Mario González Vargas
El acuerdo de Barbados para el regreso de la democracia en Venezuela tuvo una vida efímera, como era de suponerse, porque confirmó la evidencia vivida en casi un siglo, demostrativa del fracaso del apaciguamiento frente a la voluntad de sátrapas en todas las latitudes del orbe. El acuerdo que comprometía al gobierno de Maduro a la realización de “elecciones libres y competitivas” que implicaban la restauración de los derechos políticos de los líderes de la oposición, recibió violenta agresión con la arbitraria inhabilitación de María Corina Machado, escogida en transparente elección candidata de la oposición.
La reacción internacional fue inmediata. Costa Rica, Chile, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Canadá, Francia y Estados Unidos, repudiaron la falacia del régimen venezolano que llevó a Maduro a vociferar que las elecciones tendrían lugar en la fecha que se le antoje, bajo las condiciones que imponga, con los candidatos que reconozca, y que, en últimas, “se ganarían a las buenas o las malas”. La OEA consideró entonces “liquidadas las posibilidades de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela”.
Elecciones libres y limpias en el vecino país debe ser hoy el objetivo primordial de la política exterior de Colombia por sus repercusiones sobre la paz interior y sus alcances sobre la concordia en las relaciones hemisféricas. El silencio de Petro sobre la inhabilitación de María Corina Machado, olvidando las sentencias de la Corte IDH que lo beneficiaron, sembró dudas sobre su estabilidad y consistencia políticas y acrecentó la sensación de inconsecuencias en su carácter y procederes.
Por ello, nadie esperaba que el gobierno de los Estados Unidos solicitara al presidente Petro sus buenos oficios con el gobierno de Maduro, con el propósito de reafirmar “la importancia de implementar todos los elementos del acuerdo de Barbados y de trabajar junto con todas las partes para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada.” Mayor sorpresa causó que Juan González, asesor del presidente Biden, dijera que si bien todos los candidatos, incluida la señora Machado, podían participar, “lo que nos importa es el proceso, no el candidato”. Esa interpretación de lo acordado en Barbados, desconoce la legitimidad del proceso electoral de selección de la candidata de la oposición y parece dar curso a un pernicioso espíritu apaciguador. Ello aliviaría sustancialmente las cargas de la misión del presidente Petro, y se tradujo en la agresión violenta contra la candidata y sus seguidores en reciente manifestación pública. A nadie sorprendió entonces el adelanto por Maduro de las elecciones para el primer semestre del año en curso.
La consolidación de la dictadura de Maduro redundará en el debilitamiento de los regímenes democráticos, promoverá esfuerzos y solidaridades por la asunción de nuevos gobiernos que se le asemejen, y se acompañará de la extensión de la presencia de potencias extra continentales, Rusia, China, Iran, Turquia, y de organizaciones terroristas de la estirpe de Hezbollah y Hamás, que constituyen la mayor amenaza a la seguridad hemisférica.
A los certámenes electorales que se avecinan les corresponderá decidir el futuro de nuestras naciones. En ello coinciden unos y otros, por lo que a partir de noviembre nos estaremos jugando el destino del hemisferio en el que vivimos.
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