La Tiranía de las Minorías

 

Mario González Vargas

En las dos últimas décadas hemos asistido a la entronización del llamado pensamiento político correcto que se viene difundiendo en las sociedades democráticas, propagado por la izquierda radical que ha encontrado en ello una reconversión de su credo que le ha permitido ocultar los lastres que suponía el comunismo del siglo XX. Elaborado en las aulas de universidades estadunidenses, recibió entusiasta aceptación en los sectores de izquierda ansiosos de reducir al olvido sus culpas y las tragedias vividas en las autodenominadas republicas democráticas de Europa del este y sus símiles asiáticas y africanas. Al amparo de las naturales garantías que la democracia dispone para minorías, lograron falazmente atribuir a su condición la naturaleza de víctimas de relaciones de dominación e imputarlas al sistema democrático y capitalista. Así nació lo que hoy conocemos como progresismo. Convirtieron a los sectores sociales feministas, LGTBI e indigenistas en víctimas de supuestas dominaciones del varón, de los heterosexuales y de identidades raciales, sustituyendo así la bandera de la fallida lucha de clases.

En este contexto se inscriben hoy los derrumbamientos de estatuas, las palabras que se borran, la sintaxis que se manipula y la desconsideración del pensamiento del otro, en fin, todo lo que corresponda a esa nueva realidad de la dominación de lo minoritario. De la protección saltamos a la tiranía que solo engendra totalitarismo y sujeción. Se vuelve al estado totalitario, pero se proclaman nuevas razones.

La Minga dejó de ser una práctica para lograr beneficios comunes y hoy corresponde a esos nuevos escenarios de confrontación. Trocó su naturaleza colaborativa por un ímpetu político que se expresa en términos de dominación. Así lo explican sus líderes al reconocer sus fines políticos en desmedro de su naturaleza reivindicativa. Olvidados quedaron sus logros en materia de tierras, de autonomía para el manejo del territorio y de inversiones sin control ni auditorías, porque hoy se suman a la tarea de desestabilización del gobierno anunciada por Petro la misma noche de su derrota. Hacen parte de comunidades que integran cerca de 1.800.000 personas que habitan sus resguardos, y a los que se les reconoce la aplicación de sus leyes en virtud de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano. Como ciudadanos gozan del derecho a constituirse en movimiento político y a ejercer la oposición en alianza con otros partidos y organizaciones, como lo pretenden el 21 de este mes en Bogotá, pero deben ser conscientes del respeto a las reglas de la democracia en el ejercicio de su posicionamiento político. No caben los ultimátum, ni las imposiciones al presidente y al gobierno, y por el contrario deben tramitar su acción política de conformidad con las leyes que la rigen.

El gobierno está dispuesto a escucharlos y al diálogo social, como es su deber y talante democrático, pero no a someter al presidente a la algarabía de multitudes. Negarse a tramitar sus diferencias por el dialogo solo develaría un interés de confrontación y dominio al que ningún gobierno democrático debe someterse.  

La verdad sin ocultamientos

 

Mario González Vargas

La sorpresiva confesión del partido FARC de haber asesinado a Álvaro Gómez Hurtado parece más un nuevo capítulo entre los tantos que han dificultado desentrañar las causas del magnicidio y la identidad de los criminales. Sin embargo, esta vez el propósito aparenta no ser simplemente el de desviar las investigaciones, sino el de esconder la verdad al precio que fuera necesario, que active la competencia de la JEP para intentar borrar la verdad, entronizar el olvido e imponer las benignas sanciones acordadas en la Habana. Todo lo conocido hasta hoy sugiere la elaboración de una obra de ficción en momentos en los que la Fiscalía adelanta nuevas hipótesis que la acercan a verdades posiblemente incomodas, pero no por ello sorprendentes. Quizás sea ésta la explicación de la tardía solicitud de Piedad Córdoba a Timochenko y sus pares de aportar su relato sobre el asesinato del dirigente conservador, que éstos acogieron con inusitado pero veloz interés.

Son múltiples las inquietudes que se han suscitado. La más elemental es la de ¿porqué Piedad Córdoba se dispone ahora a revelar supuestas pruebas que conocía de antaño?; Es una explicación indispensable para no ser procesada y despejar cualquier duda sobre sospechas de ocultamiento de responsabilidades. Los líderes de la insurgencia no son los más calificados testigos. Maestros del engaño, deben aclarar si en las tratativas habaneras ocultaron su delito a su contraparte, para que no quepa la suspicacia de que el tema fue abordado en las conversaciones y mantenido en secreto hasta cuando fuera posible. Sorprende que, en asunto de tanta significación, todos los sectores autodenominados amigos de la paz y hasta el presidente de la Comisión de la Verdad hayan avalado la supuesta confesión, sin que ésta se haya acompañado de prueba distinta a la declaración de quien dirigió el macabro operativo. Tanta alharaca no sustituye el indispensable acervo probatorio, más necesario aún en razón de la práctica de la insurgencia de cumplir tareas por encargo. Del hecho confesado ni siquiera hay rastro en los computadores de Raúl Reyes y del Mono Jojoy. Desconcierta el odio hacia el líder inmolado por considerarlo enemigo de la paz, un hombre que perdonó a sus secuestradores, también subversivos, y que, con ellos y otros sectores políticos, construyó la Constitución del 91, tratado de paz fundado en el respeto de los DDHH que las Farc-Ep nunca acataron. Su muerte constituye un delito de lesa humanidad que no permite la amnistía ni el indulto y es imprescriptible.

La supuesta confesión del senador Gallo obliga al descubrimiento de la verdad que restaure la confianza de los colombianos en la Justicia y honre la memoria de Álvaro Gómez Hurtado. Es el reto de la Fiscalía y de la JEP, que se juega su supervivencia.  

Impartir justicia estimularía a que todos los sectores nacionales y los ciudadanos asuman la misma conducta y practiquen la misma virtud que Álvaro Gómez tuvo para con sus secuestradores. La verdad es poderoso factor de reconciliación. Evitemos que se opte por la indignidad y la deshonra.    

¿Para qué hablar de Fraternidad Universal…?

Por: Bernardo Socha Acosta 

Las propiedades, filosóficas, teológicas y humanísticas de la nueva encíclica del Papa Francisco "Fratelli tutti"  en la que clama por la fraternidad Universal y la amistad social han sido los factores  sobresalientes que han despertado todo tipo de análisis entre la iglesia y los seglares.

Un sacerdote amigo destacó que el documento del jefe de la Iglesia católica busca con estas reflexiones,  una salida a las grandes dificultades socioeconómicas e injusticias por las que atraviesa la humanidad y la oscura esperanza que tiene la población de niñez y juventud, con todo lo que está pasando, derivado principalmente del avaro apetito de hacer política, así sea por encima de los valores sociales.

Y los predicadores de la iglesia católica en las homilías del pasado  domingo, resaltaron cómo el papa Francisco hace énfasis en fraternidad y la amistad social, como medio para pacificar a los pueblos.

Pero, me comentaba el religioso, que esas intenciones del pontificado son excelentes desde el punto de vista teórico y mencionaba, que para infortunio de países como Colombia, parece difícil que se logre un clima armónico que coopere con el desarrollo social y económico, porque desgraciadamente los traficantes del ODIO y la venganza, tratan a cada instante de meter la zancadilla a todo lo que pretenda relacionarse con la PAZ.

El mismo religioso agregó que sin justificar los hechos, muchos de los alzados en armas que regresaron a la clandestinidad a empuñar las armas y a continuar con  la lucha violenta,  lo hicieron porque no vieron en el gobierno colombiano una garantía para el sometimiento a la justicia. 

Y, a renglón seguido, manifestó el vocero de la iglesia, que el gobierno nacional está más interesado en brindarle todas las garantías, pero a los ex – paramilitares, porque los destructores de la esperanza para quienes pensaron en regresar a la vida civil, desde las guerrillas, se convirtió en un sueño fallido por los verdugos de la politiquería, que desde el congreso de la república y la tenebrosa sombra, tratan de aconsejar al gobierno de turno para impedir a toda costa que los términos del Acuerdo de Paz se cumplan.

 Y agregó el interlocutor que, estas afirmaciones se están viendo hoy cuando los ex guerrilleros de las FARC con asiento en el Congreso de la república,  han confesado ser los autores de la muerte del dirigente conservador Alvaro Gómez Hurtado.  Unos cuantos  dicen que no fue las Farc, porque, así les representa un jugoso LUCRO económico  y a otros les representa consolidar sus falsarias acusaciones que han mantenido hace 25 años y también les renta falsos regocijos políticos, creyendo ignorantemente que eso les va a representar simpatías y abundancia de electores en cada sombría y triste elección al congreso de la república.

Eso, nos lleva a pensar que, en estas condiciones,  los deseos del pontífice con la nueva Encíclica, "Fratelli tutti", para Colombia es letra muerta, porque los traficantes del odio y los asalariados de la difamación, no permiten ni mencionar la fraternidad, porque, pareciera que  ellos solo se alimentan de los frutos de la politiquería, amén de las ganancias que les lanza la cadena de corruptos que mantiene a Colombia alimentándose de vestigios.

bersoa@hotmail.com

Claudia, la pesadilla de los bogotanos

 

Mario González Vargas

Finalizada la cuarentena el país enfrenta las urgencias de la reactivación de la economía, maltrecha después de la prolongada cuarentena que vivimos, que empujó a la baja todos los índices de productividad y disparó abruptamente el desempleo a niveles nunca alcanzados desde que se llevan estas mediciones. La pandemia exigió de los gobiernos nacional y territoriales un inmenso esfuerzo por preservar la salud y simultáneamente mitigar los impactos sobre la economía, en medio de un escenario nunca enfrentado en los tiempos de vida de todos los habitantes del planeta. Exigió el máximo de buen juicio, de innovación y de capacidad de afrontar lo impredecible por parte de todas las autoridades, así como para estimular la prudencia, precaución y disciplina de la ciudadanía.

Después del largo confinamiento es necesario evaluar la gestión realizada por los gobernantes para lidiar con la propagación de un virus mortífero y desconocido y sus resultados sobre la vida y salud de la gente, así como sus impactos sobre la economía de las sociedades a su cargo. Al gobierno nacional le correspondió dictar las políticas de carácter nacional, pero su ejecución en las entidades territoriales estuvo a cargo de sus respectivas autoridades.

En medio de las disimiles situaciones relativas a los tiempos de expansión del contagio en las distintas regiones y de las diferentes políticas aplicadas por los mandatarios, resulta sin embargo posible hacer un primer balance y avizorar las medidas y objetivos para orientar la reactivación con énfasis en la salud de los ciudadanos.  

Desgraciadamente, la ciudad capital, a pesar de haber sido sometida a la cuarentena más prolongada, arroja los peores resultados en todos los aspectos objeto de medición.  En términos económicos, presenta resultados lamentables que indican un excesivo deterioro en la tasa de empleo que alcanza un 25%, con una pérdida de más de un millón de empleos, y un detrimento en el ingreso de los hogares de más de 22 billones de pesos. En mortalidad, por millón de habitantes supera ampliamente a todas las capitales del país y, con excepción de Lima, a todas las capitales de Iberoamérica. En el comercio, sigue siendo la ciudad más rezagada del país, resultado inesperado para una ciudad con los mayores ingresos y capacidad de endeudamiento, lo que indica un déficit en la capacidad de gestión de la alcaldesa que muestra una incontrolable propensión a ocultar sus omisiones arropada en controversias que constantemente suscita con el presidente y sus ministros.

Ante la probabilidad de rebrote que Claudia auspicia con el estímulo a protestas teñidas de vandalismo, no se percibe en ella disposición para trabajar en unión del gobierno y empresarios que permita inversión en el empleo y mayores transferencias a los más vulnerables, que estimulen la recuperación de la salud y de la economía. Cuenta con las herramientas para hacerlo, pero no logra dominar las contradicciones que la atormentan entre privilegiar su credo ideológico o atender las responsabilidades de su cargo. Esa incapacidad se torna en pesadilla para los bogotanos.         

 

El pulso que el presidente, ni Colombia pueden perder

Mario González Vargas

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela sin precedentes ha resuelto violar las normas que la rigen, con el propósito de consumar un golpe de estado en modalidad judicial contra las demás instituciones del Poder Público. Ese fallo notifica al ejecutivo y al legislativo el advenimiento de la tiranía de los jueces que padeceríamos en el futuro. Revoca el fallo de 1ª instancia que desechó la tutela por improcedente y pretende consumar su arbitrariedad al amparo de una decisión constitutiva de un presunto delito de prevaricato para someter al régimen de libertades a sus torvos caprichos.

La tutela, temeraria, viola la ley por infringir los requisititos del decreto 2691/1991 por versar sobre asuntos anteriormente fallados y sobre hechos ya acaecidos, y por carecer de respaldo probatorio y sus accionantes de legitimación activa, los que, además, no ejercieron los mecanismos judiciales ordinarios a su alcance. No contenta con ello, la CSJ optó por desconocer la separación de poderes y las prerrogativas presidenciales en el manejo del orden público, ordenando al Congreso aprobar un estatuto que rija la protesta pacífica y exigiendo al presidente, por una parte la expedición de un acto administrativo que obligaría a los miembros de la Rama Ejecutiva a neutralidad en las manifestaciones no violentas, y por la otra, otro acto reglamentario de la aplicación de las jurisprudencias de la Corte Constitucional y Corte IDH y las recomendaciones de Naciones Unidas en relación con el uso de la fuerza en las manifestaciones de protesta social. Quebranta la Constitución al imponer deberes a la Defensoría, Fiscalía, Procuraduría y Policía Nacional, ajenas a sus competencias; y ordenar al Congreso aprobar un estatuto que rija la protesta social, y asignar deberes de acción y omisión a la Policía que ponen en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos ajenos a las manifestaciones. Se trata de ordenes no fundamentadas en la parte motiva del fallo. La CSJ no puede abrogarse competencias que no tiene, ni colegislar y coadministrar mediante fallos que constituyen violación flagrante de la CN, porque ejerce atribuciones que le son prohibidas.

El definitivo destape de la CSJ encarna un desafío de enormes consecuencias para el régimen constitucional colombiano. Por ello, el golpe de estado en curso no permite dilaciones ni contemporizaciones, sino que clama por acciones que lo contrarresten y desactiven. Ante la violación flagrante de la Constitución el presidente tiene la obligación de asegurar su respeto por parte de todos los poderes del Estado. Elegido por el pueblo, prevalece sobre la CSJ que tiene prohibido desbordar sus competencias y cuyas vacantes son provistas por sus miembros en procedimiento cuyos secretos merecen investigación penal

Este es el último eslabón de un proceso político adelantado desde la burla del plebiscito por sus perpetradores y la izquierda, hoy incrustada en la Justicia, y que amenaza poderosamente la vigencia e integridad de la democracia colombiana, Es un pulso que el presidente no puede perder.      

El papel pasivo del Congreso de la república frente al covid 19

 Por: Bernardo Socha Acosta

Ya transcurridos 6 meses de haber llegado la desdicha de la pandemia del Coronavirus a Colombia y de estar bien avanzado el descenso de contagios, con 700 mil pacientes recuperados (hoy) de los 806 mil casos (a la fecha) no se puede pasar inadvertido de, quiénes lo ignoraron y dejaron de hacer cualquier acción en la búsqueda de soluciones a tantos problemas que esa enfermedad ha representado, especialmente, como siempre, para la población vulnerable.

Comencemos por decir que el Congreso de la república, con el rol que juega ante los colombianos, cuando cada uno de los integrantes de las dos cámaras  legislativas busca a los electores por todos los departamentos y municipios del país, para pedir su voto, nos ha dejado sorprendidos por la frialdad, insensibilidad y desconocimiento social que ha tenido. Para el congreso de la república no le ha merecido ninguna atención.

Para el congreso de la república, la  desgracia del covid 19 que mantuvo, no solo en aislamiento preventivo a los colombianios, sino que para una gran mayoría fue uno de los más graves castigos por las privaciones económicas, esa alta corporación pareció ignorarlo.

Es que en una tragedia como la vivida por tantas familias colombianas, que sin la menor posibilidad de devengar un centavo para cubrir las más elementales necesidades del ser humano, es donde se mide la comprensión y sentido humanitario de quienes integran instituciones como el congreso de la república, uno de las organismos del poder público, que bien hubiese sido la gran oportunidad de reivindicarse con el sufrido el pueblo colombiano, haciendo una pequeña donación de sus ALTISIMAS dietas (más $30 millones mes en efectivo) pero no fue así.

Qué lástima que las mesas directivas de las dos cámaras, no hubieran tenido la iniciativa de crear un fondo solidario  que demostrara  el sentido de corresponsabilidad de ese ente para con el pueblo colombiano que cada cuatro años vota por ellos para mantenerlos en esa corporación que en muchas veces legisla, no propiamente en beneficio del conglomerado social, sino de intereses particulares, prevalidos del poder que les dio el pueblo.

El congreso de la república de Colombia, fue totalmente ajeno a todas las preocupaciones y necesidades que la pandemia en su momento más crucial, representó.  Ese poder público pareció ignorar todo lo que pasó a su alrededor, seguramente por su indolencia y desidia que lo ha caracterizado a través de los últimos años o décadas. Esas circunstancias limitan al congreso de la república, para entender que Colombia está en camino de un pasadizo peligroso  de la mayor gravedad y no precisamente por el coronavirus, sino por la pandemia mayor que es la politiquería corrupta y el desaforado apetito de poder que les impide ver con claridad los problemas que estamos viviendo.  Cuándo despertará esa llamada rama del poder público; seguramente cuando el pueblo adormecido despierte, reacciones y elija a sus verdaderos voceros.

Finalicemos diciendo que el coronavirus en Colombia ha sido una verdadera tragedia, porque la enfermedad ya ha matado –según la historia- un número mayor de personas (25,296) que las dejadas en  la tragedia de Armero. De modo que es y seguirá siendo la mayor tragedia donde instituciones del estado que tienen mucha relación con los colombianos, lo ignoran a pesar de estarse LUCRANDO. Es hora de pasarle cuenta de cobro, con sobrada razón. 

bersoa@hotmail.com

Falta de planeación para ciclo-rutas, el peor fracaso de la alcaldía

Por: Bernardo Socha Acosta

La necesidad de hacer campañas y promover medios de transporte no contaminantes, es una necesidad de lógico sentido, no solo en Bucaramanga, sino en todas las ciudades de Colombia y del mundo, para que no sigamos aumentando la movilidad con medios de transporte impulsados por combustibles derivados de los fósiles. Eso lo tenemos muy claro quienes consideremos que gozamos de un sentido racional y sosegado como para actuar sin el riesgo de estar cometiendo los errores más deplorables, lamentables y garrafales que causan daño a los demás como está pasando con la administración del actual alcalde de la capital de Santander.

Y esto lo digo y lo corroboraron más de una decena de personas con quienes realice un sondeo, sobre las obras que continuó adelantando el gobierno de Bucaramanga, relacionadas con las ciclovías.  Las ciclovías son tan necesarias como como es tan indispensable una malla de calles y carreras que faciliten la evolución de una ciudad y una sociedad que está en constante crecimiento. El progreso no se puede detener y quienes lo hagan son seres con una mentalidad recortada. Está bien –y nadie lo está negando- que se realicen obras para incentivar la utilización de la bicicleta como medio de transporte, pero hagámoslo bien sin el riesgo de hacerle daño a los demás y poner en riesgo la vida de los ciclistas con la atracción gravitacional de los vehículos grandes con los pequeños. 

Y pretender incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, no justifica que las autoridades prevaliéndose del poder, cometan los peores y más infames actos, como es,  desmembrar una vía arteria preferencial como la carrera 21, que fue ampliada con sacrificios, no solo de la administración municipal del momento, sino de los dueños de inmuebles que debieron despojarse de ellos para dar paso al progreso. 

Acabar con un carril vehicular de una vía arteria como la carrera 21 que facilitaba el fluido automotor de sur a norte, es algo que no tiene perdón… Hacía unos 5 meses que no transitaba por esa carrera, por motivos de la pandemia y por algunos otros factores ajenos y este fin de semana utilicé esa vía y quedé, en medio de la ira y la sorpresa, estupefacto, al ver que pasaron, primero, tantos años de ser una carrera  reducida pero tan utilizada por la industria del transporte  y por fin hubo una administración municipal con visión de futuro y tras muchas circunstancias se logró la ampliación, para que fuera un eje vial preferencial de Sur a Norte. Ahora llega una administración municipal con un negativo sentido de futuro global y en una acción bárbara  acaba con un carril con el prurito de hacer obras para el transporte en bicicleta. Eso no tiene el mínimo sentido. Esa es una acción infantil carente de cualquier sindéresis.  En una acción de verdadero gobierno progresista y con  perspectiva de ciudad y sociedad, hubiera destinado otra de las vías que no tienen la circulación vehicular  que tiene la 21, para que hubiera hecho esa ciclo-ruta o coclovía, quizás con más garantía para los ciclistas, porque en las condiciones que se hizo no es favorable para un ciclista que puede de un momento a otro accidentarse por el harto flujo automotor que tiene la carrera 21 hecho que puede inesperadamente ocurrir una tragedia, sabiendo que la tracción que produce un vehículo en marcha puede atraer a los ciclistas y causarles daño y hasta la muerte.   

Ahora dirán los defensores de tan absurda idea, que esos proyectos se realizan en otras ciudades y por qué aquí no se pueden... Si, nadie lo está negando, pero en circunstancias geográficas diferentes. Por ejemplo, en Bogotá se pueden hace ciclo-rutas paralelas a grandes autopistas, pero como hay suficiente espacio, se deja un buen separador entre los carriles vehiculares y la ciclo-ruta. Aquí no porque no hay espacio y es necesario hacer la cliclo-ruta por otra vía de casi nula circulación de automotores de gran tonelaje. Pero lo que se hizo por la carrera 21, repito, es una bestialidad y no una gran azaña. 

De tal manera que cometer esa calaverada que no demuestra más que una desproporción mental  y un sentido de retroceso que no lo comete ni el peor ignorante. Y, no lo comete una administración municipal sensata, porque no se puede acabar un servicio público como es el de movilidad, máxime cuando la carrera 21 tenía reciente transformación porque fue ampliada con carriles que ayudaban a la comunidad a desplazarse con mayor fluidez. 

Ahora en ese eje vial, el común denominador, es la acumulación vehicular, los graves trancones, el despertar del mal genio de conductores y pasajeros, accidentes, muertes y una serie más de aspectos negativos, porque la tradicional y cómoda carrera 21 se acabó.  Ahora las personas que van a laborar tienen que irse dos horas antes para llegar a tiempo a sus fuentes de trabajo, todo porque la administración municipal, sin ningún sentido futurista, quiso hacerles una obra a los ciclistas, pero con la corta reflexión, no se imaginó que esa cliclo-ruta es una grave amenaza  para quien se atreva a desplazarse por ahí, repetimos, porque los vehículos grandes atraen por acción de la física a los pequeños y los lanza a las ruedas con las consabidas consecuencias. En cambio, si hubiera hecho una ciclo-rura por una vía de menos tráfico, no habría ese grave peligro.  Entonces al final, esa obra se va a convertir en otro de tantos ELEFANTES blancos que hacen los gobiernos sin ninguna PLANEACIÓN, sino con el ánimo de fanfarronear. Esta ciclo-rura puede convertirse en un trampolín de la muerte.

bersoa@hotmail.com

Una reforma que necesita ajustes

 

      Mario González Vargas

El video que muestra la acción repudiable de dos agentes de la Policía Nacional en contra del ciudadano Javier Ordóñez, desató la natural indignación ciudadana, no solamente por la crudeza del sometimiento físico de la víctima, sino también por su posterior fallecimiento en las instalaciones del CAI próximo al lugar de los hechos. El entendible repudio que despertó la violencia de los dos agentes involucrados, suscitó comprensible protesta social que se vio acompañada de la acción vandálica de todas la organizaciones criminales y terroristas, siempre al acecho de torcer acontecimientos que favorezcan sus propósitos delincuenciales y sus objetivos políticos. Prevaleció injustamente la condena anticipada a toda una institución fundamental para el orden público, el ejercicio de las derechos y libertades públicas, indispensables a la seguridad y convivencia ciudadanas y a la gobernanza de las autoridades. Sirvió de oportunidad inesperada para que desde la izquierda se intente una vez más el desprestigio de los cuerpos de la Fuerza Pública, tan necesarios al mantenimiento del orden, pero tan vilipendiados por los adversarios del sistema económico y democrático que nos rige. 

Con esa orquestación maliciosa por el desmantelamiento de la estructura actual de la Policía Nacional, bajo la necesidad de una reforma estructural, no solo se desechan los logros alcanzados desde 1993 en el proceso de reforma de la institución, sino que se persigue convertirla en el dócil instrumento de autoridades políticas locales que desvirtúa y desnaturaliza su misión constitucional. La reforma iniciada en 1993 ha venido adelantándose con las necesarias modificaciones que exigen los tiempos, y se han evidenciado en un notable profesionalismo de nuestra policía que hoy asesora muchas de las fuerzas del orden en el continente en la transformación de sus visiones, misiones y operaciones.

Necio sería desconocer la necesidad de realizar ajustes que aconsejan situaciones que han venido aflorando y la que acaba de suceder, que ponen de relieve escenarios que han entorpecido la continuidad del proceso de reforma y golpeado el prestigio de la institución. En los últimos diez años, se ha reducido el presupuesto de la Policía, lo que inevitablemente ha afectado el reclutamiento, salario, prestaciones, formación, capacitación, equipamiento y operatividad de la Policía y congelado ascensos desde patrulleros hasta intendentes. En los últimos años se viene erosionando la unidad de criterio en los más altos niveles de comando, que ha desarticulado la cadena de mando, sembrado confusión y favorecido la inestabilidad en el control de situaciones de grave afectación del orden social. La inteligencia, que ha sido el mayor activo de la reforma, inexplicablemente falló en la previsión y contención de la barbarie vandálica   Hay una crisis de liderazgo que el gobierno debe atender con premura.

Debe restablecerse la figura del Comisionado para la Policía, veedor ciudadano que ejerza la vigilancia del régimen disciplinario y operacional y verifique el respeto de los DDHH y el cumplimiento de las normas para el funcionamiento de la institución. Restablecer ese vínculo es crucial para la confianza de la ciudadanía en su más cercana institución.

¿El derrumbe de la justicia Transicional?

Mario González Vargas

El intercambio epistolar de Álvaro Leyva con Salvatore Mancuso implica un cambio de tercio en la estrategia de la oposición auxiliadora de las Farc, para extender un manto de impunidad sobre todos los delitos perpetrados durante el conflicto armado. Con el cruce de cartas se abandona el perverso ejercicio de baranda en los despachos judiciales, tan caro a Iván Cepeda, para situarlo en escenario de aparente juridicidad, consistente en confesiones destinadas a ocultar los pecados propios por medio de acusaciones indiscriminadas contra los enemigos en el conflicto. 

En el cruce epistolar se dibuja un pacto de trueque para incluir al arrepentido criminal en el beneficio de la sanción restrictiva de la libertad, a cambio de tener como verdad los señalamientos que profieran contra los estigmatizados como enemigos de la paz. Para apuntalar el simoníaco acuerdo, el senador Barreras presentará un proyecto de ley, cuya aprobación permitirá el ingreso de los jefes paramilitares a la JEP, cabeza de un sistema de justicia transicional insólito en el DIH, porque diseñado en convenio con sus beneficiarios y a la medida de sus intereses. Asistimos a la aplicación del concepto de que la paz está por encima de la justicia, formulado en mala hora por quien fuera presidente de la Corte Suprema y hoy prófugo de la justicia por el proceso denominado como el Cartel de la Toga. Ese lavado de responsabilidades parece contar con el asentimiento del Nobel de Paz, cuando, contrito, afirma “Siento, y es un error que cometimos, que los procedimientos quedaron muy engorrosos, somos un país muy santanderista, y se lo aplicamos a una justicia que es especial, le aplicamos leguleyadas al proceso y eso ha demorado muchísimo”. 

Y refuerza su habilidad de prestidigitador afirmando que “Este acuerdo de paz no es perfecto, es el producto de una negociación entre seres humanos que se estaban matando, si encontramos un consenso para mejorar la implementación, bienvenido sea. Siempre y cuando sea de consenso". Entierran la socorrida tesis de la intangibilidad del acuerdo de paz, porque ya identificaron el sustento normativo de esta opereta de impunidad en el artículo 63 de la ley de Justicia y Paz que dispone: “LEY FUTURA MÁS FAVORABLE. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores”

Los paramilitares como los militantes de las FARC que se acojan a la JEP tienen como primordial e insustituible responsabilidad las de decir la verdad y reconocer sus crímenes. Si no lo hacen, se les aplicarán las penas ordinarias de 15 a 20 años de reclusión. Los comandantes farianos en sus comparecencias han negado la verdad, lo que presagia la actitud de Mancuso y Cia. ¿Asistiremos al derrumbe de la Justicia Transicional de manos de sus autores y beneficiarios?