La Torpeza

                                       Por: Pedro Gerardo Tabares C

Con motivo de la elección de un magistrado para la más importante corte del país, que por su dignidad, las funciones y autoridad en todos los campos del derecho en Colombia, a la cual se le tiene el máximo respeto, por quienes profesen esa disciplina con integridad, encuentran que actualmente se puede explicar con el término torpeza, cualquier actuación relacionada con los impuestos al Estado, la responsabilidad de dineros, en cuanto al manejo de bienes que corresponde administrar personalmente, incluyendo el pago de los impuestos, deja en vilo aspectos éticos, no porque se sancionen sino porque el cultor del derecho sabe por principio elemental que la ignorancia del mismo no sirve de excusa, y menos el señalamiento de la procedencia de los dineros que se poseen, para cuando se trata de reunir requisitos para tomar posesión de un cargo.

Existió en el poco consultado código civil la definición de la buena fe o manera de obrar, como parte de la explicación de la culpa para encontrarla trascendencia en todas las normas y por ello la novedosa constitución de 1991, recogió el concepto  que impuso a servidores públicos y  administrados, lo cual permite asombrarse cuando una palabra de tal naturaleza se pronuncia por persona  de tan acendrados quilates intelectuales, al igual que tampoco se explique con la precisión que requiere la atención que merecen actos como contar las vueltas cuando se compra  un tinto, o cuando se recibe una indemnización que sobrepase el centenar de millones.

Ya no decimos que esto es insólito en el país en que peyorativamente se menciona una advocación religiosa para dar a entenderlo, sino que debemos recurrir a la explicación que señalan algunos que las costumbres cambien con las generaciones, entendible porque los hackers presentan las irregularidades de las naciones que en nada importan las costumbres.

Por eso se aplicarán las normas existentes y lo que pueda llamarse un escándalo, no pasa de ser eso, porque si el postulado y escogido no toma decisiones voluntarias podrá posesionarse en uso del derecho que aún ni con una nueva constitución se tiene claridad al respecto, porque mientras no se posesione ninguna autoridad podrá investigarlo por  dignidad  no asumida y que el elector no podrá modificar, salvo responsabilidades económicas para el Estado.