¿El derrumbe de la justicia Transicional?

Mario González Vargas

El intercambio epistolar de Álvaro Leyva con Salvatore Mancuso implica un cambio de tercio en la estrategia de la oposición auxiliadora de las Farc, para extender un manto de impunidad sobre todos los delitos perpetrados durante el conflicto armado. Con el cruce de cartas se abandona el perverso ejercicio de baranda en los despachos judiciales, tan caro a Iván Cepeda, para situarlo en escenario de aparente juridicidad, consistente en confesiones destinadas a ocultar los pecados propios por medio de acusaciones indiscriminadas contra los enemigos en el conflicto. 

En el cruce epistolar se dibuja un pacto de trueque para incluir al arrepentido criminal en el beneficio de la sanción restrictiva de la libertad, a cambio de tener como verdad los señalamientos que profieran contra los estigmatizados como enemigos de la paz. Para apuntalar el simoníaco acuerdo, el senador Barreras presentará un proyecto de ley, cuya aprobación permitirá el ingreso de los jefes paramilitares a la JEP, cabeza de un sistema de justicia transicional insólito en el DIH, porque diseñado en convenio con sus beneficiarios y a la medida de sus intereses. Asistimos a la aplicación del concepto de que la paz está por encima de la justicia, formulado en mala hora por quien fuera presidente de la Corte Suprema y hoy prófugo de la justicia por el proceso denominado como el Cartel de la Toga. Ese lavado de responsabilidades parece contar con el asentimiento del Nobel de Paz, cuando, contrito, afirma “Siento, y es un error que cometimos, que los procedimientos quedaron muy engorrosos, somos un país muy santanderista, y se lo aplicamos a una justicia que es especial, le aplicamos leguleyadas al proceso y eso ha demorado muchísimo”. 

Y refuerza su habilidad de prestidigitador afirmando que “Este acuerdo de paz no es perfecto, es el producto de una negociación entre seres humanos que se estaban matando, si encontramos un consenso para mejorar la implementación, bienvenido sea. Siempre y cuando sea de consenso". Entierran la socorrida tesis de la intangibilidad del acuerdo de paz, porque ya identificaron el sustento normativo de esta opereta de impunidad en el artículo 63 de la ley de Justicia y Paz que dispone: “LEY FUTURA MÁS FAVORABLE. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores”

Los paramilitares como los militantes de las FARC que se acojan a la JEP tienen como primordial e insustituible responsabilidad las de decir la verdad y reconocer sus crímenes. Si no lo hacen, se les aplicarán las penas ordinarias de 15 a 20 años de reclusión. Los comandantes farianos en sus comparecencias han negado la verdad, lo que presagia la actitud de Mancuso y Cia. ¿Asistiremos al derrumbe de la Justicia Transicional de manos de sus autores y beneficiarios?     

El deterioro del sistema Interamericano de DDHH

       Mario González Vargas

La reciente sentencia de la Corte IDH tiene profundas consecuencias sobre el derecho disciplinario en nuestro país y en todo el continente. Como la sentencia condena al estado colombiano por la violación al artículo 23.2 de la Convención Americana de DDHH, la atención del gobierno debe centrarse en el análisis de la providencia y especialmente en sus alcances, como que dispone la competencia exclusiva de Juez Penal para sancionar a servidores públicos de elección popular, y ordena al estado modificar su ordenamiento jurídico, juzgado incompatible con la norma convencional. 

La Corte IDH, en atención a la petición de Gustavo Petro, después de 51 años se percató de la supuesta incompatibilidad de las normas constitucionales y legales colombianas con la Convención Americana de DDHH, a pesar de las muchas peticiones, en igual sentido, que por décadas no han merecido la atención de la CIDH. Inquieta la extensiva y desmesurada comprensión que hace de sus competencias de interpretación y aplicación de la Convención, que no se compadecen con los estándares internacionales vigentes. Desdeña las interpretaciones sistémica y teleológica de los tratados internacionales, que no se limitan al examen de su texto, de 1969, sino que incluyen diversos tratados posteriores sobre la misma materia para ajustarlos a los cambios sociales y a las nuevas realidades, con el fin de lograr un entendimiento coherente de la actualización del derecho internacional público. Por otra parte, la norma del artículo 23.2 de la Convención es extraña a la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros y contraria a las normas de las Convenciones contra la Corrupción de la OEA y de la ONU. No debe ignorar la Corte que, por similares decisiones, el Tribunal Europeo de Justicia se ha visto enfrentado a fundados desacatos a sus fallos que minan su credibilidad y respetabilidad y deterioran el sistema de justicia.

El Sistema Americano de DDHH vive una crisis que se evidencia también en la indolencia de la CIDH, que demora hasta un decenio la admisibilidad de las peticiones, sin consideración a su carácter de urgencia, que solo interrumpe cuando comparte credos ideológicos, y que, además, se transluce en el insólito reto que hoy plantea a las indiscutibles competencias del Secretario General de la OEA. Tal como funge hoy, la CIDH asume la condición de parte que solo debería ejercerse por la víctima, sin intermediación, porque solo a ella le asiste la legitima pretensión a la restitución de su derecho y a la reparación consiguiente.

Colombia debería promover el protocolo de reformas a la Convención que fortalezca el Sistema de DDHH en América. En el sistema europeo se suprimió la Comisión en 1998, lo que favoreció la celeridad en la atención de los derechos vulnerados. Sería oportunidad para hacer claridad sobre el alcance de la interpretación, que no puede ni debe extenderse a “crear derecho o a “desarrollar la Convención, sino solamente a interpretarla, como reza su mandato.

La elección de Margarita Cabello constituye aporte sustancial a esta tarea. 

Colombia de plácemes por entierro de otro intento de Fracking

Por: Bernardo Socha Acosta

Pretender lograr la sostenibilidad energética de Colombia a través de la explotación de yacimientos de hidrocarburo a través del ya conocido y tan cuestionado  fracking, no es solo un capricho atrasado y atentatorio de la riqueza hídrica nacional,  sino una demostración de obscurantismo y de ignorar las oportunidades que tiene el país de aprovechar otras fuentes energéticas como la solar y la eólica que no contaminan y no le hacen daño a la naturaleza ni a la población.

Las pretensiones del gobierno y de las bancadas del congreso de la república que se jactan de ser una aplanadora que dominan a sus contrincantes y al país, son las peores acciones políticas  que los colombianos no podemos aceptar. Y no podemos aceptar ni tolerar, porque, quienes con sentido de solidaridad social, cuidamos y valoramos el agua, debemos condenar con airadas pero categóricas posiciones, estos propósitos, o mejor, despropósitos de quienes han sido elegidos por voluntad del pueblo en busca de una ejemplar representación en el ente donde se hacer las leyes.  

Por fortuna los congresistas que demuestran ser de la nueva época, y valoran un recurso vital como el agua, se sobrepusieron  y desenmascararon un llamado MICO que llevaba camuflado (como simpre) el proyecto sobre reforma a la ley de regalías. Felicitaciones por ese acto de soberanía e independencia política,  porque   fueron superiores a los intereses de quienes no miden las funestas consecuencias que traerá para el futuro del país y en especial de la población, una explotación de reservas fósiles para aumentar la oferta energética nacional, mediante sistemas malsanos como el Fracking, que para hablar en castellano, no es más que un sistema para fracturar de manera hidráulica la corteza terrestre rocosa del subsuelo para extraer de forma no convencional petróleo y gas.

Pero, el sistema Fracking, no solo es una amenaza a la estabilidad de los niveles del agua, sino los graves riesgos y amenaza de contaminación hídrica, que producen los mortíferos y peligrosos químicos que utiliza esa técnica para obligar al petróleo y gas a salir hacia la superficie luego de la fracturación de rocas.

Y es que el hecho de que el estado colombiano sea el dueño del subsuelo, como lo consagra la Constitución, (art. 332) no le da derecho a los congresistas ni al mismo gobierno, pretender arruinar otros recursos más valiosos como el agua y un ambiente sano, libre de tóxicos.

La población colombiana se pregunta, el por qué, el gobierno y el Congreso de la república en cambio de seguir insistiendo en buscar energía de las fuentes fósiles, no invierten en aumentar la oferta energética mediante otras fuentes de las que gozamos en abundancia por ser un país sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida, como el sol y los vientos para producir energía limpia de cualquier contaminación.

Y finalmente los colombianos debemos estar de plácemes porque fracasó una parte del Congreso de la república  que intentaba una vez más imponer el sistema Fracking para explotar yacimientos de hidrocarburos, gracias a una parte progresista de congresistas que logró el entierro del llamado mico que tenía el proyecto de reforma a la ley de regalías.

bersoa@hotmail.com

Quien es el interesado en prestarle 370 millones de dólares a Avianca

              Por: Bernardo Socha Acosta

El gobierno del señor Iván Duque, está borrando con el codo lo poco que ha hecho con la mano. A quién se le ocurre que el Ministrico de hacienda otorgue un crédito millonario, sí crédito, a la Compañía Avianca, tomando recursos de un Fondo que debe tener la mayor garantía para cumplir sus obligaciones misionales. 

El crédito como ya todo mundo lo sabe, es por 370 millones de dólares, y no se sabe qué garantías tenga para que no se vaya a convertir en otro desangre más de los que tanto tienen las arcas públicas.

Pero lo más que da ira y debe causar repudio entre los colombianos, es que luego que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla hace el anuncio como si fuera plata de su bolsillo, sale el presidente de la república, Iván Duque, a congraciarse dándole su respaldo como si estuviera haciendo una gran AZAÑA en favor de los 48 o 50 millones de colombianos. Y la Azaña se la está haciendo, pero a un grupo económico privilegiado.

En esta decisión,  sí los colombianos debemos, no pedirle, sino exigirle al Congreso de la república y a los entes de control, para que actúen  y defiendan los dineros del estado, que son dineros de los colombianos.

370 millones de DÓLARES en un préstamo del gobierno a la Empresa  AVIANCA? Increíble.  Eso si es como para que los colombianos nos sentemos a llorar, de ver cómo deliberadamente el gobierno sigue mostrando   su capacidad de hacer lo más  absurdo que gobierno alguno haya hecho ante la mirada impávida de un pueblo que se debate en medio de una pandemia que bastantes malos resultados viene dejando en materia de salud y pobreza, como para que los flamantes gobernantes despilfarren los dineros que según el mismo Ministro de hacienda y el presidente, el país no tiene para atender las necesidades que ha generado el Coronavirus, pero para prestar 370 millones de dólares, si hay plata.

Este préstamo multimillonario, no es más que una fatal y desafortunada  decisión del gobierno para congraciarse con un pulpo económico, porque los dueños de  AVIANCA no son unos proletarios que tengan en riesgo una empresa colombiana. No. Ellos (los accionistas de Avianca) son integrantes de un grupo de capital muy solvente que tienen las puertas abiertas de la banca mundial y el préstamo que el gobierno de Colombia le aprobó, es  apenas una gota de agua en un océano, para ellos, pero para Colombia es un saqueo de las arcas, de mucho dinero. Además, fuera una empresa colombiana, habría la posibilidad de ser solidarios, pero Colombia apenas tiene una mínima parte de acciones en Avianca. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno en hacerle ese préstamo, que bien puede estar en riesgo?

Y ya la procuraduría general de la nación se pronunció al respecto y será por el momento el único ente de control que lo haga.

Ahora falta que el congreso de la república siente  su posición firme y no lo haga con paños de agua tibia, porque el Ministro Alberto Carrasquila (de hacienda) mira a los colombianos y al mismo congreso de la república como bichos raros que se entrometen en los asuntos que él quiere manejar, como si fueran negocios particulares, porque pretende manejar los intereses nacionales a su capricho.

Y no extrañemos que muy pronto nos sorprenda, anunciándole al país, (como ya lo hizo en plena pandemia) sobre la necesidad de presentarle la nueva reforma TRIBUTARIA a los que él considera sus asalariados  cortesanos  (el Congreso de la república)  con mensaje de urgencia para que se la aprueben lo más pronto,  para capitalizar más recursos de los gobernados y seguir haciendo préstamos  a grupos financieros, como en una actitud de ganarse puestos privilegiados para cuando salga del Ministerio de Hacienda.

Si los colombianos con toda esta burla no despertamos, estamos definitivamente llamados a ser de nuevo ESCLAVOS  de quienes tienen el poder y no hay congreso de la república ni entes de control.

bersoa@hotmail.com

Conjurar una amenaza inminente

        Mario González Vargas

Las trágicas muertes que se producen en el país en territorios sembrados de coca, pero huérfanos de la presencia de la institucionalidad, revela el mayor reto que el Estado colombiano enfrenta porque desnuda la magnitud de la amenaza que se cierne sobre la vida de los colombianos y la seguridad e integridad del territorio nacional. Conjurar ese inmenso desafío requiere no solo de la unión nacional, hoy esquiva, sino también de una alerta conciencia ciudadana sobre los peligros que se ciernen sobre Colombia.

La violencia en algunos territorios nacionales no debe verse solamente como efectos residuales de la violencia guerrillera, porque obedece a dinámicas diferentes y a escenarios geopolíticos que desbordan ampliamente a los que alimentaron la confrontación con las organizaciones subversivas. Hoy, la lucha no es simplemente por el poder, a la usanza de las Farc, ni se concentra exclusivamente en el narcotráfico y la minería ilegal y los réditos que ellas generan, con las que se persiguen  dominio de territorios carentes de institucionalidad, sino que responde a intereses geoestratégicos que apuntan al derrumbe de la democracia colombiana y a la alineación del país en las filas progresistas que no renuncian a un colectivismo trasnochado que aún perciben como la punta de lanza contra el sistema capitalista. Su tarea se ha visto facilitada por la desidia del Estado para extender y asegurar su presencia en todo el territorio nacional, lo que ha permitido la expansión de grupos armados ilegales a expensas del aparato estatal, y que gozan, además, del apoyo de Maduro que ha convertido a Venezuela en la retaguardia y santuario de todas las organizaciones criminales que siembran la muerte en Colombia. En ese contexto el terror se convierte en instrumento de control de territorios y comunidades y las masacres en el procedimiento extremo y sangriento para hacer de la violencia la herramienta de poder. En esa contienda, sin límites de humanidad, toda atrocidad se le adjudica al gobierno y todo esfuerzo por mitigar la violencia se estigmatiza como violación de derechos humanos, quizás porque se percatan que en Colombia hemos sido más exitosos en cimentar la democracia que en construir Estado.

Esa guerra de todas las organizaciones criminales entre ellas, y de ellas contra el Estado, se ve ahora potenciada por la adquisición de misiles iraníes por Maduro para uso del ELN, las Disidencias de las Farc, Nueva Marquetalia y demás grupos criminales que suponen una amenaza nunca experimentada por Colombia y que goza de solidaridad en sectores políticos legales del país. Hoy más que nunca se requiere una política de seguridad integral, con visiones regionales, que apunte al control territorial, la protección de la población y la desarticulación de los aparatos criminales. La creación del cuerpo élite, la aspersión aérea de cultivos de coca y el plan de zonas futuras, son un buen principio, pero deben complementarse con el desmantelamiento de las estructuras criminales y el fortalecimiento y presencia del Estado en todo el territorio que le permita ejercer el monopolio de la violencia legítima.          

Que dicen los médicos sobre retorno a la normalidad

Por: *Enrique Rojas*

*Médico* *Inmunólogo*

Se "flexibilizará" la cuarentena por la  presión social generada por necesidad económica; no se levantará por criterio médico ni científico.

El criterio médico es seguir en casa por lo menos 2 meses más, pero eso no se está cumpliendo. El virus ya está en todas partes y no se irá por arte de magia o milagro.

La vacuna no llegará en meses, la primera, con plazo de estudio,  peligrosamente recortado (para conocer efectos secundarios) puede llegar en enero del 2021... hasta ahora no hay un medicamento seguro y eficaz.   Solo se ayuda a sobrevivir mientras el virus cumple su ciclo y el organismo se inmuniza. 

Es cierto que con el tiempo la mayoría nos iremos infectando; porque será inevitable ir al banco, al mercado, al trabajo o alguien traerá el virus de la calle a la casa;  pero no es lo mismo enfermarse ahora que después.

En este momento y en los próximos dos meses, los servicios hospitalarios no les darán la mejor atención, así quieran, ya que no hay equipo ni camas suficientes. En dos meses los casos disminuirán y tendremos más posibilidades de conseguir un ventilador y tendremos experiencia y los hospitales ya no improvisaran ambientes, tendremos más posibilidades, ganemos tiempo, infectarse ahora es muy riesgoso, si desarrollas la enfermedad tienes más posibilidad de morir, piensa en tú familia, eres valioso para ellos. Ahora depende de ti.

*Me preocupan mucho algunos comentarios en redes sociales que demuestran nuestro escaso razonamiento:* fomentar reuniones después de levantar la cuarentena, alentar que abran los gimnasios y restaurantes, proponer paseos en grupo, fiestas y reuniones, todo eso  acelerará y hará mayor el riesgo. Por favor, mantengan las medidas de aislamiento, que no importe que el vecino, la amiga, el primo ya estén volviendo a vida normal y hagan reuniones (alguien puede ser asintomático y ni siquiera saberlo) no los imites. Cuídate y cuida a los tuyos. Así que ya saben: si se enferman no hay camas, tendrán que esperar que alguien se muera para ocupar esa cama y si tienen más de 60 años o alguna co-morbilidad no estarán en lista de espera de un ventilador, la preferencia la tienen los jóvenes porque tienen más posibilidades de sobrevivir, y nadie podrá interceder por nosotros.

Disculpen que sea duro y pueda caer mal pero siento la responsabilidad de decirles esto sin adornar los términos, ustedes transmitan esto con sus propios términos pero háganlo por favor, adviertan a sus familiares y amigos, sigan manteniendo el aislamiento lo más que se pueda y también las medidas de seguridad como el lavado de manos y el uso de mascarillas.

*Enrique Rojas*

Médico inmunólogo

Procuradora de bolsillo del presidente y el Senado

          Por: Bernardo Socha Acosta

Tienen razón quienes reniegan hasta la saciedad de la existencia de una rama del poder público colombiano (congreso de la república) que demuestra una y mil veces su inclinación incontrolada por la corrupción.

Luego de la elección de la señora Margarita Cabelle como procuradora general de la nación, esta redacción hizo  un sondeo  general de opinión, encontrando el peor concepto de los SENADORES  que se prestaron con la llamada COALICIÓN gobiernista para elegir a la candidata ternada por el presidente de la república.

Todos coincidieron en señalar que, hoy esos congresistas prepararon el peor complot de corrupción para que entre dos ramas del poder público, se cometan los peores y más aberrantes desafueros  contra los intereses nacionales, sin que haya organismo alguno de control que fiscalice los reprochables actos en cualquiera de las ramas comprometidas.

Y, la protesta no es por la persona elegida, porque podrá ser de las mejores calidades, pero no va a poder cumplir sus funciones independientemente, porque va a ser un apéndice, que estará atada a los caprichos del presidente de la república y de los senadores a quienes les debe su cargo en un aparente ente de control, pero que al final va a ser es una subalterna de ellos.

Y los congresistas que la eligieron no podrán tener una sola justificación del acto consumado, porque había otros dos candidatos provenientes de  la Corte y el Consejo de estado, candidatos de las más altas calidades, que alguno de ellos podría haber sido elegido, para que hubiera independencia en la Procuraduría general, independencia que seguramente incomodaba a los señores SENADORES, y la opinión entenderá por qué.

Y con estas actuaciones politiqueras lo único que Colombia está logrando es que la inconformidad y  la protesta social se fortalezcan, porque serán algunas de las herramientas que le queden a los sectores populares para decir, que no están de acuerdo con lo que hacen sus voceros en las corporaciones públicas y de sus gobernantes que desgraciadamente  escogieron, engañados con las falsas ilusiones y promesas.

 El pueblo colombiano que esté en desacuerdo contra estos actos reprochables de los Senadores, debe protestar de una u otra forma. La protesta no es solo salir a desfilar por las calles. Se puede hacer en cada una de las redes sociales y demás medios al alcance    expresando su opinión y su inconformidad, por la forma tan aberrante como actúan los congresistas, como burlándose de quienes los eligieron y como desafiándolos, para que vuelvan  a elegirlos y así seguir la funesta y peligrosa carrera que está llevando al país a uno de sus peores épocas absolutistas, nada diferente a como está viviendo un vecino país. Y es que esas épocas dictatoriales  se construyen con actos tan desvergonzados como la elección de funcionarios de los entes de control que no  ofrecen garantías, por su cercanía política y afinidad con quienes deben fiscalizar, para conservar los derechos de los gobernados.

Hoy, reitero, debe comenzar  una campaña contra esa inmoralidad, no por la persona elegida para la procuraduría, sino por el hecho tan monstruoso de poder y corrupción  de unos Senadores que se burlan de los colombianos. Hay que publicar por todos los medios al alcance los nombres de los congresistas que hicieron este desafío, para que se mantengan en cuenta o lista NEGRA para desecharlos en las próximas elecciones, si queremos  recobrar un poco del respeto, del que se merece el pueblo.

bersoa@hotmail.com

La sentencia de la Corte IDH

Mario González Vargas

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre el caso Petro desató un debate en el que hasta ahora han prevalecido los odios y sesgados intereses políticos sobre el análisis desapasionado que debe predominar para orientar las decisiones que el Estado debe tomar necesariamente. Los fallos de la Procuraduría que han decretado sanciones a servidores públicos de elección popular, siempre se han tomado de conformidad con el diseño constitucional vigente en Colombia. La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que las sanciones disciplinarias de la Procuraduría no contrarían lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Convención Americana. “En los últimos años han tomado fuerza las interpretaciones sistemática y teleológica de los tratados internacionales, las cuales permiten ajustar el texto de las normas internacionales a los cambios históricos…. el contexto que sirve para interpretar una determinada norma de un tratado internacional, no se limita al texto del instrumento internacional del cual aquélla hace parte, sino que abarca diversos tratados que guardan relación con la materia objeto de interpretación; ... a pesar incluso de que éstos últimos hagan parte de otros sistemas internacionales de protección de los derechos humanos... los tratados internacionales no se interpretan de manera aislada sino armónicamente entre sí, con el propósito de ajustarlos a los diversos cambios sociales y a los nuevos desafíos de la comunidad internacional, siguiendo para ello unas reglas hermenéuticas específicas existentes en la materia, las cuales conducen a lograr una comprensión coherente del actual derecho internacional público”  Por ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en afirmar que “la facultad que le otorgó el legislador  a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.”.

Desconcierta que la IDH fundada en una interpretación literal del artículo 23.2 de la Convención, después de 51 años descalifique el diseño constitucional colombiano e intente obligar al país a modificar su ordenamiento jurídico para ajustarlo a esquemas vigentes en 1969. Hacerlo, en las condiciones expuestas en la sentencia, no solamente extiende la exclusiva competencia del juez penal a las decisiones de carácter fiscal, sino que abre la puerta para su aplicación a todo servidor público que participe directamente en la dirección de los asuntos públicos. Por obra de la exclusiva competencia del juez penal, mediante sentencia, para sancionar a los servidores públicos, se reduce el derecho disciplinario a simples amonestaciones, se alienta la corrupción rampante que hoy nos afecta y se elimina la pérdida de investidura del ordenamiento jurídico, daños que no se compensan con convertir en delitos las conductas que hoy son meramente faltas disciplinarias, pero que se potencian con la previsible cascada de demandas que nos espera. El gobierno debe meditar cuidadosamente su respuesta al reto que supone la sentencia para nuestro ordenamiento jurídico, siempre en el entendido de que la izquierda persigue la deconstrucción del Estado de Derecho.

Nadie cree en una limpia elección de procurador general

Por: Bernardo Socha Acosta

El pueblo colombianos debe ponerse en estado de alerta contra eventuales componendas políticas que ya se tejen en el Senado de la república, bajo la inspiración del ejecutivo, que busca la elección de otro de los titulares de los entes de vigilancia y control (ahora la procuraduría general) que sea también del bolsillo de ambas ramas para que en lo posible no haya riesgo de vigilancia y control.

La terna de candidatos postulada es, Margarita Cabello, por el presidente de la república; Juan Carlos Cortés, por el Consejo de estado, y Wilson Ruiz, por la Corte Suprema de justicia.

Pero, ya se anunció la renuncia de uno de los postulados (el del consejo de estado) porque considera que no hay garantías, teniendo en cuenta que los Senadores de la llamada coalición  (Partido Conservador, el Partido de la U, el Centro Democrático y Cambio Radical,) ya tienen armada la componenda para elegir a la ternada del presidente de la república. Y si eso es así, para que siguen los otros dos candidatos pendientes de la burla de los mal llamados padres de la patria. Los dos candidatos restantes, solo recibirían los votos de los congresistas de la oposición que no ven correcto, que se elija a un Procurador que va a estar bajo el mando de los congresistas y de la presidencia de la república y entonces, cómo van a hacer vigilancia y control, para lo cual son esos cargos.

Por eso los colombianos deben estar pendientes de cuáles son los flamantes congresistas que elijan al, titular del ente de control, (la procuraduría) para que si, es el de bolsillo  del presidente (y de los senadores también) se tengan en cuenta para los próximos comicios al Congreso.  Ellos no deberían ser nuevamente elegidos al Congreso de la república (Senado) porque habrían traicionado la fe del pueblo que los eligió y eso merece un castigo ejemplar.

Margarita Cabello,  Wilson Ruiz    y Juan Carlos Cortés
Foto: Revista Semana

Pero, es que los colombianos, ese potencial votante, debe ejercer un verdadero CASTIGO contra quienes SUPUESTAMENTE nos van a representar en el máximo escenario donde se hacen las leyes y resulta que van, pero por sus propios intereses. Y suena bonito decir que donde se hacen las leyes. Ojala que fuera tan cierto, pero desgraciadamente ese escenario (el congreso de la república) es la rama que más desprestigiada está, precisamente porque allí la mayor parte de las normas que se aprueban están hechas, con intereses particulares para favorecer a los peores  de este país. Y lamentable que sea el congreso de la república, una de las ramas de los tres poderes, donde se arman  las PEORES  componendas, esa de la que estamos refiriéndonos para la elección de Procurador. Pero lamentable también, porque esa rama, es la que está dejando al país en la peor miseria económica. Es la rama del poder público para la que buena parte de lo pagan los colombianos por impuestos, se absorbe en un macabro despilfarro que ya muchos conocen.

Y no es que estemos prejuzgando maliciosamente sobre la elección de Procurador, porque ya todos los medios de comunicación, desde los más grandes, hasta los más modestos, lo han afirmado, que prácticamente la candidata a la procuraduría escogida por el presidente de la república, es ya la Procuradora, con una votación –aseguran los medios-  superior a los 54 votos que necesita. Los votos que la tienen elegida según los analistas políticos, provienen de la coalición conformada por:  Partido Conservador, el Partido de la U, el Centro Democrático y Cambio Radical.

Ahí no entran los votos de los senadores que aún conservan su verdadera representación popular y no se han dejado contaminar por las mal llamadas bancadas políticas del  poder para,.. qué. Pues para manipular y fraguar lo que les conviene.

Y ojalá –hay que rogar- que esos cálculos de votación que se hacen en el Senado, que ya se anuncia para elegir a Margarita Cabello, sucesor de del procurador Fernando Carrillo, resultaran un verdadero fracaso y que la elección se hiciera en cambio,  en cualquiera de los candidatos, Juan Carlos Cortés o Wilson Ruiz, para bien del país, para bien de las instituciones y para recobrar un poco de la desgastada credibilidad de los congresistas.

bersoa@hotmail.com