El caso de Carlos Caicedo
podría ser uno de los más álgidos y que mayor atención ha demandado
Por Alejandro Árias
Cuando muchos (incluido quien
escribe) teníamos en los elementos indiciarios a Carlos Caicedo como potencial
determinador de los homicidios de la unimagdalena, hace 4 años esa hipótesis
cayó por completo.
Nuevos actores develaron que
detrás de toda esa trama había un plan orquestado para cubrir una serie de
homicidios de estado, incluidos los de la unimagdalena, y aprovechar los mismos
para detener a Carlos Caicedo en su carrera política para luego asesinarlo y
con él sepultar la investigación que revelara quienes son los verdaderos
determinadores de estos crímenes.
El vínculo con el que se
conectó a Caicedo Omar con las muertes de Otero, Morelli y Maduro estuvo
centrado en una supuesta entrega de una lista derivada de unos supuestos
acuerdos entre éste y los "paras" celebrada en el conjunto
residencial bavaria reservado a instancia del exparlamentario Alfonso Campo.
Hipótesis que se mantuvo como
eje de la investigación y que se desmoronó cuando se precisó que la famosa
lista había sido el resultado de una labor de inteligencia de agentes del
estado (Ejército, Policía y DAS) entregada a los "paras" para que
éstos ajusticiaran a las personas que ahí figuraban bajo el rótulo de
pertenecer a la izquierda/guerrilla. Dentro de ellos Carlos Caicedo Omar.
Así mismo también se pudo
cronológicamente precisar que cuando la reunión a la que fue sometido Caicedo
Omar cumplir en el conjunto residencial bavaria reservado con los
"paras", que presuntamente derivaría en un acuerdo, tanto el decano,
el vicerrector y el estudiante ya habían sido asesinados. Y dos días antes de
dicha reunión el mismo Caicedo Omar se había librado de haber sido asesinado en
el centro comercial plazuela 21 a manos de “Yoyo” Rojas, hecho que éste ha
confirmado en diversos escenarios.
Circunstancias éstas que en
esencia fueron atendidas por la fiscal 190 de delitos contra los DDHH para
concluir que en contra de Carlos Caicedo Omar no se halló un sólo indicio que
lo vinculara con los homicidios de Julio Otero, Roque Morelli y Hugo Maduro al
resolverle situación jurídica el 30 de enero de 2019. Razón por la cual se
abstuvo de proferir medida de aseguramiento y en cambio impuso unas medidas
restrictiva de la libertad que posteriormente fueron tumbadas en segunda
instancia.
Este hecho judicial dio fuego
y empoderó a Carlos Caicedo políticamente. Una vez más quedaba demostrado que
Carlos Caicedo era víctima de una nueva celada criminal para acabarlo política
y personalmente. Lo que además lo convirtió en una amenaza para sus enemigos
políticos como sucedió en el 2011, cuando se sentenció su inocencia luego de
cinco años privado de su libertad y llegó a la alcaldía con un triunfo
histórico.
Es ahí cuando el Clan Cotes,
bajo el liderazgo del narcotraficante Álvaro Cotes Vives, decide jugársela
pagando falsos testigos cuyos falsos testimonios permitieran construir una
causa indiciaria mínima que justifique la imposición de una medida de
aseguramiento y quitarlo del camino. Sin importar que 5 o 10 años después
Caicedo demostrara su inocencia. De acá a allá ya estaría destruido
políticamente, han afirmado los aliados del Clan Cotes en esta empresa.
Pero la empresa criminal de
enlodar a Carlos Caicedo sufrió dos traspiés. El primero cuando José Gregorio
Rojas denunció ante la fiscalía haber sido objeto de sobornos para declarar
contra Caicedo y segundo cuando Adán Rojas a nombre suyo y de su hermano
denunciaron ante los magistrados de justicia y paz no sólo haber sido objeto de
un soborno sino el haber recibido el pago de 100 millones de pesos y haber
grabado y recogido las pruebas de cómo estaban siendo instruidos por abogados y
fiscales pagos para incriminar falsamente a Caicedo Omar con estos crímenes.
Hechos éstos que no solo
quedaron consignados como denuncia en la diligencia pertinente de justicia y
paz sino en la sentencia aprobada mediante Acta 022 en el proceso radicado
08-001-22-52-002-2013-80003 con la que se profirió sentencia condenatoria
contra los postulados Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, José Del
Carmen Gelves Albarracín, Norberto Quiroga Poveda, Daniel Eduardo Giraldo
Contreras, Carmen Rincón, José Daniel Mora López, Afranio Manuel Reyes Martínez
y Eduardo Enrique Vengoechea Mola previa acusación de la fiscalía 9 nacional
especializada de justicia transicional de fecha 18 de diciembre de 2018.
Sentencia que hoy está en firme.
La Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Barranquilla concluyó, en cuanto a la situación de Carlos
Caicedo, que "mentir en la justicia transicional es mucho más perjudicial
porque están de por medio las víctimas del conflicto armado, se ataca
directamente a uno de los pilares fundamentales del proceso como lo es el
principio de verdad y de paso se afecta no solo a la construcción del contexto
sino la memoria histórica y ello se debe evitar a todas luces por los
organismos de control encargados de llevar a buen puerto las investigaciones;
el caso del señor CAICEDO OMAR es un claro ejemplo de ello, testimonios
encontrados de manera distinta en los postulados a la ley de justicia y paz,
dan paso a la existencia de la duda razonable, que como se dijo anteriormente
convierte en victima a la persona denunciada, le permite la exoneración total
de responsabilidad tanto en el proceso transicional o en la investigaciones que
pueda adelantar la justicia permanente; (...)".
Por su parte, ante la justicia
ordinaria el caso de Carlos Caicedo volvió a cambiar de radicación. Esta vez
por cuenta de su nueva condición de aforado desde que tomó posesión en el cargo
de Gobernador del Magdalena. Por lo que la fiscal 190 de delitos contra los
DDHH perdió total competencia para continuar dicha investigación debiendo pasar
la misma a fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia quienes deben
darle ahora impulso a esa investigación en el estado en que quedó hasta el 31
de diciembre de 2019.
No así la situación del
narcotraficante Álvaro Cotes Vives quien por orden la sentencia proferida por
la sala de justicia y paz debe ser investigado por la justicia ordinaria
conforme quedó consignado en dicho fallo.
Para el Clan Cotes y sus
aliados políticos y del empresariado, la única opción que tienen, frente a este
caso, es meterle plata a falsos testigos y apostar a que la Fiscalía General de
la Nación haga su “jugadita juridicopolitica”. La apuesta es detener a Carlos
Caicedo y hacerle el quite a las investigaciones nacidas con las denuncias de
los sobornos que hoy pesan en contra de ellos.
Alejandro Arias, periodista y
abogado
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