miércoles, 28 de noviembre de 2007

El prejuicio de algunos medios de Información

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Por Alirio Gómez Martínez

La rectitud e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia, puesta en duda a través de los medios de comunicación por altos funcionarios del gobierno en reiteradas ocasiones por motivos no muy jurídicos, realizará el primer juicio, en la historia de Colombia, a un congresista por vínculos con guerrilla. Hasta el momento la mayor parte del tiempo la elevada corporación lo tenían dedicado a las investigaciones por la parapolítica. El evento ocurrirá antes de que los magistrados salgan a vacaciones de fin de año. En el banquillo de los acusados estará, José Vicente Lozano, representante a la Cámara por Arauca. Sus relaciones criminales estarían relacionadas con el Eln.

A este "dirigente" político lo acusaron de tener actuar en el saqueo sistemático de los recursos del fisco departamental para fortalecer el aparato de guerra del frente Domingo Laín. Pertenece a Convergencia Ciudadana, uno de los movimientos políticos más afectados por el proceso de la parapolítico y cuya cabeza, Luis Alberto Gil quien ha sido llamado a indagatoria por la Corte motivo por el cual renunció a su fuero. Lozano había logrado escapar en el 2003 de una redada realizada por la Fiscalía y el Ejercitó y se escondió en Venezuela. Los ex gobernadores Federico Gallardo y Gustavo Castellanos Beltrán elementos fundamentales de su fortín politico ya fueron juzgados por lo mismo.

Una revista de circulación nacional al tratar el tema señala que el parlamentario enjuiciado es "Habilidoso en los manejos políticos, Lozano había logrado hasta entonces hacerse elegir sucesivamente como diputado a la Asamblea, Alcalde de Saravena y Gobernador del departamento, posiciones a las que llegó, según evidencias en su contra, por influencia del grupo guerrillero y desde las cuales cumplió compromisos adquiridos con éste". Como este fulano, los politólogos aseguran que hay cerca de una veintena entre senadores y representantes a la cámara y que si no ha habido la acción judicial es por la ausencia de denuncia y de pruebas. Pero, todo tiene su principio y en está materia se está dando.

Entendemos que son tan criminales y merecedoras de castigo las relaciones con los para militares como las puedan llegar a haber con la guerrilla, sea cual fuera su denominación. Además, todo alto funcionario del estado, parlamentario, diputado o concejal con vínculos con narcotraficantes y la delincuencia común, tiene que merecer el rechazo de la comunidad colombiana. El castigo tiene que hacerse efectivo no porque sea de derecha o de izquierda sino por violar las leyes. La apertura que la Corte Suprema de Justicia hace a una nueva línea de criminalidad política llena de confianza en la gestión de la Justicia colombiana.

Poco a poco se hace limpieza en el mundillo de la alta política colombiana. A pesar del poco apoyo logístico y financiero el país avanza en la búsqueda de la honorabilidad perdida. Ahora falta culmine el proceso de aprobación de la reforma política en donde se establece que curul que se pierda por parapolítica, por vínculos con las guerrilla se pierda para siempre y los partidos sean sancionados ejemplarmente. No se equivocaban quienes aseguraron que el partido Convergencia Ciudadana era "un caño matriz a donde descargaban las aguas negras de la vecindad política del país".

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