Le amargaron la Navidad a los colombainos

No son buenos los mensajes del gobierno sobre nuevos impuestos frente a un camino con buenos propósitos de pacificación

Por: Bernardo Socha Acosta

Todos sin excepción seguramente tenemos ese anhelo de paz en Colombia, pero hay anuncios del gobierno que no son los mejores mensajes para un país agobiado por los excesivos impuestos, las injusticias, el hambre y la pobreza.

Para cualquier ciudadano común y corriente que mira con agrado el devenir de la paz en Colombia, se le bajan los ánimos cuando escucha que la flamante “Comisión de notables”  le pide al gobierno que reajuste los impuestos de una forma escandalosa.

Algunos defensores dirán que ese es apenas un anuncio. Pero del anuncio al hecho no  hay distancia que haga prever un rechazo a ese estudio y recomendación de los ‘sabios’ que solo ven como mecanismo crear cada día nuevos impuestos, sobre los impuestos. Cuál podrá ser la respuesta de los congresistas al proyecto de ley que ya se ve venir... y que desde ya le está haciendo pasar tragos amargos a los colombianos más pobres. Esa recomendación de los señores (comisión de notables) le amergó la Navidad a los colombianos.

Y los integrantes de la comisión negociadora gubernamental, están preocupados por el lenguaje de las Farc y eso son síntomas de desconfianza  de lo que pueda pasar luego de firmada la paz.  En un título de alguna Red social, los negociadores del gobierno hablan de una paz sin pobres. Pero con excesos en la cascada tributaria de un país como el nuestro, cómo puede ser esa fórmula.

Es que el estudio de la famosa comisión de notables, recomienda precisamente impuestos que afectan a los más pobres, porque son impuestos como el IVA, entre otros,  que grava extravagantemente la canasta familiar.    En esta forma, cómo puede bajar la pobreza, si lo que están los notables es recomendando aplicar  más impuestos a los pobres, porque aumentar el IVA, es atacar a los pobres para que menos puedan comprar alimentos.

Dónde dice el estudio que  incrementen los impuestos a los grandes capitales, que son los que empobrecen  cada día a los núcleos sociales menos favorecidos.

Esos anuncios que le producen más angustia a los pobres, no son un buen mensaje cuando se busca la paz. Si bien sabemos que buena parte de la violencia tiene como caldo de cultivo las injusticias que originan las cascadas de impuestos, entonces, qué está haciendo el gobierno.

Con los nuevos impuestos que se anuncian, los colombianos pasan nuevamente a ser incrédulos de la paz. Es que la paz  no puede ser un pretexto para saquearle aún más el bolsillo de los colombianos  que ya estamos asfixiados. Es que los impuestos ya no dejan a un colombiano comerse un pan con tranquilidad. Se pagan impuestos municipales, se pagan impuestos departamentales y se pagan impuestos nacionales   y no son impuestos simbólicos; son impuestos que privan a los colombianos de alimentarse mejor, por cumplir con esa obligación.  Muchos colombianos para medio ahorrarse algunos impuestos, optan por la informalidad. De lo contrario somos una nueva fracción de colombianos víctima de nuestro propio orgullo de decir que no somos informales.
Para resumir, la Comisión de notables, le 'aguó la fiesta a los colombianos'

¡Y..que no se crearían más impuestos..!

No hay bien que por mal no venga

Por: Libardo Gómez Sánchez 

Diario del Huila, Neiva, marzo 21 de 2011

A quienes sentimos un aire fresco cuando se cayó la reelección de Uribe, en razón a que podrían terminar las actuaciones ramplonas del vaquero del Ubérrimo, lejos estábamos de imaginar que pudiera existir un gobernante que jugara un papel más perjudicial para la Nación, más genuflexo con el imperio y dispuesto a entregarlo todo al gran capital, especialmente el financiero, es decir, no nos esperábamos que hubiera quien lo pudiera superar en acciones contra el interés nacional y contra sus gentes.

Rápidamente tuvimos que comprender nuestro error y apreciar con absoluto horror, como su sucesor lo ha superado con creces. Inició anunciando el despojo de las regalías a las regiones que perciben esta pírrica compensación por el despojo de sus territorios; luego aprobó una reforma a la salud que consolida el imperio de las EPS en detrimento de los usuarios del sistema; prosiguió con la política de sostenibilidad fiscal que ampara el servicio de la deuda con menoscabo de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía; elevó el porcentaje sobre el que se continuará cobrando el impuesto predial; ha desarrollado contratos que adecuan las bases militares para los gringos que la Corte Constitucional prohibió, por no haberse tramitado un acuerdo a través del Congreso; aprovechando la tragedia ocasionada por la ola invernal movió el presupuesto nacional a su antojo y afinó el procedimiento para avanzar en la venta de la empresa que mayores contribuciones hace al fisco nacional: Ecopetrol; y ahora con la presentación del Plan de Desarrollo, introduce cambios en varios temas que requerirían por su importancia y complejidad debates completos en el Congreso, pero que aprovechando las mayorías legislativas, procura de espaldas a la opinión pública, despachar de un plumazo, tal como lo pretendía su predecesor: una política de tierras que facilite la entrega de enormes porciones del territorio a las multinacionales, la privatización de la educación superior colgada de la pérdida absoluta de su autonomía y el fraccionamiento presupuestal para la plantelización en el nivel básico, e incluyó una modificación al régimen de pensiones que por lo abusiva debió ser retirada del proyecto.

La aplicación de estas políticas de privilegio para el gran capital tiene odiosas manifestaciones en diversas materias; en salud por ejemplo, es notorio el descarado manejo de los recursos en beneficio de un grupo de EPS: SALUDCOOP, CAFESALUD y CRUZ BLANCA, a los que se les factura medicamentos muy por encima de los valores comerciales y se les acepta cobros de prescripciones por paciente muchísimo más altos que los de su competencia; sabemos que hay un latrocinio que ronda el billón cuatrocientos de recursos de la salud, con la complicidad del Ministerio de la Protección, mientras se les niega recursos a las instituciones hospitalarias del sector público.

En el refranero popular, existen dichos optimistas que plantean, que por difícil que haya sido algo en el pasado, el futuro debe ser mejor; con Santos habrá que incorporar un concepto nuevo: lo peor es susceptible de empeorar; para que este dicho no aplique en nuestro caso y si los Colombianos queremos cambios profundos en temas tan sensibles como el de la protección en salud o cualquier otro, deberemos seguir el ejemplo de los Santandereanos que movilizados y unidos obligaron a la Greystar a retirar su solicitud de explotación del Páramo de Santurbán en una mina a cielo abierto; esa es la única manera de torcer los torvos propósitos de la manguala nacional.

IMPUESTOS DE TIRANÍA A LOS COMBUSTIBLES

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Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 26 de diciembre de 2008

Como regalo de fin de año a los colombianos, que se adentran en una crisis económica que podría ser de espanto, Álvaro Uribe, por sí y ante sí, sin consultarle a nadie, tiene decidido utilizar los precios de los combustibles como un pretexto para aumentar los impuestos en 5 billones de pesos al año saltándose al Congreso, la única institución que legalmente puede modificar los tributos en el país. Este abuso además es contrario a una de las concepciones democráticas que en los remotos orígenes del capitalismo les dio vida a las instituciones parlamentarias, cuando se estableció que los impuestos solo podían ser determinados por los representantes políticos de quienes tenían que pagarlos.

Si Álvaro Uribe fuera respetuoso de la legalidad y de una lógica democrática, el precio de la gasolina que consumen los colombianos debería disminuir inmediatamente 2.140 pesos por galón y el ACPM unos 2.000 pesos (cifras para mediados de diciembre de 2008, calculadas con barril de petróleo a 45 dólares en el mercado mundial, gasolina a 7.500 pesos y dólar a 2.350 pesos), según los cálculos del reconocido analista Mauricio Cabrera, quien además explicó que en doce meses esos sobreprecios costarán en total 5 billones de pesos, por un consumo de 1.200 y 1.500 millones de galones de gasolina y ACPM, respectivamente. También muestra el calibre de la exacción que el 25 de diciembre el galón de gasolina costó 3.44 dólares en Colombia y 1.65 dólares en Estados Unidos.

Los sobreprecios mencionados –que son diferentes y deben sumárseles a los altos impuestos de 40 y 30 por ciento que desde hace años gravan la gasolina y el ACPM (IVA, sobretasa y global)– se reparten así: 9 por ciento para el gobierno nacional, 10 por ciento para las entidades territoriales y el resto, cerca de 4 billones de pesos, para Ecopetrol, que suele transferirle una parte enorme de sus utilidades al gobierno. Para empeorar las cosas, de esos 4 billones de pesos, los inversionistas privados de Ecopetrol, que poseen el 10 por ciento de la empresa, recibirán regalados 400 mil millones de pesos, monto que se suma a las exorbitantes utilidades –del orden del 60 por ciento en 12 meses– que obtuvieron al comprar las acciones de la petrolera que les vendió a menos precio el gobierno nacional.

Esta feroz exacción, que Uribe decide como un dictador –simplemente indicándosela a su Ministro de Minas, para que este reemplace con una resolución suya la ley que deberían tramitar si desean subir los impuestos–, tiene origen en que el gobierno subió los precios de la gasolina y el ACPM al ritmo de los incrementos de las cotizaciones internacionales del petróleo, que llegaron a cerca de 150 dólares por barril (muy por encima de los costos de producción de Ecopetrol) y en que, una vez dichas cotizaciones cayeron, hizo caso omiso de su descenso real y dio la orden de fijarlas en la suma que se le antojó, clavándoles a los colombianos 5 billones de pesos, suma que el senador Hugo Serrano, con muchas razones, no califica como impuestos sino como “un robo, un atraco al país” (El Espectador, Dic.15.08).

Para “legalizar” este atropello –de “dudosa ortografía jurídica y de refinada marrullería tributaria”, al decir de Juan Camilo Restrepo (Portafolio, Dic.23.08)–, ya habrá rábulas bien costosos que lo cubrirán con mantos de falsa legalidad. Y en lo político insistirán en la argucia de decir que son impuestos “a los ricos” para financiar el “gasto social” de los pobres –como llaman las platas con las que los caciques políticos le reclutan a Uribe las clientelas que requiere la reelección–, afirmación demagógica con la que además buscan ocultar las descaradas y grandes rebajas tributarias que les han otorgado a monopolios y trasnacionales.

Que los impuestos a los combustibles, en su casi totalidad, los pagan el pueblo raso y las capas medias no ofrece dudas, por la simple razón de que como los magnates son muy pocos, pues es muy poca la gasolina y el ACPM que consumen. En el caso del diesel, utilizado por el transporte público de carga y pasajeros, es obvio que casi todo lo pagan los de abajo. Y algo de gasolina consumen los vehículos del grupito de potentados que vive en el país, pero en proporción infinitamente mayor la usan los vehículos que tienen para trabajar o transportarse aquellos colombianos que cualquier cosa serán menos opulentos ciudadanos. Hasta el más neoliberal de los tributaristas, si es honrado, tendrá que aceptar que los impuestos indirectos a los bienes de consumo masivo, como los combustibles, son de indudable naturaleza regresiva. Volver a Inicio >