¿Cómo se restaura una democracia?

(Enviada por Luís Alfredo Muñoz)

Por:Claudia López
A la pregunta de cómo se construye Estado y capitalismo democrático por fuera de las ciudades, que no ha resuelto el país en siglo y medio de vida republicana, se sumará en adelante la pregunta de cómo se restaura la democracia. Colombia podía preciarse de que, a pesar de las guerras, guerrillas y mafias, había logrado construir institucionalidad ejecutiva y legislativa, poder judicial independiente y desarrollo capitalista en el corazón urbano del país. Ya ni de eso podremos preciarnos.

La pregunta de fondo que debe resolver ahora la Corte Constitucional no es si el referendo tuvo un trámite legal y ajustado a la Constitución. Claro está que no lo tuvo. Lo que debe resolver de fondo es cómo restablecer el modelo democrático de la Constitución, ya roto por la primera reelección y a punto de quedar en cenizas si se aprueba una segunda.

No hay un solo paso del trámite del referendo en el que no haya una ilegalidad de por medio. La financiación se hizo con autopréstamos de contratistas y lavaderos de la mafia, como DMG. Se superaron los topes legales de financiación. Se falsificaron las cuentas. Se cambió el texto firmado por los ciudadanos y se compraron los votos para su aprobación. Y ahora se disponen a manipular el censo para pasarlo con menos votos. Tan no es una iniciativa ciudadana que nunca se vio a un ciudadano defenderla en el Congreso, sino a la aplanadora de ministros, funcionarios y congresistas del Gobierno sacándola a como diera lugar.

Dije años atrás y reitero que creo que el mejor modelo institucional es tener periodos de gobierno cortos y una reelección inmediata. Me parece un buen balance entre continuidad y legitimidad. Nuestra primera reelección tendrá siempre dos pecados: haber sido promovida por el Gobierno en beneficio propio y no haber sido aprobada como parte de una reforma que rediseñara los controles institucionales para un Ejecutivo de 8 años y no de 4. La grave falla de la Corte Constitucional anterior fue no haber ordenado que esa reforma institucional se hiciera como condición para proceder con la primera reelección. Por lo demás, no conozco un ejemplo de régimen presidencial de 12 años o reelección indefinida con reales controles democráticos.

Ni este ni ningún gobierno harán esa reforma por iniciativa propia. Si las próximas presidenciales las ganara la oposición de hoy, tampoco la harían. Ningún gobernante quiere controles. Cada uno cree que usa el poder en beneficio de la nación y no de sí mismo. Debe ser un poder independiente el que ordene tramitar esa reforma y dé las directrices para la misma. Esa es la deuda pendiente que tiene la Corte Constitucional con la democracia colombiana.

La buena fe asaltada de unos millones de ciudadanos, que genuinamente aprecian la gestión del Presidente, no legitima subvertir la democracia y la Constitución para la perpetuación en el poder del gobernante de turno. Darle rango constitucional a semejante arbitrariedad dejaría a la Corte, al Estado de derecho y a los ciudadanos como títeres que adornan los caprichos del mandamás de la tiranía de opinión, como bien llamó Eduardo Posada Carbó al cuentico del Estado de opinión.

En cualquier caso, el peso de la defensa y restauración de la democracia colombiana no puede recaer sólo en los hombros de las cortes. Los líderes políticos deben cumplir una tarea pedagógica que le permita al ciudadano común entender que lo que está en juego es la protección de sus derechos y no la defensa simbólica de un papel, y que las tiranías, más las de opinión, consisten en que unas minorías poderosas e influyentes abusan de unas mayorías silenciosas y manipuladas.

¿O alguien cree que la voz determinante en este debate la tienen los 20 millones de pobres del país? ¿Son ellos, o los que compiten por decisiones e intereses que dependen del Gobierno, los que pagan y publican encuestas y noticias selectas para mantener el Estado de opinión?