Las viejas prácticas para saquear el erario colombiano

Camufladas y viejas prácticas que algunos sectores quieren defender desde el congreso de la república y los poderes económicos

Por Bernardo Socha Acosta

Los colombianos nos habíamos acostumbrado, o nos habían orientado, para que los 'chanchullos' que los hábiles dueños de lo ajeno de cuello blanco se embolsillaban, lo pagaran los trabajadores y familias de clase media alta y media baja y hasta los pobres pobres.

Por los intentos del gobierno actual en buscar un equilibrio entre la riqueza y la pobreza, se ha levantado una ola de guerra sucia y de infamias, propiciadas por los poderes políticos y económicos, hechos que no podrían terminar nada bien.

Como un ejemplo del pasado reciente, cuando se intentó gravar exajeradamente a los pobres con más impuestos (la reforma del entonces presidente DUQUE) el pueblo ya cansado declaró protestas que llevaron a un estallido social. Cuando el pueblo se cansa de abusos, por algún lado se revientan las cadenas del abuso.

Y hablando del entonces estallido social, ahora se está viendo una peligrosa, desafiante y provocadora actitud de los poderes políticos y económicos, como tratando de impedir la gobernabilidad, con el falso y mentiroso afán de proteger al país, pero en la realidad se están es autoblindando para continuar pagando irrisorios impuestos y como si fuera poco, además gozar de las MILLONARIAS exenciones tributarias que representan una inveterada forma de falsa legalidad para esquilmar el erario, porque esa era la estrategia en la que los gobiernos saqueaban al país en favor de los ricos. Esa camuflada práctica es la que ha llevado a Colombia a la catastrófica situación en la que estamos y que están reflejando las amañadas encuestas de favorabilidad. Esos resultados no son efectos del presente; son solamente los frutos de lo que han sembrado los gobiernos convertidos en TÍTERES de los poderes políticos y económicos. Todas estas malsanas maniobras que se han venido anquilosando como que, fueran fenómenos naturales, son las generadoras de las guerrillas, paramilitares, grupos de justicia privada, hambre, y otros factores de violencia que tienen a Colombia en el desespero.

Y ahondando más en las peligrosas prácticas, ahora con el fin de sabotear al gobierno, porque no han saciado sus voraces apetitos, esos mismos, pero aún más poderosos, están acaparando los dólares que se hallaban en las casas de cambio para hacer que este tome precios inesperados. Y claro con los pretextos de las medidas norteamericanas y otras expectativas externas, se acaba de hacer más tensa la situación que no puede terminar en nada bueno. A los acaparadores de dólares hay que decirles que con arrumes de billetes no podrán alimentarse… Algunos han aguantado hambre con los bolsillos llenos de dinero… Cuando el país, por esta guerra sucia del capitalismo, no produzca suficientes alimentos, estos protagonistas se arrepentirán y será demasiado tarde.

Eso es sencillamente lo que está ocurriendo en Colombia con los grupos políticos y económicos porque no han podido superar su fracaso con la caída del andamio que preparaban para que Colombia o los colombianos, siguiéramos trabajando para enriquecerlos,  mientras ellos felices creando más factores de dependencia y mendicidad.

Pero, ahora que se presenta una coyuntura para buscar un equilibrio de equidad entre los más RICOS y los pobres, ya hasta unos congresistas de movimientos en decadencia se están atravesando en contra de la equidad. Está bien que se busque ajustar algunas incongruencias del proyecto de Reforma Tributaria, pero no atravesarse como muros de la infamia para hacer fracasar la iniciativa. Esto demuestra que hay unos representantes a la cámara y senadores que ya es hora de sustituirlos poque se oponen a todo lo bueno para congraciarse con los potentados económicos. Ellos no lo hacen por el país. Buscan es la comodidad para ellos y su familia, pero no para propiciar una equidad nacional. De seguir así no hay futuro mejor, y el país buscará romper estas ataduras impuestas por el salvaje capitalismo y los voraces políticos.

Reforma a las personerías

Por: Pedro Gerardo Tabares C.

Seguramente que la reforma a las personerías tendrá los mismos problemas que ha tenido la de las Alcaldías, que no han encontrado apoyo por los consabidos feudos que tienen los interesados en que el progreso no se acelere debido a las conocidas formas de distribuir presupuestos. Es obvio que las personerías tienen presupuesto pero este no es de mayor alcance, pues los fines altruistas que tiene tampoco se cumplen.

En el pasado las personerías tenían funciones de veeduría, que se tornó en investigaciones demoradas por lo general con las pocas excepciones de aquellas que tienen celeridad y a su vez funciones fiscales, posteriormente de procuraduría, que deberán permanecer especialmente para entidades municipales.

Estamos en un presente que cambió muchas situaciones, si se quiere anquilosadas, y por ello las personerías deben tener en la nueva legislación un conjunto de funciones que exijan cumplimiento de la normatividad en todos los sentidos, pues es conocido que no hace poco tiempo, con leyes inexequibles se ordenaba por orden de personeros inscripción de registros de tierras  por desplazados, lo cual no demerita la institución sino quienes ocupan esos cargos.

Habría muchas reseñas de desconocimiento de la ley como pretender ser sancionadores de funcionarios de nivel superior al Municipal o dejar de acompañar a los Alcaldes en la distinción del espacio público y el privado, requiere atención de los legisladores no ya en la técnica de una ley sino en la razón de ser de las funciones y las sanciones a los personeros que con flagrantes vías de hecho, se ufanan de desempeño optimo, y claro está que quienes cumplen debidamente la labor, tampoco tengan obstáculos en la misión que desempeñan, sin dejar de lado que una ley de esa naturaleza en el presente, debe perdurar por algunos años, antes que sea necesario cambiarla por inoperante.  

Columna de opinión

                   Presidente Santos a la reelección

                                                Horacio Serpa

Hoy comienza el año laboral y empieza también el año político. La razón es muy simple: el año entrante hay que elegir a los miembros del nuevo Congreso Nacional y al Presidente de la República. Es posible que el Mandatario Nacional no sea nuevo, porque nuestro sistema político permite la reelección desde cuando el exPresidente Uribe, con sus inmediatos colaboradores al frente, promovió su propia reelección con una reforma constitucional. En la Constituyente se prohibió. Hoy está vigente.

El año pasado cerró con una importante declaración del Presidente Santos: en Junio informará al país si aspira a ser reelecto en las funciones que desempeña. Es difícil creer que  no lo haya pensado. Incluso, decidido. Es entendible que se tome los seis meses que faltan para el anuncio de su determinación ---según la ley tiene plazo hasta noviembre--- a objeto de examinar con detenimiento como van las cosas en el País que gobierna, especialmente el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Es lo que hace una persona seria y precavida cuando de asumir definiciones de Estado se trata.

Pero lo más seguro es que se exprese afirmativamente. Está autorizado constitucionalmente; muchos aspectos de su programa de gobierno están en marcha y no se van a concluir de aquí a un año y medio cuando termina su mandato; si se firma la paz faltaría implementarla, llevarla de la mano hasta su consolidación y dirigir todo lo relacionado con el posconflicto; si no es así, tendrá que cumplir el deber de seguir coordinando las acciones militares para derrotar a la guerrilla en el campo de batalla. Por todos los lados que se mire, casi le toca seguir.  Además, su labor ha sido buena y tiene seguidores, posibilidades y ganas. ¿Qué lo podría impedir? ¡Una hecatombe! 

Tendrá dificultades, pues el ejercicio de la política siempre es difícil. El mayor obstáculo, su nuevo mejor enemigo, el expresidente Uribe. Le hace una oposición tenaz. Con empeño, con militancia, con rabia. No le da tregua. En los últimos días fue especialmente activo, en la medida en que el presidente iba informando al pueblo sus logros y aciertos durante 2012. No le rebaja una.

Hay cosas por definir. Saber si el Partido conservador tendrá candidato propio, que no parece.  Si Germán Vargas se retira del ministerio, que es  probable. El Polo ya decidió por la doctora López, una importante opción. El partido liberal quiere, pero tendrá que explicar bien lo de la reelección y lo que hará con aspiraciones legítimas como la de Eduardo Verano. En la U unos quieren y a otros les toca. Y está de por medio la decisión del puro centro democrático ---así se llama, que le vamos a hacer--- y la candidatura de su jefe al Senado.

Todo se irá decantando con el correr de las semanas. Será un proceso interesante. Falta saber si hay decisiones de cambios estructurales, que son los que necesita el País.

Bogotá D.C., 31 de Diciembre, 2012 (Columna publicada en el Nuevo Siglo) 

¿Se le llenó la copa al pueblo?

CONGRESISTAS, NO SE SIGAN EQUIVOCANDO

------------------------------------Horacio Serpa

La enérgica reacción ciudadana contra el Congreso a raíz del exabrupto de la Reforma a la Justicia, no lo fue solo por esa actuación. A la gente se le llenó la copa, con tanto desgreño, con tantos errores. Uno de los más criticados ha sido el propósito sistemático de reformar la Constitución. Equivocación grande es creer que todo se remedia modificando las normas superiores. Además, nunca tendremos un sistema político equilibrado, coherente, estable, si nos la pasamos probando instituciones, modificando reglas, inventando procedimientos, experimentado soluciones.

Parece que no todos los Congresistas se dieron cuenta de lo que pasó. O creen ingenuamente que solo fue una censura pasajera a la que no deben pararle muchas bolas. Por ello iniciaron la nueva legislatura, de la que los ciudadanos esperan seriedad, responsabilidad, trabajo, presentando otras propuestas de reformas constitucionales. Disculpas ofrezco a los Honorables Congresistas, a quienes aprecio y respeto, pero me parece increíble que no cogieran experiencia. El País está esperando otra cosa. Ojalá  leyeran bien la entrevista del nuevo Presidente del Senado. Si él siendo de la casa dice así del Congreso, imagínense lo que dicen los de afuera. ¡No se sigan equivocando!

Un ejemplo ilustra las observaciones. Con los comentarios de rechazo que se hicieron hace algunas semanas a la propuesta, pensé que no se volvería a hablar de eliminar la Vicepresidencia de la República. Las noticias dicen que ayer se presentó la iniciativa con el objeto de volver a la Designatura, una figura arcaica, antipopular, que en ocasiones se prestó para jugarretas, trapisondas y componendas.

Una de las razones que tuvo en cuenta la Constituyente para rechazar la Designatura fue la de que no es democrático que al eventual reemplazo del Presidente, elegido popularmente, lo escoja el Congreso. No hay razón que lo justifique. Con el riesgo de que un Congreso cuyas mayorías no sean amigas del Presidente, bien puede crear la expectativa de sucesión en una persona opositora o enemiga. Ni más, ni menos.

El argumento de que es necesario ahorrarse el sueldo del funcionario, es peregrino. ¿Con lo que vale esa asignación o el funcionamiento de la Vicepresidencia vamos a salir de pobres? Ahora, si el Presidente no le quiere asignar funciones, no sería empleado ni tendría sueldo.

Atribuirle competencias por Constitución sería como crear una Presidencia chiquita, con poderes plenos para desarrollarlas. Absurdo.

Pero lo más absurdo es creer que el País permitiría a los Congresistas elegir al eventual sucesor presidencial. Lo dispuso la Constituyente para suplir la falta absoluta del Vicepresidente, después de mucho debate y cuando el Congreso no estaba tan desprestigiado. 

Dificultades, ¿cuáles? Se presentaron cuando el Presidente Samper. Con los doctores Pastrana y Uribe no hubo problemas. En este tampoco.

Sin duda fue desobligante la presentación del proyecto estando enfermo el doctor  Angelino Garzón. Por fortuna son gratas las noticias de su recuperación. Debe estar sorprendido de que tan pronto dio la espalda para ir a la clínica, le comenzaron a mover la silla.

Bogotá D.C., 25 de Julio del 2012

¿Reforma judicial o complicidad con la parapolítica?

------------------------------------Por Gerardo Delgado Silva

Si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido uno de los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.

Radbruch la clasifica entre los valores absolutos, como el bien, la verdad y la belleza, y Cicerón expresó de ella, que era “inclinación del alma que da a cada uno lo suyo”. Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.

Y bien. Nunca la opinión de los Congresistas se han formado realmente un serio propósito, consistente y perdurable en torno a nuestra administración de justicia. Se cree ingenua o malintencionadamente que con afrentar a Magistrados y jueces, como lo hizo el anterior Presidente, o con elaborar estatutos deficientes se soluciona el problema. Lo ocurrido con esta ominosa “reforma”, fue un ostensible repudio a todos los principios que soportan la excelsitud de la justicia, mancillando la propia piel transparente de la patria, pues evidentemente, como sostuvo Platón, la justicia es la razón de ser del Estado, su piedra angular.

Este panorama de destrucción institucional que estamos viviendo como legado del Señor Uribe, no es un designio divino de obligatorio cumplimiento: es la consecuencia de políticas abyectas que hay que remediar. Los Congresistas no son guardianes, como debieran serlo, de la moral pública, tampoco intrépidos defensores de los intereses nacionales en todos los aspectos de la vida republicana.  No entienden cual es su misión y en que consisten sus responsabilidades, ni para que son sus funciones dentro del contexto jurídico de la Carta, con la cual contamos.

Ningún colombiano ignora que el complejo proceso de males se recrudeció, por desgracia, por la poca atención que el anterior Presidente y el Congreso le pusieron a las prácticas vitandas, impulsadas por los parapolíticos y núcleos importantes de ese Gobierno, a despecho de la tradición jurídica y ética universal cambiándola por la sola y siniestra voluntad de unos paramilitares que le impusieron su propia ley al Estado. Ese Gobierno al que nos hemos referido se comprometió en una tarea de apaciguamiento que confundió con la entrega del orden jurídico y moral de la República. Evidentes ataduras con la delincuencia común.

La política torció su rumbo de servicio público, para convertirse en un negocio de trastienda venal que ha acomodado por el atajo de torcidas intenciones, la legislación a los intereses de los delincuentes.  En las horas de tinieblas del Congreso, por ejemplo, se ha conspirado abiertamente contra la institución democrática, al eliminar el régimen de inhabilidades; la detención preventiva establecida por 36 horas, para evitar obstrucción de la justicia; se legisló con estulticia en causa propia blindando a los Congresistas contra los hechos punibles de la parapolítica; aberrantemente se descorrió el velo de la intención proditoria de implantar la abominable impunidad; se suprimió a la Comisión de Investigación de la Corte Suprema, que sobresalientemente ha desempeñado su función, como una autentica cruzada  para ponerle valladar infranqueable a los hampones de la parapolítica; los presos en la hora fatídica saldrían libres, sin que la justicia pudiera abrirse paso en su sagrada misión, sin poder conservarse el orden jurídico. Es el olvido de los reales destinos de la dignidad y eficacia de la justicia.  Sencillamente porque el delito con la actitud permisiva del Congreso fue elevado oficialmente como fuente del derecho. Y, al propio tiempo se bendice con la aquiescencia oficial un pasado atroz manchado por los más horrendos crímenes de los paramilitares.  Todo esto vergonzosamente nos indica que el orden político, se convirtió en agencia del poder individual. Tiendas de campañas electorales, y no más.

No se puede montar un escándalo de las proporciones del que fuera montado, con pruebas concretas de desafecto a la Ley y a la Moral. Es un desprecio por el País que pueda exhibir cuerpo alguno deliberante.  En esta comedia de equivocaciones constitucionales y morales, intervino el Gobierno Nacional, consagrando la reforma con aguas bautismales. Y causa horror que las Cortes, dedicadas a hacer la luz en el desorden que nos rodea, a la labor de sanidad espiritual, hubiesen transigido con el engendro de reforma, desluciendo la toga, hecho que les está vedado.

En medio de la tempestad, en un acto plausible afortunadamente,  asumió el Presidente una posición de arrepentimiento, de enmienda y sobrepuso - en forma no ortodoxa - el interés Nacional a los acontecimientos adversos que socavarían para siempre la justicia y el Estado de Derecho, deteniendo los intereses de los depredadores legales.

La historia ha demostrado que la peor desgracia que puede acontecerle a un pueblo, es la de destruir, desarticular o vejar a su justicia.

Es el “Suplicio de Tántalo”, por ignorar el don de la justicia que lleva a los hombres a ignorar los límites de la ética. Por allá en la época de los romanos se sentenció: “Corruptio Óptima, Pésima”, la corrupción es lo mejor de lo peor. Sentencia que subsume el aberrante conciliábulo de la comisión de conciliación prevaricadora.

Estamos en el instante preciso de que la inteligencia colombiana asuma la personería del destino histórico de Colombia. Han hecho los Congresistas, la mala historia, que deja sin piso la razón de ser del organismo. Porque la buena se hace con visión y grandeza.

¿SE REFORMARÁ LA JUSTICIA?

Por Luis Eduardo Jaimes Bautista (J.B.)*

La nueva reforma a la Justicia que el Presidente Santos y su Ministro Vargas Lleras tienen preparado para los correspondientes debates en el Congreso, tiene muchos pros como sus contras. Desde mi humilde punto de vista sociológico, donde me devané los sesos estudiando los diferentes métodos científicos. Las nuevas normas vienen trabajándose a nivel latinoamericano. Leyendo un estudio de la Universidad de los Andes, del doctor Andrés Ucrós (2004) titulado: “La Reforma a la Justicia en Colombia: Un Movimiento Amplio de globalizaciones Hegemónicas, plantea los intereses reformistas de la justicia global”. Los  recientes intentos desde el 2008 de la Reforma a la Justicia en Colombia, que empezará hacer trámite por los órganos legislativos, pueden enmarcarse dentro de este fenómeno.

Será un trabajo que realizarán, dejando ver lo común y silvestre que el pueblo conoce de la justicia por los medios de comunicación. Porque lo demás está en la palabra clave: “Globalización, reforma Judicial, desarrollo económico, mercado, derechos fundamentales”.    

Todo esto me hace recordar los titulares de prensa: “choque de trenes”. Donde la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, EL Consejo de Estado, El Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces, administración de justicia y la Justicia Penal militar como reza en la Constitución en el Art. 116 se convierte en una torre de babel, en caso de dirimirla se les confunde la lengua.  Pero la justicia basada en el derecho, la gran mayoría de los colombianos se extraña de que las Altas Cortes de Justicia desconozcan mutuamente los fallos que cada una de ellas dicta. Es el espectáculo más grave por los nocivos efectos que han generado, perdiendo la confianza en los ciudadanos por no tener en sus jueces credibilidad, pero, paradójicamente, es un fenómeno perfectamente comprensible a los intereses económicos que se mueven en este país.

Colombia funciona simultáneamente con tres sistemas jurídicos, cada uno de los cuales tiene tras de sí unos supuestos teóricos serios, que conducen a considerar a los que son partidarios de cada uno de ellos, que están actuando correctamente, y que los demás están gravemente equivocados, o están actuando “con sesgo ideológico”. El tema es largo y académico, para explicar en qué consiste cada uno de estos sistemas relacionados sería meternos en la hermenéutica. Pero dónde está el meollo de esta situación y no quieren el consenso, porque prefieren tener un statu quo que los hace poderosos con influencias. No sólo por las funciones electorales que les dio la Constitución del 91, sino por el sistema de administración en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, burocratizado, clientelista y de presupuestos elevados. Con la reforma propuesta, las Cortes perderían su capacidad de cruzarse favores con los otros órganos de control. Y los magistrados la posibilidad de saltar a la política con las sentencias en la mano, como en su momento intentaron algunos y que su nombres son muy populares. Tendrían también que abandonar la práctica maluca de salir a litigar frente a quienes antes eran sus colegas. El régimen de inhabilidades propuesto es muchísimo más severo que el muy laxo que hoy existe.

La reforma de la justicia tiene 26 artículos modificatorios de la Constitución del 91, por lo cual debe surtir ocho debates en el Congreso y apunta a que el Contralor General lo elija el Congreso en pleno, entre quienes se inscriban como aspirantes. También para la elección de Contralor se eliminan las funciones nominadoras de las Altas Cortes.

Igualmente pretende eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo caso se crearía el consejo nacional judicial, con la participación de los presidentes de las Altas Cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), delegados no magistrados de las Altas Cortes expertos en administración o finanzas públicas, y el delegado de jueces y magistrados. Allí estarán con voz, pero sin voto, el Ministro de Justicia, la Fiscal General de la Nación y el Gerente de la Rama Judicial. El proyecto busca que se vuelva al sistema de cooptación, para que sean las propias cortes las que elijan a sus integrantes. También se aumenta de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes y se requieren de 10 a 20 años, para ser magistrado de estos tribunales.

A las Cortes no les gusta la propuesta. Ni podrá gustarles. El presidente de la Corte Suprema dijo que el proyecto "pone en peligro la institucionalidad". El del Consejo de Estado fue más lejos y sostuvo que la reforma "afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia". Será porque allí también existe el nido de la corruptela.

*Poeta y Escritor

Una reforma política para la paz

Colombia, miércoles 18 de agosto de 2010

--------------------------------HORACIO SERPA

El Presidente Juan Manuel Santos está imponiendo su sello personal a la política. Conciliador, sereno, pausado, reformador. Es dueño de un nuevo estilo que le conviene a la nación para reconciliarse con los vecinos y abrir las compuertas a la concordia nacional. A la par con el entendimiento con la comunidad internacional, las altas Cortes y los partidos, el mandatario debe avanzar en sus primeros cien días de gobierno en la implementación de una profunda reforma política que vigorice la democracia y nos conduzca a la convivencia.

En su discurso de posesión, el Presidente habló del tema con convicción democrática, trazándole un nuevo rumbo a la nación. Su propuesta de Unidad Nacional, busca “…un acuerdo en torno a la necesidad de tener una democracia vigorosa; una economía estable y próspera; una patria justa en lo económico y lo social; una nación segura y en paz”. Dejó en claro que “no quiero un país sin partidos ni sin controversias ideológicas. Colombia necesita partidos sólidos, serios y de vocación permanente, con posiciones diferentes sobre la sociedad y el Estado”.

Para lograrlo es urgente que convoque al país, a las colectividades, universidades y centros de pensamiento, a una reflexión profunda sobre la reforma política que necesitamos para dejar atrás los vergonzosos capítulos de nuestra historia reciente como la parapolítica; las chuzadas del DAS, que vulneraron los derechos de la oposición y las organizaciones sociales; la financiación de las campañas por grupos de poder y contratistas; la persecución a los medios de comunicación críticos del gobierno y las amenazas a la libertad de prensa; la banalización de los partidos políticos y la política.

Si queremos ser una democracia moderna y vigorosa debemos asegurarnos que serán investigados quienes hicieron pactos con el diablo para tomarse el poder político local, regional y nacional, saquear el erario, eliminar a sus rivales y llevarse por delante la democracia. Esos hechos no pueden repetirse. Pero para ello se necesita mucho más que buena voluntad. Se necesita Estado, autoridad, institucionalidad, cultura política, justicia, verdad y reparación de las víctimas.

El Primer Mandatario debe liderar que se cumpla el mandato constitucional de garantías a la oposición, para que nadie sea chuzado, perseguido, amenazado, exiliado o asesinado por sus ideas. Y reglamentar el acceso a los medios de comunicación, porque es hoy allí donde se legitiman las ideas, se construyen las percepciones y se gana el apoyo de la opinión pública. Tenemos que acabar con la enorme desproporción de cubrimiento noticioso que se da entre el gobierno y la oposición.

El Presidente Santos debe modernizar el sistema electoral para derrotar la abstención y actualizar los mecanismos de participación ciudadana, que siguen siendo un saludo a la bandera.

Lo más importante es fortalecer los partidos políticos, para que sean fuertes, democráticos e incluyentes y permitan el surgimiento de nuevos liderazgos. La reforma política es la llave de entrada a la paz. Hay que trabajar con celeridad en ese tema. Es una tarea impostergable.

OTROS ASPECTOS DE LA REFORMA A LA JUSTICIA

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Por: Pedro Gerardo Tabares

Para agilizar la administración de Justicia se encuentran dos conceptos importantísimos que solamente se podrán evaluar: de una parte la regulación de la perención, que en el pasado avanzaba hasta los dos años y ahora alcanza a los nueve meses para que como castigo a quien no pueda encontrar al individuo que demanda, se archive el proceso y se levanten las medidas cautelares, de tal manera que la acción prácticamente termina y el derecho no se obtiene, fundada la situación en la negligencia del actor . El espíritu del mandato tiene fundamento, pero lleva a quitar el principio de la gratuidad de la justicia, como quiera que estando descentralizadas las notificaciones son las empresas particulares las que las hacen, no obstante que aún en los cargos queda la nomenclatura del citador como empleado pero como es obvio cambia de funciones.

La otra consideración está relacionada con la rapidez en las decisiones penales con la legalización de la captura que presentan posibilidades para que todos los servidores públicos estén o no de acuerdo con la administración de justicia opinen cuando a bien tienen para calificar y entrar a cuestionar la jurisdicción acaso con sentimientos encontrados frente a situaciones que los toca en su entorno, pero con ello debilitan la actividad jurisdiccional, no dándose cuenta de otra parte, que en vez de criticar están obligados a suministrar elementos mínimos que para ellos no cuentan. En esa pugna interpoderes surgen para el administrado las consecuencias de la desorientación y el aumento de la falta de credibilidad en la administración de Justicia y credibilidad ciega en las administraciones.

Hay ejemplos de decisiones en que funcionarios que son objeto de críticas por sus conductas no ajustadas a la ley, pero pretender que quien sea encarcelado los indemnice por hacer las denuncias es una situación que da grima. No se requieren más leyes, se requiere la convicción y tener criterio social que solo se obtiene cuando la educación de los primeros años se orienta con valores sociales. Volver a Inicio >

Comenzó redacción de reforma constitucional en Colombia

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por bersoa15, May 29, 2008
Sectores sociales, estudiantiles, de opinión, políticos y abogados promueven una reforma judicial y de los entes de control, con el fin de proteger los derechos fundamentales. La acción de tutela será defendida como el arma de los colombianos ante la desprotección del Estado.

Un proyecto de Reforma constitucional orientado a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, que son víctimas del propio Estado que se ha olvidado de su papel primordial con la sociedad colombiana, promueve un movimiento pluralista que se organiza en Bucaramanga, Colombia. El propósito es que además de la reforma política se asuman nuevas propuestas sociales. LEER MAS >