¿SE REFORMARÁ LA JUSTICIA?

Por Luis Eduardo Jaimes Bautista (J.B.)*

La nueva reforma a la Justicia que el Presidente Santos y su Ministro Vargas Lleras tienen preparado para los correspondientes debates en el Congreso, tiene muchos pros como sus contras. Desde mi humilde punto de vista sociológico, donde me devané los sesos estudiando los diferentes métodos científicos. Las nuevas normas vienen trabajándose a nivel latinoamericano. Leyendo un estudio de la Universidad de los Andes, del doctor Andrés Ucrós (2004) titulado: “La Reforma a la Justicia en Colombia: Un Movimiento Amplio de globalizaciones Hegemónicas, plantea los intereses reformistas de la justicia global”. Los  recientes intentos desde el 2008 de la Reforma a la Justicia en Colombia, que empezará hacer trámite por los órganos legislativos, pueden enmarcarse dentro de este fenómeno.

Será un trabajo que realizarán, dejando ver lo común y silvestre que el pueblo conoce de la justicia por los medios de comunicación. Porque lo demás está en la palabra clave: “Globalización, reforma Judicial, desarrollo económico, mercado, derechos fundamentales”.    

Todo esto me hace recordar los titulares de prensa: “choque de trenes”. Donde la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, EL Consejo de Estado, El Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces, administración de justicia y la Justicia Penal militar como reza en la Constitución en el Art. 116 se convierte en una torre de babel, en caso de dirimirla se les confunde la lengua.  Pero la justicia basada en el derecho, la gran mayoría de los colombianos se extraña de que las Altas Cortes de Justicia desconozcan mutuamente los fallos que cada una de ellas dicta. Es el espectáculo más grave por los nocivos efectos que han generado, perdiendo la confianza en los ciudadanos por no tener en sus jueces credibilidad, pero, paradójicamente, es un fenómeno perfectamente comprensible a los intereses económicos que se mueven en este país.

Colombia funciona simultáneamente con tres sistemas jurídicos, cada uno de los cuales tiene tras de sí unos supuestos teóricos serios, que conducen a considerar a los que son partidarios de cada uno de ellos, que están actuando correctamente, y que los demás están gravemente equivocados, o están actuando “con sesgo ideológico”. El tema es largo y académico, para explicar en qué consiste cada uno de estos sistemas relacionados sería meternos en la hermenéutica. Pero dónde está el meollo de esta situación y no quieren el consenso, porque prefieren tener un statu quo que los hace poderosos con influencias. No sólo por las funciones electorales que les dio la Constitución del 91, sino por el sistema de administración en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, burocratizado, clientelista y de presupuestos elevados. Con la reforma propuesta, las Cortes perderían su capacidad de cruzarse favores con los otros órganos de control. Y los magistrados la posibilidad de saltar a la política con las sentencias en la mano, como en su momento intentaron algunos y que su nombres son muy populares. Tendrían también que abandonar la práctica maluca de salir a litigar frente a quienes antes eran sus colegas. El régimen de inhabilidades propuesto es muchísimo más severo que el muy laxo que hoy existe.

La reforma de la justicia tiene 26 artículos modificatorios de la Constitución del 91, por lo cual debe surtir ocho debates en el Congreso y apunta a que el Contralor General lo elija el Congreso en pleno, entre quienes se inscriban como aspirantes. También para la elección de Contralor se eliminan las funciones nominadoras de las Altas Cortes.

Igualmente pretende eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo caso se crearía el consejo nacional judicial, con la participación de los presidentes de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), delegados no magistrados de las Altas Cortes expertos en administración o finanzas públicas, y el delegado de jueces y magistrados. Allí estarán con voz, pero sin voto, el Ministro de Justicia, la Fiscal General de la Nación y el Gerente de la Rama Judicial. El proyecto busca que se vuelva al sistema de cooptación, para que sean las propias cortes las que elijan a sus integrantes. También se aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes y se requieren de 10 a 20 años, para ser magistrado de estos tribunales.

A las Cortes no les gusta la propuesta. Ni podrá gustarles. El presidente de la Corte Suprema dijo que el proyecto "pone en peligro la institucionalidad". El del Consejo de Estado fue más lejos y sostuvo que la reforma "afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia". Será porque allí también existe el nido de la corruptela.

*Poeta y Escritor