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viernes, 23 de marzo de 2012

DE NUEVO CON LAS REGALÍAS


Horacio Serpa
El doctor Simón Gaviria, Director del Partido Liberal, dijo ayer en El Tiempo que el “Esquema de regalías es ineficaz”. En términos generales expresó que la “mermelada” prometida para que llegara equitativamente a todos los lugares del país no se va a repartir con ese criterio, que muchos municipios ni siquiera recibirán un peso y que para la distribución se diseñó un sistema centralista, ineficiente e ineficaz.
Agregó: “Es un proceso lleno de tramitologías, que probablemente lleve a la no distribución de estos recursos. El sistema de triángulo no permite la misma diligencia que tenía un Alcalde para contratar o avanzar en algún proyecto”. Dijo el doctor Gaviria que el nuevo sistema va hacia donde llegó el Fosyga. Y ya sabemos lo que ello significa.
En todas partes hay quejas. Reclamos, protestas. El gobierno prometió maravillas que no se van a ver. Sería muy bueno saber a donde fue a parar el papelito que cargaba el señor Ministro de Hacienda en su bolsillo para convencer a los Congresistas. Cada vez que hablaba de trecientos, cuatrocientos mil millones de pesos para esta o aquella región que nunca había recibido regalías, o le llegaban pocas, les brillaban los ojos a los Parlamentarios. Y votaban emocionados el proyecto de reforma constitucional.
Lástima que no fuera verdad tanta belleza. Ahora les dicen que el cálculo fue hecho “a mano alzada”, que toca descontar para el ahorro, lo de las pensiones, lo de ciencia y tecnología, y además utilizar parte de esos recursos en infinidad de asuntos de urgencia nacional. Muchos quedaron “viendo un chispero”.
Pero, además, lo poco que les corresponderá lo va a manejar el centralismo. No demoran en decir que es una manera de proteger las regalías de la corrupción e incompetencia que existen en las provincias.
No puede olvidarse que a los departamentos y municipios productores de petróleo se les propinó un golpe tremendo. Se vinieron abajo los ingresos que recibían para compensar los impactos económicos, sociales, culturales, ambientales y delincuenciales que sufren por la explotación del crudo. No se tuvo en cuenta que con cargo a los ingresos esperados se había planeado el futuro de dichas comunidades y que en muchos casos estaban comprometidos. El cacareado criterio de equidad planteado con tanto entusiasmo marcó una de las más grandes injusticias contra numerosos y respetables sectores comunitarios.
Nadie se opone a que los ingresos de regalías se repartan justicieramente entre todas las regiones y municipios y que alcancen para atender prioritarios requerimientos del país. Pero deben tenerse en cuenta los problemas de las zonas productoras, que son enormes, lograr que el cuento de la mermelada no se vuelva “carameleo” y respetar el derecho de regiones y localidades a definir sus propios destinos. No más centralismo.
No se cuestionan las buenas intenciones del gobierno. Debe decirse, eso sí, que no prestó atención a las observaciones que oportunamente se le hicieron. Tampoco la mayoría de Congresistas. Pero hay tiempo para enmendar las cosas. Ojalá se atrevan.
Bogotà D.C. 22 de Marzo, 2012

sábado, 29 de octubre de 2011

Mutilación de la Constitución

Adiós al Estado Social de Derecho
José Gregorio Hernández
LA PATRIA, Manizales
2011-08-30
Reenviada por Rosario Patiño
Que no se diga después que no lo advertimos: la Constitución Política de 1991, a sus veinte años de vigencia, sufre una mutación fundamental. Tan fundamental que, a partir de ahora, estamos en presencia de otra Constitución. Una muy distinta de la aprobada por los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente.
En efecto, uno de los elementos esenciales de la Carta Política -el Estado Social de Derecho- es, de ahora en adelante, apenas un adorno lingüístico dentro de un conjunto de normas que hace prevalecer el factor económico -cuyo contenido será definido en cada caso por los burócratas de turno- sobre la dignidad humana, los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos colectivos y del ambiente, el acceso de toda la población -en especial la de menores recursos- a los bienes y servicios básicos.
Ha sido aprobado y está a punto de entrar en vigencia el Acto Legislativo que condiciona la aplicación y efectividad de los derechos "garantizados" y "asegurados" en la Constitución a la denominada “sostenibilidad fiscal”, un concepto maleable y manipulable que se usará siempre como argumento para negar a los ciudadanos las prestaciones inherentes al Estado Social de Derecho, que hoy pueden reclamar ante los jueces cuando se las niegan la administración o los particulares.
Desde ahora, puesto que el Acto Legislativo es de vigencia inmediata -entrará a regir el día en que sea promulgado en el Diario Oficial-, los colombianos hemos de acostumbrarnos a una Constitución que proclamará los derechos en la teoría pero que los hará nugatorios por anticipado, restringiendo al mínimo -o a la nada- las posibilidades de reclamo.
No se extrañe, amable lector, de la respuesta que le darán cuando reclame uno de sus derechos: "Usted tiene el derecho, y nadie se lo niega. Pero no está financiado. No es sostenible. No hay plata".
Esta nueva será la Constitución del Estado neoliberal y del capitalismo salvaje, que sustituirá la del Estado Social de Derecho aprobada hace dos décadas. Es una Constitución indolente, cuyas expresiones limitarán el ejercicio de los derechos, harán impracticables las normas constitucionales supérstites que los reconocen y eliminarán de un tajo las competencias judiciales que hoy por hoy permiten a los jueces impartir órdenes tendientes a cristalizar los postulados sociales del orden jurídico fundamental.
Las normas constitucionales del Estado Social de Derecho estarán en adelante "durmiendo con el enemigo". Es decir, la Carta Política nos reconocerá derechos con una mano y nos despojará de ellos con la otra.
Gran satisfacción, claro está, entre los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, en las gerencias de las EPS y de la salud prepagada, en las empresas de servicios públicos, entre los intermediarios financieros, en las oficinas de los economistas neoliberales.
Parodiando a Núñez en 1885, los nostálgicos de la Constitución de 1886 ya pueden decir ahora, satisfechos: "La Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho que ella consagró han dejado de existir. Que en paz descansen".     

domingo, 30 de enero de 2011

El partido conservador en Santander se acabó.

Sábado 29 de Enero de 2011 - 12:01 AM
Se acabó el partido conservador en Santander
Tomado de Vanguardia.com
Autor: Raul Pacheco Blanco
En el momento no tiene representación en el Senado, cosa que no había ocurrido nunca. Un miembro en la cámara de representantes y eso de filiación liberal, la esposa del doctor Díaz Mateus. Los únicos senadores que tenía, Alirio Villamizar y Díaz Mateus, están en la cárcel e inhabilitados para hacer política. Dos concejales en Bucaramanga y otros dos diputados y pare de contar. En el gobierno del doctor Serpa Uribe no existe representación conservadora, no tanto por el apetito burocrático del doctor Serpa, que es grande, sino por sustracción de materia.
¿Quién le va a hacer un reclamo al mandatario en materia burocrática?
Tampoco existe directorio departamental y menos municipal. ¿Cuál es el pensamiento conservador en cuanto a planes y proyectos en el departamento y en el municipio de Bucaramanga? Ninguno. No tiene voceros periodísticos. El único que hace política conservadora a ratos es El Frente, que desgraciadamente tiene muy pocos lectores. Pero por lo menos Rafael Serrano Prada hace actos de presencia. La casa conservadora está abandonada y por allí sólo circulan los ratones y de pronto termina por ser expropiada por falta de pago de impuestos o por abandono. El recinto que en otras horas sirvió de escenario para actos de fervor partidista, hoy está en silencio. Brille para él la luz perpetua.

Ya ni siquiera los liberales gritan en las manifestaciones, abajo los ***s godos. Ni eso. El doctor Vargas Mendoza en la alcaldía, quien fue bautizado en el conservatismo por Jorge Sedano y ahora es liberal, tampoco tiene un solo funcionario conservador, pues tecnificó la administración de tal forma, que ya no tiene cabida ni un portero conservador. El clero que antes era una fuerza dentro del conservatismo, ahora es liberal o socialista. Ya no está monseñor Sorzano en la Sagrada Familia, ni el padre Jordán en Piedecuesta, ni siquiera el padre Rojas en San Pío. Ya no hay quién queme libros ateos porque Hugo Mantilla se murió y Alejandro Ordoñez está en la Procuraduría. Ni Ardila Lulle se preocupa por la suerte del partido, pues le preocupa más la del Atlético Nacional.

¿Quién puede velar por la suerte del partido conservador? No tiene candidatos para la gobernación ni para la alcaldía. La gobernación se la disputan los serpistas y los Aguilaristas. Por la alcaldía ya no compite Ela Cecilia Escandón, que con su sola belleza conquistaría el cargo. Nadie tiene ganas. El directorio nacional nombró al doctor Jorge Humberto Mantilla en la secretaría general, pero él está más interesado en colocar una ficha suya en la alcaldía de Florida que en la suerte del partido. ¿Dónde está el partido conservador? ¿Dónde?

Publicada porRAUL PACHECO

lunes, 1 de febrero de 2010

Las Pensiones a congresistas

Nota del Editor: Aun cuando es un artículo publicado a finales de 2009, cobra hoy vigencia cuando se aproximan las elecciones para Congresistas.

Candilejas. Por: Alberto José Holguín
(Fuente: EL PAIS CALI)
Octubre 28 de 2009

Al escribir estas líneas no pretendo frenar la iniciativa que ya cursó los dos debates en el Senado, porque no tiene objeto, ya que será aprobada me guste o no y le guste o no al resto de los colombianos. Simplemente quiero sentar mi voz de protesta y dejar constancia del absurdo abuso que los mal llamados ‘padres de la Patria’ van a cometer.

Nuestro Congreso está totalmente desprestigiado, casi que repudiado por la ciudadanía, entre otras cosas por la triste verdad de que más de 70 de sus 268 miembros han sido o están siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia o se encuentran detenidos. Sin embargo, a los ‘honorables’ parlamentarios Aurelio Iragorri, Eduardo Enríquez, Carlos Cárdenas y Carlos Ferro no les tembló la mano para proponer la modificación de la Ley Cuarta de 1992, con el objeto de aumentarse el valor de sus pensiones de jubilación, iniciativa que probablemente recibió el aplauso de sus colegas. Esta inaudita actitud puede calificarse como una afrenta oprobiosa, monstruosa y vituperable contra el pueblo colombiano en un momento tan difícil como el que se está viviendo, cuando hay necesidades apremiantes de toda índole que no se pueden financiar y cuando el desempleo llega al 11%, sin contar el subempleo, que hace la situación laboral aterradora.

Actualmente, nuestros senadores y representantes devengan al mes $5.088.646 como sueldo básico, $9.046.485 de gastos de representación, $5.496.999 de prima de vivienda y $1.413.508 de prima de salud. Las partidas anteriores suman $21.045.638 cada 30 días. Mientras tanto, el salario mínimo legal, que en el 2008 era de $461.500, pasó a partir del 1 de enero del 2009 a $497.000, un incremento de sólo $35.500, pues se consideró “inflacionario y peligroso para la economía nacional” aumentarlo algo más o redondearlo siquiera a los $500.000 mensuales. No hay derecho. Pero no contentos con los millones que devengan, los parlamentarios pretenden ahora reformar la legislación pensional para ellos, sólo para ellos, de tal forma que su mesada futura por jubilación pase de $11 millones a $16 millones mensuales, lo que equivale a un incremento del 45%. Sabrosa vida.

Así es muy difícil alcanzar la paz. Mientras sigan presentándose estas desigualdades es utópico pretender que no haya violencia social. Y lo más triste es que los respetados congresistas siguen haciéndole el juego al ausentismo, a las cosas torcidas, a lo malévolo, sin pensar en lo que de verdad le puede convenir al país y a los 42 millones de colombianos que dicen representar.
Y sin más lamentaciones, porque se las lleva el viento, tocará esperar ahora a que la iniciativa termine su trámite y los ‘sufridos’ parlamentarios agreguen otra conquista a su ya larga lista de prebendas.
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martes, 27 de enero de 2009

INSTANCIAS EN LA CORTE


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Por: Pedro Gerardo Tabares C

En la Corte Suprema de Justicia, al observar que sus investigaciones se convertían en única instancia cuando deben investigar y sancionar a los Congresistas, frente a la filosofía de la Constitución Política, que dada la regla general de la doble instancia, y que solamente la única instancia está creada para dejar a causas mínimas la única instancia tomó decisiones al respecto. En el derecho penal son mínimas las restricciones para que haya primera instancia, segunda instancia y finalmente casación, que dista de esos medios de defensa en el derecho civil, más restringidos.
Siguiendo patrones que se cumplen en materia penal optó asignar a un grupo de magistrados la investigación y a otro la decisión de fondo, pero por considerar seguramente que los investidos con calidad de Congresistas no se les da el tratamiento en las investigaciones, en verdad delicadas por la connivencia con personas al margen de la ley ofrecieron apoyos para llegar al Legislativo.
Se requiere que haya mesura en las investigaciones, y que se observen los principios generales del derecho penal para las mismas y no sea solamente la orientación de una decisión que por referirse a connotados ciudadanos a quienes el pueblo les entrega su representación, se les juzgue con el mínimo de garantías frente a los demás ciudadanos, so pretexto de tener investidura y de ser el máximo tribunal el que conozca de sus causas.

Probablemente la falta de la segunda instancia, para estos casos, refleja en la ley una posición antagónica frente al artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el debido proceso. No es que el debido proceso no se cumpla, sino que esos principios generales constitucionales se desvanecen precisamente en el juzgamiento de los integrantes del poder legislativo, como si se tratara de delitos mínimos, porque la segunda instancia, no es un mecanismo que pueda tener discriminación, como si puede tenerlo lo relativo a la cuantía, que no puede trascender para distanciar el derecho a la igualdad, de la persona que en últimas tiene protección constitucional. Esta reglamentación es necesaria y probablemente al publicarse la reforma al estatuto de la justicia habrá claridad en el concepto. Volver a Inicio >

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