El Informe de la CIDH y su Obsolescencia (II)

Mario González Vargas

El informe de la CIDH sobre Colombia ilustra bien el proceso de politización que ha venido afectando seriamente su legitimidad y credibilidad. Concebida para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, en los dos últimos decenios se ha visto cooptada por miembros de las ONG internacionales y continentales, de radical orientación progresista, que hoy ejercen hegemonía que desnaturaliza la vocación con la que fue creada. Pensada para formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados Miembros en materia de Derechos Humanos y para tramitar las peticiones relativas a las violaciones de esos derechos, al amparo de la militancia y credo ideológico de sus miembros se fue convirtiendo en escenario político interventor, condescendiente con los gobiernos afines, pero parcializado con los otros para caracterizarlos como infractores a los DDHH con la aplicación de estándares construidos con expertos de su misma cantera. Con ello, se despojaron de la necesaria imparcialidad, que además cobró escandalosa morosidad que hoy afecta los casos tramitados en el sistema que pueden alargarse por más de veinte años, y buscaron la consonancia de los fallos de la Corte con sus criterios jurídicos, siempre impregnados de altas dosis de origen ideológico y de intencionalidad política.

No contentos con ese predominio, alcanzado gracias al desinterés o ingenuidad de los gobiernos democráticos que se prestaron para llevar a la Comisión candidatos provenientes de las ONG, se inventaron un panel de expertos para entrevistar los candidatos propuestos por los gobiernos, cuyo dictamen de idoneidad determina su elegibilidad. Así lo denunció recientemente el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal, propuesto por Colombia, que rehusó someterse a un interrogatorio elaborado para estigmatizar sus creencias filosóficas, religiosas y políticas. La unanimidad incontestada.

Quizás la solución a tanto extravío se encuentre en las determinaciones y preocupaciones que se han tomado y expresado en el Sistema de Derechos Humanos Europeo. Hace varios años eliminaron la Comisión por la morosidad que aportaba a la resolución de los casos de violación a los DDHH y por la excesiva representación que en ella tenían las ONG. Este año, los ministros de relaciones exteriores de los 47 miembros del Consejo de Europa, reiteraron su respaldo a la independencia de los jueces de la Corte Europea de los Derechos del Hombre, que juzgan comprometida por la excesiva representación de las ONG, financiadas por la ONG Open Society, susceptible de comprometer la independencia judicial y de favorecer posibles conflictos de intereses que afectarían la transparencia del sistema y la credibilidad de la Corte. Colombia ha estado siempre atenta a promover reformas que fortalezcan el sistema interamericano. En medio de esta polarización política-ideológica que se extiende por el hemisferio, no se puede, ni se debe ignorar los efectos que la parcialidad de la Comisión pueda tener sobre la democracia colombiana y de otros países miembros de la OEA, y aconseja iniciativas que procuren la integridad del sistema interamericano para que no prevalezca la desnaturalización de sus principios y fines que provocaría su obsolescencia.

La osadía contra el covid, un costoso y mortal riesgo

Por: Bernardo Socha Acosta

El atrevimiento, la audacia y la desobediencia, que optaron muchos menores sin control de sus padres, comenzó a pagarse con los contagios del covid que los está llevando hasta la muerte por estos días en Santander. 

Las noticias revelan que los jóvenes menores de 18 años están ocupando importantes lugares de la franja de infectados de la mortífera enfermedad y muchos de ellos ya han muerto porque no han, ni podido ingresar a una cama UCI ante el colapso de la Red pública hospitalaria, a propósito de la alta demanda del servicio.

En Santander este fin de semana, sorpresivamente las personas contagiadas de covid, un alto numero son menores de 18 años. 

Sobre ese análisis, consideraron las fuentes que manejan este tema, que si  no fuera por los contagios de los menores, en Santander a la fecha ya el covid estaría extinguiddo y solo quedarían los 12 mil pacientes que reciben tratamiento y se recuperan en sus casas de habitación.

En estos momentos en Santander y posiblemente en otras secciones del país, ya las personas mayores, por una parte están comenzando a quedar inmunizadas con las vacunas, y por otra son las personas que se cuidan solas y la mayoría no necesitan un policía detrás para adoptar las medidas de seguridad; pero los jovencitos por su orgullo, falsa independencia y aparentar ser superiores que los demás, y hasta  desafiar a las autoridades, comenzaron a pagar caro la osadía.

Con estos informes, se deduce que el contagio de coronavirus, que comenzó atacando y llevando a la muerte a personas adultas mayores o con comorbilidades, va a resultar al final de la pandemia, afectando hasta causar la muerte, y con bastante fuerza, a los jóvenes menores de 18 años que no han ahorrado oportunidades para realizar en sus casas o la de los vecinos cómplices, fiestas clandestinas para bailar e ingerir licor sin guardar una sola medida de protección contra el contagio.

Y todavía estamos a tiempo para que los padres de familia, aunque corran el riesgo de ser amonestados y hasta castigados con la ley que crearon los famosos padres de la patria y el gobierno, apliquen correcciones a sus hijos e impidan que no se lancen a la aventura del contagio de la peor enfermedad que se haya generado en la historia, y al final tengan que llorar infructuosamente la partida mortal de sus hijos.

Y si continúan las famosas marchas de protesta que, algunos dicen ser otra pandemia,  pues los niveles de contagios se mantendrán  y las muertes serán el premio luctuoso para muchas familias.

bersoa@hotmail.com

Carta de don Casimiro Pregonas a la opinión

Bernardo Socha Acosta

Nos escribe don Casimiro Pregonas para comentarnos algunas noticias de la actualidad y sostiene que hay razón cuando las comunidades protestan para reclamar sus derechos, pero también critica al llamado Comité de paro por ser carente de seriedad por presentar peticiones que se salen de todo contexto.

Este es el texto de la comunicación…

Quiero referirme al paro nacional de protesta contra los abusos del gobierno nacional en lo relacionado con la fracasada Reforma Tributaria en la que se proponía como una forma de inquisición para sacarle los pocos ingresos que tiene la clase baja y media de este país.

Y,  si miramos con atención  el origen del paro, vemos que el gobierno nacional ha sido el culpable de todo ese desorden social que se ha presentado y que aún subsiste. Ese ministro de hacienda autor de dicha reforma Tributaria –Claro con la anuencia del presidente Duque- no se imaginó el revés y el estallido social que iba a producir el proyecto; el ministro apenas soñaba con ser el reyezuelo desde su despacho de hacienda, para aprobar todos los proyectos de despilfarro  burocrático de falsos ricos, que se le venían en menta a todos los de la Casa de Nariño y hasta del capitolio donde se reúnen los señores congresistas, quienes también podrían estar pensando que con esos $24 BILLONES que esperaba recoger el gobierno, o, arrebatarle a los colombianos, sería posible otro aumentico de las jugosas dietas que devengan.

Y agrega don Casimiro: Ahora hablemos del flamante Comité de Paro. Los señores que así se denominaron (Comité de paro) también ilusamente pensaron cambiar a Colombia de la noche a la mañana, transformándole falsamente la vida a una franja de la población, pidiendo desproporcionados  e imaginativos presupuestos, que, de dónde iban a salir.

Y, apunta don Casimiro sobre el sueldo básico… Estos señores del Comité de paro, pretendían ponerle sueldo básico a los que no les gusta trabajar, sino aprovecharse de las mayorías de la población laboriosa y honesta. Ese ingreso básico, no era sino un señuelo que incentivaba a los holgazanes.

Los señores del comité de paro prentendían convertir a Colombia en otra antigua Venezuela cuando el estado subsidiaba a los desocupados que no les gustaba trabajar. Esta propuesta era sin duda una forma irresponsable de buscar pactos con el gobierno, sin ninguna seriedad.

Y aquí vale la pena –dice don Casimiro- recordar lo que el Nuncio Apostólico en Colombia, (en reportaje con Caracol) monseñor Luís Mariano Montemayor dijo, al referirse al fracaso de las negociaciones con el gobierno y expresó… Es cierto que en esas negociaciones del Comité de paro y el gobierno ha faltado seriedad y en esta propuesta está plasmada la irresponsabilidad al sugerir un sueldo básico para todo el que no le guste trabajar sino tratar de vivir de los demás y eso era lo que querían los señores negociadores del paro. ¿Esto no es falta de seriedad? O cómo se llama esta urdía. ¿Una propuesta engañosa e irresponsable?  Ahí sí tuvo la razón el gobierno al ignorar esta clase de propuestas que no llevan a ningún resultado ni progreso.

Y don Casimiro remata su carta diciendo… Y las cosas que tenemos que escuchar y ver por cuenta de la civilización. Nos dejó sorprendidos la actitud de los señores nativos o tribus indígenas que de una forma no muy común se han extralimitado en muchos actos, todo por cuenta de la civilización. Si bien antes esos grupos se mantenían en circunstancias casi en el anonimato en sus comunidades, ahora se sobrepasaron y hasta perdieron los límites pidiendo lo habido y por haber  y hasta violentando sus propias reglas y las normativas del estado, al pretender también bloquear los medios de transporte y otros acto que desdicen mucho de estos grupos, antes muy respetados y admirados.  (Carta de don Casimiro Pregonas Cuartas)   

La Hora para la Firmeza y Unidad Institucionales

Mario González Vargas

El vandalismo que acompañó las manifestaciones durante los últimos dos meses en varias urbes del país se ha convertido en un tsunami de destrucción que obedece a una preparación y ejecución fría y metódicamente planificada con la que se quiere sepultar la protesta pacífica garantizada en la Constitución. Hoy, se despliega con el uso de armas letales y de explosivos de variada índole, que develan la financiación de actores nacionales y extranjeros interesados en procurar la desestabilización de las instituciones y del gobierno que les permita la imposición de los objetivos políticos que se han propuesto alcanzar.

El propósito que se vislumbra sería el del establecimiento de guerrillas urbanas que apunten a un desgaste continuo del gobierno y de las instituciones democráticas, sin mayor capacidad de respuesta ante el remolino de críticas, informes y amenazas de sanciones, orquestado por las Ongs y replicado por las Comisiones de DDHH de la ONU y de la OEA. Esa finalidad para su despliegue requiere de ayuda constante que proveerán todas las fuerzas que por distintos intereses persiguen el derrumbe de la institucionalidad democrática que aún conservamos: carteles del narcotráfico, ELN, FARC, sectores políticos, étnicos y sindicales, gobierno de Maduro, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Nelson Alarcón, vocero de Fecode, hizo claridad sobre la finalidad de los disturbios de perpetuarlos hasta las elecciones del 2022 para acceder al poder sobre la ruina provocada por la destrucción sistemática de los pilares de la democracia. Al día de hoy, los daños inferidos por la violencia y el vandalismo suman ya la cantidad que afanosamente pretende recaudar la reforma tributaria en ciernes para atender las urgencias sociales.

El primer eslabón de la fúnebre carroza sería el reconocimiento político que demanda la denominada “Primeria Línea”, prohijada por el senador Bolívar de Colombia Humana y recogida inexplicablemente por la ambivalente alcaldesa López, con la que se intenta establecer campamentos en las ciudades y con ello desplazar a los sectores sociales no violentos que hoy demandan la desatención del Estado y reclaman legítimamente soluciones a sus apremiantes condiciones.

El proyecto de ley para adoptar medidas que protejan y garanticen el derecho a la protesta pacífica y disuada la violencia y el vandalismo que la destruyen no basta si el gobierno no procede con la judicialización de los delitos que se configuran con el vandalismo y los bloqueos. Le corresponderá a la justicia demostrar eficacia en su misión y prontitud en sus decisiones, con las que disipe las dudas sobre su apego a la institucionalidad de la que hace parte. Es hora para la firmeza que contrarreste el uso de todas las formas de lucha que se anuncia contra el proyecto de ley, que se desplegará con la virulencia acostumbrada y que tuvo en el atentado terrorista contra el presidente su primera expresión. Los inmensos desafíos que confrontamos deben responderse con la colaboración armónica de toda la institucionalidad. De ella depende nuestra democracia. No sea que la institucionalidad entregue la soga con la que habrán de lincharla.

¿Habrá Verdad para las víctimas y los colombianos?

Mario González Vargas

La Comisión de la Verdad, a pocos meses de entregar su informe final, convocó a las víctimas y sus victimarios, seguramente con el propósito de incentivar la obtención de perdón y escuchar la manifestación del propósito de enmienda de los señores de la guerra. Nada de eso ocurrió. Los capos de la antigua FARC no entendieron que el escenario era de profundo dolor que exigía sincera contrición, y lo rebajaron a un ejercicio de cinismo que no les permitió alcanzar la altura moral de sus víctimas, demostrando una vez más que la humanidad constituye para ellos un peldaño al que no han sido capaces de acceder. Ni siquiera la profunda expresión de padecimiento de sus víctimas pudo conmover la frialdad e insensibilidad de sus secuestradores. Ni un asomo de arrepentimiento afloró en sus intervenciones, ni mucho menos palabras que fueran bálsamo para quienes padecieron las atrocidades que les propinaron. Las palabras de Timochenko no pudieron disipar la naturaleza prepotente de quienes se saben libres de penas y castigos y usufructuarios de bienes mal habidos y de curules injustificadas que les dispensó el supuesto “mejor acuerdo posible”. La compasión y el arrepentimiento les son ajenos, y sin ellos no hay expiación posible.

¿Cuál es la verdad que pueden aportar sujetos de esa triste condición moral, si su interés se ha centrado en la satisfacción de todas las gabelas concedidas en el acuerdo de paz, como lo dejó explicito uno de sus intervinientes que no tuvo reparo en ese escenario de padecimiento en criticar al gobierno por supuestos incumplimientos? Hasta el día de hoy nada han dicho sobre la suerte de los menores reclutados, de los secuestrados desaparecidos, ni aclarado la cuantía y disposición de las fortunas acumuladas en el narcotráfico, ni revelado las rutas y socios en la comisión de esos delitos, ni esclarecido a quienes se refería Santrich cuando nombraba a la “familia” como beneficiarios de sus actividades de narcotráfico después de la desmovilización. No han reparado a sus víctimas de las cuales esperan perdón sin mediar contrición por sus fechorías. Y menos contribuirán a que justicia sea rendida, porque ya obtuvieron amnistías y ahora apuntan al olvido de sus crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Todos los episodios vividos hasta hoy pretenden notificarnos, con insolente prepotencia, de su visceral y continuos incumplimientos a todas las obligaciones y deberes que ellos mismos se impusieron en el acuerdo de paz. No alcanzan a percatarse que su auto exclusión de la búsqueda de soluciones a la situación que vivimos los inhabilita y condena a condición de parias en una sociedad que busca afanosamente desbrozar los senderos de su futuro con el fortalecimiento de su democracia, construyendo escenarios de equidad, fraternidad y solidaridad que fortalezcan sus instituciones y dignifiquen la vida de todos los colombianos.

La Comisión de la Verdad enfrenta el reto de proponer una formulación que se sobreponga a los mandatos ideológicos de sus miembros y contribuya a la reconciliación, elemento imprescindible de nuestro futuro. ¿Será eso posible?

El cambio de tercio

Mario González Vargas

Después de más de cincuenta días de perturbaciones muchas veces acompañadas de muerte, vandalismo y destrucción, el saldo del paro nacional decretado por el Comité del Paro y acompañado por los partidos de oposición y sectores afines, arroja un resultado cercano a lo dantesco del que tardará el país años en alcanzar su recuperación. Los objetivos políticos perseguidos no se lograron, pero dejaron un sabor amargo en todas las personas y sectores que padecieron sus efectos y despertaron legitima reacción en el tejido social colombiano. El representante de FECODE no escondió el objetivo político de sus acciones al revelar que apuntaba a la derrota del Centro Democrática y la derecha en el 2022, sin importar los costos sociales y económicas impuestos al país. No en vano intenta hoy Gustavo Petro desmarcarse de las decisiones del Comité del Paro que él mismo instigó, alentó y acompañó, pero que hoy le resultan incomodas y perjudiciales a su desmedida sed de poder y que lo obligan a amnesia definitiva sobre sus acciones y solidaridades. Hasta el esperado informe de la CIDH, cuyo dictamen todos anticipamos, perdió relevancia ante el monumental y culpable desacierto de los responsables políticos de los delitos y violaciones de los derechos humanos que se vivieron a lo largo de los cincuenta últimos días.

Pero en términos del despliegue de todas las formas de lucha una infamia vencida se remplaza por otras que se pretenden más exitosas. Otros actores irrumpen en el conflictivo escenario en el que vivimos para apuntar también a los mismos objetivos de cambio del régimen institucional. El atentado terrorista en la Brigada en Cúcuta no puede entenderse como una acción caprichosa, sino que anuncia un cambio de tercio en el propósito de desgastar al gobierno y de llevar al poder a la extrema izquierda levantisca que no desecha ninguna forma de lucha por mortífera que resulte. No hay acción militar improvisada. Por el contrario, siempre obedece a minucioso planeamiento porque comporta objetivos políticos estratégicos. El carro bomba en Cúcuta reintroduce al terrorismo en el escenario político con la finalidad de repetir exitosamente el proceso con el que el anterior gobierno dividió al país, se burló de la voluntad popular y claudicó en un acuerdo de paz que sólo ha generado más violencia en Colombia. No tardarán los corifeos de la paz en clamar por nuevas negociaciones con dirigentes del ELN que reclamarán más privilegios e impunidades que los otorgados a las FARC, porque se saben inmersos en un escenario geopolítico favorecido por la presencia de actores extracontinentales en Venezuela, la solidaridad de la izquierda internacional y hemisférica, el sesgo de las burocracias de organismos internacionales y el activismo de ONG nacionales e internacionales y de los sectores afines nacionales. Pretenden condenarnos a repetir una historia dolorosa pero esta vez más incierta con ellos en el poder.

Opongamos legitima y pacífica resistencia porque en nuestra fortaleza y decisión descansan nuestros derechos y libertades que debemos conservar y acrecentar a partir del 2022.

Carta abierta de don Rudecindo a quienes con marchas quieren llegar al poder

Bernardo Socha Acosta

Causó sorpresa, indignación y hasta risa, la divulgación de noticias, en el sentido de que las marchas que se han venido realizando en Colombia y que tanto daño le han hecho al país, son para preparar el terreno en favor de quienes aspiran llegar a las corporaciones públicas entre ellos el Congreso de la república en el 2022, y al mismo tiempo, con el fin de cerrarle las posibilidades a un movimiento político en ejercicio.

Agrega don Rudecindo en su escrito: Parece mentira, pero es cierto, que unos llamados dirigentes piensen así, para iniciar una campaña de atracción a simpatizantes, sin darse cuenta que con ese estilo de actitud y actuaciones,  que tanto dolor y hambre les ha causado a los colombianos de bien, lo que están es, ganándose el rechazo absoluto de los electores y de quienes jamás han sufragado, porque lo que han hecho con esas marchas en las cuales se gestó el vandalismo bárbaro, no hay espacio para quienes han sido damnificados de ese paro nacional. (Estoy contando lo que dice don Rudecindo)

Más adelante hace hincapié don Rudecindo y afirma: Yo estoy de acuerdo con las marchas de protesta porque son legítimas del pueblo amenazado por un estado que creyó dominar a sus gobernados como en las peores épocas de dictadura fiscal, imponiéndole a los colombianos una REFORMA TRIBUTARIA que a todas luces era el peor YUGO para sacarle por las malas los pocos ingresos que tiene el pueblo trabajador, y la protesta era necesaria, pero no con el látigo de los bloqueos de vías porque esta forma de protestar resultó PEOR  que la reforma tributaria, teniendo en cuenta que, esa forma de protesta  -los bloqueos de vías- nos puso a aguantar física hambre, enfermedades y hasta la muerte. Igualmente, esa forma de protestar –los bloqueos- atentó contra la producción nacional. Cuántos litros de leche, cuantos huevos se perdieron, cuántas gallinas y pollos murieron por los bloqueos y cuánta legumbre que hace el manjar de los colombianos se perdió en la fuente, todo por los bloqueos. Esos gravísimos daños, jamás se los perdonaremos a los organizadores de los bloqueos, que son los mismos del paro, dice con sentido airado don Rudecindo en su carta.

Finalmente expresa el remitente de la carta: Señores del llamado comité de paro; sean más creativos si verdaderamente quieren ganarse la simpatía de los colombianos para futuras contiendas políticas, porque con lo que han hecho no se merecen sino el rechazo y el desprecio de un país que quiere ávido, tener líderes que defiendan al pueblo con las ideas y hechos cumplidos, pero no con violaciones de todo tipo y paradójicamente al mismo tiempo estar reclamando respeto por los derechos humanos,   si son los primeros en violentarlo.

(Nota: No transcribimos el manuscrito por sus fuertes términos)

Lo que esconde el informe de HRW

Mario González Vargas

Robert Bernstein dejó constancia hace dos años, poco tiempo antes de su deceso, en un artículo en el New York Times, del maltrato con el que se desnaturalizaba su legado como creador de Human Rights Watch (HRW). Expresó su preocupación por la desviación de la misión original de HRW de focalizarse en los abusos que caracterizaban a sociedades con regímenes que censuraban los derechos a la libertad de expresión, pero que se extendió a sociedades democráticas que, si bien no están exentas de cometer abusos, “tienen la habilidad de corregirse a través del debate público, una prensa libre y otros mecanismos que fomentan reformas”. Cuestionó los reportes de la ONG por apoyarse en historias que no eran verificables y señaló que muchos de los testigos procuraban ventajas políticas, con lo que se afectaba irremediablemente la credibilidad de HRW. Esa desviación se ha acentuado en los últimos años y parece tener vocación de perdurar, como lo indican declaraciones e informes recientes de HRW en Europa, el Medio Oriente y las Américas.

Kenneth Roth, director de HWR en Europa, provocó repudio con una declaración en la que se preguntaba: “¿la islamofobia puede ser más evidente? el gobierno francés recomienda el tapabocas, pero prohíbe el burca”, que desencadenó legitima indignación en un estado laico que lidia con el coronavirus y en una sociedad que proscribe la desigualdad de los sexos. Más recientemente, el informe sobre la situación israelí-palestina que acusó a Israel de violaciones de derechos humanos, pero guardó sepulcral silencio sobre los actos de terrorismo de la organización Hamas, suscitó rechazo, ya no solamente del gobierno israelí, sino también del Jewish Comittee, respetada organización de derechos humanos defensora de las libertades civiles y crítica de toda discriminación. A esa tendencia no ha escapado la HRW de Vivanco. Llama la atención la perfecta sincronización de su informe con la presencia de la CIDH en el país, en momentos en que el repudio ciudadano agotó la continuidad del paro, tan costoso en vidas y pérdidas económicas. Con el mismo deleznable procedimiento de atribuir verdad a testimonios no verificados, se pretende insidiosamente aportar a la CIDH elementos que le permitan atribuir a la Policía nacional sistematicidad en presuntas violaciones a los derechos humanos, al tiempo que olímpicamente se ignora el vandalismo que sistemáticamente acompaña las marchas y desmanes y las agresiones a los policías. Se quiere soportar interpretaciones violatorias del art. 15 de la CADH que sujeta el derecho a la protesta a restricciones fundadas en el interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. El objetivo es estigmatizar a la Fuerza Pública y señalar la supuesta debilidad de nuestra institucionalidad que les permita la presencia de un Grupo de Expertos Independientes, provenientes de las ONG que nutren de personal a la CIDH. No resulta difícil desentrañar el objetivo electoral que se persigue. Soldado avisado no muere en guerra.

La CIDH bajo escrutinio

Mario González Vargas

La oportuna actividad desplegada por la nueva canciller Martha Lucía Ramírez en la ciudad de Washington, le permitió compartir con el Secretario de Estado, congresistas de los partidos demócrata y republicano, los medios de comunicación, el secretario general de la OEA y la CIDH, no solamente una información más precisa y verídica del paro nacional y su desarrollo, sino también hacer claridad sobre las acciones y propósitos del gobierno para su pacífica resolución. Se llenó así, y con reconocida habilidad diplomática, un vació que se había extendido durante la gestión de la anterior ministra. En la reunión con la CIDH a la canciller se le informó de una audiencia sobre Colombia prevista para el 29 de junio en Washington, lo que motivó la posibilidad de que la CIDH realizara su visita a Colombia con posterioridad a la realización de la audiencia, que contaría con la presencia del gobierno, de los órganos de control y de las principales ONG, así como de representantes del Comité del Paro, como oportunamente lo hizo saber la CIDH en un primer comunicado. Los representantes del paro, las ONG y la oposición forzaron a la CIDH a solicitar la autorización de su presencia a la mayor brevedad por medio de un segundo comunicado que despierta inquietudes por la apresurada manifestación de otorgar verdad a las versiones no confirmadas ofrecidas por los sectores que la constriñen para su rápida presencia en el territorio nacional. El gobierno condicionó su acuerdo a la realización de una reunión, el día 7, de la Comisión con la institucionalidad y a la formulación del protocolo para el desarrollo de actividades en el país del 8 al 11 de junio, que es de usanza para las actividades en el territorio nacional.

Se entiende que los actores del paro vean en la CIDH oportunidad para reanimar un paro que da señales de agotamiento por la violencia, el vandalismo y los altos costos en vidas y destrucción de bienes públicos y privados, que les permitiría una mayor difusión en la comunidad internacional de su insidiosa versión de culpar al gobierno de todas las infracciones a los derechos humanos. A los colombianos nos asiste el derecho de que la CIDH logre una percepción de la situación difícil por la que atravesamos, libre de sospechas de proximidades políticas o de identidades ideológicas para las cuales no están diseñados los organismos del sistema interamericano de derechos humanos. Queremos confiar en la independencia e imparcialidad de los comisionados que contribuya a que el país, su democracia, que es la menos imperfecta en Latinoamérica, y el sistema de derechos humanos, salgan fortalecidos de esta exigente prueba que afrontamos y que parece extenderse por todo el continente. Todos los estamentos nacionales e interamericanos van a estar sujetos al escrutinio de sus acciones, observaciones y decisiones que deben apuntar al fortalecimiento de la democracia, único régimen que puede garantizar la paz, la convivencia, la alternancia del poder y el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. Permaneceremos expectantes.