El presidente Petro en la instalación de las sesiones del Congreso proclamó el fin de la guerra entre el estado y la insurgencia, con la intención de promover su mesiánica tarea de arquitecto de una paz total, ilusoria, sacudida por la violencia que se extiende por el país a manos del Eln, del Estado Mayor Central, de la Nueva Marquetalia, del Clan del Golfo y de las diversas organizaciones criminales que asolan las regiones de Colombia. Estimó necesario archivar la paz inconclusa de Santos para que sombra alguna no afectara la que añora construir a las volandas, sin orden estratégico, pero con premura traducida en perdones mutuos, propios de los que se sienten presbíteros de una misma profecía.
Tarea que puede naufragar en las aguas tormentosas de las elecciones de octubre. Cunden las inquietantes alarmas relativas a las precarias condiciones del certamen electoral. La Defensoría del Pueblo ha señalado que en las 2/3 partes de los municipios peligra el liderazgo de quienes no cuenten con el denominado “aval del monte”. Allí, las banderías criminales seleccionan los candidatos, censan y carnetizan a los electores y ejercen control a través de los líderes comunales, constreñidos a la tarea so pena de muerte, amenaza que se acredita con 23 asesinatos recientes. La contienda será no solamente entre partidos y organizaciones políticas, sino entre los aparatos armados de criminales en pugna, identificados en los réditos políticos que facilitarían sus incorporaciones a la paz total, inmunes, impunes y empoderados en las nuevas estructuras políticas regionales y locales. Estrategia que supera lo acontecido al final del mandato de Samper, que registró el exilio obligado de numerosos alcaldes en las capitales de los departamentos, pero que reincide en la despreocupación del gobierno ante las dramáticas alertas de los gobernadores y alcaldes, abandonados ante la espiral de violencia que enclaustra a los ciudadanos forzados a la conservación de sus vidas.
A ese inseguro destino se suma la desconfianza en el registrador por sus antecedentes en el cargo y en el CNE, que no ofrecen las garantías para unas elecciones libres y transparentes.
El nuevo acuerdo nacional del presidente parece sugerir la reedición del que él mismo dinamitó en ejercicio de su carácter incendiario y que no ofrecía cosa distinta a la repetición del carrusel de prebendas que tanto ha degradado la política nacional y que resulta inaceptable para afrontar los retos del presente.
El eje del futuro del país y de la paz radica en la recuperación del control territorial por parte del Estado, que se ha perdido a lo largo de décadas de ceguera del establecimiento y de violencia de los criminales. Un nuevo diseño de país que fortalezca la descentralización de competencias y de recursos no asoma en las visiones del gobierno ni de las fuerzas políticas. Libertad y Orden no pueden forjarse sin la atribución de esas facultades y de los recursos correspondientes a las autoridades regionales y locales, en un país diverso en riquezas naturales e idiosincrasias de sus gentes.
Venzamos en octubre a los profetas iluminados de catecismos fracasados en los tiempos ya vividos. De ello depende nuestro inmediato destino.
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