Por: Gerardo Delgado Silva
Es a todas luces mucho más estremecedora y grave la crisis que en el orden jurídico y moral conmueve al país, que la crisis social y económica con todas sus consecuencias previsibles. El curso tortuoso de los acontecimientos, nos obliga a insistir en que los valores, tan descaecidos ya, se preserven, se defiendan, con lo cual estaremos protegiendo los principios fundamentales contenidos en nuestra Constitución Política y en las normas éticas que rigen la conducta de la dignidad humana.
El país está viendo con desconcierto, en silencio, como el gobierno ha ido entregando uno a uno esos principios, confundiendo artificiosamente el apaciguamiento con la rendición del orden jurídico, comprometiendo el presente y el futuro de Colombia.
Como tantos sucesos que contrarían el camino recto de las cosas, la liberación de 200 guerrilleros, el llamado “gesto humanitario unilateral”, por el Presidente, no excluiría de su inspiración a los que están incursos en la parapolítica, ni a los paramilitares con sus delitos atroces vinculados con el narcotráfico.
Vivimos, sencillamente, en un ambiente de caos que día tras día se magnifica y se enrarece más. Para tal “gesto” de otorgar la libertad, sin celebrar acuerdos humanitarios, con las FARC, el Presidente carece de competencia, pues esa gracia especialísima, está atribuida privativamente a los jueces de la República, por el Código de Procedimiento Penal. La denominada “Ley de Justicia y Paz” o la de Orden Público, establecen unos beneficios que comprenden hasta el indulto, si concurren en el procesado unos requisitos entre los cuales es indispensable que se haya realizado una desmovilización, que implica la voluntaria entrega de las armas. El “gesto” del gobierno, pugna abiertamente con lo preceptuado en las leyes, pues los 200 guerrilleros de la masiva excarcelación, no son ya un grupo beligerante, sino un conjunto de sentenciados y por tanto excluidos de los beneficios de las leyes citadas.
Ahora bien. La competencia penal es de orden público y como tal señalada de modo preciso en la ley, sin que permita una extensión analógica, desnaturalización o cualquier dañoso arbitrio.
Por otra parte, es un principio de derecho público, de aceptación universal que así como los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, los funcionarios públicos desde el Presidente de la República, solamente pueden hacer lo que explícita o implícitamente les permitan la Constitución Política y las leyes.
Al medir las proporciones de estos acontecimientos, Jim Mc Govern, representante a la Cámara de los Estados Unidos y connotado defensor de los derechos humanos en el mundo occidental, ante el escarnio y befa de nuestro ordenamiento jurídico expresa: “…Yo no sé que estaba pensando el Presidente (Uribe) cuando liberó a todos estos guerrilleros. No sabemos claramente cual es la lógica detrás de todo esto. No sabemos que quiere lograr. Sólo esperamos que no sea una excusa para excarcelar después a más personas ligadas con la parapolítica…”. Y agrega: “…No vamos a avanzar en el TLC, mientras la impunidad en Colombia no cambie…” (Semana Junio 11 a 18 de 2007. No. 1310).
Así mismo, varios congresistas norteamericanos exaltando la democracia y la justicia que es el fin del Estado, rechazan indignados, la intención estrafalaria del Presidente colombiano, de adoptar una justicia tornadiza y permisiva para los transgresores “parapolíticos”, que entrañaría un perdón de sus conductas torticeras. Así se desprende de la nota enviada a la Secretaria de Estado. Y con acusadora precisión, señala el episodio del ex director del DAS, Jorge Noguera, solo concebible como producto del estado de degradación que está viviendo nuestra patria en los actuales momentos.
Paradójicamente, ¿por qué el olvido de los secuestrados, de los desplazados, de todas las víctimas? El olvido no resuelve la realidad fáctica de los derechos humanos fundamentales, violados ominosamente, sino que los empolva en los sepulcros de la memoria. Después el silencio y luego la impunidad. El llamado “gesto humanitario” está elaborado como un ejercicio de simulación, al margen de la dignidad de aquellas personas, es una apariencia de solidaridad, una insensata y despiadada indiferencia por su suerte, una exclusión arrogante de la esperanza, una manera absurda de colaborar con sus verdugos.
La justificación falaz de las “razones de Estado”, no delata la verdad, sino que encubre la mentira, dejando que en aquellos doloridos seres humanos, se acumule la sensación de haber vivido en vano.
Por ello, en esta hora de tinieblas, el G8, insta al gobierno colombiano a un “acuerdo humanitario entre las partes”, mecanismo contenido en los Protocolos de Ginebra, ratificados por Colombia y regulados por el Derecho Internacional Humanitario. Esta sí es la solución a la conmovedora tragedia de los cientos de secuestrados. El intercambio es un remanso grato y ennoblecedor en su absurdo drama y un freno a las corrientes vertiginosas de los conflictos, de la guerra, de la irracionalidad. Recordemos una vez más a Montaigne, cuando dijo: “No hay victoria sino se pone fin a la guerra”.
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