El nuevo ropaje del autócrata

Mario González Vargas

El llamado del presidente Petro a una Asamblea Constituyente se convirtió en flor de un día. El rechazo fue unánime, aún en sus propias filas, como lo expresó el profesor Rodrigo Uprimny: “La propuesta de constituyente del presidente carece de sentido. Es innecesaria, inoportuna, contradictoria, inviable, inconveniente y riesgosa.” No tardó en sustituirla por la de un “proceso constituyente”, instrumento de su propia cosecha, ajena a nuestro ordenamiento jurídico, pero que devela sus verdaderos objetivos.

El proceso comenzaría con “convocatorias al pueblo a ejercer el poder Constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la Constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes.”, “No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular”. “Un proceso Constituyente puede reformar la Constitución o puede agregar los aspectos que la Constitución en su momento no pudo ver por la época en que se hizo”.

Ninguna de esas afirmaciones es cierta. Solo obedecen al desvarió desesperado de un gobernante excesivamente ideologizado y en apuros. Por ello, en vez de cabildos cuyas competencias se restringen al ámbito municipal, optó por “coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía”. Deduce del resultado electoral para la presidencia un mandato inequívoco, a pesar de que los votos por Hernández y en blanco superaron los emitidos por Petro, y olvidando la estruendosa derrota de sus alfiles en las elecciones regionales. Para subsanar esa evidencia se dice que el proceso constituyente se inició con el vandalismo que denominan el “estallido social”.

Petro no ha gobernado, ni gobernará. Para ello tiene ahora a la directora del Dapre. Su objetivo son las elecciones del 2026 que deberían apoltronarlo en el poder. Su tarea será la conmoción cuotidiana, la agitación permanente de sus primeras líneas que atemoricen al ciudadano y que encuentre entre las organizaciones criminales apoyos coincidentes que obstruyan y debiliten el accionar de las instituciones. Un instrumento más para empoderar las supuestas herramientas de participación que estarán al orden del día en cada una de las negociaciones en curso.

El objetivo desborda la mera formulación de normas constitucionales que solo supondrían un pobre ejercicio de transformaciones insustanciales, porque lo que se persigue es destruir lo existente para entronizar supuestas innovaciones perdurables que desafíen el tiempo y sus demandas. Reminiscencias de Stalín, Mussolini y Hitler, en las que el pueblo terminó sometido y convidado de piedra en la definición de sus condiciones de vida. Petro apunta a una ruptura del orden constitucional y de las instituciones que lo soportan. Prefiere subvertir a construir. Se siente investido de una misión que nadie le ha confiado, pero que cree implícita en el resultado electoral que le permitió acceder al poder. Es el nuevo ropaje de toda pretensión autocrática que desdeña cualquier construcción institucional que no responda a sus delirios ideológicos y a sus trastornadas concepciones de la democracia y sus libertades. Astuto, juega con el apetito voraz de la clase política y con la paralizante inquietud del sector productivo que harán tardía cualquier oposición eficaz. Solo el despertar popular puede descarrilar la ambición del sátrapa en ciernes.

Qué se le quiere esconder al país con enterrar la reforma a la salud

Hay dineros de los colombianos que enriquecen a unos y ultrajan a las mayorías

Por Bernardo Socha Acosta

Una seria investigación podría descubrir el más grande hallazgo en corrupción en el sistema de salud colombiano.

Los ciudanos de bien estamos en el derecho y la obligación de saber, qué es lo que se le quiere esconder al país al intentar enterrar la reforma a la salud.

La contraloría general de la república reveló que las deudas de las EPS a la Red hospitalaria de Colombia ascienden a $25 billones. ¿Ese será un, de los motivos de unos congresistas que quieren beneficiar intereses particulares?

Y el ministro de Salud médico Guillermo Alfonso Jaramillo en reportaje a noticias Caracol tv reiteró la información de esta deuda. Y acerca de argumentos mal habidos, de varios sectores sobre deudas del gobierno a las mismas EPS, declaró con documentos en mano que, esa deuda que viene del gobierno anterior, fue pagada conforme comunicación dirigida al ente judicial que había emplazado al Minsalud para cumplir esa obligación. Si fue pagada, por qué las EPS tienen esa ESCANDALOSA deuda con la Red hospitalaria. Qué hacen las EPS con esa plata que el gobierno destina y gira para beneficiar a los colombianos que requieren atención médica.

Y no sobra reiterar la pregunta, ¿por qué las EPS no le pagan a los hospitales y clínicas a donde son remitidos los pacientes? Por qué les debe 25 BILLONES de pesos. A dónde se van esos BILLONES… Pero es que como las EPS no tienen AUDITORÍA de nadie, pues que les interesa que los pacientes colombianos no reciban la atención adecuada o, que se quiebren las clínicas y hospitales. A los directivos de las EPS seguramente les interesa el bienestar particular, lo mismo que están haciendo algunos CONGRESISTAS.

Y… eso es lo que quiere CORREGIR la reforma a la salud, y que muchos congresistas no quieren sospechosamente que se haga. Ahí vemos a un grupito de 8 senadores que quieren ENTERRAR LA REFORMA. Qué quieren esconder. A qué le temen o, a quién o quienes quieren beneficiar.

Esto es lo que nos envía un colaborador

Los buenos colombianos debemos ponernos en la tarea de investigar, qué es lo que algunos congresistas quieren esconder o a quienes quieren beneficiar con el hecho de no hacer una reforma al sistema de salud, sistema que data de más de 30 años, y ni siquiera se han corregido las oscuras intenciones de permitir que las EPS recauden la plata de los afiliados, y que nadie sepa qué se hace con esos dineros, porque no tienen auditoría del estado, ni de los afiliados.

Las revelaciones que hizo el Ministro de salud médico Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el reportaje con, los periodistas Juan Roberto Vargas, director de noticias Caracol tv, y María Alejandra Villamizar, editora política, son realmente aterradoras. Si hay alguien que, con suficiente sagacidad y valentía, valore las respuestas del ministro a los interrogantes hechos por los periodistas, tendríamos el más grande hallazgo de corrupción de la historia.

Esos hallazgos ya han sido denunciados por la Contraloría general de la república, la superintendencia de salud y tímidamente por algunos medios de comunicación, pero misteriosamente, nada pasa en un país donde los grandes e importantes personajes, pareciera estar en una confabulación para arrebatarle los bienes al pueblo.

Y finalicemos repitiendo, que la Contraloría General de la República afirmó que, con corte a octubre de 2023, las deudas de las EPS en favor de los hospitales y clínicas, son de $25 billones. Qué dolor que la platica que pagan los afiliados a las Eps, con tanto sacrificio, se destine para enriquecer a unos y ultrajar y burlándose de las mayorías a quienes dicen defender los congresistas.

Cinco senadores que financiaron campañas con las EPS

Se les cayó la mascara, a los senadores que se oponen en el congreso a la reforma a la salud. La razón es porque cinco de sus campañas fueron financiadas con dineros de las EPS, según investigación de los periodistas de NOTICIAS UNO.

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Ellos se ganaron el anuncio de la Constituyente

Por Bernardo Socha Acosta

No es nada raro que el anuncio de convocar una Asamblea nacional Constituyente para hacer los ajustes que reclama el estado colombiano frente a tanta ineptitud y desgreño del presupuesto nacional, haya producido entre unos cuantos que se burlan de los grupos sociales, tanta zozobra y preocupación porque saben que es el pueblo el que tomará decisiones si no lo hacen quienes supuestamente fueron elegidos para tal fin.

¿Y dónde es que está la ineptitud y el rasante desgreño del presupuesto nacional? Pues en una de las famosas ramas del poder público que se llama CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ese ente ya le quedó grande el nombre y la misión que debe cumplir.

Por eso la opinión generalizada, de la pésima imagen de esa institución que en otras épocas era el orgullo y la admiración de sus electores. Hoy para una gran mayoría de colombianos ese ente es una vergüenza porque según la opinión en esa rama se han gestado todos los males de este país. Y sino hagamos un repaso de la historia reciente y quedaremos asombrados.

Es tanta la atención que reclaman los colombianos de parte del Congreso de la república, que hasta algunos representantes de la iglesia han entrado a respaldar la idea de una Constituyente. Acceda a este video… 

Ya no hay colombiano sensato que no vea la urgencia de buscar soluciones y no problemas como los promueven algunos congresistas que equivocadamente creen que los eligieron para sabotear a los colombianos y seguir destruyendo los principios y valores de una sociedad cada vez más empobrecida por el abuso de muchos políticos.

Y los más aferrados a seguir causándole males al país, son los que, NI TRABAJAN NI DEJAN HACER. Dónde está la retribución de los más de 35 millones de pesos que reciben mensualmente que recibe, sin hacer nada en favor de Colombia. A cualquier ciudadano le repugna y se asquea escuchar a esos mismos llamados congresistas, a los que les queda grande el nombre, diciendo torpes sandeces, por el anuncio de una Constituyente que estaría orientada a hacerle aseo a las instituciones.

Y nadie puede desconocer que el pueblo es SUPERIOR a las amañadas ambiciones politiqueras.

Nada les había producido tanto miedo y cobardía, como el anuncio de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE que tiene a los que no trabajan, amenazando con rayos y centellas para asustar al pueblo colombiano. Si para asustar, porque eso es lo único que hacen esos disque voceros del pueblo.

Pues estos políticos deberían entender que Colombia con la cantidad de problemas que padece sin que haya una verdadera rama legislativa que le apueste a buscar soluciones conjuntas, el pueblo está dispuesto a buscar los mejores caminos,… pero no seguir el anarquismo de unos políticos que no hacen más que indisponer la voluntad y la tranquilidad de los colombianos.

El colmo de los politiqueros es que, con el anuncio de la constituyente, parece que han perdido hasta la razón, (porque el pecado acobarda) y cada vez que abren la boca se echan más enemigos con sus estupideces, porque no se dan ni cuenta que lo que hacen es ofender al pueblo que ya está enardecido de tantos ABUSOS DE PODER. El pueblo los ve cada vez peor por su incapacidad de trabajo como legisladores. 

Ellos se ganaron el anuncio de la Asamblea Constituyente con su incapacidad de trabajo y su ineptitud para proponer soluciones. Lo único que proponen son problemas. No queda duda que el país está reclamando a gritos una solución a la barbarie, el hambre y la inmensa desigualdad, donde unos muy pocos se apoderan de los bienes nacionales, mientras muchos padecen hambre.

El agotamiento del dialogo

Mario González Vargas

Petro ha dado inicio a la campaña presidencial del 2026. Entiende que ante los pobres resultados de su gestión de gobierno debe trasladar el foco de interés hacia la prematura campaña en la que se desenvuelve mejor y se presta para confrontaciones ideológicas que oculten el desastre de su gobernanza. Quiere sembrar el espejismo de que las reformas no pasarán por la coyunda de la oposición. Opta por un campo de batalla en el que se siente más a gusto y que le permite trasladar responsabilidades a propios y adversarios y asomar nuevas y siempre difusas esperanzas.

Radicaliza su discurso de odio y apresura acuerdos con los grupos armados ilegales, que agradecerán el debilitamiento de la fuerza pública, no solamente por la inacción forzada de su accionar, sino también por su desarme en razón de la ruptura de los contratos de provisión de armamentos y capacidades de inteligencia. Las consecuencias no se hicieron esperar, como lo demuestran el crecimiento continuo de los grupos armados y el aumento de sus acciones bélicas violatorias de ceses al fuego pactados, sin consecuencia alguna sobre las negociaciones en curso con cada uno de ellos.

Por el contrario, se firma con el Estado Mayor Central un “Acuerdo Especial sobre Transformaciones Territoriales en Caquetá, Meta y Guaviare”, que contiene más de 50 acciones y actividades de carácter inmediato para impulsar la paz, que no puede entenderse sino como un convenio de cogobierno en los territorios bajo el control de los grupos armados ilegales. Se suma a lo acordado con el Eln para modificar el régimen político, económico y social y a las cuantiosas prebendas dispensadas a las guardias indígenas y campesinas para que colaboren en el control territorial y aseguren su movilización a las ciudades en respaldo al gobierno. Todo ello, en el marco de la permisión del reclutamiento forzado de menores de 15 a 17años convenido en el marco de las negociaciones. Se capitula para empoderarse.

El proyecto de ley del transfuguismo de los parlamentarios fortalecerá al petrismo con miras al 2026 y provocará el derrumbe de los partidos que a ello se presten. Todo se ejecutará en medio de los pérfidos ataques a la libertad de prensa, de la estigmatización del sector privado, y se acompañará de amenazas de extorsión a las autoridades locales y regionales en las asignaciones de recursos para sus obras primordiales. Radicalizar el discurso contra las instituciones que no ha logrado coaptar, como ya empezó a hacerlo con el poder electoral, desplazará cualquier examen de los resultados negativos del cambio ofrecido. La respuesta no debe ser la del dialogo improductivo en el que insisten empresarios y gremios a pesar de las evidencias que demuestran su inutilidad, y con el que se dificulta aún más la construcción de una narrativa que seduzca y convoque las mayorías en Colombia. Los errores y calamidades éticas y programáticas del gobierno deben propiciar una alternativa que nos reinserte en el caudal de esfuerzos en el que las libertades y los derechos que de ellas se deprenden determinen instituciones, políticas y programas que tornen en realidad la nueva era a la que el mundo aspira. Constituye una urgencia vital a la que debemos responder.

Empieza la batalla por el cambio

Mario González Vargas

Las movilizaciones ciudadanas del 6 de marzo marcaron el inicio de la campaña electoral que culminará en la elección del nuevo presidente de Colombia en el 2026. El desencanto con las ejecutorias de Petro y sus alfiles es hoy mayoritario entre los colombianos. En año y medio de gestión ninguno de sus propósitos de cambio se ha materializado. Por el contrario, desde la pasada campaña presidencial afloraron el uso de conductas y procedimientos iguales o peores a los que se le endilgaban a gobiernos anteriores, y la promesa de acuerdos nacionales se vio marchita al ritmo de la imposición de una gobernanza errática, inspirada en el espíritu adánico de la desconstrucción creativa que infunde a los adalides de la izquierda contemporánea.

Sus resultados no se hicieron esperar en todos los ámbitos de la vida de los colombianos. Los índices económicos declinan sin cesar, la confianza inversionista desvanece raudamente, la inseguridad campea en todo el territorio y en todas las urbes por la ilusión de una paz total que ha empoderado, multiplicado y beneficiado a las organizaciones criminales de todo pelambre y desatado la incertidumbre creciente que alienta la fuga de capitales y de amplios sectores ciudadanos hacia tierras más propicias a sus sueños y expectativas.

Todo ese entramado, sin embargo, parece hacer parte de los designios del gobernante. El decaimiento institucional siempre se traduce en el fortalecimiento del poder ejecutivo y en la violación de las garantías y equilibrios que las constituciones de los estados democráticos procuran para garantizar su protección y vigencia. Ello explica el intento de cooptar el poder judicial y de comprar conciencias en el poder legislativo, al costo que fuere necesario y con la prontitud que su pérdida de confiabilidad exige.

Los proyectos de reforma a la salud, laboral y pensional obedecen al propósito de estatizar todas las prestaciones a los ciudadanos que los hagan tributarios de sus mandatos y víctimas de las incapacidades y fundamentaciones ideológicas de los gobiernos que pretenden eternizarse. Así lo entiende Petro, como lo demuestra el acceso a todas las agencias del gobierno de activistas sin otro horizonte que el de satisfacer su decálogo doctrinario. Opta por atrincherarse buscando suplir la soledad que presiente.

Las marchas del 6 de marzo demostraron que el gobierno perdió el poder de la calle que ejercía con violencia e intimidación. La presencia ciudadana y el listado de sus inconformidades fueron tan amplios y variados como son sus angustias, temores y esperanzas. Constituye la expresión del anhelo de cambio que circula por todo el orbe en la antesala accidentada de las transformaciones que exigen las nuevas realidades sociales y tecnológicas susceptibles de modificar sustancialmente, para bien o para mal, la arquitectura de las instituciones y las relaciones entre naciones y civilizaciones. Las reacciones del presidente y sus activistas confirman su militancia en credos y dogmas fracasados en tiempos desgraciadamente por muchos olvidados.

Ha empezado la batalla por el cambio que exige elaboraciones conceptuales que permitan construir nuevos horizontes y que deben alcanzarse con creatividad que solo se expresa en ámbitos de libertad. Es una tarea descomunal para adelantar durante el tiempo que le resta a este decaído gobierno. Exigirá inteligencia, generosidad, paciencia y unidad para lograrla.

Perversión y supuesto derecho a disentir afectan a Col

Por Bernardo Socha Acosta

Es natural y muy razonable que el derecho a disentir sea una herramienta valiosa que alimenta las libertades en una sociedad, pero, muchas veces también debe tener límites, para que, no se convierta en el azote del mismo que lo ejerce o, de una sociedad entera.

Ese derecho termina por lógica, cuando sus efectos comienzan a lacerar los derechos de los demás, porque el derecho a disentir no puede convertirse en el bienestar del que lo ejerce y a destruir la dignidad de los demás.

Si a pesar de los graves males que puede causar el derecho del disentimiento y lo seguimos ejerciendo, ya no somos unos ciudadanos de bien para la sociedad que habitamos porque, al final llegaremos a ponernos en el escenario de los estúpidos sin conciencia y atrofiados por el desconocimiento.

Hoy en nuestro país hemos llegado lamentablemente a esos extremos y algunas personas o muchas, se ponen en el camino que transita la ignorancia.

Cuando analizamos documentos como el emitido por los representantes de 33 estados reunidos en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) recientemente. declaración en la que se ratificó el respaldo a Colombia para que siga trabajando en la búsqueda de la paz y el diálogo con los actores armados (Leer aquí) 

conocemos al mismo tiempo pronunciamientos de aparentes personajes que se oponen a que se realicen procesos en busca de paz para el país.

Para cualquier ciudadano con medianas capacidades es claro que lograr un entendimiento civilizado con los actores armados es algo que tiene que hacerse, de lo contrario seguiremos llegando a los extremos de los países que están enfrentados dejando miles de muertos de lado y lado, porque la violencia no tiene límites. Pero si ya agotados todos los recursos, nadie quiere la paz y solo se busca la violencia, pues… así terminaremos y sería el final de muchas vidas.

Y volviendo al tema, si los representantes de 33 países creen que ese es el camino para mejorar la situación violenta de un país, porqué hay tantos criollos resentidos… que no quieren que haya paz en Colombia.

También se conoció que la Unión Europea destinó más de 10 mil millones de pesos para esos propósitos.

Entonces queda demostrado que las grandes personalidades de otros países quieren que Colombia tenga oportunidades y unos mejores días, pero también queda claro que en Colombia hay muchas personas que solo quieren la intriga y la destrucción porque viven alimentados del odio, el resentimiento, el deseo de venganza y no quieren que persona diferente a sus castas amañadas y corruptas gobiernen. Esa es sencillamente la causa y eso le costará mucho al país y a cada ciudadano.

Cualquier colombiano humanista y emprendedor, siente tristeza de, cómo el país se destruye y se desangra ante la mirada impávida de unos y ante la mirada alevosa y artera de otros que bien pareciera que quieren el fin de un país con tanta riqueza y que a pesar del palo en las ruedas que le ponen los perversos politiqueros, puede ofrecer sombra misericordiosa para sobrevivir. La crisis de violencia que hoy vive Colombia es el fruto de estos diabólicos politiqueros que aún mucho pueblo apoya nublado por las mentiras.

Nadie con un espíritu de nobleza e inteligencia puede entender a esos supuestos colombianos que bien pareciera que lo único que le desean es el peor mal al país con sus actos impropios, que se enfrenta a quienes de una u otra forma quieren el bien para esta nación martirizada por los que instigan el odio y la guerra. Muchas personalidades del exterior quieran el bien para nuestro país, pero muchos mal llamados compatriotas solo demuestran querer el mal para esta sociedad maltratada por los voraces politiqueros.

El probable escenario del 2026

Mario González Vargas

El país vive en materia de seguridad un intenso desasosiego que recuerda los difíciles tiempos del auge militar de las Farc-Ep a finales del siglo pasado. Contrariando la tarea del gobierno de entonces, materializada en el Plan Colombia, con el que se logró en 10 años la desarticulación de los subversivos y habilitó a Santos para adelantar un proceso de paz, aún sin cierre, Petro y sus partisanos navegan sin brújula, en medio de las tormentas que suscitan la paz total y los desaciertos de una gestión mediocre que acrecientan en vez de resolver los inmensos desafíos que enfrentamos, y que no mutará en aciertos por haber excluido del gobierno a los pocos entendidos considerados ahora enemigos internos.

Su egocentrismo se traduce en desordenada y desafortunada impaciencia. Insiste en negociar con organizaciones criminales sin contar con una ley de sometimiento, intimida a la CSJ para forzar la elección de una fiscal de bolsillo, legisla por decreto en asuntos que la constitución y las leyes desautorizan, llama a su entorno a los más fieles pero ignaros e incompetentes en las tareas de planeación y conducción de la economía, e intenta dar vida prematura a reformas que aún cursan en el Congreso con la siniestra, pero no improbable creencia, de que someterá a las otras Ramas del Poder Público y burlará a los órganos de control.

El país padece los estragos de una cruenta violencia ejercida por organizaciones criminales que, al tiempo que se sientan con el gobierno, multiplican sus ataques, ensanchan su control territorial, aumentan sus rentas ilegales extraídas de la minería ilegal, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, y se empoderan en más de la mitad de los municipios del país valiéndose de la animadversión del gobernante hacia la Fuerza Pública. “No nos dejen solos” no es solamente la plegaria de ganaderos y empresarios agrícolas, sino también el sentimiento de una ciudadanía victimizada e indefensa.

No serán escuchados porque el presidente tiene sus ojos puestos en el 2026. Cree que la tarea que se propone exige su continuidad en el poder y requiere una nueva repartición de competencias. Al presidente le corresponderá debatir, entusiasmar y convencer a tirios y troyanos sobre el cambio del modelo político, económico y social, y a su imprescindible Laura Sarabia el manejo del gobierno y de todo lo que deba suceder en los entretelones que escondan los secretos de una acción eficaz, porque generosa en dadivas para los operadores de la institucionalidad, sin importar nada distinto a sus exigidos resultados.

El aterrizaje de Mancuso es un instrumento más para fabricar “verdades”, burlar la reparación de las víctimas y facilitar el perdón y olvido que se ofrece a todas las organizaciones criminales llamadas a la supuesta paz total.

Nadie promueve golpes de estado, como afirma engañosamente Petro, porque el pasado nos ha enseñado que, en 1886, 1910, 1957 y 1991, con acuerdos superamos la violencia y las discordias y fortalecimos nuestras instituciones democráticas. Hoy, cuando se encuentran amenazadas, no se entendería que no se intentara el ejercicio. La pretensión autocrática debe enfrentarse con más democracia y lograrlo marcaría nuestro destino en un hemisferio que enfrenta el peligro de perder sus libertades.

La primera expresión debemos realizarla el 6 de marzo en todas las ciudades de Colombia.

La decadencia de los organismos internacionales

Mario González Vargas

En el siglo XX el mundo sufrió las calamidades de dos guerras mundiales que no solo devastaron buena parte del planeta, sino que también pusieron de presente la capacidad del arma atómica de poner fin a la humanidad en caso de una nueva contienda. Ante la sombría amenaza de la probable desaparición de la humanidad, se procedió a la fundación de organismos que nos ampararan ante la posibilidad de una nueva conflagración orbital. La creación de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, luego replicada en los demás continentes, y los acuerdos de Breton Woods, inauguraron la posibilidad de un mundo que lograra mediante el progreso, el entendimiento y la negociación erradicar la posibilidad de una hecatombe sin supervivencia posible.

En las siete décadas transcurridas desde entonces se han malogrado esos objetivos. Prevalecieron en los organismos encargados de su realización los intereses prevalentes en los Estados Miembros y el espíritu impositivo de las ideologías que los alimentan. Sus burocracias se convirtieron en apostolado doctrinario y político y en instrumento de imposición en vez de herramienta de cooperación. La condición minoritaria de las democracias en la ONU ha permitido que Venezuela e Irán, entre otros estados de igual catadura, presidan o hayan presidido el Consejo de DDHH de la Organización.

En las Américas esa militancia política desnaturalizó la promoción y defensa de los derechos humanos con la cooptación de las agencias competentes y su transformación en agentes de objetivos políticos ajenos a la finalidad de cooperación de su mandato. La representante de DDHH de la ONU en Colombia se abroga facultades que pugnan con la soberanía del Estado, y la elección de magistrados de la Corte IDH y de la CIDH esta mediada por el informe de un panel de expertos conformado a instancias de la Open Society de Georges Soros que evalúa y recomienda los candidatos a miembros de esas instituciones, asegurando la elección de personas afines a sus decálogos ideológicos. En la última elección en el 2021, solamente el candidato de Brasil a la Corte y el exmagistrado colombiano Carlos Bernal a la Cidh lograron llegar en medio de la apabullante mayoría que ese sistema reserva para los candidatos de la izquierda continental.

La culminación de ese desvarío se concretó en la participación de los funcionarios y contratistas de la Agencia de la ONU para refugiados (UNRWA) en el ataque terrorista de Hamás a los ciudadanos israelitas el pasado 8 de octubre y ha dado lugar al escrutinio de las actividades de la Organización en el mundo y a la constatación de la militancia ideológica de sus representantes.

En Colombia padecemos la intervención indebida de los Secretarios Generales de la ONU y la OEA, la beligerancia ideológica vedada a sus Cortes y Comisiones y las intromisiones ultrajantes de sus representantes en al país. Se halla en curso el advenimiento de una inquisición intolerante que amenaza por igual los cimientos fundacionales de esas organizaciones y la soberanía de los Estados Miembros, que imposibilitan el debido cumplimiento de sus mandatos expresados en sus Cartas Constitutivas. Nos hallamos en el umbral de un mundo proclive a la confrontación y huérfano de instrumentos que la prevengan.