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miércoles, 22 de mayo de 2013

Cuáles son las razones...

          La revocatoria del Alcalde Petro
                                         Horacio Serpa
Ya se presentaron firmas para solicitar a la autoridad electoral el procedimiento para la revocatoria del mandato al Alcalde de la Capital, doctor Gustavo Petro. No se conocen las razones. Importa poco, porque se trata  de una acción  politiquera y sectaria para impedir que continúe gobernando un funcionario que no es del gusto de los proponentes. Tal vez les hubiera gustado uno bien conservador, del establecimiento, de esos que se someten a la voluntad de los ortodoxos, de los clásicos, de los que en los últimos lustros han pretendido regresar al gobierno distrital.
La revocatoria del mandato, como mecanismo de participación, tiene explicaciones constitucionales. No es un procedimiento para satisfacer inquinas ni para hacer revanchismo partidista. Puede plantearse y tramitarse cuando existe una flagrante contradicción entre la propuesta política de campaña y las ejecutorias del gobierno, lo que tiene  relación con el  voto programático. También puede ocurrir cuando el funcionario pierde el juicio, incurre en gravísimas faltas éticas o en ostensibles actos afrentosos a la sociedad. Igualmente cuando la corrupción se apodera de los actos gubernamentales o el funcionario desatiende sus deberes e incurra en deliberado abandono de funciones.
No es el caso del Alcalde Petro. Sus más controvertidas acciones ocurren porque ha pretendido gobernar de acuerdo con sus ideas, propuestas y talante. Petro no representa a los partidos tradicionales ni tiene un concepto del Estado y la sociedad igual al que plantean la mayoría de las colectividades políticas. Petro no representa ni el status quo ni a los convencionalismos tradicionales. Ha sido y es un político contestatario que pretende resultados económicos, sociales, políticos y culturales para la ciudad que gobierna, por caminos diferentes.
Por eso no se le puede revocar. Fue elegido legítimamente para gobernar cuatro años y es una insensatez pedirle resultados cuando apenas lleva el primer año, precisamente el de la organización del gobierno, el de la concepción del Plan, el de la elaboración de los proyectos, el de sanear la economía.
Petro es honrado.  Me gusta su defensa de lo público. Que tenga del Estado la idea de que debe responder a los asociados por los servicios públicos esenciales. Me agrada que un Alcalde como él reclame la autonomía que la Constitución consagra para las Entidades Territoriales. Que le duela la suerte de los pobres y tenga el concepto de que ellos y la clase media deben ser considerados con equidad en los compromisos del desarrollo.
No entiendo que se pretenda hacer daño a la ciudad y a sus habitantes generando una  crisis institucional, cuando apenas se empieza a superar la presentada en la anterior administración.
Tampoco comprendo el argumento de que un funcionario contra quien se intente una acción de revocatoria del mandato, no se pueda defender de las acusaciones ni tenga la oportunidad de oponerse a las pretensiones de sus contradictores.
Hay mucha ojeriza en el ambiente capitalino. El odio y las represalias no aconsejan bien en estas delicadas materias. Petro debe continuar. Déjenlo trabajar.
Bogotá D.C., 22 de Mayo del 2013 - Columna semanal de Elnuevosiglo

jueves, 2 de mayo de 2013

La Torpeza

                                       Por: Pedro Gerardo Tabares C
Con motivo de la elección de un magistrado para la más importante corte del país, que por su dignidad, las funciones y autoridad en todos los campos del derecho en Colombia, a la cual se le tiene el máximo respeto, por quienes profesen esa disciplina con integridad, encuentran que actualmente se puede explicar con el término torpeza, cualquier actuación relacionada con los impuestos al Estado, la responsabilidad de dineros, en cuanto al manejo de bienes que corresponde administrar personalmente, incluyendo el pago de los impuestos, deja en vilo aspectos éticos, no porque se sancionen sino porque el cultor del derecho sabe por principio elemental que la ignorancia del mismo no sirve de excusa, y menos el señalamiento de la procedencia de los dineros que se poseen, para cuando se trata de reunir requisitos para tomar posesión de un cargo.
Existió en el poco consultado código civil la definición de la buena fe o manera de obrar, como parte de la explicación de la culpa para encontrarla trascendencia en todas las normas y por ello la novedosa constitución de 1991, recogió el concepto  que impuso a servidores públicos y  administrados, lo cual permite asombrarse cuando una palabra de tal naturaleza se pronuncia por persona  de tan acendrados quilates intelectuales, al igual que tampoco se explique con la precisión que requiere la atención que merecen actos como contar las vueltas cuando se compra  un tinto, o cuando se recibe una indemnización que sobrepase el centenar de millones.
Ya no decimos que esto es insólito en el país en que peyorativamente se menciona una advocación religiosa para dar a entenderlo, sino que debemos recurrir a la explicación que señalan algunos que las costumbres cambien con las generaciones, entendible porque los hackers presentan las irregularidades de las naciones que en nada importan las costumbres.
Por eso se aplicarán las normas existentes y lo que pueda llamarse un escándalo, no pasa de ser eso, porque si el postulado y escogido no toma decisiones voluntarias podrá posesionarse en uso del derecho que aún ni con una nueva constitución se tiene claridad al respecto, porque mientras no se posesione ninguna autoridad podrá investigarlo por  dignidad  no asumida y que el elector no podrá modificar, salvo responsabilidades económicas para el Estado.

domingo, 8 de julio de 2012

¡RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL¡

Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR 
En la agenda mundial temas como cambio climático, activos ambientales, servidumbres ecológicas, daños ambientales y su responsabilidad; economía, costos y régimen tributario ambiental; medio ambiente urbano y ordenamiento jurídico medio ambiental, y seguridad y soberanía agroalimentarias y cadenas productivas, entre otros, son de tratamiento urgente, donde se busca un doliente, sea sociedad, industria ó instituciones.
En Colombia, pese a los esfuerzos políticos y jurídicos, las decisiones del usufructo de los recursos naturales han estado sujetas a los intereses particulares de los gobiernos y funcionarios de turno, donde las licencias ambientales a multinacionales explotadoras de minería se entregan a mansalva, y las explotaciones ilegales, en algunos casos, se desarrollan en áreas de una especialísima protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, las que al hacerse sin ningún control, están ocasionando daños irreparables a ecosistemas protegidos.
Esta grave dispersión de gestión administrativa por parte de la autoridad ambiental e institucional del orden nacional, regional y local, ha generado una gran cantidad de conflictos y distanciamientos entre los usuarios de los recursos naturales y los responsables de aplicar la compleja y contradictoria normatividad ambiental en todo el territorio nacional.
“Una discrecionalidad en la interpretación y aplicación normativa que sumado a la autonomía de las corporaciones e instituciones ambientales del Estado, generan inseguridad jurídica en la aplicabilidad de las normas ambientales, cada institución para el mismo caso produce un acto administrativo diferente en su trámite, procedimiento y parte resolutoria. Este conflicto estructural y organizativo en el Sistema Nacional Ambiental SINA, lleva a una dualidad de funciones entre los entes administrativos y los funcionarios públicos que lo conforman, presentándose una sistematicidad y una discrecionalidad ineficiente e incapaz en la aplicación de la normatividad ambiental; así el derecho ambiental con su pretensión de ser general, único, coherente y sistémico, pierde espacios y se torna complejo en sus propias especificidades técnicas, jurídicas y administrativas; llegando en muchos casos a la arbitrariedad, desigualdad, ineficiencia e inseguridad jurídico administrativa del sistema ambiental y de sus normas”1
Por esta carencia de normas ambientales unificadas, coordinadas y eficaces, vivenciamos la destrucción del patrimonio cultural y paisajístico donde la violencia contra la naturaleza y el paisaje, (conducta antrópica), se expresa en el mercado irregular del suelo, la flora, el agua y la fauna que se exponen y venden al mejor postor. La destrucción de comunidades humanas y poblaciones conformadas por elementos naturales (ecosistemas)- etnias en la Sierra Nevada de Santa Martha, grupos poblacionales en Zona Andina, Choco y Amazonas. Un ejemplo especifico, El paramo de San Turban en Santander, donde se ha priorizado la generación de empleo con la explotación minera; y la comunidad para hacer valer el interés general sobre el particular, ha tenido que hacer múltiples marchas de concientización y sensibilización rural y urbana, logrando detener por lo menos temporalmente la licencia y explotación a cielo abierto, sobre este magno y macro ecosistema.
El 30 agosto de 2011, posterior a un debate de Control Político Sobre Minería y Medio Ambiente que realice en plenaria de Cámara sobre denuncia del usufructo irregular de la minería en Colombia, presente el macroproyecto de Articulación al SINA y posteriormente como resultado, se creó la Comisión Accidental de Seguimiento al tema de Minería, Concesiones Mineras, Hidrocarburos, Arrecifes Coralinos y Páramos y la Política Minera, con mi participación, además de los representantes Hugo Orlando Velásquez Jaramillo, Cesar Augusto Franco Arbeláez,  Didier Alberto Tavera Amado, Jack Housni Jaller, Augusto Posada, Juan Diego Gómez Jiménez, Juan Manuel Valdés, Ivan Dario Agudelo Zapata y Wilson Arias Castillo.
Además con la oportuna y acérrima contribución en investigación y propuesta de la Universidad libre-Seccional del Socorro, bajo el liderazgo de la Dra Amanda Parra Cardenas, y su equipo co-investigador, vamos hacer la presentación del proyecto de Articulación del Sistema Nacional Ambiental -SINA- el cual busca crear una la jurisdicción ambiental-agraria y minera en Colombia Sistematizada, articulada, integrada y transversal; el próximo 20 de julio radicaremos del macroproyecto lo que compete a la creación del nuevo Código Sustancial y Procedimental Ambiental; el cual desde el año 1974 no se actualiza.
“Resulta bastante ambiciosa la idea de unificar la legislación ambiental, de ahí que se considera este como el momento histórico para Colombia de establecer un instrumento jurídico, codificado recogiendo temas existentes ya reglamentados, o nuevos que en últimas solo buscan preservar el medio ambiente, como un bien público, responsabilidad de las Instituciones Estatales y sociedad en su conjunto, expresó su autora, Dra Amanda Parra Cardenas.”.
1 pag. 3 Documento Ejecutivo, Universidad Libre de Colombia – Seccional Socorro, Facultadad de De Derecho y Ciencia Políticas ,Dra Amanda Parra Cardenas y su equipo Coinvestigador.

martes, 8 de mayo de 2012

La niñez y la juventud en camino al abismo

Por: Bernardo Socha Acosta


La ascendente carrera que llevan, la niñez y la juventud  hacia un futuro  escalofriante parece no tener control ni remedio.
Las autoridades buscan, como dice el adagio, la calentura en las sábanas, seguramente por respeto o ignorando simplemente el origen del gravísimo fenómeno.
Desde las pequeñas sociedades, la familia,  muchos niños y jóvenes, comienzan el camino del delito, amparados por las normas que les han dado  nuestros legisladores, seguramente de buena intención, sin conocimiento de lo que significa con todos los elementos vitales, la formación de un ser humano, desde sus primero años de vida. Esto no es solo que los niños lleguen y ocupen cunas de oro y que no les falte el alimento. Esa misión representa mucho más de lo que desprevenidamente pensamos.
Hoy cuando lamentablemente los padres de familia son amedrentados por muchos niños y jóvenes   para que  no se interpongan en el libre 'albedrío,' se acabó la autoridad en el hogar y esa nueva sociedad está en el peor, triste y lamentable   camino de  destrucción y de representar el peor de los riesgos de un país que volverá seguramente a las viejas y arcaicas prácticas de la ley del más fuerte y mucho peor. Eso es lo que se puede visualizar cuando vemos algunos niños y jóvenes que les pegan a sus padres y hasta atentan contra sus vidas.  Pero qué decir de los vergonzosos  actos que esos, algunos, alumnos cometen en las escuelas y colegios, contra sus mismos compañeros y ahora últimamente contra los educadores, a quienes intentan eliminar.  
Ahora, como un padre de familia o un educador no puede  corregir a los menores, porque según las normas se les está violando sus derechos, el estado tendrá que responder más tarde por su responsabilidad. Cuándo se veía (hace unos 40 o más años) que en una forma tan generalizada los hijos se levanten contra sus padres y los alumnos saquen corriendo de los establecimientos educativos a sus educadores, (si se les puede decir así,)  porque ya no son educadores, amen de las normas que los ha convertido en una guías; educar significa tener autoridad para poder formar.  Y… la responsabilidad ¿de quién es? Pues de esas normas que aunque respetables, han abierto la puerta sin ningún control  para que la sociedad del futuro se convierta en un bumerán...
En manos de los legisladores y el gobierno, está  la búsqueda de una solución, no construyendo más  Centros para resocialización del menor y cárceles para castigar a los ciudadanos, sino previniendo lo peor que se le avecina a Colombia, tomando como base lo que ya estamos  viviendo lamentablemente y que permanecerá como infortunio social por algunos años, y se incrementará o se solucionará, de acuerdo a como actúen ya  nuestros gobernantes y quienes tienen la misión de legislar.
Esque, construir la sociedad  que queremos, no se hace con normas que derrumben las leyes naturales, desautorizando  a quienes desde tiempos remotos han tenido la misión de orientar y formar a cada uno de los futuros ciudadanos.
Hoy con los factores de desigualdad social y económica, miseria, hambre, delincuencia, prostitución y muchos factores más, si le sumamos la tolerancia de anarquía de la niñez y la juventud,  no sabemos hasta dónde vamos a llegar.  O será que estamos esperando que veamos algo peor.

domingo, 1 de abril de 2012

La Costa Atlántica región de conflictos por tierra


MAGDALENA Y EL RETO POR EL CAMBIO
Por: Alejandro Arias
A las 5 de la tarde del pasado jueves trascendió el nombre de Alejandro Reyes Posada como nuevo Director de INCODER. Noticia que, entre otras, registró Caracol Radio (Ver http://bit.ly/Hl3b8K)  
Los procesos de justicia transicional y la restitución de tierras son, a mi juicio, el gran reto del Gobierno del Presidente Santos en materia de DDHH y reparación a las víctimas del conflicto. Y que el proceso de Ley de Tierras lo asuma, desde el INCODER, Alejandro Reyes es prenda de garantía para el Gobierno y las victimas.
No hay dudas que Reyes Posada es una autoridad cuando se trata de abordar la problemática de la distribución de la tierra y la incidencia del despojo de ésta en la crisis humanitaria que padecen más de 3 millones de colombianos, hoy desplazados y desposeídos. Sus investigaciones abordan esta trágica realidad de forma cruda, pero igualmente cierta. Guerreros y campesinos, el despojo en la tierra en Colombia y el estudio titulado Violencia y el Problema del Agro ilustran con lujo de detalles el profundo conocimiento que tiene en esta materia.
La Costa Atlántica es la región con mayores conflictos por la tierra. De los 155 municipios que la integran, hay 55 con conflictos abiertos por la tenencia de la tierra, 24 con alta presión campesina y 5 de colonización. Para el caso del Magdalena los conflictos se presentan en 6 de los 29 municipios y la presión campesina por la tierra se da en 7 municipios del Departamento de acuerdo con las conclusiones de Reyes Posada.
Esta presión violenta, por el control y la posesión de la tierra, tiene como factores propiciadores a los grupos armados ilegales como el ELN, EPL, FARC y las AUC.
De acuerdo con la obra Parapolítica La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, de la Corporación Nuevo Arco Iris (2007), algunos de esos factores están en el marco de la legalidad. Tal es el caso, según dicha publicación, de ciertos sectores de los grupos económicos más representativos (ganadero, bananero, cafetero y comerciantes), que, sintiéndose afectados por las incursiones guerrilleras en el departamento, utilizaron este hecho para justificar la promoción y fortalecimiento de grupos ilegales armados, en nombre de la defensa de la propiedad y la protección de intereses privados, muchos de ellos ilegales.
Conclusiones que expuso Priscila Zuñiga, actual Secretaria de Gobierno de Santa Marta, en el capítulo Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena en la que además precisó que para entender este hecho hay que hacer referencia a las tendencias políticas en el Magdalena, las cuales han pertenecido a la tradición del Partido Liberal, aunque en el área del centro del departamento (Cerro de San Antonio, Santa Ana, Pijiño del Carmen) existe una fuerte presencia del Partido Conservador. (. . .) Algo similar ocurre con la gobernación del departamento, la cual no ha sido ocupada por los conservadores desde que la constitución de 1991 instituyó su elección por voto. Esto ha hecho del Magdalena un verdadero fortín electoral del Partido Liberal.
Esta combinación de violencia amparada desde la legalidad por los actores productivos y políticos terminaron marcando al departamento del Magdalena a un punto que pareciera ser imposible superar las dramáticas secuelas de dolor, pobreza y tragedia que en cifras registran 122.957 desplazados y 22.217 hectáreas abandonadas por causa de los violentos, según cifras de Acción  y Pastoral Social, respectivamente.
Si bien es cierto que la educación, la salud, la infraestructura vial, etc. constituyen desafíos para la administración del actual gobernador, Luis Miguel Cotes Habeych, creo que los DDHH, los procesos de justicia transicional, la reparación de las víctimas y la restitución de tierras vienen a ser la verdadera prueba de fuego de cara al país y la comunidad internacional.
Abordar estos temas con transparencia; proponiendo estrategias que ofrezcan seriedad y garantías por parte de la administración departamental serían un claro y contundente mensaje de que en el Magdalena hoy no aceptamos ninguna influencia pasada de los violentos y que estamos dispuesto a rectificar.
Bienvenido el nombre de Alejandro Reyes Posada al INCODER; y ojalá con él y el Gobernador Cotes Habeych demos pasos hacia el respeto por el Magdalena asumiendo el reto por el cambio aferrándonos a los DDHH y garantizando la reparación a las víctimas.

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