Cartas del lector

Amigo Bernardo:

Ab. Reinaldo Ramírez

Es claro que los usos y las rutinas de los ciudadanos están directamente relacionados con su realidad social, sus ingresos, sus necesidades y, en parte, con su grado de educación.

En el caso de los vendedores ambulantes prima la economía del rebusque para paliar sus propias necesidades más apremiantes y sostener a su familia; si esas personas que se dedican al comercio callejero al menudeo tuvieran otra forma menos azarosa y angustiosa de ganarse la vida seguramente abandonarían el ejercicio de esta actividad; crear empleos dignos y bien remunerados es una tarea fundamental que debe cumplir el Estado estimulando y propiciando en la sociedad el desarrollo de una economía verdaderamente democrática. La existencia de este fenómeno social tanto en Bucaramanga como en la mayoría de las ciudades de Colombia de ninguna manera es una variante de las leyes económicas de la oferta y demanda; es precisamente el resultado del sistema económico neoliberal que utiliza su posición dominante para distorcionar el mercado y privilegiar el lucro del capital y la acumulación de las ganancias en unas pocas manos mientras ignora las necesidades de las mayorías y desprecia la dignidad de los ciudadanos.

El anterior razonamiento puede explicar también la aparición del fenómeno del transporte informal o transporte "pirata" como solemos llamarlo coloquialmente y el uso de las motocicletas por muchos ciudadanos para su movilización y como medio de ganar su sustento; estas situaciones "ilegales" que surgen como solución popular a las necesidades apremiantes e insatisfechas de las gentes preocupa y les quita el sueño a las autoridades municipales de Bucaramanga; es claro que si existieran en nuestra ciudad empleos dignos y bien remunerados y un  sistema de transporte público eficiente y al alcance de los ingresos de las personas que deben movilizarse en la ciudad, nadie en su sano juicio sería tan tonto y suicida para preferir otros medios de transporte inseguros, peligrosos e incómodos.

El sistema de METROLINEA, impuesto contra viento y marea a los habitantes de Bucaramanga y los municipios del Area Metropolitana ni es eficiente ni es barato, es todo lo contrario. Después de inversiones multimillonarias que seguramente enriquecieron a los industriales y promotores de la corrupción, después de haberse apropiado abusivamente de las vías públicas en perjuicio de la ciudadanía, y transcurridos varios años de operación de esta modalidad de transporte, es evidente que METROLINEA ha sido un fiasco; lo dicen las estadísticas que demuestran que solo lo utiliza el 16% de los usuarios potenciales del transporte público y el nivel de satisfacción es escasamente del 19% de sus usuarios.

Las deficiencias del sistema de METROLINEA parten del alto costo del servicio y de sus falencias estructurales como son la inexistencia de rutas de transporte para los barrios populares y más poblados de Bucaramanga como los Barrios del norte, el oriente y el occidente de la ciudad; esta situación disparó la compra de motocicletas y le dio via libre al transporte informal; a los ciudadanos les resulta más barato este medio de transporte o adquirir una motocicleta para movilizarse con su familia, que utilizar el sistema de METROLINEA, caro, incómodo e ineficiente que esta lejos de satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios del transporte público.

Por otra parte, las trabas y la persecución que la Dirección de Tránsito ha montado contra los motociclístas y el transporte informal rayan en la mala fe y el prevaricato por estar dirigidas estas actuaciones oficiales a impedir o por lo menos desestimular la operación y el uso de estos medios de transporte, especialmente la motocicleta, para forzar a las personas que necesitan utilizar estas opciones de movilidad a montarse obligatoriamente en METROLINEA con el fin interesado y poco cívico de hacer rentable este sistema, incrementar su uso, generar ganancias para los propietarios de los buses y, en últimas, tratar de evitar la quiebra que se ve venir.

Atento saludo,

Reinaldo Ramirez

Se están volviendo a salir

                                    Trafugario

Por: José Óscar Fajardo

Hace unos cuatro años atrás, en el Calcio italiano un par de sociólogos locos hicieron un estudio acerca del comportamiento disciplinario de los jugadores durante los partidos, valiéndose de las tarjetas rojas y amarillas, y salió jubiloso Iván Ramiro Córdoba con algo así de 25 tarjetas amarillas en una temporada. Esto fue asociado ipsofacto al ambiente violento que hemos vivido los colombianos durante casi toda nuestra historia que a la hora de la verdad es reciente. Y es porque nosotros fomentamos la cultura del tramposo, del más abeja, del vivo. Los colombianos por cultura somos muy malos para cumplir reglamentos. Generalmente echamos por el desecho en vez de marcar todas las curvas necesarias para arribar. Toda esta parafernalia dialéctica para decirles que, después de que el doctor Lucho Bohórquez y las autoridades componentes de Bucaramanga por poco se sacan los ojos para poner en cintura los vendedores callejeros, ya se están saliendo a la calle otra vez.

Cualquier lector desprevenido podría llegar a pensar que yo estoy de acuerdo en que se le viole el sagrado derecho al trabajo de cualquier ciudadano y eso sería la afirmación más infame el mundo. Siempre he tenido como un manual de comportamiento, sobre todo en mi profesión, en la cual me he preparado con vehemencia, respetar los derechos y ejercer el periodismo dentro de todas las exigencias que hace la ley. El derecho al trabajo es inalienable y eso lo entiendo en toda la extensión de la palabra. Pero los derechos de todos los ciudadanos, también y de la misma manera, son inalienables. Los sociolugares, de los cuales habla hoy la urbanística moderna, son aquellos sitios o áreas sociales a la cuales deben tener acceso todos los miembros de cualquier comunidad. Las iglesias, los parques, las plazas públicas y de mercado y cualesquiera de aquellos donde pueda conglomerarse le gente. Pero las calles son quizá los sociolugares más importantes de una ciudad y las explicaciones se caen de su propio peso. Esa es una realidad axiomática donde sobra cualquier explicación. Una ciudad sin calles, sencillamente no sería una ciudad.

Y las calles son, reitero, los principales lugares de socialización y de mayor peso cultural de una comunidad. Las calles son intercambiaderos de cultura y escenario para todas las manifestaciones de la racionalidad humana. Las calles son los principales escenarios donde se presentan a diario los artistas de la vida y por esas razones no son propiedad exclusiva de nadie. Por lo mismo, siendo las calles una propiedad de los seres humanos, nadie tiene derecho a poner su cama y a arreglar su dormitorio y menos a instalar su negocio en cualquiera de ellas. Mi opinión es que todas las fuerza vivas de la ciudad deben ofrecerle y darle un respaldo irrestricto al alcalde para que a este se le facilité hacer cumplir las normas de ley, y así poder mantener las calles libres para los ciudadanos del mundo que quieran transitar por ellas.

Tengamos claro que las calles y demás sociolugares de Bucaramanga, no son propiedad privada del alcalde, ni del consejo municipal, ni de la policía, ni de las diferentes vertientes religiosas, ni mucho menos de los vendedores ambulantes. Y ya se nota desobediencia civil sobre todo en la calle 34, en la 35 y en algunos sectores de Cabecera. Porque si el doctor Lucho pierde esta pelea que ya está con amplio margen ganada, en unos pocos meses la historia de las calles y de los sociolugares de Bucaramanga será completamente diferente. Y el alcalde se va en tres años y las calles siguen quedando para siempre.