Sordos, mudos y ciegos ante el desastre anunciado

Mario González Vargas

A escasos días de la primera vuelta presidencial se acumulan las amenazas sobre nuestra democracia, sin que ellas despierten la necesidad de conjurarlas con acciones apropiadas a su naturaleza y peligrosidad.

Desde el 14 de marzo, no se han resuelto las irregularidades electorales. Solo se cuenta con la tutela presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se solicita recontar la totalidad de la votación de Congreso que, de ser aceptada, permitiría subsanar los monumentales errores de la Registraduría, que han multiplicado las sospechas de falta de transparencia y hubiesen merecido la suspensión del registrador. Además, sorpresivamente miembros del Pacto histórico reconocieron la ominosa infiltración de la campaña del candidato Gutiérrez y las siniestras conspiraciones para demoler las candidaturas rivales de Fajardo y Gutiérrez, delitos que no han ameritado apertura de las indagaciones judiciales pertinentes.

A la prevención ciudadana por la maltrecha transparencia electoral, se han sumado la perpetración de agresiones en el debate, y la irrupción de la violencia del Clan del Golfo, con su poder criminal en vastas regiones, facilitada por la incapacidad del Estado en el control del territorio, y alimentada por los que quieren valerse de ella para acceder al poder. Álvaro Leyva, instigador de todos los procesos de paz, es el encargado de promover uno más, que califica de “integral”, con todos los grupos armados, y que Petro acoge incluyendo a los corruptos y caracterizándolo como la segunda oportunidad para todos los violentos, sean carteles de la droga, disidencias de las Farc o “paracos” de toda estirpe y denominación, generosamente invitados a un “gran pacto por la convivencia”. Un proceso similar al adelantado con las Farc, que incorporaría los protocolos firmados para esa ocasión, y que abarcaría el sometimiento colectivo a la justicia a cambio del abandono del narcotráfico, bajo el manto de una nueva JEP, y complementada con la revisión de la extradición. Configura así su propuesta de “perdón social”, que busca valerse del activismo electoral de violentos, corruptos y solicitados en extradición, o candidatos a serlo, para que sirvan de pilar de una nación que renuncie al valor supremo que encarna la justicia en una sociedad de libertades y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El precio de la nueva paz implicaría la capitulación de los valores democráticos y el sometimiento de la población a la voluntad de autoridades sin control, que harían de la legalización de la droga el nuevo instrumento de dominio social.

Petro, en arranque de paroxismo ególatra, viene anunciado lo que se propone hacer. Ya no se trata solamente de privarnos de fuentes de energía, de confiscar las pensiones y expropiar propiedades, de prometer la ilusión de empleo para todos y de emitir dinero para cubrir los gastos del Estado, sino también de instalar una oclocracia totalitaria sin final. Se ha percatado que permanecemos sordos, mudos y ciegos, y sabe que el sistema de libertades puede derrumbarse por culpa de sus propios errores. Se nos agota el tiempo para rescatar el destino que nos quieren enajenar.

Conjurar un desastre anunciado

Mario González Vargas

Un mes largo después del desastre de la Registraduría en el manejo de los procesos de votación, de preconteo y de escrutinio del 13 de marzo, se pretende convertir la debacle en comedia con epilogo que borre las huellas de incompetencia del registrador Vega y tranquilice una ciudadanía atribulada por un sentimiento de aguda desconfianza en el proceso electoral en curso. Nunca antes habíamos vivido una situación tan angustiosa, que ha impedido que al día de hoy conozcamos la composición del Congreso, todavía pendiente de escrutar más de un millón y medio de votos no registrados en el preconteo, perturbada por la inocua designación y capacitación de jurados, dificultada por los diseños imperfectos de los formularios que muestran los resultados, y oscurecida por los misterios que rodean la solvencia técnica de los softwares contratados para la escogencia de los jurados y la transmisión, contabilización y consolidación de la votación. Como no, entonces, considerar desvergonzada la aparición tardía del sigiloso registrador con un paquete de medidas principalmente cosméticas, que en nada corrigen la deficiente capacitación de nuevos jurados, ni aportan idoneidad y transparencia en la recolección, transmisión y consolidación de los resultados, porque son carencias irreversibles originadas en la monumental incompetencia del funcionario

Muchas voces han advertido los inmensos riesgos que amenazan la elección presidencial que podría verse cuestionada y deslegitimada en una espiral de violencia, azuzada por la inmensa desconfianza que suscita la figura de Alexander Vega desde los prolegómenos de su designación, y confirmada por sus silencios y errático desempeño. Se monta un repudiable tinglado de farsa que se crece ante el atónito silencio de los partidos políticos y de una institucionalidad que no se convence de la inutilidad de las medidas anunciadas por Vega y aparece indiferente ante la tragedia anunciada. Mal augurio para la democracia que no necesita sumar a la suspicacia creciente que ronda al registrador y su gestión, la impotencia de quienes tienen mandato de conservarla, perfeccionarla, e impedir el naufragio que asoma.

Petro, desde el primer debate entre candidatos presidenciales, convocado por Semana y El Tiempo, advirtió que no respetaría un fallo ciudadano que no le fuera favorable, considerándolo un desenlace fraudulento que sería resistido desde las calles en toda Colombia. Delineó una estrategia de deslegitimación del sistema electoral, ya perfilada desde el día de su derrota en junio de 2018, y que hoy incluye hasta la instrucción a sus testigos electorales de ordenar en las mesas de votación llenar todo con asteriscos, como lo confesó el propio Vega en reciente entrevista con RCN. Existen los serios motivos de reincidencia de las faltas disciplinarias del registrador que contempla el estatuto disciplinario para autorizar medida cautelar de suspensión por la Procuraduría, única herramienta preventiva disponible hoy por el ordenamiento jurídico para la recuperación de la confianza ciudadana en el resultado electoral. La procuradora tiene el conocimiento y el carácter para tomar esa decisión y garantizar credibilidad en la elección presidencial. La institucionalidad y los partidos deben secundarla. Es lo mínimo que se espera de todos ellos.

Sobre los colombianos en Japón

----------------------------------Por: Sergio Eduardo Toledo

La gran paradoja de quienes se van del país es que por lo general lo hacen renegando del mismo, ya que argumentan que en nuestro terruño no hay oportunidades para sus hijos, pero cuando ocurre un desastre natural, como en el caso de Japón lo primero que piden es auxilio para que los traigan de regreso.

Eso significa que Dios nos privilegio con un hermoso país, con todos los climas, todas las especies animales, abundante agua y todos los recursos naturales.

No se entienden como Japón un país sobrepoblado y sin recursos naturales, ya que lo tiene que importar todo, sea potencia mundial, mientras Colombia se ha quedado rezagada.

Me hace acordar la frase de mí tío político que estuvo en Corea hace 60 años, el sargento José Gregorio Bobadilla; “Corea quedo destruida y en ruinas, al igual que Japón y Colombia tenia 10 veces el nivel de vida de un Coreano o un Japonés no se entiende como no hemos logrado ser potencia mundial”.

En vez de irnos del país debemos procurar quedarnos en el mismo y trabajar por esta sagrada tierra con extraordinarios privilegios y trabajar por el cambio de las costumbres politiqueras que nos ha tenido en el atraso.

Moraleja para los amigos del oro; a Japón la Fuerza aérea llevo 15 toneladas de agua en bolsas y no oro. ¿Cuanto darían los Japoneses por beber el agua desde la llave?

Nota del autor: Los Colombianos debemos rendir un tributo de gratitud a la Fuerza Aerea Colombiana que siempre ha auxiliado a nuestros compatriotas en el exterior cuando lo han necesitado.

La anexión de Colombia a Estados Unidos

Noviembre 06, 2009 -Colaboración reenviada por Jorge Castellanos Pulido

Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato que el edulcorado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del 2 de noviembre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos.

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el largo mamotreto una justificación digerible, y no vi razón alguna.

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte a Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los acuerdos suscritos con Estados Unidos después del asesinato del prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en ese país.

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial, arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar a sangre y fuego más de la mitad de ese hermano país.

Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir junto a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana, como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de 1961.

Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela.

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la zona de operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.

Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana.

La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su población.

La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también a disposición de ese país portador de otra cultura y otros intereses que nada tienen que ver con los de la población colombiana.

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas excepcionales.

En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que responder ante las autoridades del país; a no pocos lugares llevaron los escándalos y las enfermedades, como hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre el cuello de la estatua de José Martí, en el Parque Central de la Capital. La limitación relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones.

El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yankis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?

Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado problema: el deber elemental de explicar sus puntos de vista sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.

No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos; sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás se resignarán a tal infamia!

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe. Presentan como realidad que en la Cumbre no se alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde.

Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y ricos cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los gastos de la batalla climática.

¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo sistema de explotación y saqueo del planeta.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 06 de 2009
10 y 39 a.m.