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jueves, 5 de junio de 2014

La imposible fatiga moral

                                Por Gerardo Delgado Silva 
Al parecer no ha alcanzado el país a medir las proporciones del estado de descomposición moral desde el gobierno del señor Uribe.
En puridad de verdad, los paramilitares exhibieron una influencia no solo militar sino política, social y económica.  Tan profunda y tan extendida, que para muchos no resulta exagerado hablar de una paramilitarización de Colombia.
No surgieron contra el sistema sino del mismo con la bandera de defender la propiedad y ayudar al Estado a combatir la subversión.  Respaldados  por fantásticas cantidades de dinero ilegal, y la aquiescencia oficial de ese gobierno que les prometió declararlos  delincuentes políticos, un verdadero escarnio y befa al orden jurídico.  Adquirieron un control con su poder de fuego e intimidación que sufrieron miles de desplazados y cientos de masacres como también asesinatos selectivos.  Es decir, adquirieron un control sobre Asambleas, Concejos, y otros entes estatales; así mismo sobre extensas regiones del país, como un fenómeno dramático, después de imponerse a sangre y fuego, con las preocupantes implicaciones para el futuro nacional, como lo observamos en las pasadas elecciones del 25 de Mayo.  Un apocamiento moral de algunos ciudadanos, sin meditar lo que ha representado para Colombia el tétrico panorama de la carrera criminal de los paramilitares, a quienes el señor Uribe, en una cruzada ominosa quiso legalizar a un régimen mafioso, promesa hecha en Santa fe de Ralito, acudiendo a mecanismos jurídicos como amnistías e indultos.  Les aseguró que no serían juzgados por narcotráfico, ni extraditados del país.
De ahí, que capitulando ante todos los deberes, desdeño la sagrada misión de la Corte Suprema de Justicia, contra la cual desato procacidades explicables por el odio que en Uribe desató esa mística y fortaleza de la corte, al fallar contra un familiar y amigos del alma, sus electores parapolíticos.
Y ha pretendido desde entonces una obstrucción insolente de la justicia y reparación de las víctimas de acciones criminales de los paramilitares, a despecho de la tradición jurídica universal.
Ahora bien. Ese sector de la sociedad que depositó su voto por el señor Zuluaga, de brazo de un oscuro hacker, es el que está orillando todas las claudicaciones y por tanto estará dispuesto a auspiciar y abrir las puertas a la guerra.  Ese sector, puede ser prisionero del miedo, y por ello se muestra dispuesto a transigir con una inversión radical de valores, con la negación del pasado y el tejido mismo de la civilización. Estarían también dispuestos a abrir sus puertas a los autores de crímenes execrables y evidentemente niegan a las víctimas la justicia, ignorando los grandes soportes que le dan sentido a la existencia.  Sin dubitaciones se han congratulado con esos crímenes de lesa humanidad, eufemísticamente llamados “falsos positivos”.  Es el consenso para justificar públicamente esos hechos punibles, en tanto que el señor Uribe continúa lavándose las manos en la jofaina de Pilatos. Allí está el aroma del Averno que proporciona la seguridad democrática.
No podemos dejar de mencionar la intervención ilegal de teléfonos y correos electrónicos.  Además de violar la ley, esos hechos demuestran que la fibra indispensable la del sentido ético se aflojo, cuando no desapareció.  Lo cual, no se supera sino mediante la acción individual traducida en una voluntad colectiva mayoritaria por Juan Manuel Santos.  Porque solo de brazo de los principios éticos, viejos de siglos, milenarios mejor, se puede lograr una sociedad prospera. 
Nadie ha olvidado el episodio punible de Agro Ingreso, con la sangría de los recursos, contribuyó al desmedro de la vida ya ruinosa de millones de campesinos.
Al tétrico panorama de la denominada “seguridad democrática”, hay que sumarle ahora, que los dineros destinados a proteger la salud de doce millones de colombianos más pobres, fueron a parar a las arcas de los paramilitares y terminaron siendo utilizados para comprar armas, alimentar el narcotráfico y encender aún más la guerra.
Entonces, por esas calendas, se reveló que 24 de las 50 ARS existentes estaban involucradas en los hechos punibles y que el hombre que orquestaba este negocio ilícito era Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”, segundo al mando del Bloque Norte, elector de Uribe, con los famosos “distritos electorales”. 
Este desmantelamiento del Estado de Derecho comenzó casi de un modo insensible.  Y bien. Mucho más daño que la guerrilla en su punible acción, que en ocho años de gobierno Uribe no pudo evitar con la guerra; le hizo al país la reiterada costumbre en ese gobierno de atentar desde adentro contra sus instituciones republicanas.
Se impone así, un compromiso sagrado entre los colombianos, de reaccionar frente a la conspiración del “Centro Democrático” de Uribe, contra el Estado de Derecho, la Democracia, la moral y la paz.  Por eso, precisamente no nos cansaremos de clamar por un acto de entereza pública en las próximas elecciones del 15 de junio, que congregue a la nación por el prestigio de Colombia y la guarda de su futuro, como lo está logrando Juan Manuel Santos, que ha demostrado su hombría de bien al nutrir con la savia ideológica de su pensamiento el discurrir histórico de la nación. Lo montado sin pruebas, tratando de enlodar la campaña del 2010 de Santos, va mas allá de la simple desfachatez personal para comprometer a la Patria ante propios y extraños, y desde luego a la institución política que presidió.  Que gran ejemplo para la juventud.  Un ex presidente que no padezca sicopatía, no puede corromper la conciencia colectiva de la nación y torcer el rumbo histórico que siempre ha percibido  de los auténticos líderes, ejemplos enaltecedores de dignidad y de grandeza.
¿El nuevo pensador de la ciencia política, candidato Zuluaga, ha demostrado a la patria el mecanismo por mejorarle su suerte – al lado de Uribe -, por elevar la dignidad de una sociedad, por preservar nuestros valores, por encontrar unos rumbos mas esplendorosos?.
Los líderes como Alfonso López, Gaitán, los dos Lleras, Eduardo Santos, nacieron del consenso público después de una confrontación ideológica y ética, Zuluaga surgió como el sub producto de unos estatutos hechos para la rutina electoral del partido denominado “Centro Democrático”.
Aquellos pertenecieron a la aristocracia de la inteligencia, la cultura y la política que veló por el mantenimiento de las instituciones.  Y fueron faros de dignidad, entereza y obstáculos infranqueables, para las fuerzas que pretendieron destruir al Estado de Derecho.  Santos representa, - y así lo ha entendido todo el orbe -, al mundo civilizado, su cara mas amable, la mas humana sin duda, la que ha mirado desde los albores de la modernidad por la dignidad y la libertad del ser humano encarnadas ambas en los valores de la justicia social, la igualdad, la tolerancia, los derechos humanos, la democracia representativa.
Es posible que se piense mal de la existencia en que los valores, tan descaecidos ya, se preserven  y se evite – con la vituperable amenaza de Uribe – un mayor desmoronamiento de los mismos.  Pero mientras sea necesario defenderlos y salvar el efecto benéfico que tienen en una sociedad organizada, tendremos que hacerlo, con la seguridad de que con ello estaremos protegiendo los principios fundamentales que rigen la conducta humana.
Así las cosas. Podemos inferir lógicamente, que todos los colombianos de bien ante este tifón maligno del Centro Democrático, tienen reclinada su alma en el salmo 42: “Juzgadme vos, ¡oh Dios, y defended mi causa de la gente malvada: libradme del hombre inicuo y engañador”.
                                                                                   www.bersoahoy.com

jueves, 18 de febrero de 2010

Imposible Jurídico

----------------------------------Por: Gerardo Delgado Silva

El universalmente conocido pensador Rudolf Stamler, dejó escrita su visión del “Templo del Derecho y la Justicia”, diciendo: “…Pero, entre los hombres comenzaron a despertarse otros afanes…los fallos sagrados del Templo ya solo se buscaban para cubrir las apariencias… Las normas de conducta que de él irradiaban seguíanse tan solo en contados casos. Mientras no sepa –invocando las palabras de Platón- qué es lo justo, me hallaré muy lejos de saber si es o no una virtud…”
Y bien. La justicia entraña a la vez derechos y deberes. Derechos en cuanto nos protege; deberes en cuanto exige a los habitantes del territorio nacional, denunciar los delitos de cuya comisión tenga conocimiento, salvo las excepciones determinadas en la Carta Fundamental y en la Ley.

Su fundamento lo encontramos en la naturaleza misma de la acción penal por una parte, y por otra, en principios aceptados universalmente, en cuanto el derecho penal se propone la defensa social y la promoción de una moralidad más alta.

La obligación o deber testimonial, comprende el aspecto sustancial de decir la verdad espontáneamente, partiendo de un propósito de sinceridad y perfecta buena fe. Lo cual señala que debe estar exento de indemnizaciones o intereses, que condicionen su conducta y su plena autonomía jurídica.

Si el testigo al declarar se encuentra presionado por estas circunstancias de obrar dinero y con una orientación especial sugerida con voluntad de contrariar la verdad de los hechos, aparecerá la presunción de haber procedido temerariamente o con torcidos fines. La prueba testimonial solo tiene valor probatorio en cuanto ella es reflejo de la verdad, producto de hechos y relato fiel de testigos.

Con los denominados “informantes”, que quiere el Presidente Uribe instituir en las universidades, se quebrantan los principios científicos que garantizan la prueba testimonial.

Causa honda conmoción, en medio del gran caos que confunde al país y lo mantiene en zozobra, que el Presidente incurra una vez más, en manifestaciones de simple descarrilamiento constitucional, al proponer a los estudiantes universitarios una remuneración por su testimonio, como único freno al vandalaje desatado desde las madrigueras sanguinarias de los delincuentes; curioso criterio del debido proceso. Todo esto, sin adelantar una verdadera cruzada a favor del prestigio de la justicia y su eficacia en el necesario combate contra el desorbitado progreso de la delincuencia en Colombia. No se puede ignorar en forma tan pluscuanperfecta el más elevado interés público que es el de administrar justicia.

Se le escapo al Presidente Uribe en la universidad Jorge Tadeo Lozano como un sablazo a la constitución que: “Yo si prefiero tener un país con una cultura de cooperación con la Fuerza Pública…”¿No es la entonación de un canto a la progresiva paramilitarización de Colombia?

No puede eludirse el deber de enfrentar a los delincuentes, pero sin desconocer los caminos de la justicia, ni eliminar el Derecho Internacional Humanitario, para la protección de la población civil en conflictos internos, obligatorio para Colombia, según la Convención de Ginebra de 1949 y los protocolos anexos.

¿Así se estimulan al máximo las dotes intelectuales de los jóvenes universitarios? ¿Las “delaciones”, no fueron un rasgo persistente de las ideologías nazi y comunista, en su irracionalidad totalitaria?

Pero es más escalofriante, exigir las “delaciones”, en un espacio que debe estar por encima de cualquier confrontación violenta.

El que se pretenda alinear ideológicamente a los estudiantes mediante la entrega de dinero, revela el propósito real, que reconfirma el rumbo totalitario, para suprimir implacablemente, no a la subversión, si no a la conducta considerada antisocial a cuantos sean opositores al régimen, desajustando todos los resortes del Estado de Derecho. “Quien no está conmigo, está contra mí”. No hay duda en el sentido que Uribe es epígono de Bush, de Hitler o de Stalin.

No hay una letra en la Carta Fundamental, que autorice al Presidente, semejante despropósito. Toda facultad de carácter discrecional es, por su naturaleza, antisocial y antijurídica.

Si horroriza el reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de la guerrilla y los paramilitares; el enfoque del Gobierno de Uribe con los estudiantes, es otra forma de atarlos para que vean en una sola dirección y solamente lo programado. No serían delatores de la verdad si no encubridores de la mentira. Esa no es la práctica en la gran batalla de la reconstrucción moral, social y material de la República, ni la restauración del buen nombre del país, después de los innumerables “falsos positivos”; las interceptaciones criminales a personajes de Colombia.

El Presidente Uribe parece más preocupado por ajustar cuentas que por contribuir al advenimiento de la paz y la justicia. No es ciertamente la pedagogía de la esperanza, que haga la luz en el desorden que rodea a la institucionalidad de nuestra patria.

En fin, la universidad solo debe ser un santuario del pensamiento, no puede hacerse de los estudiantes y profesores, un vasto rebaño de seres racionales abozalados sin contemplaciones, en un inevitable proceso por el sinuoso sendero de los mercenarios. No puede jamás sustituirse en el templo de la inteligencia y la cultura, el suave y arduo ejercicio de la dialéctica por las órdenes castrenses, secas y estridentes como los disparos.

martes, 1 de septiembre de 2009

¿Hasta cuándo?



HORACIO SERPA
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Demacrados, acabados, tristes. Desconsolados. Desesperanzados. Con el corazón en jaque y sin un espacio para soñar. Así se vieron las nuevas imágenes de los miembros de la Fuerza Pública en poder de las FARC, algunos desde hace 12 años. ¡Vergüenza para un Estado que se precia de seguro y democrático!

Colombia no puede seguir mirando hacia otro lado, como si el drama de los miembros del Ejército y la Policía en manos de la guerrilla no fuera un tema trascendental, que debería mover la solidaridad nacional e internacional y la decisión política del Gobierno para permitir su regreso.

Las declaraciones del General Luis Mendieta, lo dicen todo: “sigo sobreviviendo”. Un acto de heroísmo en medio de tanto desprecio por la vida y la dignidad. Pero también un mensaje a una nación engolosinada con los resultados de la Operación Jaque, que permitió el rescate de Ingrid Betancourt, los contratistas norteamericanos y un grupo de uniformados.

Pero quienes siguen en la selva, pudriéndose en vida, con el alma rota y la dignidad pisoteada, cayeron en el olvido. A casi nadie le importa su suerte. Mientras tanto los secuestrados se hacen más viejos, más vulnerables, más perdidos en sus frustraciones. Y no somos capaces de romper las cadenas y devolverlos a la vida.

Hace bien Piedad Córdoba en mantener en alto, con tesón, la bandera de la liberación de esos compatriotas. A pesar de los desplantes, las malintencionadas críticas, las maniqueas caricaturas de su lucha por la paz, las acusaciones de guerrillera, es de las pocas personas que con valentía mantiene viva la consigna de la libertad de los plagiados.

Las nueve pruebas de supervivencia que ha logrado tienen que conmover al país y al mundo. Pero sobre todo a quienes tienen las llaves para su liberación. Ni la Iglesia, ni los países amigos, ni el Sagrado Corazón de Jesús, parecen poder revocar la orden de dejarlos podrir en la selva hasta que las FARC los liberen sin ninguna contraprestación, los rescaten a sangre y fuego o se mueran en el camino.

Lo que ha sucedido con esos compatriotas debe dolernos. Hemos sido incapaces de defender la honra, la vida y la libertad de quienes se jugaron todo por la democracia. Y con razón hoy se sienten abandonados a su suerte y traicionados por el Estado. Tiene razón el sargento Arbey Delgado en su reclamo al Gobierno Nacional. “¿Qué pasa con nosotros? ¿No somos seres humanos? ¿Acaso somos animales?”.

Por desgracia, no hallará pronta respuesta. Porque mientras se crea en el rescate militar, será casi imposible el intercambio humanitario. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. Porque este país esta embobados con la agenda del referendo, de espaldas a los grandes problemas con el vecindario y mirándose el ombligo como si este fuera el paraíso. Mientras en la selva los plagiados padecen el infierno. Regresarlos, liberarlos, devolverlos a sus familias, es una cuestión de solidaridad y dignidad nacional. ¿Es muy difícil entenderlo? Noticias de Santander >

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