Las declaraciones de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los DDHH de Naciones Unidas, adhiriendo al candidato de la izquierda a la presidencia de Chile, no sólo viola las obligaciones de imparcialidad que le impone su cargo, sino que también dan cuenta de la desembozada intervención que caracteriza hoy a la burocracia de las organizaciones internacionales en asuntos que les son vedados y que se ha convertido en práctica impune y militante. El escenario político de cada país se ve interferido por los alcances de la globalización que convierte todo proceso electoral en campo de batalla entre un progresismo colectivista y un humanismo de libertades. En juego se hallan no solamente las aspiraciones propias de una nación, sino principalmente la imposición de unos postulados culturales que desafían la democracia. La exigencia del pensamiento de lo “políticamente correcto” es hoy el objetivo de quienes hacen tránsito del socialismo y comunismo de antaño a la tarea de deconstruir los fundamentos que inspiraron y permitieron el régimen de libertades. Plantean así un combate sin tregua posible, que se libra con distinta intensidad en todos los continentes, y que ha encontrado en las burocracias de los organismos internacionales sus mayores difusores y sus más intensos adalides.
En las Américas nos encontramos inmersos en ese debate que contagia los procesos electorales recién celebrados y por celebrarse. Las elecciones que tuvieron lugar recientemente en los Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras y en curso en Chile y Colombia, se vieron atrapadas en esa tensión, no escaparon a la fragmentación que ella favorece y padecen los efectos que les son propios. En Colombia, se están juntando todos los elementos de una tormenta perfecta. No solamente se activaron el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, las fuerzas progresistas de los Estados Unidos, de la Unión Europea y la Internacional Socialista para imponer su visión de un régimen colectivista, sino que también se multiplicaron las amenazas a la seguridad nacional con la presencia en Venezuela de asesores militares y de inteligencia de Rusia, China, Turquía, Irán, aunados a la presencia de Hezbola, y complementados por las acciones de Cuba, conocidas de vieja data. Colombia se convirtió en la joya de la corona en las Américas para la prevalencia del progresismo, sin que nos hayamos percatado de los peligros que se ciernen sobre nuestra seguridad y nuestro futuro. Vivimos en un estado de plácida inocencia que nos impide evaluar con acierto los retos que nos esperan y hacer de ellos la prioridad en las decisiones electorales para enfrentarlos con contundencia e inteligencia. El informe de la oficina sobre el Paro Nacional en Colombia de la Alta Comisionada para los DDHH debe ser entendido como pieza principal de la intervención política indebida. Su lectura interpela la originalidad del informe encargado por Claudia López a Carlos Negret y devela la complicidad en los efectos que procura. Ni siquiera el manido recurso de camuflar como independientes a sus correligionarios esconde la connivencia y confabulación que los anima. Gobierno y precandidatos deben tomar atenta nota.
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