El mejor camino para buscar la verdad de la impunidad...

Cortesía: Periodista José Antonio Mantilla

Corte penal internacional: No hay otro camino presidente Petro

5 octubre 2023

Por: Eduardo Montealegre / En la Raya

La Corte Penal Internacional, creada mediante el Estatuto de Roma (1998), es la realización de un viejo sueño de la Ilustración. Más exactamente, del pensador más grande de su época: Immanuel Kant.

Este filósofo alemán sentó las bases del orden internacional contemporáneo, postulando en el siglo XVIII la necesidad de crear una federación de estados y un derecho cosmopolita para alcanzar la paz. La Organización de las Naciones Unidas y, la visión de unos principios universales en materia de protección a los derechos humanos, son un desarrollo de la filosofía política Kantiana. Su concepción del mundo jugó un papel definitivo en científicos como Albert Einstein quien tuvo la íntima convicción de construir un orden mundial basado en postulados diseñados en la “paz perpetua”, famoso opúsculo de Kant.

El Tribunal internacional, creado para investigar y juzgar los más grandes crímenes contra la humanidad, es impensable sin los criterios que él expuso en los albores de la modernidad: la paz como un “fin de la historia”, constituciones republicanas, no injerencia en la autodeterminación de los pueblos, categorías del derecho obligatorias para todas las naciones, entre otras. La posibilidad de convergencia de diferentes escuelas y tradiciones jurídicas que se plasman en el Estatuto de Roma, ya había sido pensada en la obra del intelectual alemán.

Esa posibilidad de cohabitación de sistemas disímiles como el europeo, anglosajón, africano y oriental, era parte de la “utopía” soñada por el hombre ilustre de Könisberg, pequeño pueblo de Prusia Oriental anclado cerca del mar Báltico, perteneciente hoy a Rusia. A partir de los juicios de Nürnberg (1945-1946) y de Tribunales nacionales e internacionales ad-hoc para la investigación penal de violaciones masivas a los derechos humanos, el mundo entendió la necesidad de crear un Tribunal permanente que juzgara estas violaciones.

Experiencias como el caso Yamashita –responsabilidad por el mando, decidido por un tribunal militar en Manila– y Eichmann en Jerusalén –pertenencia a un aparato organizado de poder–, abrieron las puertas para entender que las categorías tradicionales de imputación son insuficientes para comprender los “delitos de sistema” cometidos por estructuras estatales o privadas al margen del derecho.

Parte de esta nueva visión fue desarrollada por el derecho penal internacional de Alemania que orientó el debate hacia la necesidad de imputar organizaciones y explicar los hechos con base en un fundamento: interpretar cada hecho individual como un todo (hecho total), como pieza de un sistema que tiene interrelaciones. El giro también implicó nuevos modelos como la “investigación en contexto”, que requieren la presencia de diversas disciplinas: estadística, politología, matemática, inteligencia artificial.

La política de impunidad que han generado los últimos fiscales generales, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, frente a las violaciones masivas a los derechos humanos, ha creado una situación tan delicada para Colombia que sólo tenemos una salida: el presidente de la República debe solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional asumir las principales investigaciones por crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos durante la vigencia del Estatuto de Roma.

Nos encontramos ante dos fenómenos que activan la competencia del organismo internacional: de una parte, la falla estructural que precipitó Martínez Neira al haber acabado con la potente infraestructura creada por la administración anterior, llamada en su momento _“dirección de análisis y contexto”_; y, la falta de interés de Barbosa (candidato presidencial de la derecha) para impulsar las investigaciones de delitos cometidos por diversos sectores de la élite política y empresarial del país.

El ejemplo más claro de esa falta de interés, es la impunidad de crímenes internacionales cometidos por Álvaro Uribe, como lo son las masacres del Aro y La Granja, y el favorecimiento que hizo al paramilitarismo en la época en que fue gobernador de Antioquia, fenómeno que impulsó luego cuando fue presidente de la República.

Ningún avance hace la Fiscalía en este campo porque Barbosa es un alfil, estratégicamente colocado, que busca cerrojos de impunidad tendientes a impedir que opere la justicia: estas investigaciones están paralizadas. Los “avances” son irrisorios, comparados con la magnitud de las violaciones masivas a los derechos humanos. Las fallas estructurales también son muy delicadas; impera una interpretación equivocada: los jueces no pueden tomar acciones frente a las omisiones sistemáticas de la Fiscalía; reina la tesis de que el ente acusador tiene un margen de discrecionalidad absoluta en la dirección de las investigaciones.

Hipótesis que olvida un elemental criterio proveniente del derecho constitucional: los derechos fundamentales se pueden violar por omisión. También es de fondo, como se dijo, el desmantelamiento progresivo de las herramientas construidas para investigar violaciones masivas. Instrumentos que se construyeron con apoyo de la comunidad internacional: la ICTJ, la Corte Penal Internacional y la opinión de muchos académicos e intelectuales que brindaron aportes significativos para la implementación del modelo.

Existe, claramente, un “bloqueo institucional” propiciado por quienes cometieron crímenes de Estado para impedir que se haga justicia. Esos grupos de poder han llegado al extremo de oponerse abiertamente a la consagración legal de esas herramientas utilizadas por la jurisdicción universal y siguen desmantelando sin rubor alguno las creadas con tanto esfuerzo.

El Estatuto de Roma permite activar la competencia de la Corte de investigar los crímenes cuando el Estado “no esté dispuesto” o “no pueda realmente hacerlo”. Además, las dilaciones de la Fiscalía son injustificadas y no es un ente imparcial: existen denuncias penales fundadas en evidencias serias por ese desvío de poder. Esas tampoco avanzan.

Salvo los impulsos plausibles que da la JEP en materia de evitar la impunidad, la justicia penal colombiana está bloqueada en forma estructural por demoler los modelos y la infraestructura técnica para investigar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos; y porque el fiscal actual no tiene interés en que se llegue a la verdad de los delitos que involucran a los grupos de poder que él representa. Posición que, por cierto, lo puede hacer responsable como encubridor de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Puede ser el primer fiscal general juzgado por la CPI.

Ante esta situación, es deber del presidente de la República, el Estatuto de Roma lo faculta, llevar estos casos ante la Corte Penal: no queda otro camino, presidente Petro. La impunidad es la verdadera enemiga de la paz.

¿Volveremos al pasado oscuro de Colombia?

Por: Bernardo Socha Acosta

Cuando los colombianos nos enteramos de la cantidad de hechos horrorosos que reveló la Justicia Especial para la Paz -JEP- hechos que datan de unos 14 a 18 años y hasta más, pensamos que eran atropellos de derechos humanos y corrupción del pasado, motivados por factores de la violencia que desataban paramilitares y guerrilleros en la época, pero que todo había quedado superado y en la historia triste de este país.

Y, no entendíamos porque un buen número de políticos de alta estirpe representados en el Congreso de la república, buscaba afanosamente acabar con la Justicia Especial para la Paz. Pues claro, tratando de ocultar los horrores del pasado y preparar seguramente el presente y futuro, porque ya lo veremos más adelante. Acabado con la JEP se ocultaría la verdad y como los entes investigadores de la justicia ordinaria poco funcionan, pues…los responsables podrían seguir tranquilos, avanzando a los niveles del pasado oscuro de Colombia.

Y hablando de estos espantosos hechos, en las últimas horas quedamos perplejos (es poquito decirlo) con un informe, de una investigación bien documentada, realizada por periodistas de la Revista Raya y RTVC noticias, que realmente confunde a cualquier persona con sentido común. Este, no es un informe de los que nos tienen acostumbrados algunos medios, que por informar primero, no importa la difamación, rellenan con mentiras y acomodos, aprovechándose de la credibilidad del publico. Y para que, se hagan una idea juiciosa, aquí está el contenido de la investigación en video 

Ese informe deja a cualquier ciudadano desilusionado de nuestra clase dirigente, de saber quiénes pretenden seguir manejando a Colombia y de la calidad e inoperancia de los entes encargados de iniciar los procesos de investigación judicial. 

Pero quedamos aún más alarmados de conocer tantas personas que parece tener deseos de ver a una Colombia en paz y con prosperidad, pero no es cierto. Es una farsa. Estos llamados dirigentes engañan e irrespetan al pueblo como a simples objetos sin valores. Y lastimosamente y para la peor desgracia nacional hay quienes los siguen y hasta los consideran dioses, quienes más tarde se convierten en sus propios verdugos. 

Esos mismos llamados dirigentes son los que trabajan en el Congreso de la república, pero para sus propios intereses y los proyectos que le podría servir al pueblo, los torpedean no haciendo quorum para evitar su aprobación, no importándoles las necesidades de quienes fueron sus electores. Ojo señores electores, con los “calanchines” de provincia que se quieren hacer elegir el 29 de octubre. Cuidado, porque seguimos como estamos. Las situaciones maltrechas de Colombia  de hoy, son frutos del pasado oscuro e injusto de quienes nos han gobernado.

Si estos elementos indeseables para Colombia siguen prosperando con actos de poder, codicia y sembrando odio y muerte, a esta sociedad no le quedará otra alternativa que su extinción y talvez volver a nacer. O, será que tiene que ocurrirle lo de la sentencia Bíblica, con la historia de Sodoma y Gomorra, donde la maldad campeaba por todas partes y fue necesaria su destrucción.

Y los dejamos con una famosa frase de Miguel de Cervantes en su novela, Don Quijote: “Deja que los perros ladren, es señal que avanzamos y señal que cabalgamos”.

Este es el video de la investigación

La democracia amenazada.

Mario González Vargas

Resulta difícil comprender la razón por la cual las sociedades en peligro de perder los beneficios del sistema democrático y de las libertades que lo caracterizan carecen del juicio suficiente para impedir la demolición de las instituciones que lo sustentan, a pesar de que los soportes ideológicos utilizados y sus procedimientos no cambian con el tiempo. Los ejemplos de Cuba en el siglo pasado y de Venezuela y Nicaragua en los primeros decenios de esta centuria, cuyos padecimientos están a la vista de todos, no han sido suficientes para detener a quienes pretenden imponernos iguales fórmulas para sujetarnos a sistemas que conculcan nuestras más legitimas libertades.

Gustavo Petro no ha escondido su predilección por la aplicación de ese credo que se derrumbó después de la caída del muro de Berlín en 1989 y que conservamos cuidadosamente en los anales de la historia para conjurar su repetición. Hoy, desde la presidencia, y valido del apetito burocrático y contractual de partidos decadentes, procura su aplicación y vigencia, con dineros y amenazas de violencia, ante la ceguera de unos y la ignorancia de otros, que le han permitido escalar en una nueva etapa de agresiones factuales y repetitivas contra las empresas y el emprendimiento privados, consustanciales al sistema social y político que ha logrado las mayores conquistas de progreso y bienestar en la historia contemporánea.

Su discurso se ha radicalizado con elementos cada vez más pendencieros y estigmatizantes, que inició con la teoría del decrecimiento y hoy acompaña con arengas virulentas con las que califica de fascista de extrema derecha a sus contradictores, cuando no de asesinos y perpetradores de todas las injusticias que se presentan en la sociedad.

El intento de toma de la Revista Semana por la minga indígena, generosamente financiada por el gobierno, es consecuencia de la radicalización de su discurso que se extiende a la empresa privada, a la propiedad privada, y con ello a todas las formas que ella revista: las EPS, los fondos privados de ahorro pensional, la propiedad de la tierra, o todo emprendimiento privado cualquiera sea su objeto social y su actividad comercial.

Está llegando la hora de enfrentar los peligros que se acrecientan. Quizás a ello se deba la actitud del Congreso de retardar la aprobación de las reformas presentadas por el gobierno, pero llegará más temprano que tarde el momento de tomar decisiones por parte de todos los potenciales afectados por los objetivos del gobierno de dar libre curso a su agenda progresista y confiscadora. La incapacidad de ejecución del gobierno resulta prueba fehaciente de que la estatización del régimen hará imposible atender razonablemente todas las necesidades requeridas para superar los retos que se confrontan. Los gobiernos no producen riquezas, solo gastan, y los dictadores sin límites en provecho propio.

La democracia debe defenderse con los instrumentos que le son propios. Los estamentos de la sociedad deben influir en la decisión de las políticas públicas para que ellas respondan a las necesidades de la nación y alcancen mayores índices de legitimidad. Debe hacerse ahora, antes de que sea tarde para la defensa de las libertades.

El país carece de rumbo y de timonel.

Mario González Vargas

La proximidad de las elecciones regionales acentúa la persistencia de Petro de gobernar como si aún estuviera en campaña electoral. Lastimosamente su ejercicio de la presidencia revela que no ha logrado el tránsito de candidato a presidente, lo que lo induce a insistir en vender ilusiones para mitigar la angustia de sentirse huérfano de resultados. Las manifestaciones públicas del pasado miércoles no alcanzaron su objetivo, pero si develaron el obstinado propósito de intervención indebida en el debate electoral.

La procuradora llamó la atención del presidente para que las movilizaciones no se utilizaran como plataforma para favorecer candidatos en los comicios del 29 de octubre. Le recordó la jurisprudencia vigente que dispone: “hechos de esa naturaleza pueden generar en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con los equilibrios de la contienda”. La insólita respuesta de Petro fue traer a colación el ejemplo del presidente Biden apoyando una huelga en una fábrica de autos, sin reparar que Biden solo se valió de un megáfono, mientras que Petro irrigó cuantiosos dineros públicos para asegurar la asistencia de sus conmilitones, en clara y prohibida financiación del certamen político, que contó además con la presencia de las organizaciones indígenas del CRIC y de la ONIC, contratistas de varias entidades del gobierno por un valor superior a los 120.000 millones de pesos, y que transportaron 15.000 manifestantes a Bogotá para evitar las pobres asistencias que se vieron en otras ciudades capitales del país.

Con su intemperancia y la orden a sus ministros de priorizar sus tareas de activistas sobre los deberes de sus cargos, agrega un peligro más a los que ya rondan a las elecciones con la libertad concedida a las organizaciones criminales con poder territorial de alterar la voluntad de los electores y el libre accionar de los candidatos. Debe preocupar entonces la afirmación del presidente de “si mañana hubiera elecciones, otra vez ganábamos la presidencia”, porque Petro siempre revela prematuramente sus objetivos políticos y hoy teje las identidades necesarias.

El presidente exhibe una rotunda incapacidad de gestión, de atención al presupuesto y a las más elementales tareas y deberes del gobierno. Carece de un proyecto de nación que le dificulta coordinarse con los territorios y sus gobernadores y alcaldes. La supuesta toma de Bogotá constituye la mejor evidencia de su talante improvisador, con el que dice pretender atención a las necesidades de las poblaciones, cuando en realidad su propósito se limita a favorecer a Gustavo Bolívar para conjurar el peligro de perder el caudal electoral que obtuvo en las elecciones presidenciales. Mientras tanto continua en su tarea de desmantelar los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para dar libertad a la incapacidad ya probada de su activista carente de atributos para el desempeño de sus responsabilidades como ministro de defensa.

El país carece de rumbo y de timonel. “Menos marchas y más gobierno” pregonan algunos. No serán escuchados porque el presidente nos notificó que la suerte está echada. No en vano se identifica con el presidente general Melo.

El pacto del entonces presidente Misael Pastrana

Colaboración del periodista José Antonio Mantilla, quien dice:  Para quienes olvidan la historia y corren el peligro de repetirla, les dejo este artículo de doña Patricia Lara Salive, tomado de El Espectador, y el cual se ciñe en todo a la verdad.:

OPINIÓN POLÍTICA...

20 SEPTIEMBRE, 2023

Por Patricias Lara Salive / El Espectador

¡Este país se ha godificado de una manera atroz!

Tanto escándalo que han hecho con la reforma agraria del presidente Gustavo Petro, y la del presidente Carlos Lleras Restrepo fue mucho más de izquierda, más avanzada: Lleras contemplaba la expropiación de las tierras inadecuadamente explotadas, mientras que Petro, hasta ahora, lo que ha dicho es que les comprará las tierras a los ganaderos para distribuirlas luego entre los campesinos.

La historia, en resumen, es la siguiente: en 1961, siendo presidente Alberto Lleras Camargo, el entonces senador Carlos Lleras impulsó y logró la aprobación de la Ley 135 de reforma agraria, que establecía la entrega de tierras a los campesinos carentes de ellas, la adecuación de tierras para incorporarlas a la producción y su dotación con servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios.

En ese mismo año se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), cuyo primer director fue Enrique Peñalosa Camargo (hombre extraordinario, padre del exalcalde Enrique Peñalosa Londoño), quien después fue ministro de Agricultura de Carlos Lleras. Los dos Lleras y Peñalosa iniciaron la reforma agraria, la cual después fue frenada por el siguiente presidente conservador, Guillermo León Valencia. Pero luego, durante el gobierno de Carlos Lleras, la reforma agraria se convirtió en una de sus principales prioridades. (Recuerdo que en esa época a mi tía Amelia Lara le “incoraron” —es decir, le expropiaron— la finca).

Carlos Lleras, por su política agraria, soportó una fuerte oposición de los sectores latifundistas. Entonces creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), similar a los Comités Municipales para la Reforma Agraria que quiere crear el Gobierno de Petro para promover “la movilización y organización campesina”, mediante un proyecto de decreto que encendió la polémica esta semana.

Así, pues, en su gobierno Carlos Lleras impulsó la reforma agraria, con expropiaciones de tierras improductivas y construcción de distritos de riego, etc. Pero llegaron los godos y se la tiraron: el sucesor de Lleras Restrepo, el conservador Misael Pastrana, firmó con congresistas y latifundistas el Pacto de Chicoral el 9 de enero de 1972, cuyo propósito fue frenar la reforma agraria.

¿Saben cuál fue una de las consecuencias de ese famoso pacto? Debido a la inmensa frustración que generó en los campesinos el frenazo en seco de la reforma agraria, muchísimos de ellos se sumaron entonces a las FARC y al EPL y, especialmente, fortalecieron el ELN, que había quedado diezmado por la Operación Anorí, ocurrida entre agosto y octubre de 1973, en la que murieron sus dirigentes Antonio y Manuel Vásquez Castaño.

Y ahora estamos en las que estamos, con el 93 % de la tierra en poder del 7 % de la población.

Le pregunté al historiador Álvaro Tirado Mejía (para no quedar ante ustedes de llerista dogmática) qué diferencia hay entre la reforma agraria de Petro y la de Carlos Lleras. Él me respondió: “La de Lleras era más avanzada, había sido precedida por un amplio debate nacional y estaba sustentada en una ley. En la de Petro hay ideas buenas, pero no tiene una sustentación clara. Hasta ahora son proyectos sin un rumbo definido”.

De modo que a definir el rumbo, presidente. La reforma agraria debe hacerse bien y rápido. De lo contrario, esa nueva frustración haría que se le incendiara el país.

Colombia necesita escuelas de formación política integral

Por: Bernardo Socha Acosta

Con justa razón las autoridades electorales de Santander les llamaron la atención a muchos candidatos que se quedaron rezagados en el pasado, y siguen haciendo política rastrera con las peores y reprochables costumbres de querer atraer simpatizantes, insultando y hasta calumniando a sus oponentes.

En el más reciente Comité de Seguimiento electoral luego de escucharse a los candidatos haciendo denuncias por amenazas, los representantes de los entes de seguridad, hicieron un llamado a los políticos para que demuestren respeto por las comunidades, mejorando el discurso de odio, evitando las riñas que terminen en hechos lamentables y crear ideas y propuestas que incentiven el voto de los ciudadanos.

Estaba faltando una inyección de pedagogía de parte de las autoridades electorales, para que los aspirantes a las alcaldías, gobernación, concejos municipales, la asamblea de diputados y juntas administradoras locales, tengan mejores prácticas al hacer sus campañas, de acuerdo a la evolución que ha logrado la sociedad.

Pero eso no es solo para Santander, esta terapia debe extenderse para todo el país.

Es que el arraigo de la política del pasado no ha evolucionado en nada entre algunos dirigentes que erróneamente creen que al insultar al contrario, va a recibir más respaldo. No señores, las épocas han cambiado y hoy lo que los electores quieren es escuchar propuestas y no cualquier mentira. Las propuestas deben ser proyectos realizables; no propuestas fruto de una imaginación inmadura y engañosa que lo único que traería sería más aversión de las comunidades contra los políticos.

Y es el momento de hacerle otra crítica a algunos políticos. Eso de estar pegando papeles en el ornato público, es otra sucia práctica del pasado. Esos candidatos que fijan afiches en postes y paredes deben recibir el duro rechazo de los electores y ni siquiera determinarlos para el día de elecciones. Y, que decir de quienes con altoparlantes contaminan el ambiente gritando y prometiendo cosas que más que atraer, causan rechazo. Para qué ha llegado la tecnología. Para qué están tan adelantadas las comunicaciones en RED. La tecnología de Internet es para llegar de forma culta a los electores. Cada persona sabrá si acoge o rechaza a ese candidato cuando le llega en línea para pedir su respaldo.

Pueda ser que los candidatos que aún están en el pasado, se modernicen y cambien al mismo tiempo el pensamiento del elector, porque la política parece que cada día recibe más rechazo ciudadano.

Ojalá que el estado y los movimientos políticos pensaran en establecer escuelas de líderes para formar, no politiqueros, sino verdaderos dirigentes integrales, responsables, respetuosos por las ideas de los demás, constructores de paz y creadores de progreso nacional.

bersoa@hotmail.com

La hora de la justicia

Mario González Vargas

Resulta difícil comprender que después de haber expedido el certificado de defunción de la coalición que el presidente prohijó al iniciar su mandato para dar paso a una exacerbada polarización, sectores de la opinión nacional aún contemplen la posibilidad de hallar espacios de entendimiento que constituyan algo más que una simple abdicación de todos los valores que conforman un régimen democrático. El que Petro no haya escondido, durante la campaña electoral y en los primeros meses de su agitado gobierno, ninguno de los contenidos de su programa, y con ello los objetivos de su mandato, desautoriza cualquier arranque de ingenuidad que permita hoy esperar la corrección del rumbo señalado. Las obsesiones ideológicas que lo guían se han extremado y expresado abiertamente en todo escenario, local, nacional o internacional y alimentan los instrumentos estratégicos de su combate político.

Dos son los ejes principales de la actividad política del presidente con los que persigue llevar a buen puerto el control de la sociedad y de las instituciones.

Mediante la paz total, entendida como la legalización de todas las organizaciones armadas ilegales y de los combos urbanos del delito, procura crear instancias de participación ciudadana paralelas que le sirvan de apoyo y excluyan a las que podrían oponerse a sus reformas y designios. Así ha procedido con el Eln y así sucede con el denominado Estado Mayor Central de Iván Mordisco, que después de convenir un acuerdo preliminar para el desarrollo de once puntos conducentes al cese del fuego, se sintió libre de desplegar su arsenal de muerte en los municipios de Buenos Aires, Suarez y Santander de Quilichao en letal demonstración de su poder de fuego y control territorial tristemente consentido por el gobierno. El debilitamiento de las instituciones que conforman la Fuerza Pública, en su mando y recursos, ha sido el primer objetivo del gobierno en procura de una guardia pretoriana que acompañe y asegure el tránsito a la nueva institucionalidad.

Se asoma un nuevo régimen que pretende acompañarse de una profunda revisión de la propiedad como se desprende de los borradores de decretos de reforma agraria que ya circulan entre bastidores. El proyecto de decreto que elimina la fase judicial para los procesos agrarios de extinción de dominio y adopta la vía administrativa a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, juez y parte, y el que convoca marchas campesinas financiadas por el gobierno para supuestamente defender la reforma agraria, terminarán auspiciando las vías de hecho y la pauperización del agro, con los costos sociales y económicos consiguientes.

La institucionalidad confronta su mayor prueba en la historia reciente del país. El Congreso y los partidos han perdido el apoyo ciudadano, dubitaciones sin resolución paralizan al estamento gremial, los lideres escasean o no alcanzan a avizorar el horizonte deseado, la polarización ensombrece el escenario, la incertidumbre cunde por doquier y la violencia se extiende por todo el territorio. El gobierno pretende apoderarse de la calle, escenario en el que encontrará réplica. Es la hora de la Justicia para recuperar la confianza. Ojalá así sea.

Levantar muros en las fronteras no frena el éxodo social

Fórmulas para reducir el desplazamiento social de un país a otro

Por: Bernardo Socha Acosta

Con la preocupante zozobra que está dejando la masiva migración de personas de unos países a otros en busca de mejores oportunidades de supervivencia, parece que a nadie se le había ocurrido que el grave problema no se soluciona con levantar muros para no dejar pasar a esas personas de una nación a otra.

Para cualquier persona con mediana capacidad intelectual, ocurrírsele construir muros, es algo más que una medida infantil, y es además ignorar la capacidad de actuar de los migrantes en busca de otras formas y lugares para cruzar las fronteras.

La referencia a este tema surge porque, un gobierno limítrofe, le pidió a su homólogo de Colombia intervenir con otros países y acordar un proyecto para cerrar, mediante un muro el llamado TAPON del Darién por donde pasan a diario centenares de personas con destino a Centro América y de ahí a  Estados Unidos y otros.

Pues el presidente de Colombia en desarrollo de la Asamblea de las Naciones Unidas que se realizó en Nueva York, respondió que esa no es la solución, según la reunión inicial que el mandatario Gustavo Petro sostuvo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, con quien analizó las alternativas que se deben buscar para que ese éxodo se frene con mejoras de los niveles de vida en cada país de origen, para lo cual las naciones pudientes y la banca mundial deben hacer aportes de ayuda para las comunidades pobres, de lo contrario la situación llegará a extremos incontrolables.

Textualmente el presidente de Colombia expresó fórmulas concretas, de cómo comenzar a reducir los desplazamientos de familias, y manifestó en la ONU: “el mundo debe identificar la causa de la migración y que la mejor manera de acabar el éxodo es que haya prosperidad en los países de origen de los inmigrantes”.

Acerca de cómo mejorar los niveles de vida de las familias potenciales de migración de Venezuela, el presidente Petro sostuvo: “La alternativa es desbloquear económicamente a Venezuela y una posibilidad es “liberar fondos de manera progresiva” y agregó: “Hemos pedido que a través de la Corporación Andina de Fomento se permita tramitar los dineros propiedad de Venezuela en el FMI​ (Fondo Monetario Internacional), los llamados derechos especiales de giro, por una cuantía de 5.000 millones de dólares para empezar a lograr un mejor bienestar de la población en Venezuela, que es lo que permitiría disminuir sustancialmente el flujo del Tapón del Darién”.

Y al reiterar su teoría de solución apuntó: “Si disminuye el flujo de personas migrantes, disminuye la posibilidad de enriquecimiento de mafias” y punto seguido enfatizó: “Lo que estamos observando en el tapón del Darién, efectivamente, es que cerca de 30 millones de dólares son capturados de los bolsillos de las personas que emigran, por este tipo de mafias para pagar los pasos, las travesías por el mar, etcétera”.

Explicó que las mafias se enriquecen con el éxodo de esas personas y producen nuevas esclavitudes. “Utilizan a las mujeres, utilizan a los niños para una serie de actividades que tienen que ver con sus negocios ilícitos, incluso el trabajo forzado”. Aseveró el señor Gustavo Petro.

El jefe del estado colombiano hizo otras precisiones durante su intervención en la Asamblea de la ONU, para dejar claro que muchas acciones que toman los países ricos están empobreciendo a la mayor parte del mundo, con los consabidos futuros resultados.

En resumen, el presidente de los colombianos desvirtuó ante la ONU, que levantar muros en las fronteras para frenar las migraciones, es un acto UNÚTIL. Lo que frena el éxodo social, es ofrecer mejores niveles de vida en los países de origen del desplazamiento.

Venganza y revancha pilares de la paz total

Mario González Vargas

Aún en medio de las tempestades que se han desatado por los sucesivos escándalos que afectan a su gobierno y hasta la familia presidencial, el presidente no cesa en su empeño de someter la institucionalidad a su omnímoda voluntad que le permita simultáneamente debilitarla y cobrar venganza de las personas que en su momento ejercieron sus competencias de conformidad con los preceptos legales y los desarrollos jurisprudenciales. Su más reciente objetivo parece concentrarse en la Procuraduría General de la Nación y en la Contraloría General de la República a fin, supuestamente, de “proteger la democracia representativa, cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos y fortalecer la Rama Judicial del Poder Público”.

Todo indica que el gobierno se propone devolvernos a los tiempos en que la Procuraduría y la Contraloría eran meros órganos administrativos que no gozaban ni de la autonomía y ni de la independencia que hoy les atribuye la Constitución del 91, cuando los caracteriza como órganos de control (art 117). Por ello, el art 118 señala que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ejercen el Ministerio Público, y a ellos les corresponde la guarda y promoción de los DDHH, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. En esa tarea la Procuraduría adelanta investigaciones disciplinarias y sanciona hasta con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos A su vez la Contraloría establece la responsabilidad que se deriva de la gestión fiscal, impone sanciones pecuniarias, recauda su monto y ejerce la jurisdicción coactiva, promueve investigaciones penales o disciplinarias y suspende funcionarios mientras éstas concluyen.

Desde el poder Petro desdeña la aplicación de las normas a las que acudió constantemente mientras hizo oposición. Hoy quiere modificar la naturaleza jurídica de los órganos de control para que no ejerzan funciones jurisdiccionales ni sancionen a los servidores públicos de elección popular con suspensión, destitución o inhabilidad, y para ello propone eliminar esas facultades en el ejercicio de las funciones que hoy les concede la Constitución. Parece la antesala de la recepción de todos los usufructuarios de la paz total que hoy se alistan a su legalización por designios del gobierno, y que se sumarán a la impunidad que cobijará a todos los servidores públicos de elección popular, muchos reincidentes, con el deterioro irreversible que ello implica para la ética pública.

Su caballito de batalla es el art 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos promulgada en 1969, pero hoy sujeta al derecho de configuración que les asiste a los órganos constitucionales nacionales competentes para adecuar esa disposición a las normas constitucionales aprobadas en Asamblea Constituyente y confirmadas plebiscitariamente y siempre actualizadas, como reiteradamente lo ha hecho nuestra Corte Constitucional, lo que obliga a su cumplimiento, aún al presidente revanchista con quienes cumplieron con sus deberes legales y constitucionales. Mezquino propósito vedado a quien juró cumplir con los preceptos constitucionales y legales que conforman nuestro ordenamiento jurídico.

Permitírselo sería la antesala a la sustitución del régimen democrático, finalidad que asoma en las recientes iniciativas de la paz total.

Responsabilidades del gobierno y de los partidos con Colombia

Mario González Vargas

Resulta incomprensible que los partidos y fuerzas políticas distintas a las alineadas con los designios del poder presidencial demuestren una vez más su incapacidad para “destetarse” de sus viejas y reconocidas prácticas con las que han desatado la crisis de confiablidad en la capacidad de la institucionalidad para solventar las dificultades que naturalmente sacuden a las sociedades en los procesos de cambio. No extraña entonces que un gobernante en apremios por su incompetencia y por los reiterados escándalos que ha suscitado, paradójicamente opte por la radicalización en el escenario político sin encontrar oposición en los partidos y organizaciones políticas, económicas y sociales claramente identificadas como las víctimas principales de sus arrebatos y decisiones.

El discurso presidencial agresivo contra todos los sectores llamados al dialogo nacional se ha vuelto reiterativo, sin encontrar entre sus víctimas siquiera tímidas réplicas a semejante continua y pendenciera actitud que lo libera de toda prudencia y contención en su accionar. Quienes deberían ejercer oposición acuden mayoritariamente a tratar de mitigar lo que es ya un rumbo trazado para la consolidación de un poder sin límites ni contrapesos, ajeno a todos los valores y principios de un régimen democrático. La condescendencia prevalece en las sesiones y decisiones del Congreso en las que el gobierno hace uso de los viejos constreñimientos que han degradado el ejercicio de la política y que se suponían tara inaceptable para toda propuesta de cambio. En el trámite de la reforma a la salud los partidos liberales y de la U y algunos conservadores cedieron a las prebendas burocráticas generosamente ofrecidas y con ello despejaron el camino para las presentes y futuras iniciativas gubernamentales.

No sorprende entonces que el gobierno se apresure también en la expedición de leyes y decretos como el reciente de la “movilización y organización campesina para la reforma agraria“ que convoca a la movilización para requerir a las bases que supuestamente eligieron al gobierno a la defensa y promoción de sus políticas, en especial a la reforma agraria, con la organización y participación de las famosas guardias, armadas y fortalecidas por el gobierno, que sembraran terror sin contención en el mundo agrario colombiano. Iniciativa que seguramente se duplicará en varios sectores de la productividad nacional.

Los impactos sobre las elecciones de octubre son incontestables, tomando en cuenta a los que se suman por la injerencia tolerada por el gobierno de las distintas organizaciones armadas ilegales, usufructuarias de la pretendida paz total, a las que se les permite el ejercicio del constreñimiento violento al elector, y que ha suscitado interés de algunos partidos en pactar apoyos con el pacto histórico a cambio de participación burocrática, que podría replicarse en todos los departamentos con presencia de la delincuencia armada en Colombia. Que todo ello repercute sobre la economía nacional es la última de las preocupaciones del gobierno. Su credo ideológico y su desapego por las exigencias éticas lo estimulan a la imposición de su concepción del estado y de la sociedad que de ellas se derivan. La integridad de la Justicia y la movilización ciudadana constituyen las últimas defensas de nuestras libertades.

El segundo año del Gobierno de Petro

Mario González Vargas

El segundo año del gobierno de Petro apunta a ser aún más controvertido que el vivido en el año que expiró. Los escándalos que lo circundan, las derrotas en el Congreso en el trámite de sus reformas, la ineptitud de sus ministros en el manejo del orden público y en el quehacer cotidiano, han acrecentado una veloz pérdida de confianza de la ciudadanía en la capacidad del gobierno para enfrentar y resolver el cúmulo de desafíos que se acumulan y atormentan a los colombianos.

El acuerdo nacional que Petro propone hoy no será con los partidos políticos y la institucionalidad, sino que se fundará en polémicas iniciativas que afloraron durante la campaña presidencial y desataron legitimo rechazo de la mayoría de los sectores sociales y políticos del país. Su insistencia en el acuerdo nacional expresada en su discurso del 20 de julio apunta a una supuesta reconciliación nacional fundada en etéreo concepto de perdón social con el que pretendió en la campaña justificar la incorporación de todos los convictos por corrupción y narcotráfico a la paz total. Procurar ahora la aplicación de normas de justicia transicional a delincuentes comunes rompe con la normatividad vigente avalada por las Cortes Suprema y Constitucional y desconoce las obligaciones contraídas en la Convención de Palermo, que obliga a combatir y castigar a las mafias. Desconocer que las amnistías e indultos están reservados para los delitos políticos abre la puerta para que cada organización narcotraficante adquiera beneficios a cambio de nada, y constituye la más perversa e intolerable versión del perdón social.

Tanta laxitud equivale a una situación de no retorno, en la que el Clan del Golfo, los combos de Medellín, las estructuras criminales en Buenaventura y Quibdó, la Segunda Marquetalia, y la disidencia de las Farc de alias “Mordisco”, sean incorporados a la sociedad por una ley de reconciliación nacional. Danilo Rueda lo confirma al afirmar que “no se trata de perdón judicial, ni de conceder amnistías en indultos, sino de construcción conjunta de un proyecto de paz con justicia social y ambiental”, recalcando que “constituye la posibilidad de un reencuentro de los colombianos para la convivencia, en el que el narcotráfico no puede estar excluido de los acuerdos por un nuevo país en paz”.

Esa es la bandera del presidente en estas elecciones regionales, casando diaria pelea con diversos actores y sectores de la vida nacional y cuestionando el desempeño de la institucionalidad democrática. A dos meses de las elecciones regionales alienta el control territorial y de sus comunidades por los beneficiarios de la generosidad presidencial, cuyo poder se ejerce en 687 municipios con riesgo extremo y alto, en las capitales como Arauca, Florencia, Cúcuta, Neiva, Quibdó, y en las localidades de Bogotá, Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz, sin respuesta de la Fuerza Pública acuartelada, abandonando a las poblaciones al imperio de los criminales que han convertido el asesinato en método de selección y por tanto de elegibilidad. Consentir la violencia en las elecciones de octubre desafía la legitimidad de la democracia que es hoy el único bien que no podemos entregar a los violentos.

La propuesta de reforma laboral no tiene equilibrio

Por Bernardo Socha Acosta

Nunca había leído un proyecto de reforma más utópico, que el planteado por el Ministerio del trabajo para la reforma laboral que necesita Colombia.

Parece que el proyecto fue redactado detrás de un lujoso escritorio de una confortable oficina, siguiendo un plan imaginario de sublimidad gubernamental para una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en la armonía que solo existe en un país de las maravillas.

Ese proyecto de reforma laboral que no tiene la sensatez de otros como el de la salud, por ejemplo, si está llamado a fracasar de entrada en el congreso, porque con una iniciativa como esta no perderá tiempo el legislativo. Recordemos que por esta y otras razones ya se hundió otro proyecto de esta naturaleza.

De los 90 y tantos artículos que tiene el proyecto, más de la mitad no se ajusta a la realidad nacional. Si bien tiene algunas novedades positivas, los artículos negativos le quitan todo el valor, porque no tiene equilibrio.

No parece que esa iniciativa haya sido inspirada por la actual Ministra de Trabajo, una persona de mucho talento, experiencia, imaginación y sindéresis. Leyendo el proyecto deja la impresión de haber sido encomendado a alguien que tenga afición de escribir historietas basadas en los cuentos de hadas, porque para un país como Colombia donde la pequeña y mediana fuerza empresarial sobrevive aun de grandes esfuerzos por las razones que todos sabemos, resulta incongruente desde cualquier punto de vista pensar que así pueda sobrevivir la debilitada oferta laboral que hay en nuestro medio.

Si la Ministra se equivocó con el contenido de este proyecto en el que más parece la fórmula lograda en el transcurso de un sueño, ella misma debiera proceder.

Ya hubo suficiente discernimiento por parte de los gremios sobre la inconveniencia del proyecto que pondría en gravísimo riesgo el poco empleo que hay en Colombia, precisamente por los problemas que estamos reseñando. E igualmente algunos trabajadores de plataformas de mensajería expresaron por los distintos medios de televisión su inconformidad porque con esos cambios lo único que les van es a causar reducción de sus ingresos.

Bueno, y en el supuesto caso que este proyecto se diera en el congresos -aunque no lo creo- la situación sería catastrófica porque muchas pequeñas y medianas factorías deberían cerrar sus puertas y llevarse los recursos de inversión a otra parte donde haya mejores oportunidades y tratamiento menos discriminatorio.

Esta situación aumentaría la crisis del desempleo en nuestro país y se incrementaría la informalidad laboral que tanto ha golpeado a la sociedad colombiana.

Un tema de tanta trascendencia para la economía social, tiene que estar basada también en una economía solidaria en la que las partes comprometidas tengan grandes beneficios y responsabilidades para que haya una armonía de las fuerzas de producción y laboral.