Colombia, miércoles 25 de noviembre de 2009
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Al finalizar las guerras es un imperativo histórico y moral conocer la verdad de lo que aconteció. Saber quiénes propiciaron el horror de las masacres, los crímenes de lesa humanidad, el destierro, el desplazamiento forzado, los fusilamientos y las desapariciones. Saber quiénes dieron las órdenes a los sicarios y dictaron las sentencias de muerte contra personas y comunidades enteras.
En Colombia no ha terminado el conflicto armado interno, pero la verdad da destellos de luz en medio del horror que producen las declaraciones de quienes perpetraron crímenes atroces ordenados por personas cuyos nombres aún desconocemos.
Paramilitares confesos que declaran en los procesos de Justicia y Paz, han relatado a cuentagotas o en chorros de verdades, la capacidad de daño que exhibieron en Urabá, Córdoba, Sucre, Norte de Santander o los Montes de María, por citar algunos lugares en donde las motosierras destrozaron el sueño de la democracia e impusieron la tiranía del narcotráfico y la barbarie, a plena luz del día y ante los ojos de todos.
Verdad, justicia y reparación son los ejes de cualquier proceso de reconciliación. Alcanzar esos objetivos es un largo y difícil camino mientras no se silencien los fusiles y se llegue a un nuevo pacto social. Colombia está intentando alcanzar justicia y reparación, tras el proceso con las AUC.
Pero no llega la verdad. No solo porque muchos de los comandantes paramilitares fueron extraditados y cuando hablan desde las prisiones de Estados Unidos no les creen, sino también porque quienes hablan son amenazados y sentenciados a muerte por sus enemigos incrustados en los poderes mafiosos, para silenciarlos. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, los paramilitares han reconocido ser los autores de más de 25 mil muertes.
Por todo eso, tiene razón la Corte Suprema de Justicia cuando señala la necesidad de crear una Comisión de la Verdad, que nos revele todo lo que hay debajo del tapete, todo lo que no se quiere dejar salir a flote luego del proceso con los paras. Las víctimas tienen derecho a la verdad, por la que ruegan todos los días. Pero también los demócratas, que pedimos castigo ejemplar para quienes propiciaron la debacle.
Sobre todo después de escuchar a personajes como alias Caracortada, a quien le ordenaron arrasar poblaciones enteras y le pusieron una cuota diaria de 20 asesinatos en los Montes de María. Tarea que cumplió sagradamente durante casi cuatro años. Cuando fue capturado ya ese grupo había matado a cerca de ocho mil personas en la zona. ¡Qué horror! Con la ayuda de agentes del Estado, de autoridades locales, policiales y militares, políticos y gamonales.
La iniciativa de la Corte Suprema ha recibido el apoyo de Naciones Unidas y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Es hora de que el Estado, la Iglesia, el conjunto de la sociedad civil y los medios, iniciemos el debate. Todos tenemos una cita con la verdad. Noticias de Santander
