En el siglo XX el mundo sufrió las calamidades de dos guerras mundiales que no solo devastaron buena parte del planeta, sino que también pusieron de presente la capacidad del arma atómica de poner fin a la humanidad en caso de una nueva contienda. Ante la sombría amenaza de la probable desaparición de la humanidad, se procedió a la fundación de organismos que nos ampararan ante la posibilidad de una nueva conflagración orbital. La creación de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, luego replicada en los demás continentes, y los acuerdos de Breton Woods, inauguraron la posibilidad de un mundo que lograra mediante el progreso, el entendimiento y la negociación erradicar la posibilidad de una hecatombe sin supervivencia posible.
En las siete décadas transcurridas desde entonces se han malogrado esos objetivos. Prevalecieron en los organismos encargados de su realización los intereses prevalentes en los Estados Miembros y el espíritu impositivo de las ideologías que los alimentan. Sus burocracias se convirtieron en apostolado doctrinario y político y en instrumento de imposición en vez de herramienta de cooperación. La condición minoritaria de las democracias en la ONU ha permitido que Venezuela e Irán, entre otros estados de igual catadura, presidan o hayan presidido el Consejo de DDHH de la Organización.
En las Américas esa militancia política desnaturalizó la promoción y defensa de los derechos humanos con la cooptación de las agencias competentes y su transformación en agentes de objetivos políticos ajenos a la finalidad de cooperación de su mandato. La representante de DDHH de la ONU en Colombia se abroga facultades que pugnan con la soberanía del Estado, y la elección de magistrados de la Corte IDH y de la CIDH esta mediada por el informe de un panel de expertos conformado a instancias de la Open Society de Georges Soros que evalúa y recomienda los candidatos a miembros de esas instituciones, asegurando la elección de personas afines a sus decálogos ideológicos. En la última elección en el 2021, solamente el candidato de Brasil a la Corte y el exmagistrado colombiano Carlos Bernal a la Cidh lograron llegar en medio de la apabullante mayoría que ese sistema reserva para los candidatos de la izquierda continental.
La culminación de ese desvarío se concretó en la participación de los funcionarios y contratistas de la Agencia de la ONU para refugiados (UNRWA) en el ataque terrorista de Hamás a los ciudadanos israelitas el pasado 8 de octubre y ha dado lugar al escrutinio de las actividades de la Organización en el mundo y a la constatación de la militancia ideológica de sus representantes.
En Colombia padecemos la intervención indebida de los Secretarios Generales de la ONU y la OEA, la beligerancia ideológica vedada a sus Cortes y Comisiones y las intromisiones ultrajantes de sus representantes en al país. Se halla en curso el advenimiento de una inquisición intolerante que amenaza por igual los cimientos fundacionales de esas organizaciones y la soberanía de los Estados Miembros, que imposibilitan el debido cumplimiento de sus mandatos expresados en sus Cartas Constitutivas. Nos hallamos en el umbral de un mundo proclive a la confrontación y huérfano de instrumentos que la prevengan.
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