Los trabajadores en Colombia de salario mínimo, que son como el 80% de la población laboral, esto es, unos 16 millones de personas, gran parte cabeza de familia, y muchas de ellas madres y padres solteros que luchan por sacar adelante a sus vástagos, empiezan el año ganando un 3,6 por ciento más que el año pasado, lo que en cifras se traduce en unos 515 mil pesos mensuales.
Nunca he visto tan esforzado al mismo presidente Uribe explicar que este incremento constituía un gran esfuerzo del gobierno nacional, y mejor, un sacrificio, toda vez que (…) “por cada peso que se aumente, los empleadores tienen que destinar 70 centavos para pagar cesantías, primas, vacaciones, intereses de cesantías, pagos a las cajas de compensación, a Bienestar Familiar, al Sena, a las EPS, a las administradoras de riesgos profesionales y a los fondos de pensiones”.
El Presidente no sabe, porque él nunca ha vivido de salario mínimo, ni tendrá que hacerlo en el futuro porque para eso tiene unos jóvenes hijos que heredaron la precocidad empresarial de su familia paterna, que resulta más exigente a un trabajador tener que pagar con ese miserable sueldo arriendo, servicios públicos, alimentación, vestido, educación, salud, transporte y recreación, así sea la simple salida a un parque a ver comer helados.
Es de suponer que muchos de estos asalariados votarán en las próximas elecciones parlamentarias de marzo por los mismos representantes y senadores que han sostenido este régimen oprobioso que ha hecho de los trabajadores una masa anónima de hombres y mujeres que todos los días se acuestan sin comer y sin saber si al día siguiente los botarán del puesto, sin más ni más.
Es de suponer también que muchos, llegado mayo, mes en que son las elecciones presidenciales, votarán la reelección de Uribe, si es que se da; o quizás, esperan que el Presidente les indique por quién votar, alguien que pueda continuar con su seguridad democrática, aunque bien antidemocrática sea su política social, porque en política los colombianos parece que tuvieran la misma perversión sexual del masoquista: gozan con verse humillados y maltratados y prueba es que al cabo de 7 años, Uribe sigue siendo el rey con un Congreso de bolsillo, despachando casi en un 40% desde la cárcel.
De hecho, cada quien en su entorno empieza a ver la llegada de las mismas golondrinas políticas que elección tras elección llegan por los votos de los incautos que con la promesa de un puesto o equis auxilio para vivienda, educación o qué se yo, o simplemente y tan solo por opíparo ágape, regalan el voto.
Y esto no es tan triste como que haya dirigentes locales, concejales y dizque líderes comunales, que se presten a este juego sucio y asqueroso de la politiquería nacional, y tal vez más grave aún, que por tal acción estén cobrando en dinero o en especie los servicios prestados a estas golondrinas políticas que se parecen al dicho ese del casanova que “pro-mete hasta que pro-saca”.
Por eso estamos como estamos. Por eso, el salario mínimo de los trabajadores colombianos seguirá siendo el mínimo del mínimo; mientras que al otro lado del balance, las utilidades del capital serán siempre el máximo de lo máximo, como las del sector financiero que acaban de cerrar un esplendoroso año con ganancias superiores a los 8 billones de pesos, un 40 por ciento más que en el 2008.
Es decir, y para ilustrar el tema, los accionistas de la banca sí pueden incrementar sus ingresos en 40 por ciento en un año, mientras que los asalariados del mínimo apenas se merecen un 3,6 por ciento, porque si no, la inflación y el desempleo consumiría al país.
La economía, contrario a lo que se piensa, no es esa ciencia oscura que nos presentan en ecuaciones sofisticadas los economistas, especialmente los neoliberales que se han apoderado del Estado desde las altas esferas del gobierno y sus instituciones más prominentes, como el Banco de la República.
La economía, para que funcione bien para todos y no para unos cuantos privilegiados, sólo requiere que en el bolsillo de los pobres haya más plata. Así de sencillo.
¿Cómo lograrlo? Aplicando la justicia social mediante la redistribución del ingreso.
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