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jueves, 1 de agosto de 2013

Combatir la corrupción publicitaria, sí, pero no atropellar...

                                  Por: Bernardo Socha Acosta
Combatir la corrupción sí, pero sin atropellar los derechos ajenos. Tampoco es dable que se utilice  la insidia, para poner en tela de juicio y en duda la honestidad, profesionalismo y la libertad de iniciativa de manera generalizada. Para quienes hemos querido avanzar en el sistema de las comunicaciones, utilizando las nuevas tecnologías, de las que el gobierno está haciendo énfasis y honor, por los alcances que ellas tienen para la sociedad y el progreso, cuando son bien utilizadas y de manera adecuada, cumpliendo los cánones de la legislación, nos sentimos insultados por un columnista local.
Con esta entrada quiero referirme a una columna aparecida en un medio escrito local en el que se hacía  mención a la publicidad oficial, para el caso de la gobernación de Santander.
Pero eso no es lo malo, ni faltaba más que pretendiéramos oponernos a la sana  crítica, sobre manejo de recursos para la divulgación de campañas institucionales. Lo malo es la siembra de la insidia y la duda generalizada ante la sociedad, contra los medios de información que están cumpliendo una labor social, desde el punto de vista virtual, aprovechando las nuevas tecnologías, a las que a nadie se le puede impedir.
Destinar recursos económicos para la divulgación de campañas institucionales, no es lo diabólico, porque esa es una actividad que hace parte del devenir diario de la información y el proceso recíproco para con los actores de la labor habitual del servicio, siempre y cuando se cumplan algunos parámetros y no se caiga en el abuso y los extremismos.  Lo que no sería correcto  sería su manejo desproporcionado o inadecuado y en eso todos estaríamos de acuerdo para seguir combatiendo lo que llegue a rayar con el delito del engaño.  Porque nadie podría creer que se hayan manejado paquetes publicitarios parcializados o con beneficios aparentemente para unos pocos y no de acuerdo con los niveles idóneos, de importancia y  de Ranking.  
Bueno y si el sentido de la crítica va enfocado a  denunciar la corrupción, pues bienvenida, pero que se señalen casos concretos y no se tienda un manto de duda contra todos los que hacemos parte de ese  sector virtual respetable y ajustado a las exigencias que se enmarcan en la clasificación que tuvo en cuenta el gobierno nacional para emitir el decreto de Teletrabajo 0884 del 30 de abril de 2012, fundamentado en la Ley 1221, que estableció el uso apropiado y el fomento de actividades laborales mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones para ejercer una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros.
Lo anterior no quiere decir que se ampare   la piratería publicitaria, de posibles sitios que aparecen de la noche a la mañana sin el lleno de los requisitos necesarios. Y aquí es donde juegan un delicado papel importante, quienes tienen la misión de ejercer la labor de comercialización de los rubros de incentivos laborales como se pueden calificar los destinados por el gobierno para divulgación institucional.
Quiero con esta nota sacar en limpio a destacados sitios web que llenan todos los estándares de calidad informativa y de servicio a la comunidad, con tradición de cuatro, ocho y  o más años y un respaldo de una cifra superior a 100 mil y 400 mil visitantes,  pero también condeno las pretensiones de engañar con sitios montados únicamente para la ocasión, sin ninguna vocación de servicio y profesional y que no tienen  una socialización, que debe ser quizás uno de los requisitos, para todo el que aspire y proyecte ingresar a este sistema de comunicación, porque a nadie se le puede prohibir, el progreso y el avance de las tecnologías en la información.   
Y con el respeto y perdón de los lectores, mi sitio web de Bersoa comunicaciones (conjunto de páginas) tiene un recorrido y una  antigüedad de 8 años, que a nadie daría lugar a poner  en tela de juicio porque  todo el sistema supera con la sumatoria las 4 millones de visitas de los últimos seis años cuando se dispuso el sistema de registro. Cualquier  lector puede ingresar por ejemplo a Asi es Bucaramanga,   Santander hoy, o  Información nacional  y otros sitios asociados, como RevistaExpresiones  y Revista Pirámide, para citar algunos.
En lo que si estamos de acuerdo, es combatir la piratería publicitaria que se pretende con páginas web sin el reconocimiento social y un Rankin que le garantice efectividad al inversionista.  
Y para terminar no quiero desconocer la buena fe del  columnista, que combate actos de corrupción, pero que no se puede generalizar, como en cualquier profesión.

sábado, 24 de marzo de 2012

COMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Por: Pedro Gerardo Tabares C.

No es fácil creer que retrocediendo se tenga éxito, pero frente a la corrupción rampante es necesario decir sin reticencias, que para combatirla se hace imperioso volver atrás. La consagración del artículo 83 de la Constitución `Política que ratifican la antigua norma del Código Civil respecto de la buena fe, no puede desaparecer en la teoría, pero está demostrado que quienes contratan con el Estado, cada vez que suscriben un contrato de una y otra parte, procuran desconocer el Estado, cumple licitaciones en algunas oportunidades y en otras acude a peripecias para no someterse a ellas y suscribe contratos a pesar de su prohibición  con el visto bueno de asesores, al mismo tiempo  incumple flagrantemente con el pago oportuno a los contratistas, que vienen a afrontar los gastos en contrataciones grandes y pequeñas.
No son pocos los casos en que con el uso de la buena fe se constituyen sociedades para contratar con el Estado, pero las circunstancias de incumplimiento por parte de este, las lleva  a la liquidación, porque surgen situaciones que los contratistas no previeron y  no son pocas las veces en que las conocidas actuaciones anómalas atosigan al empresario con participaciones que le quitan la liquidez, no es necesario denunciar cada una de esas circunstancias conocidas porque por reiteradas se tornan en costumbres sin afirmar con certeza que es necesario retroceder.
La costumbre sana que se practicaba antes de la vigencia de la ley 80, que se denominaba control previo por parte de los entes de control y vigilancia para que entes especializados acompañarán cada licitación y aún pequeños contratos. haciéndole seguimiento a importantes requisitos señalados en la ley para prevenir lo que se ha constituido en inveterada costumbre de utilizar los dineros estatales para fines diferentes a los señalados en cada disposición presupuestal, con las consecuencias que no se desconoce porque la justicia ha tenido que apersonarse de la tipicidad de esas irregularidades.
No hay explicación para que se atosigué la administración de justicia que transforme en delincuentes a quienes acceden al Estado con capacidad de contratación el que luego de una equivocada determinación de control posterior surgió esa libertad, esa lasitud que la acompañó sin advertencia. Seguramente que habrá muchos críticos que podrán estar de acuerdo en que se piense de esa manera, pero es necesario regresar al control previo, así se diga que debemos vivir la actualidad moderna sin retroceder.
Cuando los costumbres nos doblegan, es necesario acudir a mecanismos que existían puesto que no hay demostración que el control posterior haya sido exitoso y sí en cambio se puede observar que el control previo da la razón de ser a los organismos de control que de otra parte, han demostrado poco interés en la facultad sancionatoria en el tema que nos ocupa, salvo la actividad que el Procurador General de la Nación del período actual puso en vigencia. La creación de las contralorías con los mecanismos de nominación que el constituyente creyó positivo, no ha dado los resultados esperados y por eso es necesario rectificar la legislación para que se busque no sanciones, sino prevención.
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