Plan Nazi, desmonte del Estado de derecho

                                     Por: Gerardo Delgado Silva

Se llama Estado de Derecho,  a toda organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales, cuyo imperio se impone y sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal.

En la República Democrática, que es esencialmente un Estado de Derecho, el principio de autoridad reside en la ley y no en los individuos encargados de cumplirla y de hacerla cumplir.

Eso excluye la Razón de Estado, expresión empleada por Maquiavelo para justificar la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable, de hombres que gobiernan a su antojo.

Y se llegó al constitucionalismo, como sistema de organización político-social, sin el cual no puede existir la república que es una estructura, y mucho menos la democracia, que es un contenido ético.

La finalidad suprema y última de la Norma Constitucional, es la protección y la garantía de la libertad y de la dignidad del hombre.

La Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia, inicia la Edad Contemporánea, porque plantea y resuelve el problema de nuestro tiempo. Es la Proclamación de la Dignidad, de la Libertad y de la Igualdad respecto a la personalidad humana.

Los Estados Unidos dictaron la primera  Constitución completa (1.787), y se organizaron bajo el imperio de sus normas.  Así nació la República Norteamericana.  Democrática, porque se funda en el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano; Representativa, porque el Gobierno lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes, Federal, porque las colonias concurren como Estados a formar la Unión y conservan una soberanía de segundo grado y una autonomía subordinada a la voluntad nacional, expresa en la Constitución y en las Leyes Reglamentarias que dicte el Congreso.

Desde entonces, la Democracia adquiere el contenido moral y humano que le había faltado en la Antigüedad.  Ahora tiene un significado social además de político, y se filtra, a lo largo del Siglo XIX, en todas las formas de la vida social y en todas las Instituciones Políticas.

Sin la garantía del Constitucionalismo, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de la libertad humana, como asímismo, las posibilidades de una justicia progresiva.

Es indudable, que el constitucionalismo, impregna con su sentido la vida humana civilizada y culta.

Nuestra Constitución dice que somos un Estado social y democrático de derecho.  El Gobernante en un Estado de Derecho se tiene que someter a la Constitución.  Estas ideas para mandatarios como Hittler, no tenían sentido.  El rasgo más persistente de la ideología nazi, era  su irracionalidad.  En puridad de verdad la democracia se basaba en la razón y en el acuerdo pacífico entre una pluralidad de pareceres.

Hittler entró en contacto en Viena con las ideas del Racismo Germánico y los conflictos de Clase de una sociedad industrial lo cual fue capital en su formación.  Fue designado Canciller, bajo la Presidencia del Mariscal Hindenburg.  La Muerte de éste en 1934 eliminó las últimas trabas formales para instaurar un Estado que sería paradigma de los regímenes totalitarios. Lanzado a una carrera de agresiones en el plano europeo, con poderes tenebrosos, gigantescos, que las democracias occidentales creyeron poder detenerlo con el Pacto de Munich (1938), desencadenó finalmente la Segunda Guerra Mundial.

Y bien. El Nazismo no poseyó nunca principios políticos o económicos genuinos.  En su autobiografía, Mein Kampf, encontramos el anhelo sádico de poder.  A las masas alemanas, desprecia y ama, según la manera evidentemente sádica.  La ideología nazi concibe el odio a las minorías raciales y su exaltación del pueblo alemán y de la “raza nórdica”.

El Estado nazi se organizó sobre la base de la existencia de un partido único - El Nacional Socialista- , para pertenecer a él, se requería ser ario puro, esto es, no tener ningún antepasado judío, y sus miembros debían obedecer ciegamente las órdenes del Führer o Conductor, que no tenía que dar cuenta de sus actos a nadie.  Dos organizaciones militarizadas de fuerza de asalto – Las SS  y las SA- constituían su base efectiva, a la que complementaba eficazmente una policía política, la Gestapo, cuya misión era suprimir toda suerte de oposición.  A las masas se les repetía: “El individuo no es nada y nada significa”.  Todas las actividades quedaron bajo la dirección del Estado, y se suprimió totalmente la libertad de palabra y de prensa. 

Los campos de concentración y las cárceles comenzaron a reunir a los que no querían convencerse rápidamente de la bondad del régimen.

Ahora bien.  Desde su gobierno, se hizo evidente que el Señor Uribe no controla su ira y desmesura, que nacen de su ambición de poder como Hittler.  El recurso a la guerra y a la violencia se explica muchas veces por pulsiones subjetivas, que obran en individuos que experimentan enormes dificultades para adaptarse al entorno social y pretenden imponer sus puntos de vista por la fuerza.  El Señor Uribe ha utilizado medios, que van en contra de los principios básicos de la civilización e incluso contra los más elementales de toda convivencia que merezca llamarse humana. ¿Qué hay con los falsos positivos?.

Colombia no puede caer en manos del nazismo con Uribe y su minúscula marioneta, porque significaría el desmonte de la Institucionalidad Jurídica y Política, atrincherado frente a los derechos humanos, abandonado a la extrema derecha, como se percibió en época pasada.

La propuesta de Paz de Santos, además de salvar vidas e impedir mucho sufrimiento es un derecho y un deber constitucional.  Paz propuesta por Santos como personaje leal con la majestad del Estado.

El dramático deterioro del Estado de Derecho, en el Gobierno anterior, está plenamente identificado con Hittler.  Preocupa que se esté sembrando de peligros la patria, con la prédica  del “Centro Democrático” de Uribe, abierta y desembozada de la Anarquía de la Guerra depravada.

¿Puede Colombia retroceder?

Artículo para www.bersoahoy.com 

La Torpeza

                                       Por: Pedro Gerardo Tabares C

Con motivo de la elección de un magistrado para la más importante corte del país, que por su dignidad, las funciones y autoridad en todos los campos del derecho en Colombia, a la cual se le tiene el máximo respeto, por quienes profesen esa disciplina con integridad, encuentran que actualmente se puede explicar con el término torpeza, cualquier actuación relacionada con los impuestos al Estado, la responsabilidad de dineros, en cuanto al manejo de bienes que corresponde administrar personalmente, incluyendo el pago de los impuestos, deja en vilo aspectos éticos, no porque se sancionen sino porque el cultor del derecho sabe por principio elemental que la ignorancia del mismo no sirve de excusa, y menos el señalamiento de la procedencia de los dineros que se poseen, para cuando se trata de reunir requisitos para tomar posesión de un cargo.

Existió en el poco consultado código civil la definición de la buena fe o manera de obrar, como parte de la explicación de la culpa para encontrarla trascendencia en todas las normas y por ello la novedosa constitución de 1991, recogió el concepto  que impuso a servidores públicos y  administrados, lo cual permite asombrarse cuando una palabra de tal naturaleza se pronuncia por persona  de tan acendrados quilates intelectuales, al igual que tampoco se explique con la precisión que requiere la atención que merecen actos como contar las vueltas cuando se compra  un tinto, o cuando se recibe una indemnización que sobrepase el centenar de millones.

Ya no decimos que esto es insólito en el país en que peyorativamente se menciona una advocación religiosa para dar a entenderlo, sino que debemos recurrir a la explicación que señalan algunos que las costumbres cambien con las generaciones, entendible porque los hackers presentan las irregularidades de las naciones que en nada importan las costumbres.

Por eso se aplicarán las normas existentes y lo que pueda llamarse un escándalo, no pasa de ser eso, porque si el postulado y escogido no toma decisiones voluntarias podrá posesionarse en uso del derecho que aún ni con una nueva constitución se tiene claridad al respecto, porque mientras no se posesione ninguna autoridad podrá investigarlo por  dignidad  no asumida y que el elector no podrá modificar, salvo responsabilidades económicas para el Estado.

A propósito de soberanía

     El derecho Internacional

                                 Por: Pedro Gerardo Tabares C 

Los hechos recientes nos permiten hacer un análisis de la extensión del derecho internacional como normatividad, frente a las naciones. Desde el derecho romano se elaboró la teoría del uti posidetis juri y en el tiempo se ha considerado como la estructura fundamental para elaborar otras teorías que se relaciona con el respeto de la soberanía.

 No es necesario hacer exámenes teóricos para entender que al igual que esa concepción subsiste en las regulaciones del derecho interno, se determina que quien posee,. tiene el respeto de quienes se encuentran en las cercanías y de ahí que para demostrar la soberanía las naciones en sus constituciones determinan los límites. La deducción sobre si Nicaragua y Colombia  tengan en cada una de sus constituciones las delimitaciones constituye un principio que debe  respetarse. pero ahora, porque la primera acuda a la Corte Internacional, deban modificar sus cartas, porque esta  lo determina,  no es comprensible que un organismo entregue indistintamente  a cualquier país delimitación que no se haya  entregado  a composición, al igual que el poder legislativo acepte que por una decisión supranacional sin respeto a la tradición y protocolos, se cambie el derecho  internacional y se den decisiones que se alejan de los postulados hasta ahora respetados por otras naciones que no intervinieron.  Ampliación

Se canaliza la impunidad

                                     Por Gerardo Delgado Silva 

El Estado de Derecho es la organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal.

Así se llegó al constitucionalismo como sistema de organización político-social. 

El constitucionalismo impregna con su sentido, la vida de la humanidad civilizada y culta.

Sin su garantía, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de los derechos humanos, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva que pudiera abrirse paso en su sagrada misión.

Es que, si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.

Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.

Así pues, el Gobierno nunca puede bajar la guardia, porque su compromiso moral es el de tener fe en la justicia ordinaria, considerada con tantos atributos intrínsecos, emparentada en su espíritu con otros bienes y valores que el hombre busca en su porfía por embellecer y dignificar la vida.

Dante, expresó sencillamente que la justicia es “una virtud al servicio de otros”.  Los magistrados y jueces que la representan en nuestra patria, se han distinguido por su consagración a la ciencia del derecho, por la constante y fervorosa defensa de los Derechos Humanos.  De no ser así, Colombia estaría en el abismo insondable de los amargos genocidios, los eufemísticos “falsos positivos”, dramáticos testimonios de una agonía espiritual y moral de la patria.

Platón en su obra más importante, “La República” plantea un Estado Ideal, en el cual debe prevalecer la justicia, Platón así mismo, refuta en primer lugar, la tesis absurda de los sofistas en el sentido que el derecho nace de la fuerza y opina que el hombre injusto no podrá tener felicidad jamás.

El país avanza irracionalmente a pasos largos hacia una modalidad que combinaría los poderes nominales del régimen presidencial, con los efectivos de un régimen militar.

Se advierte como una tragedia el peligro del sistema democrático, ante ciertas afirmaciones que cambian el espíritu de la Constitución, expresadas por el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, con talante de militarismo, apoyados en la fementida “inseguridad jurídica” ante la justicia ordinaria, para que el país prefiera insensatamente el reforzamiento de una “justicia penal militar” y la ampliación del “fuero” militar, a fin de conocer diabólicamente los hechos punibles violatorios de los Derechos Humanos.

Dizque, se excluyen de la reforma Constitucional del “fuero”, crímenes de lesa humanidad.  Empero, ¿Quién adjudica la competencia destinada exclusivamente al conocimiento de esos hechos criminales? ¿Qué va a acontecer con el principio de favorabilidad, y los procesos contra los autores de genocidios, eufemísticamente llamados “falsos positivos”? ¿Y con los hechos punibles de los militares que han estado vendiéndoles armas a los grupos al margen de la ley?

Vaya, vaya como dicen los ingleses. Corresponde nada menos que a la justicia militar – juez y parte al mismo tiempo -, en última instancia esa adjudicación de la competencia, para fomentar la seguridad jurídica inmersa en los cuarteles; persuadidos de que allí se encuentra el “súmmum bonum” del derecho, que es el fin último de la convivencia humana.  Algo así, como un hipotético Nirvana  para Colombia, la bienaventuranza de una auténtica justicia.

Semejante exabrupto jurídico, viene amancillar la propia piel transparente de la patria.  De ahí, que no les fuera indiferente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Human Rights Watch; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes descalifican semejante esperpento y reclamaron el hundimiento del proyecto.

El “fuero”, se puede considerar como una nostalgia totalitaria, que revela como se entrelazará irremediablemente la impunidad.  Es el sendero para volver al tétrico pasado, cuando se extendió la competencia de los tribunales militares al juzgamiento de civiles, una refulgente cola del Estado de Sitio, como una alegoría violenta y clarificadora de lo que fue el terror nazi.  En otras palabras, significa anclar el pensamiento turbulento del señor Uribe, que ha pasado por alto los derechos fundamentales, empezando por la dignidad de la persona humana, no obstante el valor supremo que la Constitución le otorga y que constituye a la persona en un fin para el Estado,  que vincula y legitima a todos los poderes públicos.

Es el camino de espacios sin derecho, como los recorridos por los señores parapolíticos.

No entiende el Señor Ministro ni el Comandante, ni tiene tampoco por que entender que en la justicia penal ordinaria, en su función hermenéutica, se parte del análisis de la conducta humana, contando con las nociones de ser, de causa, de sustancia y de fin. Ordenamientos intelectuales que se aplica por imperativo de la razón, mediante una actividad lógica y dialéctica, de inducción y deducción, iluminada por la Sociología Penal, la Psicología, el Psicoanálisis criminal, la  Criminalística, de brazo de la Sana Crítica, que conduce a discernir lo verdadero de lo falso.  Sólo así se conciben las providencias de la justicia ordinaria sumergidas en la certeza, que hacen posibles la convivencia y la paz.  La expresión de la Soberanía   Nacional.  Aquí se fundamenta el Estado de Derecho, la esencia misma de la Democracia.  Por ello, los jueces ordinarios ostentan en el mundo entero, la más sublime de todas las dignidades. 

En últimas el “fuero” va a constituir el desmonte de la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y un sablazo al Poder Judicial, establecido en la Constitución con carácter independiente y soberano.

Una verdadera utopía en este Gobierno de Santos, que ha querido ser abanderado del Estado de Derecho.

En puridad de verdad, la historia nos cuenta que Atenas le legó a la humanidad la Filosofía y el Derecho.  Esparta con su militarismo, no le dejó absolutamente nada, como que no tenemos noticia cierta en que lugar de Grecia estaba situada.

Con acusadora precisión, surgen límpidas las palabras de Clemenceau: “La justicia penal ordinaria, es a la llamada justicia penal militar, lo que la música clásica, es a la música militar”

                                                              Para: www.bersoahoy.com

ÉTICA, MORAL Y DERECHO

Por PEDRO GERARDO TABARES C.

Con motivo de la postulación de los contralores que se dio y hoy ya son realidad Nacional, se puede indicar como se  debate lo fue con o sin examen adecuado con el fin de influir en la postulación con el estudio de ternas, análisis de capacidad y finalmente, nominación  de quienes deben desempeñar el cargo. Podría decirse que argumentos centrados en la ética y  la moral quedarían sin fundamento.

 Las orientaciones fundadas en la preparación del manejo de lo público, no se orienta como se hace para candidaturas a algunas corporaciones públicas y cargos importantes en la disputa  democratica, puesto que estos cargos   exigen requisitos, entre los cuales está tener conocimiento  del derecho no solamente en su sentido estricto, sino el financiero para que quienes no tienen la capacidad tampoco  se les admita y se les orienta a que tengan asesores que puedan desempeñar debidamente la labor exigida por lo público y no escapa al intelecto medio. que la moral y la ética son dos importantes valores sociales que también evolucionan, pero por entrar en un campo personal, diferente en cualquiera de las naciones,  generalmente están dirigidas por las religiones que siempre van imponiendo principios loables desde luego, pero según ellas permisivas o vituperadas como ocurre en  el comportamiento de la familia en general o como se tiene el aprecio de una persona, aunque están frente a normas escritas o comportamientos sociales, sino que las concepciones que acompañan la orientación casi siempre se dirigen al más allá. Por lo anterior, ciertos comportamientos evolutivos no puede escapar a parámetros rígidos y que haya otras concepciones sociales como la libertad de prensa, que permita emitir conceptos sin el conocimiento, en aras de una libertad democrática y entonces surge hoy con la evolución de los medios de comunicación, la influencia en las masas que llega a desconocer las decisiones de cortes y tribunales para sentar posiciones netamente morales  que no son los que rige dentro del derecho.

 No se trata de señalar que el derecho tiene excesiva formalidad o es infalible como algunos principios filosóficos lo consideran, pues con alguna frecuencia pueden equivocarse, pero para eso la ley permite enmendar esas situaciones en cuanto a circunstancias numéricas o de cambio de una letra, todo ello consagrado dentro de la jurisprudencia para darle estructura jurídica orientada a las decisiones. Cuando se pronuncian los tribunales en ejercicio de sus competencias la persona tiene la certeza en la toma de decisiones, aun en las administrativas porque se trata de un acto administrativo producido con las exigencias legales y por ende, con ejecutoriedad de tal manera que mientras no se declare su nulidad permanece en el tiempo con la consagración jurídica que no permite que  determinada persona pueda considerar que la decisión no ha tenido en cuenta lo ético y lo moral, puesto  que por no estar consagrado en la ley deja de tener obligatoriedad en la medida en que en Colombia se observen las leyes que por más de un millar y medio se han producido en 20 años y aquellas que no han podido ser tocadas por su estructura.

Mutilación de la Constitución

Adiós al Estado Social de Derecho

José Gregorio Hernández

LA PATRIA, Manizales

2011-08-30

Reenviada por Rosario Patiño

Que no se diga después que no lo advertimos: la Constitución Política de 1991, a sus veinte años de vigencia, sufre una mutación fundamental. Tan fundamental que, a partir de ahora, estamos en presencia de otra Constitución. Una muy distinta de la aprobada por los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente.
En efecto, uno de los elementos esenciales de la Carta Política -el Estado Social de Derecho- es, de ahora en adelante, apenas un adorno lingüístico dentro de un conjunto de normas que hace prevalecer el factor económico -cuyo contenido será definido en cada caso por los burócratas de turno- sobre la dignidad humana, los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos colectivos y del ambiente, el acceso de toda la población -en especial la de menores recursos- a los bienes y servicios básicos.
Ha sido aprobado y está a punto de entrar en vigencia el Acto Legislativo que condiciona la aplicación y efectividad de los derechos "garantizados" y "asegurados" en la Constitución a la denominada “sostenibilidad fiscal”, un concepto maleable y manipulable que se usará siempre como argumento para negar a los ciudadanos las prestaciones inherentes al Estado Social de Derecho, que hoy pueden reclamar ante los jueces cuando se las niegan la administración o los particulares.
Desde ahora, puesto que el Acto Legislativo es de vigencia inmediata -entrará a regir el día en que sea promulgado en el Diario Oficial-, los colombianos hemos de acostumbrarnos a una Constitución que proclamará los derechos en la teoría pero que los hará nugatorios por anticipado, restringiendo al mínimo -o a la nada- las posibilidades de reclamo.
No se extrañe, amable lector, de la respuesta que le darán cuando reclame uno de sus derechos: "Usted tiene el derecho, y nadie se lo niega. Pero no está financiado. No es sostenible. No hay plata".
Esta nueva será la Constitución del Estado neoliberal y del capitalismo salvaje, que sustituirá la del Estado Social de Derecho aprobada hace dos décadas. Es una Constitución indolente, cuyas expresiones limitarán el ejercicio de los derechos, harán impracticables las normas constitucionales supérstites que los reconocen y eliminarán de un tajo las competencias judiciales que hoy por hoy permiten a los jueces impartir órdenes tendientes a cristalizar los postulados sociales del orden jurídico fundamental.
Las normas constitucionales del Estado Social de Derecho estarán en adelante "durmiendo con el enemigo". Es decir, la Carta Política nos reconocerá derechos con una mano y nos despojará de ellos con la otra.
Gran satisfacción, claro está, entre los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, en las gerencias de las EPS y de la salud prepagada, en las empresas de servicios públicos, entre los intermediarios financieros, en las oficinas de los economistas neoliberales.
Parodiando a Núñez en 1885, los nostálgicos de la Constitución de 1886 ya pueden decir ahora, satisfechos: "La Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho que ella consagró han dejado de existir. Que en paz descansen".     

UN FALLO REDENTOR

---------------------Por Gerardo Delgado Silva
-----------------------13 de Marzo de 2010

Desde antiguo, la sociedad ha vuelto la mirada al “Templo del Derecho y la Justicia”, como dijo Stamler siempre que se desquician las normas insustituibles para la protección de los derechos, y el mantenimiento de las instituciones como alimento de la paz y la justicia.
--

Es enaltecedora la declaración de inexequivilidad de la Ley 1354, que enmascarando tenazmente las manipulaciones, fraudes e imposturas, convocaba a un referendo que desconocía obviamente los caminos jurídicos.
--

Constituyó el empeño de erigir las aspiraciones del Presidente – Candidato, en el rasero de todas las cosas, como un dios laico omnipresente, asistido por los espectros del egocentrismo, el populismo, el neoliberalismo, la competitividad ciega, la insensibilidad lacerante, la desigualdad injuriosa de la dignidad, de la pobreza galopante, la ruina del campo, la simulación de los corruptos parapolíticos y narcos paramilitares que lo secundan, la evasión ominosa de la seguridad social, el déficit fiscal que sepulta al país ya hipotecado, la guerra paranoica antes que la paz, el nazismo inherente, y tantas otras felonías de similar catadura.
--

La espléndida providencia, tiene la fuerza de una madrugada, que le pondrá fin al inaudito “Estado de Opinión”, ese exabrupto devastador de los principios propio de los dictadores, para cautivar ingenuos y asegurar el poder. Luminosa y sabia doctrina de la Corte Constitucional, faro de dignidad, de entereza, de pedagogía de la esperanza, y obstáculo infranqueable para las fuerzas oprobiosas que pretende arrollar el Estado de Derecho.
--

Es un dique definitivo a la personalización del poder presidencial de Uribe, que socava los fundamentos mismos de la República.

Se pretendió encubrir la violación de la Carta Fundamental, transitando por el sendero de ese referendo tramposo, que en su trámite llegó a extremos indecoros, desafiantes de las normas penales, para darle cimientos a la pretendida reelección.
-

No obstante, en medio de los hechos perturbantes, de la aridez del desierto, le surgen a Colombia algunos oasis que obviamente contribuyen, como este fallo, a darnos una visión distinta de lo que en realidad es el país, sus perspectivas humanas y sus sentimientos. Es una providencia, que hunde sus raíces en los valores del espíritu y enlaza a las generaciones actuales con una tradición jurídica e intelectual, que nos honra y enaltece.

Es que la justicia, como afirmaba Platón es la razón de ser del Estado, su piedra angular, podemos agregar. Empero, todo “hombre providencial”, se desborda sobre sí mismo e ignora que la política, según criterio de Sófocles puesto en labios de Antígona era “el sentido de lo justo, el don de compartir en comunidad, el don de propiedad de Zeus”.
-

Uribe, con su ambición de poder realizó sobre la Carta Fundamental, sucesivas maratones violatorias de su espíritu y su letra, y del espíritu y letra de muchas disposiciones legales. Por completo olvidado de que sin justicia la convivencia social no existe ni puede existir, en ningún orden. Sin una equitativa tenencia de la tierra, que a nadie excluya y a todos dé no solo supervivencia sino las elementales condiciones de una vida plena con salud, educación, servicios básicos, y la realidad de un futuro feliz.
--

Con su cínica mentalidad continuista, expresó Uribe en días pasados: “Ocho años no son suficientes para recuperar la seguridad”.

Sin embargo, constituyen una eternidad para los millones de desplazados; los cientos de miles de familiares de las víctimas de los genocidios de lesa humanidad, eufemísticamente llamados “falsos positivos”, como apología de la “seguridad democrática”; ocho años suficientes para despreciar y vulnerar los derechos humanos, en otras palabras; ocho años, más que suficientes para la infamia de Carimagua, y Agro Ingreso Seguro, con Andrés Felipe Arias, coautor de hechos punibles, aún en el cieno de la impunidad. Y, ¿No son suficientes ocho años para la ilegítima y procaz Zona Franca de los “hijos del ejecutivo”?.
--

El fallo ha cortado en dos la historia nacional reciente. Porque nada será igual a lo que teníamos de ignominioso e inmoral. El orden constitucional arranca aquí y ahora, con el fallo resplandeciente de estos guardianes honorables del Estado de Derecho. Así se hace la buena historia, defendiendo la Ley y la moral, con visión y grandeza.

La mala quedó en evidencia en estos ocho años en los cuales el Gobierno de Uribe despreció los valores constitucionales y éticos que estructuran el Estado. El oprobio se extendió y enmarcó a desvergonzados parlamentarios, que además se pasearon orondos por los recintos del Código Penal, a tal punto, que Uribe les ordenó: “voten por el gobierno antes de que los detengan”.
--

Para fortuna de la patria, la Corte Suprema de Justicia, también ha cumplido con su sagrado ministerio, de dar a cada quien lo que le corresponde.

Dios nos tenga de su mano, para que el pueblo iluminado, vote por candidatos decorosos, que angustiosamente requiere Colombia, para el nuevo Congreso de la República.

El naufragio de Karina

Por HORACIO SERPA

NAUFRAGÓ Karina. Se quedó sola en el monte, aislada, olvidada por el Secretariado de las Farc. 24 años de vida insurgente terminaron cuando se entregó al DAS, gracias a la mediación de su hija. Ella abandonó sin mirar atrás las ideas por las que luchó con pasión y le permitieron construir la imagen de una guerrillera temible, sanguinaria, arrojada.

La seguridad democrática terminó por arrinconarla. La muerte de Iván Ríos a manos de su escolta de confianza, y la amputación de su mano para probar que estaba muerto, le ablandaron el espíritu revolucionario. Karina prefirió llegar por sus propios pasos a la reconciliación y no metida en una bolsa negra, amputada y desfigurada.

Con su entrega se va desmoronando el mito de una guerrilla invencible, a la que era imposible cerrarle los espacios. De las Farc van desgajándose troncos cada vez más enormes. Pareciera como si el roble se estuviera convirtiendo en un inmenso balso, endeble y carcomido por la incertidumbre. Un palo que se cae llevándose a muchos a su paso.

Los guerrilleros han perdido la confianza. Están diezmados, reconoce Karina. Unos se harán matar, dice ella con su tono paisa y su desencanto de la lucha armada, ajada, golpeada, atormentada. Otros llegarán a la negociación, porque, repite ella, esa es la única salida a la guerra. Tiene razón. La negociación es la vía, pero a ella no se llegará pronto. Los guerreros siempre están dispuestos a esperar el momento de devolver los golpes. No se sabe cuántos muertos pasarán antes de un primer acuerdo, de un guiño que permita creer en el fin negociado del conflicto.

A las Farc se le está cerrando el espacio. El computador mágico de 'Raúl Reyes' los está desnudando. Les ha arrebatado los secretos. Pero ya nadie sabe qué es verdad, ni qué es mentira, aunque alguien dijo que estas hay que repetirlas hasta que todos las crean. Los vecinos ahora parecen cercados por las filtraciones, las relaciones bilaterales siguen en la inmunda. Nadie tiene la llave para resolver las cosas. El lenguaje amenazante ha regresado.

Las Farc siguen acorraladas. Muchos creen que se acerca su derrota militar y su entierro político. Pero también, es el momento de abrir un espacio para la solución política. Esa guerrilla se hará matar, anuncia Karina con su mirada perdida. Es mejor negociar, deben estar pensando otros en su interior. Es mejor guerrear, dicen los halcones. ¿Y los secuestrados? ¿Y el derecho internacional humanitario? ¿Y los países amigos? ¿Qué pasará con Ingrid y los demás plagiados?

La guerra parece haber iniciado una etapa decisiva. Pero la paz no llega. Los fusiles no dejan escucharla. Y, sin embargo, hay que insistir en ella. Nadie sabe cuánto tiempo más durará el conflicto, ni los costos de una victoria militar. Hay que seguir soñando por la paz.
Miércoles 21 de mayo de 2008 > Regresar a Inicio >