Por
Gerardo Delgado Silva
La
Constitución Política y las leyes de cada país establecen una red de medidas
protectoras de los ciudadanos y sus derechos, fundadas todas en una valoración
previa de los preceptos básicos, sobre los cuales se han de asentar los
principios del bien, del derecho y de la justicia en ese estado, de acuerdo con
el sentido moral vigente, esto es, tal como los concibe la conciencia social
del pueblo y los expresa, con mandato de ese pueblo, el legislador.
Para
el profesor Henri Capitant, “el derecho natural no es otra cosa que el
principio director, la vida que inspira y orienta al hombre en sus esfuerzos
incesantes por mejorar y perfeccionar el orden social; es el ideal de justicia
que el hombre se esfuerza por descubrir y hacia el cual trata de orientar a la sociedad,
ideal que está presente tanto al espíritu del legislador como del filósofo, del
moralista, del jurisconsulto y del juez.
No hay pueblo ni generación que no persiga este ideal. El espíritu humano no puede prescindir de una
dirección.” (La negrilla es mía)
La
justicia, desde Platón ha sido considerada como la razón de ser del Estado, “su
piedra angular, alrededor de la cual giran con carácter accesorio, la fuerza
pública, la legislación, la preparación de jurisperitos, la vigilancia por
parte de diversos órganos, como el Consejo Superior de la Judicatura, la
Fiscalía, la Procuraduría y el propio Poder Ejecutivo, que la requiere pronta y
cumplida”, como lo señaló el ex presidente, Doctor Alfonso López Michelsen.
Es
tanta la importancia de la justicia, que hasta la monarquía Teocrática le rinde
homenaje y le paga tributo desde los más antiguos tiempos.
“El
rey que castigue a los inocentes y deje impunes a los culpables - dice el
Código de Manú - , se cubre de la mayor ignominia y va al infierno”.
Y
cuenta la Biblia que Salomón, cuando Dios le dijo: “Pídeme lo que quieras que
yo te dé, contestó: Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo,
para distinguir entre lo bueno y lo malo”.
Heródoto refiere el caso de Deioces, que llegó a ser Rey de los Medos
por la rectitud de sus fallas.
Corresponde a la función jurisdiccional que es inherente al ejercicio
del poder judicial con carácter independiente y soberano, proteger a los
ciudadanos en sus derechos, como garantía de justicia, libertad y paz.
Y
bien. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial, al
tenor de la Constitución, y como a los jueces en las leyes de procedimiento se
imponen las garantías de imparcialidad como corresponde a la más sublime de
todas las dignidades. Con cristalina
claridad el señor Fiscal General ha demostrado que esa dignidad de la justicia,
forma parte de la composición de su vida.
La
historia ha demostrado, que la peor desgracia que puede acontecerle a un
pueblo, es la de vejar, afrentar, la justicia, como ha sido de tiempo atrás la
modalidad mal sana y mal intencionada del señor Álvaro Uribe; quien nos
recuerda varios aforismos del derecho: “Nemini jus ignorare licet”. Esto es, la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa.
Estrafalaria
el último comportamiento del Señor Uribe, porque entraña una imperdonable falta
de seriedad y conocimiento del Estado de Derecho, al recusar al Señor Fiscal
General, sin ser sujeto procesal, ni pueda o deba intervenir en el proceso
penal como parte. Aquí se refleja con acusadora precisión su ignorancia del Don
de la justicia, que lleva a los hombres a ignorar los límites de la ética. Todo, por la desmesura que nace de la
ambición de poder. Ahora bien. Cuando se invoca una causal de recusación
debe respaldarse en elementos probatorios.
No basta el simple enunciado para aceptarla; es necesario que al proceso
se alleguen datos con fuerza persuadidora.
La causal no puede quedar al capricho de quien la invoca, menos del
Señor Uribe Vélez, quien olvida aquello que nunca ha aprendido.
La
honorable Corte Suprema de Justicia desde
1942, afirmó: “…la simple circunstancia de que el fallador haya atestiguado que
es buena la conducta del sujeto sometido a una acción penal, no puede
traducirse en interés por el reo, puesto que de poner aquello no alcanza a
constituir, ni en la más rígida de las delicadezas morales, una inclinación del
ánimo hacia el sindicado…”.
Tapado
con sábanas de impudor como ahora ante la Fiscalía, el mundo entero comenzó a
percibir en el pasado gobierno, que el Señor Uribe Vélez pretendió sacar avante
una ley para amnistiar o indultar a los paramilitares – sus electores, como
Jorge 40, creador de los distritos electorales -. A quienes les prometió estatus
político, con impunidad, aceptando que la carrera criminal de masacrar,
descuartizar y desplazar a miles y miles de familias, era defender al Estado Colombiano. Otro exabrupto jurídico y moral como ahora. Con ese acto, pretendía institucionalizar la
soberanía de los victimarios, que hubiese degradado aún más la estabilidad de
las instituciones y la dignidad de las víctimas y la sociedad.
El
Señor Uribe Vélez, no ha dejado un instante de desconocer principios
constitucionales básicos para la defensa de los derechos fundamentales, entre
ellos - los Derechos Humanos -, sacando a la luz esos marcados rasgos de
desprecio irrefrenable a la Democracia, a la Administración de Justicia, con la
Corte Suprema de Justicia, irrespetada como lo ha hecho con el Don de la
Paz. Desmedida paranoia de un
beligerante, como los ben laden de los cinco continentes. Práctica, infortunadamente recurrente de la
extrema derecha. Ahora, parece mas
preocupado el Señor Uribe por desatar las furias del averno, colocado sobre las
obligaciones morales y sociales de Colombia.
Más repudiable habiendo sido presidente.
Nuestra
esperanza de paz, que no cejamos en alimentar, es la de que los colombianos de
hoy no resultemos inferiores a la inmensa tarea que nos ha señalado la historia.
Es
imposible dejar de mencionar la formulación de Kant: “Obra siempre de tal modo
que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre como principio de una
legislación universal”.
Es
claro entonces que la degradación moral, en la actual campaña electoral del
llamado “Centro Democrático”, hubiese abierto aberrantemente sus puertas a
hechos punibles como el espionaje, con su hacker amigo del candidato marioneta Zuluaga.
¿Así entienden ellos el predominio del Estado de Derecho?. ¿Así se disfraza el
autoritarismo o nazismo?
Dios
nos guarde de lo que todavía les falta por sepultar de modo definitivo como
atributos y virtudes que los colombianos creíamos imperecederos. Ya caímos, en el gobierno de Uribe, más allá
del fondo de cualquier crisis moral.
Escrito
para www.bersoahoy.com
Sección, opinión
