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domingo, 8 de noviembre de 2009

La anexión de Colombia a Estados Unidos


Noviembre 06, 2009 -Colaboración reenviada por Jorge Castellanos Pulido

Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato que el edulcorado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del 2 de noviembre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos.

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el largo mamotreto una justificación digerible, y no vi razón alguna.

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte a Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los acuerdos suscritos con Estados Unidos después del asesinato del prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en ese país.

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial, arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar a sangre y fuego más de la mitad de ese hermano país.

Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir junto a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana, como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de 1961.

Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela.

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la zona de operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.

Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana.

La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su población.

La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también a disposición de ese país portador de otra cultura y otros intereses que nada tienen que ver con los de la población colombiana.

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas excepcionales.

En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que responder ante las autoridades del país; a no pocos lugares llevaron los escándalos y las enfermedades, como hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre el cuello de la estatua de José Martí, en el Parque Central de la Capital. La limitación relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones.
El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yankis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?

Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado problema: el deber elemental de explicar sus puntos de vista sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.

No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos; sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás se resignarán a tal infamia!

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe. Presentan como realidad que en la Cumbre no se alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde.

Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y ricos cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los gastos de la batalla climática.

¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo sistema de explotación y saqueo del planeta.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 06 de 2009
10 y 39 a.m.

sábado, 27 de diciembre de 2008

IMPUESTOS DE TIRANÍA A LOS COMBUSTIBLES


Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 26 de diciembre de 2008

Como regalo de fin de año a los colombianos, que se adentran en una crisis económica que podría ser de espanto, Álvaro Uribe, por sí y ante sí, sin consultarle a nadie, tiene decidido utilizar los precios de los combustibles como un pretexto para aumentar los impuestos en 5 billones de pesos al año saltándose al Congreso, la única institución que legalmente puede modificar los tributos en el país. Este abuso además es contrario a una de las concepciones democráticas que en los remotos orígenes del capitalismo les dio vida a las instituciones parlamentarias, cuando se estableció que los impuestos solo podían ser determinados por los representantes políticos de quienes tenían que pagarlos.

Si Álvaro Uribe fuera respetuoso de la legalidad y de una lógica democrática, el precio de la gasolina que consumen los colombianos debería disminuir inmediatamente 2.140 pesos por galón y el ACPM unos 2.000 pesos (cifras para mediados de diciembre de 2008, calculadas con barril de petróleo a 45 dólares en el mercado mundial, gasolina a 7.500 pesos y dólar a 2.350 pesos), según los cálculos del reconocido analista Mauricio Cabrera, quien además explicó que en doce meses esos sobreprecios costarán en total 5 billones de pesos, por un consumo de 1.200 y 1.500 millones de galones de gasolina y ACPM, respectivamente. También muestra el calibre de la exacción que el 25 de diciembre el galón de gasolina costó 3.44 dólares en Colombia y 1.65 dólares en Estados Unidos.

Los sobreprecios mencionados –que son diferentes y deben sumárseles a los altos impuestos de 40 y 30 por ciento que desde hace años gravan la gasolina y el ACPM (IVA, sobretasa y global)– se reparten así: 9 por ciento para el gobierno nacional, 10 por ciento para las entidades territoriales y el resto, cerca de 4 billones de pesos, para Ecopetrol, que suele transferirle una parte enorme de sus utilidades al gobierno. Para empeorar las cosas, de esos 4 billones de pesos, los inversionistas privados de Ecopetrol, que poseen el 10 por ciento de la empresa, recibirán regalados 400 mil millones de pesos, monto que se suma a las exorbitantes utilidades –del orden del 60 por ciento en 12 meses– que obtuvieron al comprar las acciones de la petrolera que les vendió a menos precio el gobierno nacional.

Esta feroz exacción, que Uribe decide como un dictador –simplemente indicándosela a su Ministro de Minas, para que este reemplace con una resolución suya la ley que deberían tramitar si desean subir los impuestos–, tiene origen en que el gobierno subió los precios de la gasolina y el ACPM al ritmo de los incrementos de las cotizaciones internacionales del petróleo, que llegaron a cerca de 150 dólares por barril (muy por encima de los costos de producción de Ecopetrol) y en que, una vez dichas cotizaciones cayeron, hizo caso omiso de su descenso real y dio la orden de fijarlas en la suma que se le antojó, clavándoles a los colombianos 5 billones de pesos, suma que el senador Hugo Serrano, con muchas razones, no califica como impuestos sino como “un robo, un atraco al país” (El Espectador, Dic.15.08).

Para “legalizar” este atropello –de “dudosa ortografía jurídica y de refinada marrullería tributaria”, al decir de Juan Camilo Restrepo (Portafolio, Dic.23.08)–, ya habrá rábulas bien costosos que lo cubrirán con mantos de falsa legalidad. Y en lo político insistirán en la argucia de decir que son impuestos “a los ricos” para financiar el “gasto social” de los pobres –como llaman las platas con las que los caciques políticos le reclutan a Uribe las clientelas que requiere la reelección–, afirmación demagógica con la que además buscan ocultar las descaradas y grandes rebajas tributarias que les han otorgado a monopolios y trasnacionales.

Que los impuestos a los combustibles, en su casi totalidad, los pagan el pueblo raso y las capas medias no ofrece dudas, por la simple razón de que como los magnates son muy pocos, pues es muy poca la gasolina y el ACPM que consumen. En el caso del diesel, utilizado por el transporte público de carga y pasajeros, es obvio que casi todo lo pagan los de abajo. Y algo de gasolina consumen los vehículos del grupito de potentados que vive en el país, pero en proporción infinitamente mayor la usan los vehículos que tienen para trabajar o transportarse aquellos colombianos que cualquier cosa serán menos opulentos ciudadanos. Hasta el más neoliberal de los tributaristas, si es honrado, tendrá que aceptar que los impuestos indirectos a los bienes de consumo masivo, como los combustibles, son de indudable naturaleza regresiva. Volver a Inicio >

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