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lunes, 14 de julio de 2014

La corrupción

                        Por Gerardo Delgado Silva
En tiempo no muy lejano, cuando fue Presidente el Señor Uribe Vélez, se puso de moda hablar de fatiga industrial del país, para indicar el desánimo por la inversión de capitales, todo como fruto del clima político y social, con para políticos y paramilitares, con la entrega no solo a la violencia sino a la pecaminosa especulación, y olvido de los proyectos a largo plazo, el rechazo de lo que representara riesgo inevitable y, en síntesis, de todo lo que significa construir con honestidad para el futuro.
Esa fatiga material, es el reflejo de otra mucho peor, la moral, responsable de nuestros males de hoy.  Porque nos hemos percatado que la fibra indispensable, la del sentido ético, se aflojó, cuando no desapareció, como en ese gobierno, lo que se aprecia por ejemplo en los genocidios eufemísticamente llamados “falsos positivos”. Así mismo, las interceptaciones a los magistrados y altas personalidades, los seguimientos a éstos, a sindicalistas y opositores al régimen.  La lucha sin frenos del Ex Ministro Andrés Felipe Arias por el enriquecimiento sin causa de sus amigos coaligados para estar en el poder.
Entre tanto, el Presidente, ¿Le puso un valladar infranqueable a la marcha ominosa del delito?.
Andrés Felipe Árias
Las famosas palabras de Talleyrand, sobre la ejecución del Duque de Enghien  por los soldados de Napoleón: “Más que un crimen, es una estupidez”.  Podrían aplicarse a muchos episodios de ese gobierno del Señor Uribe Vélez, con lívido demando.
El tema de la corrupción ha invadido a todo el organismo nacional, y las artimañas de la politiquería han horadado la estructura de todo el poder público en perjuicio del país y sus instituciones.  El señor Ex Ministro Arias, a través de Agro Ingreso Seguro, pagó el apoyo a su futura campaña, desde el gobierno, con los recursos públicos.
Es indispensable e ineludible que un giro de ciento ochenta grados restablezca el imperio de la ética, como lo está haciendo el Señor Presidente Santos, en la conducción de los negocios públicos, ya que la sola legislación, si no se cumple, es insuficiente para conjurar la intención dolosa, con la cual unos y otros burlan las prohibiciones consagradas en los textos vigentes.
Se requiere, de todos modos, que el espíritu de la Ley esté complementado por una disciplina que se sujete al respeto que los principios deben inspirar para que el orden social no se quebrante, ni el orden jurídico se resquebraje como hasta ahora.
La nación toda, está en la obligación de tener conciencia de que sin Dios, Ley y Moral, no puede haber progreso, fe ante los desafíos y fuerza para sortear todas las dificultades que se derivan de la corrupción.
Hay muchas formas de corrupción.  Lo que implica en este caso del Ministro Arias es el pragmatismo puro.  Adiós principios.  El derecho no tiene cabida en estos pasos.
El campo ha sido origen, escenario y víctima del conflicto armado que hoy define la propiedad, los precios de la tierra y la ubicación del campesinado.  El latifundio ganadero no ofrece trabajo suficiente, y el campesino minifundista se muere de hambre.  La ONU nos advirtió pasmada de la crisis humanitaria.
En conjunto, el país comienza a reconocer que la frágil institucionalidad política y económica colombiana ha sido presa de los caprichosos intereses de para militares – electores de Uribe -, y narcotraficantes.  Sin embargo, parece que todavía no existe una conciencia nacional de que no se trata solamente del poder corruptor del narcoparamilitarismo, sino de la irrupción en el anterior gobierno de un verdadero Estado de Facinerosos que se cernió como una amenaza sobre todas las fuerzas sociales y  políticas empeñadas en construir una Colombia Democrática y que rechaza la operación impunidad que encabezó ese gobierno, en relación con miles de crímenes cometidos por los desalmados paramilitares, que contaron con el apoyo, la aquiescencia, o la tolerancia del Estado, enviando desafortunadas señales al mundo.
“La Corrupción es lo mejor de lo peor”, sentenciaban los romanos.
Sobre tantas amarguras de diez millones seiscientos mil campesinos pobres, de un total de doce millones doscientos mil compatriotas, surge la componenda del Ministro Arias, quien convirtió la pobreza en simple dato estadístico, sin rostro humano, ni compasión por quienes la sufren en amargo silencio.  Se desataron sobre la Colombia Campesina las furias del Averno, las humanas de los paramilitares y guerrilleros con la siniestra política ya citada de los “falsos positivos”, la mentalidad abominable del Ministro Arias, quien aumentó la desigualdad.  También las furias de la naturaleza, por igual destructoras, con impacto tenebroso que ha cortado en dos la historia nacional.
Así las cosas, lo que se contempló en el Ministerio de Agricultura del Dr. Arias, fue la feria de los avivatos, las triquiñuelas rastreras de los altos bribones.
Y bien.  Agro Ingreso Seguro, no fue diseñado para redimir ese ejército de pobres campesinos de la patria.  Fue implantado por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y diseñado por el Ex ministro Arias, para amortiguar – se dijo - , los efectos de los Tratados de Libre Comercio,  con los productores del campo colombiano.
Este programa regula los subsidios a los agricultores y buscaba reformar el programa de Desarrollo Rural con Equidad (DRE), como también, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), que hizo entrega indebida de tierras a para militares, como es el caso de Eleazar Moreno, alias “Comandante Jaime”, Jefe Político del Bloque Centauros, quien admitió haber recibido tierras en la Finca La Argentina de Puerto López, Meta.
Empero, Arias contrató  la administración del Programa Agro Ingreso Seguro, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),  de manera directa, eludiendo la licitación; otorgando beneficios indebidos a terratenientes, con evidente detrimento del erario público.
Es pertinente recordar, que la Revista Cambio de Colombia, en 2009, informó que Agro Ingreso Seguro había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes. 
En este camino de hechos punibles, resultaron beneficiadas familias poderosas del Magdalena Medio y Valle del Cauca, aportantes a las campañas de Uribe.
Es el caso de la Señorita Colombia Valerie Domínguez. Se supo, que las tierras de su suegro, fueron fraccionadas, para recibir más subsidios de los permitidos por la Ley, entre otras prestantes familias beneficiadas, se encuentran los Vives Lacouture, Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo. En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del Ex ministro Carlos Holguín Sardi.
Frente a éstos hechos punibles, tenebrosos, gigantescos, la Corte Suprema de Justicia, con carácter independiente, soberano e imparcial, sujetando su decisión a la Constitución y la Ley, profirió sentencia condenatoria contra Andrés Felipe Arias bajo los cargos de Peculado por apropiación en favor de terceros y Celebración indebida de contratos.
Lo único que faltaba: al tétrico panorama de corrupción de Agro Ingreso, hay que sumarle ahora, que según las noticias el señor Ex ministro Arias se evadió de la acción judicial, como cualquier vulgar facineroso, lo cual es un símbolo de escarnio y befa al orden jurídico, como también, un comportamiento contrario a las normas éticas que rigen la conducta de la dignidad humana.
El señor Uribe, entonces, aprovechó la coyuntura para conspirar abiertamente contra la Corte S            uprema, con manifestaciones de inconformidad malintencionadas con respecto al fallo, que se infiere, no entiende ni tiene porque entender.  Colombia sabe del desafecto que le ha profesado a la Ley y al Estado de Derecho.  Esto está enquistado en él, de tiempo atrás. 
El testimonio de la historia ha demostrado que la peor desgracia que puede acontecerle a un pueblo es la de destruir, desarticular o vejar  a su justicia, porque se instaura la modalidad malsana de hacerse justicia por mano propia que es la máxima expresión de la anarquía y el desorden que imposibilita la anhelada paz.

sábado, 17 de noviembre de 2012

¿Me siento seguro y confío en la Policía Nacional?

Por Luis Eduardo Jaimes Bautista (J.B.)*
La Dirección Nacional de Planeación DNP, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno presentaron en el 2011, un documento de La política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de la Alta Consejería Presidencial, con marco conceptual, para contrarrestar los delitos, la victimización y el control de la delincuencia en cada una de las ciudades del país. 
Para el ciudadano las preguntas pueden ser reiterativas: ¿me siento seguro y confío en la Policía Nacional? Hoy cuando estamos buscando la paz y la tranquilidad en cada hogar. Sabemos que la lucha es ardua y se tiene el riesgo de la vida, pero también existen lunares negros al interior de la misma institución policial. 
La policía traza tácticas, pero es preocupante que de las 16 estrategias para contrarrestar el accionar delincuencial, que contribuye el accionar delictual, contribuyendo a la eliminación de delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, atacando las estructuras delincuenciales y evitar su crecimiento o mutación no se cumplen porque al interior del mismo cuerpo armado existen las naranjas podridas que infectan a las otras.
Porque el Área Metropolitana de Bucaramanga y sus ciudades circunvecinas son protagonistas de esta adaptación y contribuye a la existencia de altos niveles de criminalidad y conflictividad social, inaceptables para una sociedad que avanza hacia el desarrollo. Prueba de ello son las altas tasas de homicidio que aún presentan, así como la presencia de atracos, robos, casos de delitos contra la familia y de violencia sexual. 
Para qué nos sirven los consejos de seguridad, los observatorios del delito, sino no contribuyen a bajar las tasas de la delincuencia común que afecta la vida diaria de todos los santandereanos, especialmente de los más vulnerables, y deteriora la calidad de vida, pues genera miedo y desconfianza entre los ciuda­danos, y nos impide gozar de los derechos que consagra la Constitución. 
La inseguridad es un fenómeno de mil cabezas que puede manifestarse de múltiples maneras: pandillismo, robo, atraco, extorsión, secuestro, homicidio. Sin embargo, no es ni tiene por qué ser una condición permanente, cuando la misma policía impide que sus servicios se conviertan en la lucha por que exista convivencia ciudadana. 
Si se tiene un medio como el 123, cuya filosofía es atender emergencias y necesidades apremiantes de los ciudadanos y termina convertida en la línea “tomadera de pelo” de niños e inclusive de las misma policía para preguntar qué uniforme se colocan cuando van a prestar su servicio en la preservación de la vida y honra de los ciudadanos, según palabras del General José Ángel Mendoza. 
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC) se rige por principios rectores que orientan las acciones por implementar y responden a la vocación institucional, respetuosa del ordenamiento jurídico y pluralista, que inspiró su diseño y formulación.
Ante esta situación el mismo Presidente de la República Juan Manuel Santos,  incrementa el pie de fuerza, y aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana –Ley 1453 de 2011– que les da más instrumentos a las instituciones para ser efectivas en la lucha contra la delincuen­cia, con  siete ejes y sus líneas de acción que se tienen que dar en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga en materia delictiva (homicidio, hurto, lesiones personales, muertes en accidente de tránsito, etc.). 
En tal sentido, para efectos de la política, se entiende por seguridad ciudadana la protección a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad. La convivencia, por su parte, comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciu­dadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social. 
Porque no es inamisible que agentes de policía, se sobrepasen de autoridad o se hagan los indiferentes ante el delito, como presuntamente sucede en las comunas 1 y 13 de la ciudad de Bucaramanga o en algunos sectores neurálgicos de los municipios vecinos.
*Poeta y Escritor

domingo, 7 de agosto de 2011

Conveniencia y legalidad de de Ais

El epílogo de agro ingreso seguro
Por: Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 5 de agosto de 2011.

Se acerca a su definitivo final el debate sobre Agro Ingreso Seguro (AIS), que se ha desarrollado sobre dos temas principales: la conveniencia del programa y la legalidad de las decisiones. Pocos no le dan veredicto político condenatorio a los fines de AIS, pues solo por ignorancia o astucia puede defenderse algo tan retardatario. Y si bien los procesos jurídicos no han concluido, van bastante mal para Andrés Felipe Arias.

Como lo expliqué en el debate en el Senado, Agro Ingreso Seguro nació torcido. Porque se presentó tras la falsedad de que impediría el desastre agrario del TLC con Estados Unidos y con un nombre calculado para engañar sobre una inexistente seguridad de ingresos, que el TLC deterioraría todavía más. Además, el día en que se votó la ley de AIS en el Senado, en nombre del Polo advertí que esos recursos se utilizarían para hacer clientelismo político y gremial, como en efecto ocurrió. Ese programa se usó para tomar escasos dineros públicos para el agro –apenas 100 mil subsidios al año y hay 2.680.000 predios rurales– y distribuirlos de manera muy concentrada, entre unos pocos magnates.

Aunque el uribismo más cerril la niegue, fue escandalosa la concentración de los recursos. En la línea de crédito –apenas unos 27 mil préstamos al año–, el 7% de los beneficiados se quedó con el 70% de la plata y 161 recibieron $416 mil millones, lo mismo que les tocó a 79 mil. En el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), 1.108 recibieron una suma igual a 75.338 ($321 mil millones) y en riego y drenaje a 107 les tocaron los mismos recursos que a 6.309 ($36.760 millones). Otros ejemplos: en créditos durante 2007, cuatro ingenios azucareros recibieron tres veces más que todo el Tolima y dos veces que Caldas; en Bolívar dos empresas se quedaron con el 73% del total y a un banquero le tocó el 30% de la plata del Meta.

Esta política plutocrática –que es la misma de Santos, aunque lo oculten– también la destapó el escándalo de Carimagua y un estudio de Uniandes y el Cega. Según este, en programas diferentes de AIS, entre 2000 y 2007, el 5% de los favorecidos se quedó con el 71% de los créditos redescontados, el 1% con el 64% de la cartera sustituta, el 1% con el 45% de las garantías del FAG y el 10% con el 72% del ICR, 33% del cual fue para los palmeros, cifras que los llevaron a concluir: “Estos apoyos están altamente concentrados por producto y aun por beneficiario”.

El más escandaloso de los favoritismos se dio en torno a los subsidios de riego, en verdad donaciones del ciento por ciento de lo recibido. Una familia recibió $6.985 millones, otra $2.973 millones y otra más $2.429 millones; ocho poderosas familias recibieron $20.597 millones. Para completar, 45 grandes propietarios rurales que le donaron $550 millones a Álvaro Uribe para su segunda campaña a la Presidencia recibieron de AIS $33.497 millones y diez que le aportaron $128 millones para el referendo de la reelección recibieron de AIS $16.549 millones. Esas fueron las verdaderas pirámides, concluí.

También demostré que la reglamentación y las decisiones de AIS las controló el Ministerio de Agricultura y no el IICA. Y puse en evidencia que la concentración de la plata era un objetivo del programa, en especial en el riego. A una finca le aprobaron cinco proyectos: Campo Grande 1, 2, 3, 4, y 5, luego ni siquiera intentaron ocultarla.

En cuanto a la legalidad o no de las actuaciones de los funcionarios –porque una cosa puede ser indeseable pero legal, o viceversa– en el debate pregunté por qué se usó de manera arbitraria el IICA, organismo de la OEA, tras la que intentaron escudarse los implicados, agregué que a mi juicio había por lo menos una violación de las normas cuando se revivió un proyecto de riego que había sido negado y les pedí a los órganos de la justicia que investigaran a fondo, como tiene que ser. Porque los congresistas no somos autoridades judiciales, la suficiente información nos resulta imposible de conseguir y el debido proceso es un criterio democrático irrenunciable.

Hasta donde van los procesos, no puede ser peor la situación de Andrés Felipe Arias. La Procuraduría lo condenó, la Contraloría le abrió proceso y le embargó sus bienes y la Fiscalía lo puso tras las rejas por peculado en beneficio de terceros y celebración indebida de contratos. Y son pocos, muy pocos, los que creen en los trinos de Álvaro Uribe que explican todo este caso como una persecución política.

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