La transición energética parece haberse convertido en un rompecabezas que nadie entiende, porque se supone, en el buen sentido de la lógica que, para ensillar, primero se deben comprar las bestias.
En el caso de Colombia se afirma que el gobierno le apunta a una Transición Energética Justa, con un plan sobre el cual el Ministerio de Minas y Energía diseña una hoja de ruta, que será publicada en mayo próximo.
Pero lo que el común de la gente opina, es que, se quiere reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles como gasolina, Acpm, el carbón y otros, sin haber puesto en operación las fuentes que van a sustituirlos de forma equilibrada.
El programa se define como el componente de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de energía para hacerlos más sostenibles y su objetivo es transformar un sistema energético basado en los combustibles fósiles, en un sistema energético basado en las energías renovables.
Dicen los críticos que desde ya el gobierno viene adoptando medidas para desestimular la compra de vehículos, medidas que se patentizan con el encarecimiento constante y desmedido de los combustibles. Con los altos precios de la gasolina, Acpm y demás, se está demostrando una primera improvisación que va dejando la huella marcada entre la clase trabajadora que tiene un vehículo para su diario desempeño laboral con el cual busca lograr el sustento, pero con esos precios de los combustibles, qué ilusión le queda al trabajador hacer esfuerzo para medio sostener un hogar, ya sea como taxista, transporte colectivo, de carga y de hasta mochilero.
En este o, cualquier país de gente trabajadora, el 90% de quien tiene un vehículo no lo tiene por lujo, sino como un medio para ganarse la vida. Ese 10% restante si tiene vehículos por lujo y por tener en qué invertir las grandes fortunas que le llegan, buena parte proveniente de esa franja de trabajadores que para cumplir su misión debe pagar, como por poner un ejemplo de tantos que hay, donde el transportador intermunicipal e interdepartamental debe quitar de sus ingresos hasta 10 mil pesos o más, cada vez que pasa un peaje y cuando encuentra hasta 2 o 3 por departamento, a cuánto se elevan esos gastos. Con esta consideración quiero hacer ver que el encarecimiento de los combustibles tan exagerado, es la muestra de la improvisación de la transición energética, porque, dónde están las alternativas con las que no se golpee al trabajador. Es cierto que todos debemos poner en un proceso de cambio, pero que no se le recargue todo al pueblo.
Es que la transición energética no puede convertirse en un nuevo azote de la clase trabajadora colombiana. La transición energética, si es que el gobierno está verdaderamente interesado en hacerla una realidad, debe ser un proceso armónico en el que las comunidades no se vean lesionadas en sus exiguos intereses.
Este proceso, hablando de la reducción de combustibles fósiles, debe tener un desarrollo equilibrado para que los fabricantes de vehículos automotores reciban también incentivos del gobierno tanto para producir como para poner en el mercado los nuevos automotores eléctricos que estén al alcance también de quienes trabajan, y no solo para privilegiar los poderes económicos.
Si la transición energética es un proyecto ya sustentado en la ley, este paso o cambio de, utilizar insumos contaminantes, para llegar a utilizar energías limpias, no puede traducirse en látigo para la franja de la población que mediante su trabajo hace posible la evolución de la economía colombiana. El gobierno estará en la obligación de velar para impedir que ese paso, de unas energías contaminantes, a un sistema limpio de energía como la eléctrica en los vehículos y la que se utilizará en las industrias con la energía solar y eólica, no sean motivos para castigar a quienes siempre llevan las de perder en el desarrollo de una sociedad. (bersoa@hotmail.com)
