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Este documento puede ser
asimilado por las autoridades como una denuncia
SEÑOR FISCAL, LOS SAMARIOS
MERECEMOS
La Revista semana concluyó su
publicación titulada “Un gobernador de miedo en La Guajira” haciendo la
siguiente rogativa: “el gobernador Juan Francisco Gómez siempre ha negado todo
esto y dice que son calumnias de sus contradictores. Por el bien del país es
importante aclarar pronto la situación. Si es inocente para que de una vez por
todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella
historia”. (Ver http://bit.ly/13b7fqF)
Rogativa que hemos elevado los
samarios a la Fiscalía General de la Nación desde el momento en que supimos que
Carlos Eduardo Caicedo Omar sería candidato para la Alcaldía de Santa Marta
arropado por el aval del Partido Liberal.
Para entonces los samarios ya
teníamos un amplio inventario de reproches en su contra como funcionario
público.
Entre los reproches de
naturaleza disciplinaria se cuentan 53 investigaciones, de naturaleza penal
poco más de 30, sin incluir una relacionada con presuntos homicidios y acuerdos
con genocidas, y de naturaleza fiscal
recordábamos el Auto 000634 de fecha 11 de diciembre de 2009 proferido dentro
del proceso fiscal número 214 seguido en su contra, en calidad de rector de la
Universidad del Magdalena, y de los señores César Augusto Henríquez Moreno e
Isaac Enrique Pertúz Bolaño, hoy Secretario de Planeación Distrital, por la
cual se determinó la responsabilidad fiscal de éstos al demostrarse que
recibieron menores cantidades de obras de las contratadas con el contrato 0067
del 23 de abril de 2003. (Ver AUTO 000634 11DIC2009: http://sdrv.ms/19daVIv)
En ese inventario de reproches
de forma especial los samarios seguimos aterrados el caso que por homicidio
instruía, por ese entonces, la Fiscal 12 de DDHH y DIH bajo el radicado 832 en
el que se vinculó a Caicedo Omar como presunto co-determinador junto con alias Jorge 40 de los homicidios de
Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli.
Aún hoy muchos nos mantenemos
sorprendidos que en diciembre de 2011, ya siendo Alcalde electo Caicedo,
sospechosamente la ex Fiscal General Viviane Morales dejó sin efectos la orden
de captura que en su contra libró la Fiscal 12 de DDHH y DIH y en consecuencia
no permitió que el General Mena materializara la misma. Hecho del que luego
diera cuenta El Espectador. (Ver http://bit.ly/vGBjNu)
Claro que Viviane Morales
además de suspender la orden de captura también le regaló de navidad a Caicedo
Omar un cambio de fiscal y entonces le remitieron el expediente al Fiscal 105
de DDHH y DIH quien a la fecha adelanta la instrucción de esa investigación y
luego de año y medio de haberlo indagado no le ha resuelto situación jurídica
al hoy alcalde de Santa Marta.
Proceso en el que actúa como
parte civil el abogado Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, reconocidos y respetados defensores de DDHH en nuestro país.
Uribe ha liderado la lucha jurídica para que estos crímenes no queden impune
tal y como lo logró frente al crimen del sociólogo Correa de Andréis.
De la sindicación contra
Caicedo Omar en diciembre de 2007 dio cuenta el Juez Segundo Penal del Circuito
Especializado de Descongestión, José Nirio Sánchez, al proferir sentencia de
primera instancia en contra de Reinaldo de Jesús Torres Forero al determinar
con ella que éste fue el autor material del homicidio de Julio Otero Muñoz. Ampliación
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