Si algo hay que abonarle al presidente Petro es que siempre, sin importarle las circunstancias que lo afecten, no esconde sus propósitos y los instrumentos para alcanzarlos. Una nueva prueba de esa peculiar sinceridad acaba de expresarla, llamando a sus huestes a no desperdiciar el tiempo para elegir un gobierno progresista en 2026 que tenga por bandera “volver lícito lo ilícito”, porque “eso se llama paz”. Con ello determina sin ambages los fines y los medios de su accionar y reafirma las metas que han sido siempre las suyas, sin que hasta hoy hayan disipado el inexplicable desentendimiento que aún prevalece entre sus contradictores, a pesar de las inquietudes en la opinión pública, principal víctima de sus desvaríos ideológicos.
Mientras la oposición se concentra en el detal de las incongruencias, improvisaciones y fracasos del gobierno, Petro avanza sin mayor resistencia ni obstáculos apropiados en la cooptación de todos los factores de poder propios de un régimen democrático. A los partidos políticos los ablandó con una coalición efímera en el Congreso que prontamente se convirtió en compra al detal de la conciencia de sus congresistas que le ahorra concesiones sobre el contenido de sus reformas. A las Fuerzas Militares las privó de sus más altos mandos, paralizando sus legítimas tareas de orden público y control territorial, para someterlas a la ignominia de padecer humillaciones por empoderadas organizaciones criminales que hoy reinan impunes en vastas regiones del país. El ministro Velasquez, el mismo que acordó la entrega del El Plateado a “Mordisco”, pretende convencernos de que el decaimiento de las Fuerzas Militares es responsabilidad de gobiernos anteriores. Lo dice el ministro que se prestó al recorte de 800 millones en el presupuesto, el que prohijó la disminución del pie de fuerza del ejército, con lo que se logró la inactividad operacional de las FFMM. Hoy el gobierno se apresta a intervenir en la justicia con Fiscal de sus entrañas, disponiendo de una cabeza de puente para minar la independencia de la Rama Judicial.
El sector privado no ha sido ajeno a las intromisiones del gobierno. Acaba de intentar, sin éxito, la elección de la cúpula del Consejo Gremial favorable a sus propósitos, y corteja a los llamados cacaos, sorpresivamente olvidadizos de lo acontecido en Nicaragua y Venezuela, en donde esa colaboración consolidó las dictaduras que decretaron luego la expropiación de sus activos, la cárcel y el exilio, adobado por el despojo de la nacionalidad en la Nicaragua de Daniel Ortega.
La estatización de todas las prestaciones que atañen a la ciudadanía y convertir al Banrepública en el dispensador de todas las expensas del mal gobierno, son también componentes de la dictadura que asoma.
Para su consolidación Petro se alinea con toda la parafernalia de Estados totalitarios que buscan socavar las libertades que florecieron en la cultura occidental, a la que aportamos los latinoamericanos la diversidad que exigen los nuevos paradigmas de un futuro más promisorio que el recetado por los sátrapas que enfrentamos.
Se nos quiere imponer un rumbo que no deseamos El apoyo ciudadano y la integridad de las instituciones vuelven a ser los instrumentos indispensables a la defensa y conservación de la democracia.
