Jugadas sucias

Miércoles, 6 de octubre de 2010

------------------------------HORACIO SERPA

La decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, de destituir e inhabilitar por 18 años al ex secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a tres ex subdirectores del DAS, es una demostración más del viejo adagio: la justicia cojea, pero llega. Y llegó disciplinariamente para demostrar que desde las altas esferas gubernamentales se expió y persiguió a la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición, periodistas, congresistas y a muchos más.

El caso de las chuzadas del DAS es mil veces más grave que el escándalo del Watergate, que le costó el mandato al republicano Richard Nixón, solo que en Colombia hay sectores que le han querido bajar el perfil, hasta hacerlo aparecer como la conspiración de una escolta y una señora de los tintos de la Corte Suprema. ¡Qué ridículos!

Nada más alejado de la verdad que eso. Ya todo el país sabe que el DAS se convirtió en una policía política, corroída moralmente, que se dedicó no a perseguir delincuentes, sino a aliarse con ellos, como el caso de la infiltración del paramilitarismo en esa institución, dirigida, precisamente, por un amigo de las AUC: Jorge Noguera. Es como si a Bin Laden lo hubieran puesto a dirigir la CIA, ante los ojos y la complacencia de la Casa Blanca. Ese buen muchacho, que se defendió a capa y espada desde las instancias oficiales, resultó implicado en graves persecuciones, como lo han denunciado ampliamente los ex paramilitares en los procesos de justicia y paz, y su ex subalterno Rafael García.

El DAS hace rato ha debido acabarse. No solo porque sus últimos directores han apostado al juego sucio contra la democracia, acatando órdenes gubernamentales impropias, sino porque no tiene credibilidad alguna, se ha corrompido y no tiene razón de ser. Varios de esos directivos del DAS, y sus subalternos los jefes de inteligencia y contrainteligencia, son un peligro para la sociedad.

Son una amenaza para la democracia. Al igual quienes les dieron las órdenes de atacar a los que consideraban enemigos del régimen, entre los cuales se cuentan el Presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Gobierno, Germán Vargas Lleras; los gobernadores de Nariño y Santander; los periodistas Daniel Coronell y Holman Morris, entre muchos. Por no hablar de los ex candidatos presidenciales Gustavo Petro y Lucho Garzón, además de las más importantes ONG de derechos humanos, nacionales e internacionales. Piedad Córdoba también fue perseguida.

Lo que ha pasado en Colombia con el DAS en los últimos años es un hecho histórico grave, un atentado a nuestra dignidad como nación, a la institucionalidad y la democracia. ¿Los destituidos y sancionados funcionarios obedecían a mandos superiores? Tendrá la justicia que establecer a quiénes le reportaban sus torticeras actuaciones, y qué beneficios obtuvieron quienes ordenaron estos crímenes.

Las chuzadas nos duelen a los colombianos. Seguiremos atentos a que los ideólogos también paguen por sus pecados. ¡Justicia severa para los chuzadores!

La agenda de los Derechos Humanos

Colombia, miércoles 30 de junio de 2010

HORACIO SERPA

La elección de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón como Presidente y Vicepresidente de la República ha creado un nuevo clima político marcado por la distensión, el comienzo del fin de la polarización política y la expectativa de que habrá cambios profundos en algunos temas vitales de la agenda nacional e internacional de Colombia.

El primero de esos temas tiene que ver con el restablecimiento de la confianza en las relaciones internacionales con el vecindario, afectadas durante los últimos años por el distanciamiento personal de los presidentes Uribe, Chávez, Correa, Morales y Ortega, originado en el alineamiento carnal de nuestra diplomacia con Estados Unidos, en la era Bush, y por el tema de las bases militares en la era Obama.

En buena hora, las cosas parecieran comenzar a tomar otro rumbo con Ecuador, después del bombardeo colombiano a la región de Angostura para cazar a Raúl Reyes y cortarle la cabeza a la diplomacia de las Farc. El Presidente Correa parece dispuesto a venir a Bogotá a la posesión de Santos y no se descarta que Chávez haga lo mismo. 500 mil empleos perdidos en los últimos tres años, como consecuencia de ese agrietamiento de las relaciones con los vecinos, dan fe de lo costoso que ha sido este episodio.

Es urgente recuperar el camino de la integración latinoamericana. Colombia no puede aislarse del continente, por razones económicas, políticas y estratégicas. Necesitamos ratificar que somos parte del continente y que nuestros pies y nuestras esperanzas están en América Latina.

La tarea que tiene por delante la designada Canciller María Ángela Holguín es enorme. Ella tiene el talente y la capacidad para acometer la tarea, y cuenta con el liderazgo del Presidente electo, que ha anunciado una política exterior para el desarrollo y la integración. Y ha explicado que nunca se repetirán los bombardeos a ningún otro país y que trabajará para la integración y el entendimiento con todo el mundo.

El otro tema vital es el establecimiento de una vigorosa política de derechos humanos, que nos permita superar la crisis humanitaria que nos afecta, como consecuencia de un conflicto armado interno inagotable, que protagonizan paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes.

Cuatro millones de desplazados, miles de fosas comunes, desaparecidos, líderes de oposición, sindicalistas y dirigentes de ONG amenazados y exiliados son el resultado de un país cruzado por la barbarie. El Presidente electo y su vicepresidente tienen en sus manos una responsabilidad histórica: crear condiciones para que el mundo mire a Colombia como un país respetuoso de los derechos humanos, en donde nadie sea asesinado ni perseguido por hacer oposición o defender la democracia.

La agenda internacional tiene mucho que ver con los derechos humanos. Los TLC con Europa, Canadá y Estados Unidos están supeditados a resultados tangibles en ese campo. En Colombia tiene que ser posible la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y tiene que surgir una nueva oportunidad para la paz. Son los retos del mandatario electo.

60 años de los Derechos Humanos

Tomado de elnuevosiglo.com

casino online

Colombia, miércoles 19 de noviembre 2008

POR: HORACIO SERPA

El 10 de diciembre de 1948 se firmó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un mandato de la humanidad por la justicia y la igualdad. A pesar de la buena voluntad de muchos dirigentes y líderes mundiales, desde entonces, nunca han dejado de existir guerras, genocidios, desigualdad, exclusión, intolerancia, torturas, hambre, pobreza, discriminación. Colombia no es la excepción.

No es mucho lo que hay que conmemorar. Los derechos humanos siguen atrapados en los vericuetos de la guerra. Paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y hasta agentes del Estado, los violan con sevicia en todas partes. Por ello, estamos en la mira de la comunidad internacional. Somos el país número uno en desplazamiento forzado. Casi cuatro millones de compatriotas han sido víctimas de ese flagelo y cargan a cuestas con su drama sin que el Estado, ni la sociedad, se apiaden de su desgracia.

Torturas, desapariciones, masacres, reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, forman parte de ese oscuro panorama, cuyas cifras impactan y avergüenzan. Las poderosas ONG de derechos humanos, los organismos intergubernamentales, los medios de comunicación internacionales miran a Colombia como una nación depredadora y colapsada. Tienen razón. Es enorme el desprecio por la vida, la dignidad y la libertad. Las cifras son elocuentes.
Según Human Rights Watch, en Colombia han ocurrido en los últimos años más violaciones a los derechos humanos que en la dictadura de Pinochet. De ese tamaño es nuestra imagen internacional. Así se habla de Colombia en Washington. Y la respuesta a cada informe de HRW, Amnistía Internacional, WOLA, Naciones Unidas o cualquier agencia intergubernamental, es una catarina de argumentos poco creíbles, porque nada cambia y las condiciones internas siguen empeorando año tras año.

La acción de los grupos paramilitares se ha convertido en la mayor amenaza a nuestra democracia. Sus métodos sanguinarios aterran al mundo. El número de sus víctimas sigue sin cuantificarse, pero se sabe que cientos de miles de colombianos han muerto de la peor forma a manos de esos criminales, que se han apoderado de la conciencia, la vida, los dineros y los

designios de la mitad de los municipios del país y han infiltrado las agencias del alto gobierno, como el DAS y la Fuerza Pública.

El proceso de justicia y paz no ha servido, por desgracia, para eliminar esa amenaza, que se reproduce como un cáncer por todas partes. El país entero sigue esperando verdad, justicia y reparación. Pero los masacradores y ordenadores de crímenes de lesa humanidad siguen sin pagar por sus culpas. En las cárceles de Estados Unidos purgan penas por sus delitos como narcotraficantes. La CPI los espera por los delitos de lesa humanidad.

Los falsos positivos han sido el peor golpe para la credibilidad de la Fuerza Pública. Está bien que los militares sigan preocupándose por respetar los derechos humanos. Bien se hace exigiendo resultados. 60 años no son nada, sobre todo, cuando hay tan poco por celebrar.

Fuente: Mónika María Leal Abril Jefe de Prensa y Comunicaciones Gobernación de Santander. Volver a Inicio >

Rompiendo el control

Fuente: elnuevosiglo
Colombia, miércoles 22 de octubre de 2008

PO: HORACIO SERPA
_________________________
Human Rigths Watch, HRW, es una importante ONG de Derechos Humanos del mundo. Su voz se escucha en los centros de poder de Washington, como la Casa Blanca, El Departamento de Estado, el Congreso y los medios de comunicación. Sus informes suelen producir la ira de quienes son escrutados por la violación de derechos humanos.

Su último informe sobre Colombia no es muy alentador. Deja en claro que la justicia está siendo obstruida, precisamente cuando investiga el peor caso de conspiración contra nuestro sistema democrático, en el que aparecen involucrados los fusiles de los paramilitares, la avaricia de los políticos y el dinero del narcotráfico, para apropiarse de la voluntad colectiva.

Un caso semejante de corrupción de la democracia no podía esconderse. La Corte Suprema ha luchado contra todos los obstáculos para impartir justicia, demostrándole al mundo que el paramilitarismo aprieta, pero no ahoga a nuestros jueces, a pesar de que sus tentáculos corroen todo cuanto tocan.

El informe de HRW se llama ¿Rompiendo el controll? Y se encuentra disponible en su página de Internet. Todos los colombianos deberíamos leerlo sin prevenciones, poniendo mucha atención en la importancia que el tema de los derechos humanos en Colombia adquirirá en los años por venir en distintas partes del mundo.

Seguiremos estando en el ojo del huracán por mucho tiempo, porque somos campeones mundiales de violación de los derechos humanos y las cifras de nuestra vergonzosa situación son dramáticas: casi cuatro millones de desplazados forzados, 130 mil víctimas de los guerrilleros y muchas más de los paramilitares, con miles de fosas comunes en donde terminaron sus vidas quienes pensaron diferente o los sicarios ejecutaron para apropiarse de una finca o imponer una ideología mafiosa.

Somos Campeones con medalla de oro en la violación de los DD. HH., sin que pase nada que cambie las cosas. Cuando la justicia actúa para castigar a los paramilitares y a sus cómplices, la marea de descalificaciones se eleva y a los jueces se señalan como enemigos del Estado. El reality no ha terminado y aún hay mucho por hacer para cambiar las cosas. Lo primero es actuar con firmeza para que los derechos humanos sean un tema principal de la agenda pública y nuestros jueces cumplan sus labores con plenas garantías.

El próximo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sabe que los derechos humanos en Colombia cruzan el desierto de la guerra sucia. Su reflexión sobre las razones de su oposición al TLC, en el último debate con McCain, dejó en claro lo mucho que pesará en su agenda internacional la muerte de sindicalistas, y el cerco armado a la oposición que han impuesto
paras y narcotraficantes.

En el marco de un renacimiento de la agenda humanitaria, Colombia debe dar pasos seguros hacia la humanización del conflicto, la paz negociada y la extirpación de la amenaza paramilitar. No podemos convertirnos en una republiqueta bananera. Nadie podrá romper el control de nuestras vidas. Volver a Inicio > Titulares >