¿Tendrá Colombia futuro?

Mario González Vargas

La proximidad de las elecciones de octubre desencadenó la sucesión de hechos políticos que aún no han sido analizados en las dimensiones que corresponden, a pesar de sus consecuencias sobre el escenario del próximo certamen electoral. El tímido cuestionamiento de los partidos, distintos al Pacto histórico, a las diferentes reformas que se propone el gobierno, desató la ira del “mesías” del palacio de Nariño, que prefirió hacer trizas la coalición de gobierno y conformar un gabinete de estricta obediencia ideológica que garantice el veloz transito al modelo económico, social y cultural del progresismo socialista.

Constreñido a acudir al Congreso para la aprobación de las reformas y del plan de desarrollo, apostando a que apetitos inconfesables determinarán la desobediencia de cualquiera disciplina, procura ese entreguismo que se empieza a notar en los ánimos de rebelión en las distintas bancadas, suscitado por el abierto menudeo con cada congresista para garantizar la veloz aprobación de su agenda legislativa.

El momentáneo traspié sufrido con la reforma a la salud y las fundadas observaciones a los textos de las reformas pensional y laboral, serán prontamente superados con la aprobación de la mayoría de las facultades extraordinarias contempladas en el proyecto de Plan de Desarrollo, que amenazan los cimientos de la institucionalidad democrática. Se esmeró el gobierno de introducir en este plan normas que revivirán las cuestionadas en los proyectos de reforma, además de asegurar las estrategias y los instrumentos para su aprobación.

No son de poca monta algunos de los artículos del plan de desarrollo. Se insiste en la eliminación del aseguramiento por las EPS para culminar la estatización del sistema de salud y garantizar las debacles que ella suscitará. El art 8º revive las conclusiones de la “comisión de la verdad” para cada entidad del estado concernida, como si ellas no fueran solo la verdad de un sector minoritario e ideologizado de la sociedad colombiana, e imposición de una versión sesgada de nuestra historia. No extraña entonces que se proponga desplazar a la Fuerza Pública de sus funciones constitucionales para atribuírselas en los territorios a las guardias indígenas, campesinas y cimarronas, “como mecanismos autónomos de convivencia, protección y cuidado”, cuyas complicidades con las disidencias de las FARC se evidenciaron en el secuestro y muerte de policías en la toma de instalaciones petroleras en San Vicente del Caguán y en la manifestación pública en el Yarí de “Ivan Mordisco”. Ello explica su presencia amenazante en las escalinatas del Congreso, armados de machetes, mientras se apruebe el plan de desarrollo, con la complacencia manifiesta de congresistas del pacto histórico. Si a ello se suma autorizar la expropiación “express”, y la entrega de la contratación sin controles a las entidades llamadas “de economía popular”, se estaría favoreciendo un escenario electoral amenazante y con financiación ilegal, conveniente para un gobierno en pérdida de respaldo popular.

La expulsión del conservatismo, el liberalismo y la U de la coalición de gobierno suscitó cierto alivio, que se ha ido disipando en el trámite de las reformas y del plan de desarrollo. De su conducta dependen su existencia, pero también el futuro de Colombia.

Se canaliza la impunidad

                                     Por Gerardo Delgado Silva 

El Estado de Derecho es la organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal.

Así se llegó al constitucionalismo como sistema de organización político-social. 

El constitucionalismo impregna con su sentido, la vida de la humanidad civilizada y culta.

Sin su garantía, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de los derechos humanos, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva que pudiera abrirse paso en su sagrada misión.

Es que, si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.

Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.

Así pues, el Gobierno nunca puede bajar la guardia, porque su compromiso moral es el de tener fe en la justicia ordinaria, considerada con tantos atributos intrínsecos, emparentada en su espíritu con otros bienes y valores que el hombre busca en su porfía por embellecer y dignificar la vida.

Dante, expresó sencillamente que la justicia es “una virtud al servicio de otros”.  Los magistrados y jueces que la representan en nuestra patria, se han distinguido por su consagración a la ciencia del derecho, por la constante y fervorosa defensa de los Derechos Humanos.  De no ser así, Colombia estaría en el abismo insondable de los amargos genocidios, los eufemísticos “falsos positivos”, dramáticos testimonios de una agonía espiritual y moral de la patria.

Platón en su obra más importante, “La República” plantea un Estado Ideal, en el cual debe prevalecer la justicia, Platón así mismo, refuta en primer lugar, la tesis absurda de los sofistas en el sentido que el derecho nace de la fuerza y opina que el hombre injusto no podrá tener felicidad jamás.

El país avanza irracionalmente a pasos largos hacia una modalidad que combinaría los poderes nominales del régimen presidencial, con los efectivos de un régimen militar.

Se advierte como una tragedia el peligro del sistema democrático, ante ciertas afirmaciones que cambian el espíritu de la Constitución, expresadas por el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, con talante de militarismo, apoyados en la fementida “inseguridad jurídica” ante la justicia ordinaria, para que el país prefiera insensatamente el reforzamiento de una “justicia penal militar” y la ampliación del “fuero” militar, a fin de conocer diabólicamente los hechos punibles violatorios de los Derechos Humanos.

Dizque, se excluyen de la reforma Constitucional del “fuero”, crímenes de lesa humanidad.  Empero, ¿Quién adjudica la competencia destinada exclusivamente al conocimiento de esos hechos criminales? ¿Qué va a acontecer con el principio de favorabilidad, y los procesos contra los autores de genocidios, eufemísticamente llamados “falsos positivos”? ¿Y con los hechos punibles de los militares que han estado vendiéndoles armas a los grupos al margen de la ley?

Vaya, vaya como dicen los ingleses. Corresponde nada menos que a la justicia militar – juez y parte al mismo tiempo -, en última instancia esa adjudicación de la competencia, para fomentar la seguridad jurídica inmersa en los cuarteles; persuadidos de que allí se encuentra el “súmmum bonum” del derecho, que es el fin último de la convivencia humana.  Algo así, como un hipotético Nirvana  para Colombia, la bienaventuranza de una auténtica justicia.

Semejante exabrupto jurídico, viene amancillar la propia piel transparente de la patria.  De ahí, que no les fuera indiferente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Human Rights Watch; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes descalifican semejante esperpento y reclamaron el hundimiento del proyecto.

El “fuero”, se puede considerar como una nostalgia totalitaria, que revela como se entrelazará irremediablemente la impunidad.  Es el sendero para volver al tétrico pasado, cuando se extendió la competencia de los tribunales militares al juzgamiento de civiles, una refulgente cola del Estado de Sitio, como una alegoría violenta y clarificadora de lo que fue el terror nazi.  En otras palabras, significa anclar el pensamiento turbulento del señor Uribe, que ha pasado por alto los derechos fundamentales, empezando por la dignidad de la persona humana, no obstante el valor supremo que la Constitución le otorga y que constituye a la persona en un fin para el Estado,  que vincula y legitima a todos los poderes públicos.

Es el camino de espacios sin derecho, como los recorridos por los señores parapolíticos.

No entiende el Señor Ministro ni el Comandante, ni tiene tampoco por que entender que en la justicia penal ordinaria, en su función hermenéutica, se parte del análisis de la conducta humana, contando con las nociones de ser, de causa, de sustancia y de fin. Ordenamientos intelectuales que se aplica por imperativo de la razón, mediante una actividad lógica y dialéctica, de inducción y deducción, iluminada por la Sociología Penal, la Psicología, el Psicoanálisis criminal, la  Criminalística, de brazo de la Sana Crítica, que conduce a discernir lo verdadero de lo falso.  Sólo así se conciben las providencias de la justicia ordinaria sumergidas en la certeza, que hacen posibles la convivencia y la paz.  La expresión de la Soberanía   Nacional.  Aquí se fundamenta el Estado de Derecho, la esencia misma de la Democracia.  Por ello, los jueces ordinarios ostentan en el mundo entero, la más sublime de todas las dignidades. 

En últimas el “fuero” va a constituir el desmonte de la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y un sablazo al Poder Judicial, establecido en la Constitución con carácter independiente y soberano.

Una verdadera utopía en este Gobierno de Santos, que ha querido ser abanderado del Estado de Derecho.

En puridad de verdad, la historia nos cuenta que Atenas le legó a la humanidad la Filosofía y el Derecho.  Esparta con su militarismo, no le dejó absolutamente nada, como que no tenemos noticia cierta en que lugar de Grecia estaba situada.

Con acusadora precisión, surgen límpidas las palabras de Clemenceau: “La justicia penal ordinaria, es a la llamada justicia penal militar, lo que la música clásica, es a la música militar”

                                                              Para: www.bersoahoy.com