasis en que se requiere análisis sopesado por parte de quienes tienen decisión, para que acerquen las distancias y den solución a las dificultades que durante cerca de un mes producen estancamiento en decisiones que trascienden de manera grave en la sociedad.
Queda también la reflexión a autoridades educativas para que si profesionalizan a los jóvenes no haya discriminación y multiplicidad para desconocer los principios sociales del trabajo. Volver a Inicio >
