La indignación ciudadana con la justicia

Los derechos humanos y las decisiones judiciales
Por: Bernardo Socha Acosta

No era común que los ciudadanos lanzaran duras críticas contra el sistema de administrar justicia en Colombia.  Pero hoy ya es  frecuente que las diatribas contra la justicia se escuchen por todas partes. Los ofendidos se preguntas si es el sistema o son las personas  que han sido seleccionadas para administrarla.  

Lo ciertos es que en varias encuestas, que diferentes medios de comunicación han hecho en los últimos días sobre el concepto de justicia en Colombia,  los ciudadanos se han encargado de darle la peor calificación de la historia.

Los últimos hechos en los que delincuentes reconocidos capturados en flagrancia y ciudadanos que por embriaguez han causado la muerte, no de una, sino de varias personas a la vez y los jueces los han enviado a sus casas con argumentos   que para el común de la gente constituyen una afrenta, ha desfigurado  por completo la función de quienes en épocas  no muy lejanas eran sagrados y respetables.

Los peligrosos delincuentes que cometen toda clase de fechorías y son enviados a sus casas,  ha despertado el instinto de venganza de muchos afectados, al ver que en Colombia la justicia desapareció.

Ya se ha visto en varias ciudades de la Costa atlántica que las comunidades de bien han intentado linchar a   los antisociales que se dejan arrestar, porque consideran que de nada sirve que la policía actúe para capturarlos, si más se demora en llegar a los juzgados, que  dejarlos libres, como en un aparente premio por la acción delictiva.  

Estas acciones contra los que violan  las más elementales normas de convivencia y legalidad, es un irrespeto contra el buen ciudadano. Y por eso se está incubando un sentimiento de venganza  y de justicia propia.

Dicen los  que han sido afectados en sus derechos, por decisiones judiciales, que si bien es cierto que hay congestión carcelaria, ese factor  no es óbice para denegar la justicia que merecen los buenos ciudadanos y el castigo  que merecen  los infractores.

La animadversión que las personas de bien, afectadas por hechos delictivos y, al mismo tiempo afectados por decisiones judiciales,  está almacenando un peligroso desenlace de sentimientos de rencor contra varios sectores que posiblemente traerán graves consecuencias en el futuro.
Y valga decir que si en la fecha se celebró el día de los derechos humanos, eso es lo que precisamente reclaman los buenos ciudadanos que ven vulnerados sus más fundamentales derechos por parte de elementos antisociales que ya no tienen el más mínimo principio de esa gracia humana,  y, si no hay justicia que los proteja, qué le queda al ciudadano, o a una sociedad…  Estamos los ciudadanos, frente a un dilema y de espalda a los derechos humanos. Dicen que el prestigio se gana, no se impone.

Exabrupto

                                      Por Gerardo Delgado Silva

La justicia fue definida por los romanos así: “Constans et perpetua voluntas jus suumm cuique tribuendi” – Ulpiano (La Voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo). 

Los jueces son los encargados de dar a cada uno lo que le corresponde conforme a derecho.  A ellos ha vuelto siempre la mirada la sociedad, cada vez que se desquician las reglas de convivencia.  Por ello, de antiguo fueron los mas sobresalientes conductores de la sociedad interpretando desde siempre las leyes.

Es tanta la importancia de la justicia, que hasta la monarquía  teocrática le rinde homenaje y le paga tributo desde los más antiguos tiempos.  “El Rey que castigue a los inocentes y deje impunes a los culpables- dice el Código de Manú- se cubre de la mayor ignominia y va al infierno”.

Y cuenta la biblia que Salomón cuando Dios le dijo:” Pídeme lo que quieras, que Yo te dé”, contestó: “Señor, Da, pues, a tu Siervo Corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para distinguir entre lo bueno y lo  malo (la negrilla es mía).

 Herodoto refiere el caso de Deioses, que llegó a ser Rey de los Medos, por la rectitud de sus fallos.

Así pues, la justicia consiste en aplicarla, interpretando fielmente su letra, con arreglo al sentido moral, que constituye su espíritu. Por eso toda la justicia reposa en los principios éticos de carácter fundamental que contiene la constitución, y fijan al derecho su verdadero sentido. Las decisiones de la justicia corresponden al ejercicio del Poder Judicial establecido en la Constitución con carácter independiente y soberano.  Es la clave del Estado de Derecho tan repudiado por el hoy senador Uribe.  Su independencia, su neutralidad, su oportunidad, su moralidad, son nada menos que la seguridad jurídica.

Ahora bien.  El derecho y la moral no tienen el mismo dominio, lo cual significa que el campo de la moral es más vasto que el campo del derecho,  a pesar de que el derecho debe tener un fundamento moral.

“La diferencia entre la moral y el derecho es simplemente – nos dice Ripert – la siguiente: La moral trata de obtener el perfeccionamiento interno del hombre, mientras que el derecho pugna simplemente por el orden de la sociedad; el derecho no trata de hacer reinar la virtud, sino de conservar el orden; cuando los actos inmorales no ataquen el orden público, deben ser ignorados por la Ley”. 

Pero hay que advertir que no debe exagerarse la distinción, puesto que las disposiciones jurídicas deben tener siempre, como ya dijimos una base moral, así como los jueces deben mantener los preceptos morales en el dominio de la conciencia.

Desde antaño se ha dicho: Hacer justicia, no es nada fácil.  El juez debe actualizar la norma, adecuarla a las circunstancias, hacerla producir efectos justos, humanizarla.  Por lo tanto, el Juez Penal, El Fiscal, y los Magistrados de ese ramo, deben emitir un juicio sobre la realidad del primer elemento estructural del delito que es la conducta humana.

De otra parte, lo importante es comprender en este punto, que para que exista conducta, desde el punto de vista del derecho penal, es indispensable que el comportamiento del hombre se realice fuera de su mundo interior, salga de su yo , y se exteriorice dejando una huella externa y alterando las condiciones objetivas preexistentes a su actuar.  Como dice Massari, el delito no es un mero antojo o veleidad o impulso al suceso mismo.  Es voluntad que actúa, impulso que se exterioriza, pensamiento que desemboca en una conducta;  es praxis, comportamiento, actividad, ejecución.

La conducta está constituida por dos elementos o coeficientes íntimamente ligados entre sí.  Es un hecho contemporáneamente físico y psíquico dirigido a la realización de un fin.

La conexión íntima entre el movimiento externo y la personalidad del sujeto es todo lo que se exige para que haya conducta, y en esta relación consiste el coeficiente psíquico del comportamiento, el cual no debe encontrarse en la voluntad del acto, sino en la atribuidilidad del acto al sujeto o, como dice Antolisei, en la propiedad exclusiva del acto.  De tal manera es conducta desde el punto de vista del derecho penal el acto voluntario o involuntario, que tenga un valor sintomático para la personalidad de su autor, que sea de tal naturaleza que se pueda decir, que le pertenece y que es suyo. 

La psicología judicial, el sicoanálisis criminal, la criminología clínica, la psiquiatría forense, deben ser – como han sido - , ciencias auxiliares del derecho penal y contribuir así a una eficaz defensa social.

Los noticieros nos han revelado que para superar las fallas humanas en la administración de justicia; se deben llevar a cabo exámenes a quienes aspiren a ser Fiscales o Jueces Penales.  Es un golpe a las Universidades del país, concretamente en sus Facultades de Derecho, con tanta o mayor fuerza que las espectaculares e inhumanas explosiones de los misiles, transmitidas por la televisión.  Un acto desesperado.

Nunca la opinión nacional se ha formado realmente un serio propósito, consistente y perdurable en torno a nuestra administración de justicia. Se cree ingenua o malintencionadamente que con afrentar a magistrados y jueces como inveteradamente lo hace el hoy senador Uribe, o con elaborar tres o cuatro estatutos deficientes se soluciona el problema.

Para recobrar el prestigio ¿Se ha consultado en selecta asamblea  a magistrados, jueces y fiscales, es decir a los que saben, acerca de cuáles normas deben reformarse, y como debe seleccionarse su personal?.

En puridad de verdad, algunos funcionarios judiciales se han olvidado de los reales destinos de dignidad y eficacia de la justicia y han caído en ese fenómeno dantesco de la descomposición, desvirtuándola.  Pero en su inmensa mayoría son celosos y prudentes en el cumplimiento de su sagrada misión, como faro de dignidad, de entereza y obstáculo infranqueable para las fuerzas que pretenden arrollar el estado de derecho.

No se requieren, se trata de un exabrupto, examinar a quienes aspiren a ser jueces penales o fiscales, ahí no está la causa del mal.  Basta analizar algunos aspectos del acontecer diario de esos aspirantes, si están o no traducidos en su voluntad de ir de brazo con los principios éticos, viejos de siglos, milenarios mejor, insustituibles canales para el servicio público de la justicia desinteresada y generosa, como corresponda a esas reservas morales e intelectuales de quienes tienen inevitable e irrenunciablemente que velar por el mantenimiento de esa institución para un futuro promisorio, que es una Colombia mejor.

El actual gobierno está mostrando horizontes del anterior,  y haciéndonos ver que para todos hay un sitio en la gran batalla de la reconstrucción moral y material de la República.

Escrito para www.bersoahoy – sección: Opinión idónea 

Abismo insondable

                                              Por Gerardo Delgado Silva 

No hay dignidad más grande que la que ostentan quienes administran justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley.

Por ello, la Constitución exige a quienes confían el poder de administrar justicia, que cumplan los sobresalientes requisitos de su cargo.

Pero la preservación de la dignidad de los jueces depende de los propios jueces.  A los jueces les está vedado deslucir la toga, en privado y en público.  El juez debe tener una pasión profunda por colocar la Administración de Justicia en el decoroso nivel que le corresponde, para que haya confianza en sus mandatos y seguridad en sus decisiones.

Llevar un noble mensaje portador de excelsos ideales, sin conspirar contra la institución al olvidarse de los reales destinos ejerciendo ese  “sagrado y terrible ministerio” que llamara Carnelutti.

Lo relatado por Daniel Coronel, tan connotado periodista, en la revista Semana, acerca del comportamiento del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Fernando Castro Caballero, “antiguo abogado de Víctor Carranza”, jefe paramilitar al parecer involucrado en la tenebrosa masacre de Mapiripan es una capitulación de sus deberes, de los grandes principios morales, que la Corte Suprema, fervorosamente ha sido guardián insomne, intrépida defensora del derecho en todos los aspectos de nuestra vida Repúblicana.  Difícil entender semejante acontecer, en la Corte Suprema, que ha gozado de merecido prestigio nacional e internacional y que ha sido, repito, máximo guardián.

No había habido en la historia de Colombia fenómeno igual, o siquiera parecido al denunciado por el valeroso Daniel Coronel.  Pero cuando los pueblos caen en los abismos de desfase ético como acontece ahora en Colombia, es fácil explicar la burla de nuestros estatutos jurídicos, sin que haya clara conciencia  de que cuanto se comete con prescindencia de elementales nociones éticas, no sólo se contraría el imperio de la ley, si no que se socavan los fundamentos mismos de la República.  Pero, ¿Cómo puede admitirse que autoridades de tan severas funciones puedan atender adecuadamente su misión, cuando ellas mismas incurren en descaradas alteraciones de todo aquello que regula el ejercicio del poder?. ¿No son los jueces y magistrados las autoridades erigidas, precisamente, para defender y sostener el orden jurídico?.

Los jueces fueron de antiguo los mas sobresalientes conductores de la comunidad y a ellos ha vueltos siempre la mirada la sociedad, cada vez que se desquician las reglas de convivencia.

Lo que acaba de suceder en la corte, al parecer, con pruebas concretas, según el artículo de Daniel Coronel, va más allá de la simple desfachatez personal del magistrado, para comprometer a la  institución que de verdad siempre ha querido soberanamente hacer patria.

¿Cómo puede aceptarse, que el Señor Magistrado, habiendo sido apoderado de Carranza, sea ahora el ponente en el proceso de Casación en el aterrador genocidio de Mapiripan, donde mostró también su vileza el señor Carranza?.

En puridad de verdad, cuando se llega a la cúpula de las altas posiciones del Estado nadie puede ser ligero, ni ingrávido, en el sentido moral del vocablo. 

Los gobiernos quieren revolucionar, transformar la justicia en algunos de sus aspectos, sin mirar el origen, desarrollo y consecuencias de sus principales problemas, creyendo de modo equivocado que los males que la afectan radican mucho mas en el espíritu y letra de las normas que regulan su funcionamiento, que en la formación, calidad profesional y condiciones éticas de quienes la administran en los diferentes niveles de su conformación general.

Y así la crisis sigue creciendo, ensanchándose, derrumbando la escasa fe que aún queda en la administración de justicia.

Ante situación tal de magistrado, solo queda pedirle que cumpliendo con las leyes de procedimiento, que regulan la legalidad de los juicios imponiendo garantías de imparcialidad, manifieste el impedimento para intervenir en el examen del proceso de casación por la masacre de Mapiripan, dado el carácter que tuvo de apoderado de Víctor Carranza al tenor el artículo de Semana.  El Señor Carranza prohijó esa siniestra política paramilitar de crímenes de lesa humanidad, contra mucha gente campesina, acusándola de ser “auxiliadores” de la guerrilla, con justificaciones de su comportamiento como abanderados políticos de la extrema derecha.

Paradójicamente conocida hoy, bajo el ropaje de “Centro Democrático”. Un movimiento para simular el agazapado fascismo del señor Uribe y otros, entre ellos el señor José Obdulio Gaviria allegado y primo del señor Pablo Escobar Gaviria, el más grande capo del narcoterrorismo. 

Cualquier colombiano lo sabe: La turbulencia y vejámenes del anterior gobierno, contra la Corte Suprema de Justicia, por su labor de sanidad espiritual al ponerle un valladar infranqueable a la marcha ominosa de los delincuentes parapolíticos.  Lo que importa es cuanto representa y significa la justicia en la vida social de la nación, al ordenar el sistema jurídico para hacer posibles la convivencia y la paz.

De sus decisiones depende el desarrollo del Estado de Derecho, la esencia misma de la democracia.

Tan desalmada fue la masacre de Mapiripan, que la justicia penal militar condeno al General Jaime Alberto Uscátegui, por su deplorable omisión – a pesar de estar advertido de la presencia de los criminales – y no impedir la tragedia.

Por ello, Organizaciones de Derechos Humanos han señalado con preocupación una suerte de división tácita de tareas: los militares haciendo la parte “limpia” y los “paras” la sucia en una misma guerra en la que ambos serían aliados de hecho contra un enemigo común.

Desde el Tribunal Internacional de Nuremberg, crímenes como los de Mapiripan fueron señalados como crímenes contra la humanidad y la paz, que no podían quedar impunes, sin importar donde y por quienes se hubieran cometido.  El Señor Magistrado no puede olvidar que es depositario de un solemne mandato de luchar por el imperio de la ley y la dignidad de la justicia.  Por tanto, no puede desdeñarla.  Por favor, como ciudadano le ruego se declare impedido para bien de Colombia. 

                                                                                              Articulo para www.bersoahoy.com

¿Se le llenó la copa al pueblo?

CONGRESISTAS, NO SE SIGAN EQUIVOCANDO

------------------------------------Horacio Serpa

La enérgica reacción ciudadana contra el Congreso a raíz del exabrupto de la Reforma a la Justicia, no lo fue solo por esa actuación. A la gente se le llenó la copa, con tanto desgreño, con tantos errores. Uno de los más criticados ha sido el propósito sistemático de reformar la Constitución. Equivocación grande es creer que todo se remedia modificando las normas superiores. Además, nunca tendremos un sistema político equilibrado, coherente, estable, si nos la pasamos probando instituciones, modificando reglas, inventando procedimientos, experimentado soluciones.

Parece que no todos los Congresistas se dieron cuenta de lo que pasó. O creen ingenuamente que solo fue una censura pasajera a la que no deben pararle muchas bolas. Por ello iniciaron la nueva legislatura, de la que los ciudadanos esperan seriedad, responsabilidad, trabajo, presentando otras propuestas de reformas constitucionales. Disculpas ofrezco a los Honorables Congresistas, a quienes aprecio y respeto, pero me parece increíble que no cogieran experiencia. El País está esperando otra cosa. Ojalá  leyeran bien la entrevista del nuevo Presidente del Senado. Si él siendo de la casa dice así del Congreso, imagínense lo que dicen los de afuera. ¡No se sigan equivocando!

Un ejemplo ilustra las observaciones. Con los comentarios de rechazo que se hicieron hace algunas semanas a la propuesta, pensé que no se volvería a hablar de eliminar la Vicepresidencia de la República. Las noticias dicen que ayer se presentó la iniciativa con el objeto de volver a la Designatura, una figura arcaica, antipopular, que en ocasiones se prestó para jugarretas, trapisondas y componendas.

Una de las razones que tuvo en cuenta la Constituyente para rechazar la Designatura fue la de que no es democrático que al eventual reemplazo del Presidente, elegido popularmente, lo escoja el Congreso. No hay razón que lo justifique. Con el riesgo de que un Congreso cuyas mayorías no sean amigas del Presidente, bien puede crear la expectativa de sucesión en una persona opositora o enemiga. Ni más, ni menos.

El argumento de que es necesario ahorrarse el sueldo del funcionario, es peregrino. ¿Con lo que vale esa asignación o el funcionamiento de la Vicepresidencia vamos a salir de pobres? Ahora, si el Presidente no le quiere asignar funciones, no sería empleado ni tendría sueldo.

Atribuirle competencias por Constitución sería como crear una Presidencia chiquita, con poderes plenos para desarrollarlas. Absurdo.

Pero lo más absurdo es creer que el País permitiría a los Congresistas elegir al eventual sucesor presidencial. Lo dispuso la Constituyente para suplir la falta absoluta del Vicepresidente, después de mucho debate y cuando el Congreso no estaba tan desprestigiado. 

Dificultades, ¿cuáles? Se presentaron cuando el Presidente Samper. Con los doctores Pastrana y Uribe no hubo problemas. En este tampoco.

Sin duda fue desobligante la presentación del proyecto estando enfermo el doctor  Angelino Garzón. Por fortuna son gratas las noticias de su recuperación. Debe estar sorprendido de que tan pronto dio la espalda para ir a la clínica, le comenzaron a mover la silla.

Bogotá D.C., 25 de Julio del 2012

¿Reforma judicial o complicidad con la parapolítica?

------------------------------------Por Gerardo Delgado Silva

Si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido uno de los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.

Radbruch la clasifica entre los valores absolutos, como el bien, la verdad y la belleza, y Cicerón expresó de ella, que era “inclinación del alma que da a cada uno lo suyo”. Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.

Y bien. Nunca la opinión de los Congresistas se han formado realmente un serio propósito, consistente y perdurable en torno a nuestra administración de justicia. Se cree ingenua o malintencionadamente que con afrentar a Magistrados y jueces, como lo hizo el anterior Presidente, o con elaborar estatutos deficientes se soluciona el problema. Lo ocurrido con esta ominosa “reforma”, fue un ostensible repudio a todos los principios que soportan la excelsitud de la justicia, mancillando la propia piel transparente de la patria, pues evidentemente, como sostuvo Platón, la justicia es la razón de ser del Estado, su piedra angular.

Este panorama de destrucción institucional que estamos viviendo como legado del Señor Uribe, no es un designio divino de obligatorio cumplimiento: es la consecuencia de políticas abyectas que hay que remediar. Los Congresistas no son guardianes, como debieran serlo, de la moral pública, tampoco intrépidos defensores de los intereses nacionales en todos los aspectos de la vida republicana.  No entienden cual es su misión y en que consisten sus responsabilidades, ni para que son sus funciones dentro del contexto jurídico de la Carta, con la cual contamos.

Ningún colombiano ignora que el complejo proceso de males se recrudeció, por desgracia, por la poca atención que el anterior Presidente y el Congreso le pusieron a las prácticas vitandas, impulsadas por los parapolíticos y núcleos importantes de ese Gobierno, a despecho de la tradición jurídica y ética universal cambiándola por la sola y siniestra voluntad de unos paramilitares que le impusieron su propia ley al Estado. Ese Gobierno al que nos hemos referido se comprometió en una tarea de apaciguamiento que confundió con la entrega del orden jurídico y moral de la República. Evidentes ataduras con la delincuencia común.

La política torció su rumbo de servicio público, para convertirse en un negocio de trastienda venal que ha acomodado por el atajo de torcidas intenciones, la legislación a los intereses de los delincuentes.  En las horas de tinieblas del Congreso, por ejemplo, se ha conspirado abiertamente contra la institución democrática, al eliminar el régimen de inhabilidades; la detención preventiva establecida por 36 horas, para evitar obstrucción de la justicia; se legisló con estulticia en causa propia blindando a los Congresistas contra los hechos punibles de la parapolítica; aberrantemente se descorrió el velo de la intención proditoria de implantar la abominable impunidad; se suprimió a la Comisión de Investigación de la Corte Suprema, que sobresalientemente ha desempeñado su función, como una autentica cruzada  para ponerle valladar infranqueable a los hampones de la parapolítica; los presos en la hora fatídica saldrían libres, sin que la justicia pudiera abrirse paso en su sagrada misión, sin poder conservarse el orden jurídico. Es el olvido de los reales destinos de la dignidad y eficacia de la justicia.  Sencillamente porque el delito con la actitud permisiva del Congreso fue elevado oficialmente como fuente del derecho. Y, al propio tiempo se bendice con la aquiescencia oficial un pasado atroz manchado por los más horrendos crímenes de los paramilitares.  Todo esto vergonzosamente nos indica que el orden político, se convirtió en agencia del poder individual. Tiendas de campañas electorales, y no más.

No se puede montar un escándalo de las proporciones del que fuera montado, con pruebas concretas de desafecto a la Ley y a la Moral. Es un desprecio por el País que pueda exhibir cuerpo alguno deliberante.  En esta comedia de equivocaciones constitucionales y morales, intervino el Gobierno Nacional, consagrando la reforma con aguas bautismales. Y causa horror que las Cortes, dedicadas a hacer la luz en el desorden que nos rodea, a la labor de sanidad espiritual, hubiesen transigido con el engendro de reforma, desluciendo la toga, hecho que les está vedado.

En medio de la tempestad, en un acto plausible afortunadamente,  asumió el Presidente una posición de arrepentimiento, de enmienda y sobrepuso - en forma no ortodoxa - el interés Nacional a los acontecimientos adversos que socavarían para siempre la justicia y el Estado de Derecho, deteniendo los intereses de los depredadores legales.

La historia ha demostrado que la peor desgracia que puede acontecerle a un pueblo, es la de destruir, desarticular o vejar a su justicia.

Es el “Suplicio de Tántalo”, por ignorar el don de la justicia que lleva a los hombres a ignorar los límites de la ética. Por allá en la época de los romanos se sentenció: “Corruptio Óptima, Pésima”, la corrupción es lo mejor de lo peor. Sentencia que subsume el aberrante conciliábulo de la comisión de conciliación prevaricadora.

Estamos en el instante preciso de que la inteligencia colombiana asuma la personería del destino histórico de Colombia. Han hecho los Congresistas, la mala historia, que deja sin piso la razón de ser del organismo. Porque la buena se hace con visión y grandeza.

CELERIDAD DE LA JUSTICIA

Por :  Pedro Gerardo Tabares C.

La celeridad de la justicia es el tema  que siempre ocupa a los gobernantes, pues se concreta en la agilización de los procesos, pero con términos mínimos para el ciudadano a través de sus apoderados, o por sí mismo porque la capacidad de litigar personalmente se viene aumentado, mientras corre un término de uno o dos años para que el señor juez con la consideración en su cúmulo de procesos resuelva. Para quien debe  concurrir a la justicia con el fin de cobrar una deuda le quedan seis meses y si no activa su actuación le archivan el proceso; tal vez pueda decirse que esto no tiene relación con la igualdad, la demora de años, de parte de la administración de justicia no es deficiencia, pero sì la del administrado que se en seis meses no cumple con sus obligaciones de notificar pierde el derecho que la ley le ha fijado en tres años, lo cual puede denominarse como la carrera que hace la llamada defensa de lo irreal, como muy bien lo pronunciara quien fungió como juez. 

 En este campo pueden ocurrir abusos que habrá de prevenirse así se tengan leyes sobre descongestión que le quitaron la calidad a los fallos y se convirtió en uso de recursos para obtener la justicia debida. 

Seguramente que en un país como el nuestro en que la Constitución tiene vocablos muy respetables, no sea de recibo que se  justifique la deficiente consagración de una mínima parte del personal y ocurran las demoras que ocurren y que en cambio el administrado o quien demanda el servicio del Estado,  encuentre que le desaparece su derecho con el paso de un mínimo  tiempo en que tenía que cumplir sus obligaciones o que considera el funcionario que debía cumplirlas. Es una paradoja que está aprobada en leyes anteriores y deberán orientar a los legisladores. No pocos de  ellos han sufrido esta situación en carne propia, con menoscabo de su beneficio. 

La reforma deberá estudiar cómo se constituya la administración de justicia en lo que siempre se aspira que sea, un poder público digno de su majestad, con estabilidad en quienes administran justicia, que el togado se preocupe por su  labor y en el mundo de las especializaciones, si la justicia le exige su consagración se restrinja de entregar con magnánimos propósitos su conocimientos a las futuras generaciones que orientaran el país, y además los consultorios jurídicos se transformen en laboratorios científicos del derecho, para que no haya acciones en oportunidades sin fundamento, propiciadas por quienes no han ejercido, al igual que en eso sí emular a la judicatura norteamericana en cuanto a experiencia, porque si se copió mal un código de procedimiento, ello no justifica insistir en no orientar la vinculación a la judicatura. No se trata de que se regule cuantas cortes se disputan supremacía donde no la hay, ni que resulta mejor si nombrar en interinidad o dentro de carrera, respetar la docencia de quienes tienen vocación a ello, o permitir que con el famoso reglamento interno disímil de los juzgados desde hace más de treinta años, se siga propiciando un imperceptible desorden interno que aún conociéndolo los legisladores, lo mantienen.

LA PUERTA DE LA PAZ SIGUE ABIERTA

Por Horacio Serpa Uribe

El Presidente Juan Manuel Santos ha sido coherente con su anuncio en el acto de posesión: ha abierto la puerta de la paz y actuado con seriedad para que los grupos armados ilegales pasen por ella y el país entre en una nueva  era de reconciliación.

Su anuncio de darle luz verde al proyecto de acto legislativo de justicia transicional, que tiene como fin superar las falencias de la Ley de Justicia y Paz, es un nuevo paso hacia la construcción de una institucionalidad para la convivencia.

Según el ponente de la ley, el senador Roy Barreras, “se inicia la construcción del marco constitucional de la justicia transicional en Colombia, que permitirá corregir errores de desmovilizaciones pasadas y abrirá la puerta para que sean posibles nuevas desmovilizaciones masivas futuras que permitan terminar el conflicto en Colombia”.

Según los promotores se trata de enmendar las fallas de las desmovilizaciones pasadas, presentes y futuras a favor de la verdad, pensando en las víctimas. Desmovilizaciones como las de miles de paramilitares en la administración Uribe y las que se esperan en el actual mandato.

Hace bien el Presidente Santos en poner al país a pensar nuevamente en el tema de la reconciliación, que pasa por la justicia transicional, que ha permitido avanzar en la verdad de graves hechos de violaciones de derechos humanos, como masacres, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, pero no ha conseguido aún avanzar en la aplicación de la justicia, pues solo ha habido cuatro sentencias en seis años, como lo denunció la Fiscal General de la Nación.

Y no ha habido justicia por las trabas que se han encontrado en el camino. Lo importante es que el primer mandatario tendrá nuevos instrumentos jurídicos y legales para seguir apostándole a la paz.

Luego de los contundentes golpes militares que han recibido las Farc en los últimos años, en los que perdieron la mayoría de su cúpula militar y política, y tras el repudio generalizado a sus métodos de guerra, es hora de que esa organización escuche el clamor nacional por la reconciliación.

Ha pasado más de un año desde que el Presidente le abrió la puerta y ellos siguen reacios a cruzarla amparados en un discurso que ya nadie entiende porque suena anacrónico. Su respuesta a la acción oficial ha sido el retorno a la guerra de guerrillas, utilizando armas no convencionales, afectando a la población civil, destruyendo la riqueza nacional y la tranquilidad de un país que quiere más acciones de paz y el fin de la barbarie.

Las Farc y el ELN tienen una nueva oportunidad para la paz. El país sigue esperándolos en una mesa de negociaciones, para que se comprometan con el derecho internacional humanitario, digan que quieren para su desmovilización y asuman un compromiso con la democracia y un nuevo futuro para Colombia. Nada está escrito para ese momento. Todo está por construirse. Las guerrillas deben entender que a la paz se le apareció un Santos y que es hora de negociar

¿SE REFORMARÁ LA JUSTICIA?

Por Luis Eduardo Jaimes Bautista (J.B.)*

La nueva reforma a la Justicia que el Presidente Santos y su Ministro Vargas Lleras tienen preparado para los correspondientes debates en el Congreso, tiene muchos pros como sus contras. Desde mi humilde punto de vista sociológico, donde me devané los sesos estudiando los diferentes métodos científicos. Las nuevas normas vienen trabajándose a nivel latinoamericano. Leyendo un estudio de la Universidad de los Andes, del doctor Andrés Ucrós (2004) titulado: “La Reforma a la Justicia en Colombia: Un Movimiento Amplio de globalizaciones Hegemónicas, plantea los intereses reformistas de la justicia global”. Los  recientes intentos desde el 2008 de la Reforma a la Justicia en Colombia, que empezará hacer trámite por los órganos legislativos, pueden enmarcarse dentro de este fenómeno.

Será un trabajo que realizarán, dejando ver lo común y silvestre que el pueblo conoce de la justicia por los medios de comunicación. Porque lo demás está en la palabra clave: “Globalización, reforma Judicial, desarrollo económico, mercado, derechos fundamentales”.    

Todo esto me hace recordar los titulares de prensa: “choque de trenes”. Donde la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, EL Consejo de Estado, El Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces, administración de justicia y la Justicia Penal militar como reza en la Constitución en el Art. 116 se convierte en una torre de babel, en caso de dirimirla se les confunde la lengua.  Pero la justicia basada en el derecho, la gran mayoría de los colombianos se extraña de que las Altas Cortes de Justicia desconozcan mutuamente los fallos que cada una de ellas dicta. Es el espectáculo más grave por los nocivos efectos que han generado, perdiendo la confianza en los ciudadanos por no tener en sus jueces credibilidad, pero, paradójicamente, es un fenómeno perfectamente comprensible a los intereses económicos que se mueven en este país.

Colombia funciona simultáneamente con tres sistemas jurídicos, cada uno de los cuales tiene tras de sí unos supuestos teóricos serios, que conducen a considerar a los que son partidarios de cada uno de ellos, que están actuando correctamente, y que los demás están gravemente equivocados, o están actuando “con sesgo ideológico”. El tema es largo y académico, para explicar en qué consiste cada uno de estos sistemas relacionados sería meternos en la hermenéutica. Pero dónde está el meollo de esta situación y no quieren el consenso, porque prefieren tener un statu quo que los hace poderosos con influencias. No sólo por las funciones electorales que les dio la Constitución del 91, sino por el sistema de administración en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, burocratizado, clientelista y de presupuestos elevados. Con la reforma propuesta, las Cortes perderían su capacidad de cruzarse favores con los otros órganos de control. Y los magistrados la posibilidad de saltar a la política con las sentencias en la mano, como en su momento intentaron algunos y que su nombres son muy populares. Tendrían también que abandonar la práctica maluca de salir a litigar frente a quienes antes eran sus colegas. El régimen de inhabilidades propuesto es muchísimo más severo que el muy laxo que hoy existe.

La reforma de la justicia tiene 26 artículos modificatorios de la Constitución del 91, por lo cual debe surtir ocho debates en el Congreso y apunta a que el Contralor General lo elija el Congreso en pleno, entre quienes se inscriban como aspirantes. También para la elección de Contralor se eliminan las funciones nominadoras de las Altas Cortes.

Igualmente pretende eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo caso se crearía el consejo nacional judicial, con la participación de los presidentes de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), delegados no magistrados de las Altas Cortes expertos en administración o finanzas públicas, y el delegado de jueces y magistrados. Allí estarán con voz, pero sin voto, el Ministro de Justicia, la Fiscal General de la Nación y el Gerente de la Rama Judicial. El proyecto busca que se vuelva al sistema de cooptación, para que sean las propias cortes las que elijan a sus integrantes. También se aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes y se requieren de 10 a 20 años, para ser magistrado de estos tribunales.

A las Cortes no les gusta la propuesta. Ni podrá gustarles. El presidente de la Corte Suprema dijo que el proyecto "pone en peligro la institucionalidad". El del Consejo de Estado fue más lejos y sostuvo que la reforma "afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia". Será porque allí también existe el nido de la corruptela.

*Poeta y Escritor

Carta del lector

AMIGO BERNARDO:

A PROPOSITO, ANTES DE LAS ELECCIONES, VALE UNA SENCILLA REFLEXION.

EL BALANCE DE LOGROS DE NUESTRA GENERACION EN CUANTO A JUSTICIA, IGUALDAD Y CONVIVENCIA HA SIDO BASTANTE ESCASO.

HEMOS VIVIDO EN UNA SOCIEDAD ENAJENADA Y FALSIFICADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EL APARATO EDUCATIVO PUESTOS AL SERVICIO DE LOS OBJETIVOS CAPITALISTAS NEOLIBERALES; EN EL CAPITALISMO SALVAJE SOLO VALE LA EXPLOTACION DE LOS TRABAJADORES Y EL LUCRO DEL CAPITAL.

EN LOS ULTIMOS TREINTA AÑOS DE GOBIERNOS NEOLIBERALES LA SOCIEDAD Y LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS PERDIERON LAS GARANTIAS QUE HABIAN CONQUISTADO CON SUS LUCHAS DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX; LA CAIDA DEL MURO DE BERLIN DIO LA LARGADA PARA INCREMENTAR LA EXPLOTACION DESAFORADA DEL TRABAJO HUMANO Y ACRECENTAR LAS GANANCIAS DEL CAPITAL FINANCIERO MANEJADO EN EL MUNDO POR LA CASTA JUDIA, ESA MISMA CASTA A LA QUE PERTENECE LA CARTA TRIUNFAL DE LA ULTRADERECHA EN COLOMBIA: ANTANAS MOCKUS.

LA CONSTITUCION DE 1991 FUE EL PRODUCTO DE UN ENGAÑO, DE UNA FALACIA, POLITICA PARA PONER EN MARCHA CONTRA LOS COLOMBIANOS EL LLAMADO CONSENSO DE WASHINGTON, IMPUESTO A COLOMBIA Y A LOS DEMAS PAISES DEL TERCER MUNDO POR EL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PARA CONTENER EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS LA CRISIS CAPITALISTA Y PASAR SUS NEFASTOS EFECTOS A LA SOCIEDADES DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS.

AUN TENEMOS MUCHO POR HACER.
ATENTO SALUDO,

REINALDO RAMIREZ

Nos maneja la publicidad y el mercadeo. Un modo de decir mentiras endulzadas.-

Carta del lector

ESTIMADO BERNARDO:

LA ACTUACION DE LA JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS Y, DESDE LUEGO, DEL GOBIERNO DE ESE PAIS EN EL CASO DEL SEÑOR ALMIRANTE GABRIEL  ARANGO BACCI FORMA PARTE DE SU POLITICA Y SE ENMARCA DENTRO DE SUS ESTRATEGIAS Y METODOS DE DEFENSA DE SUS INTERESES GEOPOLITICOS.

LOS COLOMBIANOS PARECEMOS ACOSTUMBRADOS AL MALTRATO Y AL PERMANENTE IRRESPETO DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DE NUESTROS MAS CAROS INTERESES DE QUE SOMOS VICTIMAS PERMANENTES POR LAS ACTUACIONES DE UN ESTADO, SUPUESTAMENTE AMIGO, QUE NOS TRATA COMO PARIAS; FUNCIONARIOS DE ALTA Y MEDIANA JERARQUIA DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS SE SIENTEN AUTORIZADOS PARA ATROPELLAR A NUESTROS CIUDADANOS, INVENTARLES CARGOS Y PEDIRLOS EN EXTRADICIÓN SIN QUE EXISTA UNA AUTORIDAD COLOMBIANA QUE EXIJA UN MINIMO DE RESPETO PARA NUESTROS CONNACIONALES.

POR EL CONTRARIO, EL GOBIERNO DE URIBE VELEZ MEDIANTE PACTOS LEONINOS Y SECRETOS, SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS, ENTREGA A PEDAZOS LA SOBERANIA DE COLOMBIA; RECIENTEMENTE EL GOBIERNO DE URIBE VELEZ ENTREGO A LOS ESTADOS UNIDOS EL DOMINIO DE SIETE BASES MILITARES, AEREAS Y MARITIMAS; EN ADELANTE NUESTRAS BASES MILITARES SERAN OCUPADAS POR LAS TROPAS EXTRANJERAS; ESTAS TROPAS DE OCUPACION TENDRAN INMUNIDAD, NUESTRAS LEYES NO RIGEN PARA ELLAS; AMPARADOS POR LA INMUNIDAD, LOS SOLDADOS GRINGOS PODRAN COMETER IMPUNEMENTE TODA CLASE DE CRIMENES Y ABUSOS  SIN QUE PUEDAN SER JUZGADOS POR LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS Y LOS JUECES DE LA REPUBLICA.

CUALQUIER SOLDADO GRINGO TENDRA MAS PODER QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y TENDRA MAYOR AUTORIDAD Y MANDO SOBRE NUESTROS RECURSOS BELICOS QUE EL MAS GALARDONADO E ILUSTRE DE NUESTROS GENERALES; EL MAS INSIGNIFICANTE SOLDADO GRINGO ESTARA EXENTO DE CUMPLIR LA LEY COLOMBIANA. TODOS LOS COLOMBIANOS, SIN DISTINGOS DE CLASE O CONDICION SOCIAL, ESTAREMOS SOMETIDOS A LAS ARBITRARIEDADES Y A LOS ABUSOS QUE ACOSTUMBRAN COMETER LAS TROPAS DE OCUPACION CONTRA LOS PUEBLOS HUMILLADOS, SOMETIDOS E INVADIDOS.

JAMAS IMAGINE QUE LOS COLOMBIANOS QUE HACE DOSCIENTOS AÑOS DERROTAMOS EL DOMINIO ESPAÑOL EN AMERICA Y FUIMOS LOS ARTIFICES DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA, AHORA, SUMISOS, CALLADOS Y HUMILLADOS, LLEGARAMOS A SEMEJANTE GRADO DE INDIGNIDAD Y SOMETIMIENTO A UNA POTENCIA EXTRANJERA; DA PENA PENSAR QUE SIN NINGUN RUBOR, DESDE LAS MAS ALTAS ESFERAS DEL PODER, SE PRETENDE CELEBRAR CON BOMBOS Y PLATILLOS, LOS DOSCIENTOS AÑOS DE LA REVOLUCION PATRIOTICA QUE NOS DIO LA INDEPENDENCIA DEL DOMINIO ESPAÑOL. SIMON BOLIVAR  Y LOS DEMAS HEROES DE NUESTRA GUERRA DE INDEPENDENCIA ESTARAN REVOLCANDOSE EN SUS TUMBAS; SU LUCHA Y SU SACRIFICO FUE EN VANO.

DEFINITIVAMENTE QUEDA CLARO QUE EL RESPETO QUE DEBE DAR ESTADOS UNIDOS A NUESTRO PAIS, A SUS AUTORIDADES Y A SUS CIUDADANOS JAMAS SERA EL FRUTO DEL SOMETIMIENTO; ESE RESPETO QUE MERECEMOS SERA EL RESULTADO DE LA RECUPERACION DE NUESTRA DIGNIDAD COMO NACION INDEPENDIENTE Y SOBERANA.

ATENTO SALUDO,

REINALDO RAMIREZ

Anexo comentario de Juán Gossaín

RCN Radio

UN FALLO REDENTOR

---------------------Por Gerardo Delgado Silva
-----------------------13 de Marzo de 2010

Desde antiguo, la sociedad ha vuelto la mirada al “Templo del Derecho y la Justicia”, como dijo Stamler siempre que se desquician las normas insustituibles para la protección de los derechos, y el mantenimiento de las instituciones como alimento de la paz y la justicia.
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Es enaltecedora la declaración de inexequivilidad de la Ley 1354, que enmascarando tenazmente las manipulaciones, fraudes e imposturas, convocaba a un referendo que desconocía obviamente los caminos jurídicos.
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Constituyó el empeño de erigir las aspiraciones del Presidente – Candidato, en el rasero de todas las cosas, como un dios laico omnipresente, asistido por los espectros del egocentrismo, el populismo, el neoliberalismo, la competitividad ciega, la insensibilidad lacerante, la desigualdad injuriosa de la dignidad, de la pobreza galopante, la ruina del campo, la simulación de los corruptos parapolíticos y narcos paramilitares que lo secundan, la evasión ominosa de la seguridad social, el déficit fiscal que sepulta al país ya hipotecado, la guerra paranoica antes que la paz, el nazismo inherente, y tantas otras felonías de similar catadura.
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La espléndida providencia, tiene la fuerza de una madrugada, que le pondrá fin al inaudito “Estado de Opinión”, ese exabrupto devastador de los principios propio de los dictadores, para cautivar ingenuos y asegurar el poder. Luminosa y sabia doctrina de la Corte Constitucional, faro de dignidad, de entereza, de pedagogía de la esperanza, y obstáculo infranqueable para las fuerzas oprobiosas que pretende arrollar el Estado de Derecho.
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Es un dique definitivo a la personalización del poder presidencial de Uribe, que socava los fundamentos mismos de la República.

Se pretendió encubrir la violación de la Carta Fundamental, transitando por el sendero de ese referendo tramposo, que en su trámite llegó a extremos indecoros, desafiantes de las normas penales, para darle cimientos a la pretendida reelección.
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No obstante, en medio de los hechos perturbantes, de la aridez del desierto, le surgen a Colombia algunos oasis que obviamente contribuyen, como este fallo, a darnos una visión distinta de lo que en realidad es el país, sus perspectivas humanas y sus sentimientos. Es una providencia, que hunde sus raíces en los valores del espíritu y enlaza a las generaciones actuales con una tradición jurídica e intelectual, que nos honra y enaltece.

Es que la justicia, como afirmaba Platón es la razón de ser del Estado, su piedra angular, podemos agregar. Empero, todo “hombre providencial”, se desborda sobre sí mismo e ignora que la política, según criterio de Sófocles puesto en labios de Antígona era “el sentido de lo justo, el don de compartir en comunidad, el don de propiedad de Zeus”.
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Uribe, con su ambición de poder realizó sobre la Carta Fundamental, sucesivas maratones violatorias de su espíritu y su letra, y del espíritu y letra de muchas disposiciones legales. Por completo olvidado de que sin justicia la convivencia social no existe ni puede existir, en ningún orden. Sin una equitativa tenencia de la tierra, que a nadie excluya y a todos dé no solo supervivencia sino las elementales condiciones de una vida plena con salud, educación, servicios básicos, y la realidad de un futuro feliz.
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Con su cínica mentalidad continuista, expresó Uribe en días pasados: “Ocho años no son suficientes para recuperar la seguridad”.

Sin embargo, constituyen una eternidad para los millones de desplazados; los cientos de miles de familiares de las víctimas de los genocidios de lesa humanidad, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, como apología de la “seguridad democrática”; ocho años suficientes para despreciar y vulnerar los derechos humanos, en otras palabras; ocho años, más que suficientes para la infamia de Carimagua, y Agro Ingreso Seguro, con Andrés Felipe Arias, coautor de hechos punibles, aún en el cieno de la impunidad. Y, ¿No son suficientes ocho años para la ilegítima y procaz Zona Franca de los “hijos del ejecutivo”?.
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El fallo ha cortado en dos la historia nacional reciente. Porque nada será igual a lo que teníamos de ignominioso e inmoral. El orden constitucional arranca aquí y ahora, con el fallo resplandeciente de estos guardianes honorables del Estado de Derecho. Así se hace la buena historia, defendiendo la Ley y la moral, con visión y grandeza.

La mala quedó en evidencia en estos ocho años en los cuales el Gobierno de Uribe despreció los valores constitucionales y éticos que estructuran el Estado. El oprobio se extendió y enmarcó a desvergonzados parlamentarios, que además se pasearon orondos por los recintos del Código Penal, a tal punto, que Uribe les ordenó: “voten por el gobierno antes de que los detengan”.
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Para fortuna de la patria, la Corte Suprema de Justicia, también ha cumplido con su sagrado ministerio, de dar a cada quien lo que le corresponde.

Dios nos tenga de su mano, para que el pueblo iluminado, vote por candidatos decorosos, que angustiosamente requiere Colombia, para el nuevo Congreso de la República.

OTROS ASPECTOS DE LA REFORMA A LA JUSTICIA

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Por: Pedro Gerardo Tabares

Para agilizar la administración de Justicia se encuentran dos conceptos importantísimos que solamente se podrán evaluar: de una parte la regulación de la perención, que en el pasado avanzaba hasta los dos años y ahora alcanza a los nueve meses para que como castigo a quien no pueda encontrar al individuo que demanda, se archive el proceso y se levanten las medidas cautelares, de tal manera que la acción prácticamente termina y el derecho no se obtiene, fundada la situación en la negligencia del actor . El espíritu del mandato tiene fundamento, pero lleva a quitar el principio de la gratuidad de la justicia, como quiera que estando descentralizadas las notificaciones son las empresas particulares las que las hacen, no obstante que aún en los cargos queda la nomenclatura del citador como empleado pero como es obvio cambia de funciones.

La otra consideración está relacionada con la rapidez en las decisiones penales con la legalización de la captura que presentan posibilidades para que todos los servidores públicos estén o no de acuerdo con la administración de justicia opinen cuando a bien tienen para calificar y entrar a cuestionar la jurisdicción acaso con sentimientos encontrados frente a situaciones que los toca en su entorno, pero con ello debilitan la actividad jurisdiccional, no dándose cuenta de otra parte, que en vez de criticar están obligados a suministrar elementos mínimos que para ellos no cuentan. En esa pugna interpoderes surgen para el administrado las consecuencias de la desorientación y el aumento de la falta de credibilidad en la administración de Justicia y credibilidad ciega en las administraciones.

Hay ejemplos de decisiones en que funcionarios que son objeto de críticas por sus conductas no ajustadas a la ley, pero pretender que quien sea encarcelado los indemnice por hacer las denuncias es una situación que da grima. No se requieren más leyes, se requiere la convicción y tener criterio social que solo se obtiene cuando la educación de los primeros años se orienta con valores sociales. Volver a Inicio >

JUSTICIA, EQUIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

Por: Pedro Gerardo Tabares C

El cese de actividades de la rama judicial, ofrecen algunas referentes que tienen importancia social. La sociedad tiene concepto elevado de la administración de justicia y confía plenamente en desempeño el desarrollo y el bienestar tienen consecuencias importantes. Pero a su vez las personas en general mantienen los conceptos de equidad que no están propiamente referidos a los contenidos de las leyes y las reglas constitucionales, sino a una comparación de comportamiento, economía, convivencia, connotaciones de entorno social. De estas últimas apreciaciones aparece la consideración general de la inversión social, que dista de lo considerado en los presupuestos de los entes que conforman.

Lo anterior explica los diversos conceptos que llevan a discrepancias entre gobernantes y gobernados que deciden la disponibilidad de recursos para que aquellos que presten servicios públicos y no tienen decisión presupuestal sean atendidos. No se trata de enfrentamiento entre poderes, sino entre quienes presten servicios y manejan el presupuesto como el servicio público de la justicia.

En forma tradicional, los presupuestos destinados a la administración de justicia han tenido en el momento de asignarlos un poco que de desatención, sin que eso permita desconocer que dentro de las inversiones realizadas sea loable la sistematización, pero dado que aún se utiliza papel y otros elementos que parecen no causar erogaciones, culminan deteriorando cualquier presupuesto, con el transcurso de los años.

Sin embargo no estriba ahí la dificultad, sino que en el transcurso del tiempo, quienes manejan los presupuestos. siguen pensando que el desempeño en la rama judicial continúa cumpliéndose con personal no calificado, en lo que se refiere a jueces y empleados, como lo fue en otra época no lejana, y de ahí que las distancias entre el pago de los funcionarios calificados que desempeñan niveles importantes sigan con distancia de más de 10 millones en su asignación, y frente a empleados hasta de 14 millones, a niveles provinciales para no hacer la comparación con las altas cortes sin tener en cuenta la labor desempeña y calificada de profesionales recién egresados que cumplen labores específicas. Es en este caso, en donde se confunden los términos que nos sirven para titular la nota, debiendo hacer énfasis en que se requiere análisis sopesado por parte de quienes tienen decisión, para que acerquen las distancias y den solución a las dificultades que durante cerca de un mes producen estancamiento en decisiones que trascienden de manera grave en la sociedad.

Queda también la reflexión a autoridades educativas para que si profesionalizan a los jóvenes no haya discriminación y multiplicidad para desconocer los principios sociales del trabajo. Volver a Inicio >

¡NI GUERRILLOS, NI PARAS, NI YIDIS!

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Horacio Serpa

Hace unos años se decía que las cosas se ponían "color de hormiga" cuando adquirían características de gravedad. Así se está poniendo la situación política. Color de hormiga culona, por las enormes dimensiones que está tomando.

La parapolítica, la farcpolítica, el narcotráfico, la llamada "reformita", el cierre del Congreso, la descalificación de los partidos, el caótico entorno internacional, la reelección, la propuesta constituyente, el "choque de trenes", las extradiciones, son una agenda demasiado pesada que nadie sabe para dónde va. Colombia parece un corcho en un remolino.

Lo que sea, debe estar en la ruta de lo consecuente y legal. No hay lugar para más desajustes. No caben más confrontaciones, ni descalificaciones, dentro de lo institucional. Llegó la hora de que cada quien haga su aporte, empezando por hablar claro a objeto de que las suposiciones y las especulaciones no sigan ahondando la crisis.

Por mi parte, trato de no meterme en honduras, ocupado como estoy en el propósito de hacer la tarea que me corresponde en Santander.
Por ejemplo, me han pedido que apoye la reelección para Alcaldes y Gobernadores. Mi respuesta es que no estoy de acuerdo con la reelección.

Por otro lado, respaldo sin condiciones a la administración de justicia y me someto a sus decisiones, a plena conciencia de los pleitos en que me están metiendo.
Mi elección como gobernador está demandada ante el contencioso administrativo.

Se me acaba de abrir proceso disciplinario en la Procuraduría porque me posesioné el 30 de Diciembre del año pasado ---con efectos a partir del primero de enero del presente--- y no lo hice en la capital sino en un corregimiento.
Se me abrió investigación preliminar en la Fiscalía porque fui a hablar con Castaño para que no asesinara a Piedad Córdoba. Lo hice con autorización del gobierno y a plena luz del día. Muy bien acompañado, por cierto, entre otros por el entonces Defensor del Pueblo doctor José Fernando Castro Caycedo, cuya reciente muerte lamenté muchísimo.

Un tal "panadero", de quien dicen que primero fue guerrillero y luego paramilitar, criminal confeso, dijo en una declaración judicial que me había visto hablando con subversivos, como infinidad de veces lo hice, representando la autoridad civil y política, durante mi lucha por la paz en más de 20 años, sin nunca faltar a mis deberes legales ni cívicos.
Hasta la suspicacia de importantes periodistas me ha puesto en la picota, diciendo que como soy amigo de Ramón Ballesteros, abogado de Yidis Medina, barranqueña como yo, alguna participación debo tener en ese testimonio. Definitivamente no. Para nada. Ni me interesa, ni he tenido relación personal o política con mi paisana. Todos saben que, como los toros de casta, embisto de frente. También saben que en esta época no estoy en el ruedo de los asuntos políticos.

Total, ni guerrilla, ni paramilitares, ni Yidis. Siempre con la ley y ahora solo con Santander, hasta cuando "San Juan agache el dedo".

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