INCREIBLE DISLATE JURIDICO

                        Por Gerardo Delgado Silva

Con la República democrática, el Gobierno dejó de ser autoridad personal.  En teoría, el Soberano rey fue suplantado por el soberano pueblo, cuya representación, como comandante, es ejercida por mandatarios o servidores de la voluntad popular.

Desde entonces, Gobierno es función pública.  Más aún: Servicio público.

De manera que los diversos aspectos de esta función o servicio constituyeron también poderes del Gobierno o ramas o departamentos de la función gubernativa.

El Régimen Presidencial es un sistema en el cual la Rama Ejecutiva se convierte en el centro de toda la actividad estatal.

Las funciones presidencial meramente ejecutivas, tienden al cumplimiento de la Ley y la guarda del orden público.  El presidente es elegido, no por circunscripciones del pueblo fraccionado, sino por la totalidad de ese pueblo, casi plebiscitariamente, lo cual le da a su representación un carácter nacional. El Presidente es elegido por votación popular directa.  Es decir, que aquí también se aplica el Principio de la Representación,  con un fundamento democrático.

El Señor Presidente Santos, está comprometido con la paz y sus difíciles caminos los está transitando con denuedo y decisión imperturbables.

El Art. 22 de nuestra Constitución, que es el orden jurídico fundamental, integral y estable, impuesto a todos los miembros de la sociedad, lo mismo a los gobernados que a los gobernantes, consagra el “Derecho a la Paz” , diciendo simplemente: “ La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Algunos connotados colombianos, dentro y fuera del gobierno creen errónea e insensatamente que se exalta a las instituciones democráticas, acudiendo torticeramente al plebiscito o al referéndum,  que implicaría un altísimo costo para el presupuesto de la Nación,  y así someter a la consideración del pueblo el Acuerdo de Paz.  Las FARC, abogan por una Constituyente.  Es un exhabrupto jurídico, en ambos eventos, pues la soberanía popular no es activa sino pasiva.  El acuerdo de paz no requiere ser refrendado o sometido a ratificación popular, pues en puridad de verdad, repito, con el debido respeto: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. 

Ahora bien, cuando Colombia se emancipó, al mismo tiempo que las demás colonias españolas en América, surgió la Nueva Organización institucional con la creación de la República de Colombia o “Gran Colombia” en 1819, un Estado Nacional integrado con la unión de Venezuela, Cundinamarca y Quito.

Jamás se pensó en esa época acudir al plebiscito,  para que el pueblo opinara sobre el bienaventurado, magno y esplendoroso grupo de la paz en su sagrada misión.

Y bien.  Desde que nació nuestro país ha vivido en medio de guerras.  Es larga la lista de conflictos y rivales: Conquistadores y aborígenes, españoles y criollos, federalistas y centralistas, conservadores y liberales, rebeldes de distintos colores e inspiraciones contra el gobierno legítimo, y, a veces, casi todos contra casi todos.  El Ex – presidente Jorge Holguín esbozó un inventario de enfrentamientos violentos entre 1824 y 1908, que incluía 8 guerras civiles generales, 2 internacionales, 3 cuartelazos, y, fuera de concurso, la Guerra de los Mil Días.  Esta última fue toda una carnicería.

Hubo batallas, como la de Palonegro, en donde según afirmó en 1954, el historiador Gabriel Camargo Pérez, “sucumbieron 4.000 ciudadanos en la más cruenta batalla de América Latina hasta fines de la pasada centuria”.  En una Nación que en 1900 tenía 4.350.000 habitantes, la guerra dejó más de cien mil muertos.

La población bajó de 4.262.000 ciudadanos en 1898, a 4.144.000 en 1905.  Si fuera dable una discutible extrapolación, equivaldría a que en Colombia actual, muriera un millón de personas en menos de tres años, rata cien veces mayor que la que padecemos.

Los acuerdos pusieron fin a la guerra que se llamó como lo habíamos expresado, de Mil Días, y solo suscribieron tres tratados de paz como lo demostraron liberales y conservadores, sin tener que recurrir al plebiscito  o al referéndum.  Lo trascendente es el Tratado para acabar con la guerra.  Por ello he evocado la Guerra de los Mil Días, pues son interesantes algunas semejanzas de entre los métodos de lucha y los de ahora.  En aquel conflicto, tuvo papel importante la Guerra de guerrillas, belicosa herramienta conocida desde los tiempos de la independencia. En esa guerra,  se firmó un Tratado de Paz en una hacienda bananera de Magdalena; otro en una finca de Chinácota y un tercero en un acorazado estadounidense en Panamá, el Wisconsin.  Los acuerdos referidos ponían fin a la guerra, como lo será ahora, y por el beneplácito de Dios, en Cuba, al suscribirse en su totalidad el Tratado que es el rostro de la paz.  Decisión que separa el bien del mal, para encontrar significación y sentido de responsabilidad en la propia existencia de todos los colombianos. En puridad de verdad, los derechos fundamentales, el perdón, la dignidad humana, la paz, y el amor al prójimo, son la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre.

Imposible Jurídico

----------------------------------Por: Gerardo Delgado Silva

El universalmente conocido pensador Rudolf Stamler, dejó escrita su visión del “Templo del Derecho y la Justicia”, diciendo: “…Pero, entre los hombres comenzaron a despertarse otros afanes…los fallos sagrados del Templo ya solo se buscaban para cubrir las apariencias… Las normas de conducta que de él irradiaban seguíanse tan solo en contados casos. Mientras no sepa –invocando las palabras de Platón- qué es lo justo, me hallaré muy lejos de saber si es o no una virtud…”

Y bien. La justicia entraña a la vez derechos y deberes. Derechos en cuanto nos protege; deberes en cuanto exige a los habitantes del territorio nacional, denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento, salvo las excepciones determinadas en la Carta Fundamental y en la Ley.

Su fundamento lo encontramos en la naturaleza misma de la acción penal por una parte, y por otra, en principios aceptados universalmente, en cuanto el derecho penal se propone la defensa social y la promoción de una moralidad más alta.

La obligación o deber testimonial, comprende el aspecto sustancial de decir la verdad espontáneamente, partiendo de un propósito de sinceridad y perfecta buena fe. Lo cual señala que debe estar exento de indemnizaciones o intereses, que condicionen su conducta y su plena autonomía jurídica.

Si el testigo al declarar se encuentra presionado por estas circunstancias de obrar dinero y con una orientación especial sugerida con voluntad de contrariar la verdad de los hechos, aparecerá la presunción de haber procedido temerariamente o con torcidos fines. La prueba testimonial solo tiene valor probatorio en cuanto ella es reflejo de la verdad, producto de hechos y relato fiel de testigos.

Con los denominados “informantes”, que quiere el Presidente Uribe instituir en las universidades, se quebrantan los principios científicos que garantizan la prueba testimonial.

Causa honda conmoción, en medio del gran caos que confunde al país y lo mantiene en zozobra, que el Presidente incurra una vez más, en manifestaciones de simple descarrilamiento constitucional, al proponer a los estudiantes universitarios una remuneración por su testimonio, como único freno al vandalaje desatado desde las madrigueras sanguinarias de los delincuentes; curioso criterio del debido proceso. Todo esto, sin adelantar una verdadera cruzada a favor del prestigio de la justicia y su eficacia en el necesario combate contra el desorbitado progreso de la delincuencia en Colombia. No se puede ignorar en forma tan pluscuanperfecta el más elevado interés público que es el de administrar justicia.

Se le escapo al Presidente Uribe en la universidad Jorge Tadeo Lozano como un sablazo a la constitución que: “Yo si prefiero tener un país con una cultura de cooperación con la Fuerza Pública…”¿No es la entonación de un canto a la progresiva paramilitarización de Colombia?

No puede eludirse el deber de enfrentar a los delincuentes, pero sin desconocer los caminos de la justicia, ni eliminar el Derecho Internacional Humanitario, para la protección de la población civil en conflictos internos, obligatorio para Colombia, según la Convención de Ginebra de 1949 y los protocolos anexos.

¿Así se estimulan al máximo las dotes intelectuales de los jóvenes universitarios? ¿Las “delaciones”, no fueron un rasgo persistente de las ideologías nazi y comunista, en su irracionalidad totalitaria?

Pero es más escalofriante, exigir las “delaciones”, en un espacio que debe estar por encima de cualquier confrontación violenta.

El que se pretenda alinear ideológicamente a los estudiantes mediante la entrega de dinero, revela el propósito real, que reconfirma el rumbo totalitario, para suprimir implacablemente, no a la subversión, si no a la conducta considerada antisocial a cuantos sean opositores al régimen, desajustando todos los resortes del Estado de Derecho. “Quien no está conmigo, está contra mí”. No hay duda en el sentido que Uribe es epígono de Bush, de Hitler o de Stalin.

No hay una letra en la Carta Fundamental, que autorice al Presidente, semejante despropósito. Toda facultad de carácter discrecional es, por su naturaleza, antisocial y antijurídica.

Si horroriza el reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de la guerrilla y los paramilitares; el enfoque del Gobierno de Uribe con los estudiantes, es otra forma de atarlos para que vean en una sola dirección y solamente lo programado. No serían delatores de la verdad si no encubridores de la mentira. Esa no es la práctica en la gran batalla de la reconstrucción moral, social y material de la República, ni la restauración del buen nombre del país, después de los innumerables “falsos positivos”; las interceptaciones criminales a personajes de Colombia.

El Presidente Uribe parece más preocupado por ajustar cuentas que por contribuir al advenimiento de la paz y la justicia. No es ciertamente la pedagogía de la esperanza, que haga la luz en el desorden que rodea a la institucionalidad de nuestra patria.

En fin, la universidad solo debe ser un santuario del pensamiento, no puede hacerse de los estudiantes y profesores, un vasto rebaño de seres racionales abozalados sin contemplaciones, en un inevitable proceso por el sinuoso sendero de los mercenarios. No puede jamás sustituirse en el templo de la inteligencia y la cultura, el suave y arduo ejercicio de la dialéctica por las órdenes castrenses, secas y estridentes como los disparos.

El que la hace, la paga

Fuente: elnuevosiglo.com Colombia, miércoles 15 de abril de 2009

HORACIO SERPA
________________________
La elección de Alberto Fujimori como Presidente del Perú fue un verdadero palo. Ni siquiera su contrincante y virtual ganador, el famoso Vargas Llosa, había considerado esa posibilidad. Cuando días antes de la fecha electoral Fujimori comenzó a figurar en las encuestas con una importante intención de voto, el escritor ni se había percatado de su existencia.

De ahí en adelante todo fue color de rosas para el nuevo Mandatario.
El pueblo lo rodeó con alegría y su lucha contra la guerrilla y el terrorismo fue acogida fervorosamente. Sendero Luminoso empezó a apagarse y sus máximos cabecillas fueron abatidos o encarcelados, entre ellos el denominado “Presidente Gonzalo”. Para lograr la pacificación apoyó sin vacilaciones las llamadas “rondas campesinas”, una especie de paramilitares que hacían “limpieza social” y apoyaban al gobierno con alborozo.

Fujimori rompió con el tradicionalismo político y abrió posibilidades a nuevas expresiones partidistas. Eliminó al Congreso de la República para instalar en las curules legislativas a sus seguidores y se enfrentó resueltamente a la Corte Suprema de Justicia, hasta que logró sustituirla. Con avasalladores procedimientos pudo ubicar en las responsabilidades más importantes del sector público a sus incondicionales. Su poder se hizo inmenso y nadie le ganaba en las encuestas de opinión.

Como su popularidad crecía cada día, hizo lo necesario para que se reformara la Constitución Nacional y poder aspirar a la reelección presidencial. Lo logró y el pueblo lo apoyó resueltamente, hasta el punto de ganar en primera vuelta. Reelegido, encontró la manera de interpretar a su favor una norma constitucional, para buscar por tercera vez la Presidencia. A pesar de que se dio en el país una gran discusión sobre la legalidad y la conveniencia de esta nueva aspiración, el pueblo lo eligió nuevamente. Todo indicaba que se perpetuaría en el poder.

Pero vino la destorcida. Se conocieron muchas equivocaciones en el mando, los errores gubernamentales fueron creciendo, se supo de arbitrariedades y de abusos, se descararon muchos de sus funcionarios corruptos, las quejas sobre violaciones a los derechos humanos trascendieron las fronteras peruanas, los opositores fueron perseguidos y gravadas sus conversaciones telefónicas y se descubrieron las perversidades de Montesinos, su fiel servidor en el servicio secreto, una especie de DAS de los peruanos.

Como el que la hace, la paga, Fujimori terminó escapándose de su País y renunciando a la Presidencia.

Hoy, el héroe de ayer está preso y acaba de ser condenado a 25 años de cárcel, convicto de abusos y de atropellos, de complicidades en asesinatos, de indeseables comportamientos. De santo en el cielo, pasó a ser villano en el infierno.

El poder público exige ponderación y respeto al ordenamiento jurídico.
En una democracia “el fin no justifica los medios”. La denominada “razón de Estado” no tiene cabida en un Estado de Derecho. Y es cierto que “el poder absoluto, corrompe absolutamente”. Fujimori en la cárcel, reo de violaciones y de abusos, es motivo de tranquilidad para
las democracias latinoamericanas.
casino online