Colombia, miércoles 15 de octubre de 2008 - Fuente: elnuevosiglo.com
POR: HORACIO SERPA
POR: HORACIO SERPA
________________________
Hace 20 años era gravísimo decir que algunos integrantes de la Fuerza Pública cometían fechorías, violaban los derechos humanos y perseguían a los disidentes políticos. Como en el cuento, "eran calumnias de la oposición". O acusaciones de los "idiotas útiles" que utilizaba la guerrilla para desprestigiar el establecimiento.
Corrían los tiempos en los que la "solidaridad de cuerpo" se imponía sobre cualquier clase de planteamiento. Contra ese proceder no había prueba que valiera. Los mandos negaban toda posibilidad de que sus subalternos hubieran cometido arbitrariedades, violado la ley, o lesionado en materia grave a algún ciudadano. Era la política del encubrimiento, dizque para evitar el desprestigio de las Instituciones.
Cundía por esa época el principio irreductible de la "obediencia debida". A ultranza se practicaba aquello de que "las órdenes se cumplen o la milicia se acaba".
Con el tiempo se comprobó la comisión de muchos crímenes "para defender la democracia, maestro". Gente con uniforme, o valiéndose de su condición de representante del Estado ---Ejército, Policía, DAS---, mataron, desaparecieron, torturaron, detuvieron o allanaron injustamente, en la idea equivocada de que al enemigo interno había que eliminarlo o neutralizarlo, valiéndose de cualquier procedimiento, fuera vedado o ilegal, pues si se le dejaba vivo o libre, serían demasiados los inconvenientes para la sociedad o el gobierno. Muchas veces no cometieron directamente los atropellos, pero dejaron que otros lo hicieran.
Cuando predominó el absurdo criterio de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", surgió el paramilitarismo con sus perversidades y desafueros. Lo importante era que a la guerrilla, a los revoltosos, a los inconformes, a los que denunciaban y reclamaban, se les diera por la cabeza desde todos los lados, legales o ilegales. Lo que no era reprochable, porque el fin justificaba ampliamente el medio. Y, además, nadie lo iba a saber.
Pero se supo. Al descubierto fue puesta esa época bochornosa, de la que se avergüenzan las propias fuerzas militares y policiales, hoy muy en la onda de respetar los derechos humanos, hacer cumplir la ley con procedimientos transparentes, combatir la subversión y la delincuencia severamente pero con legitimidad, y propiciar que se juzgue y sancione a quienes dentro de sus filas atropellen o afecten los atributos ciudadanos, por lo que se ganaron el respeto y el afecto social.
Si recuerdo estos episodios ahora, cuando existe responsabilidad democrática en las jerarquías armadas, salvo excepciones que confirman la regla, es porque se discute un proyecto de ley sobre reparación a las víctimas de la violencia, y es importante incluir las de los atropellos ejecutados por representantes del Estado.
Es procedente hablar de delitos, muchos atroces y de lesa humanidad, cometidos por miembros del Estado, que no pueden quedar impunes, ni sin indemnizar a las víctimas. La oportunidad está en el proyecto de ley aprobado en el Senado y ahora estudiado en la Cámara de Representantes. Ojalá la oportunidad no pase en blanco. Volver a Inicio >
Hace 20 años era gravísimo decir que algunos integrantes de la Fuerza Pública cometían fechorías, violaban los derechos humanos y perseguían a los disidentes políticos. Como en el cuento, "eran calumnias de la oposición". O acusaciones de los "idiotas útiles" que utilizaba la guerrilla para desprestigiar el establecimiento.
Corrían los tiempos en los que la "solidaridad de cuerpo" se imponía sobre cualquier clase de planteamiento. Contra ese proceder no había prueba que valiera. Los mandos negaban toda posibilidad de que sus subalternos hubieran cometido arbitrariedades, violado la ley, o lesionado en materia grave a algún ciudadano. Era la política del encubrimiento, dizque para evitar el desprestigio de las Instituciones.
Cundía por esa época el principio irreductible de la "obediencia debida". A ultranza se practicaba aquello de que "las órdenes se cumplen o la milicia se acaba".
Con el tiempo se comprobó la comisión de muchos crímenes "para defender la democracia, maestro". Gente con uniforme, o valiéndose de su condición de representante del Estado ---Ejército, Policía, DAS---, mataron, desaparecieron, torturaron, detuvieron o allanaron injustamente, en la idea equivocada de que al enemigo interno había que eliminarlo o neutralizarlo, valiéndose de cualquier procedimiento, fuera vedado o ilegal, pues si se le dejaba vivo o libre, serían demasiados los inconvenientes para la sociedad o el gobierno. Muchas veces no cometieron directamente los atropellos, pero dejaron que otros lo hicieran.
Cuando predominó el absurdo criterio de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", surgió el paramilitarismo con sus perversidades y desafueros. Lo importante era que a la guerrilla, a los revoltosos, a los inconformes, a los que denunciaban y reclamaban, se les diera por la cabeza desde todos los lados, legales o ilegales. Lo que no era reprochable, porque el fin justificaba ampliamente el medio. Y, además, nadie lo iba a saber.
Pero se supo. Al descubierto fue puesta esa época bochornosa, de la que se avergüenzan las propias fuerzas militares y policiales, hoy muy en la onda de respetar los derechos humanos, hacer cumplir la ley con procedimientos transparentes, combatir la subversión y la delincuencia severamente pero con legitimidad, y propiciar que se juzgue y sancione a quienes dentro de sus filas atropellen o afecten los atributos ciudadanos, por lo que se ganaron el respeto y el afecto social.
Si recuerdo estos episodios ahora, cuando existe responsabilidad democrática en las jerarquías armadas, salvo excepciones que confirman la regla, es porque se discute un proyecto de ley sobre reparación a las víctimas de la violencia, y es importante incluir las de los atropellos ejecutados por representantes del Estado.
Es procedente hablar de delitos, muchos atroces y de lesa humanidad, cometidos por miembros del Estado, que no pueden quedar impunes, ni sin indemnizar a las víctimas. La oportunidad está en el proyecto de ley aprobado en el Senado y ahora estudiado en la Cámara de Representantes. Ojalá la oportunidad no pase en blanco. Volver a Inicio >
.jpg)
