Jugadas sucias

Miércoles, 6 de octubre de 2010

------------------------------HORACIO SERPA

La decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, de destituir e inhabilitar por 18 años al ex secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a tres ex subdirectores del DAS, es una demostración más del viejo adagio: la justicia cojea, pero llega. Y llegó disciplinariamente para demostrar que desde las altas esferas gubernamentales se expió y persiguió a la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición, periodistas, congresistas y a muchos más.

El caso de las chuzadas del DAS es mil veces más grave que el escándalo del Watergate, que le costó el mandato al republicano Richard Nixón, solo que en Colombia hay sectores que le han querido bajar el perfil, hasta hacerlo aparecer como la conspiración de una escolta y una señora de los tintos de la Corte Suprema. ¡Qué ridículos!

Nada más alejado de la verdad que eso. Ya todo el país sabe que el DAS se convirtió en una policía política, corroída moralmente, que se dedicó no a perseguir delincuentes, sino a aliarse con ellos, como el caso de la infiltración del paramilitarismo en esa institución, dirigida, precisamente, por un amigo de las AUC: Jorge Noguera. Es como si a Bin Laden lo hubieran puesto a dirigir la CIA, ante los ojos y la complacencia de la Casa Blanca. Ese buen muchacho, que se defendió a capa y espada desde las instancias oficiales, resultó implicado en graves persecuciones, como lo han denunciado ampliamente los ex paramilitares en los procesos de justicia y paz, y su ex subalterno Rafael García.

El DAS hace rato ha debido acabarse. No solo porque sus últimos directores han apostado al juego sucio contra la democracia, acatando órdenes gubernamentales impropias, sino porque no tiene credibilidad alguna, se ha corrompido y no tiene razón de ser. Varios de esos directivos del DAS, y sus subalternos los jefes de inteligencia y contrainteligencia, son un peligro para la sociedad.

Son una amenaza para la democracia. Al igual quienes les dieron las órdenes de atacar a los que consideraban enemigos del régimen, entre los cuales se cuentan el Presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Gobierno, Germán Vargas Lleras; los gobernadores de Nariño y Santander; los periodistas Daniel Coronell y Holman Morris, entre muchos. Por no hablar de los ex candidatos presidenciales Gustavo Petro y Lucho Garzón, además de las más importantes ONG de derechos humanos, nacionales e internacionales. Piedad Córdoba también fue perseguida.

Lo que ha pasado en Colombia con el DAS en los últimos años es un hecho histórico grave, un atentado a nuestra dignidad como nación, a la institucionalidad y la democracia. ¿Los destituidos y sancionados funcionarios obedecían a mandos superiores? Tendrá la justicia que establecer a quiénes le reportaban sus torticeras actuaciones, y qué beneficios obtuvieron quienes ordenaron estos crímenes.

Las chuzadas nos duelen a los colombianos. Seguiremos atentos a que los ideólogos también paguen por sus pecados. ¡Justicia severa para los chuzadores!

El legado criminal

Fuente: Elespectador.com

Por: Felipe Zuleta Lleras
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"NOSOTROS NO NOS INVENTAMOS los falsos positivos, los acabamos", sostuvo el viernes Santos sin ruborizarse.

A él no lo desvela el asesinato de más de 2.200 muchachos, 159 de ellos menores de edad. Olvida Santos que durante su paso por el Ministerio de Defensa fueron brutalmente asesinados 1.200 jóvenes por el pago de unas recompensas que oscilaban entre el millón y medio y los tres millones de pesos. Por fortuna y a pesar de sus declaraciones, las ONG, las Naciones Unidas y aun la Corte Penal Internacional tienen sus ojos puestos en el tema.

Acá lo que hubo fue una “pauta criminal sistemática”, como lo sostiene Philip Alston, relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Uribe tiene sobre sus hombros estos crímenes y de ellos no podrá sacudirse nunca.

No importa lo que sostengan el gobierno y el Sr. Santos, más temprano que tarde estos crímenes serán juzgados por la Corte Penal Internacional. Esta semana precisamente las madres de Soacha le enviaron al fiscal Moreno de la CPI el informe hecho por FEDES llamado “Soacha: la punta del iceberg”. Este informe es aterrador, pues demuestra cómo fueron reclutados estos jóvenes y analiza en detalle cada asesinato y el ocultamiento doloso de las evidencias.

Cuando Santos sostiene que él detuvo los falsos positivos al enterarse de ellos, nos está confesando dos cosas: la primera, que nunca hizo nada para evitar que estos crímenes se cometieran, fue negligente en los controles, y la segunda, que estos eran unos delitos controlables y controlados, pues tan pronto dio la orden de que no se cometieran, éstos cesaron. ¿Y cómo explica Santos que hubo 33 brigadas del Ejército involucradas y él no se dio cuenta?

El candidato oficialista sostiene que él seguirá con el legado de Uribe. Pues interesante recordar que este legado consta de los falsos positivos, el asesinato de 1.500 sindicalistas y defensores de los DDHH, la entrega del DAS a los paramilitares, los seguimientos ordenados desde Palacio a los magistrados, las chuzadas, la compra de testigos en contra del magistrado Iván Velásquez, la compra de votos para la reelección, agro ingreso seguro, las zonas francas, la corrupción disparada, el nombramiento de criminales en cargos diplomáticos. ¡En fin!

Hemos sostenido que Santos no tiene los títulos morales para ser presidente de los colombianos. Y hoy quienes votamos tenemos la posibilidad de llevar a la Presidencia a una persona decente como Rafael Pardo, un liberal honesto a quien le cabe el país en la cabeza, preparado, serio, sensato y quien llega a Palacio sin el peso de los crímenes que acompañarán a Santos hasta el fin de sus días.

¿Acaso tiene sentido elegir a una persona que tendrá que dedicarse a tapar los delitos que se han cometido durante ocho años? Tenemos una oportunidad que no debemos desperdiciar.

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Notícula: Resulta sumamente peligroso ver a Álvaro Uribe acorralado por el pasado de su hermano y los crímenes del presente. ¡Aterrador!

Bienvenido Señor Vivanco

Fuente: El nuevo Siglo

Colombia, miércoles 24 de septiembre de 2008

HORACIO SERPA
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Los defensores y promotores de los derechos humanos en todo el mundo quedaron perplejos y ofendidos con la decisión gubernamental de Venezuela de expulsar de su país al director para América Latina de Human Rigths Watch, HRW, José Miguel Vivanco, por atreverse a cuestionar la situación de derechos humanos en el vecino país.

Vivanco es un luchador incansable por la construcción de un mundo democrático y pacífico. Su batalla diaria por la vigencia de los derechos humanos y las libertades individuales le han costado los peores calificativos de los gobiernos que son cuestionados por esa importante ONG norteamericana.

Sus informes, por cierto, han sido crudos y contundentes sobre la difícil realidad colombiana en ese campo, marcada por los casi 4 millones de desplazados forzados, las acciones de los grupos paramilitares y guerrilleros, las desapariciones forzadas, las fosas comunes, la impunidad frente a los delitos de lesa humanidad, el secuestro y el creciente número de acciones contra las libertades individuales.

Colombia es campeona mundial de violación de derechos humanos y las ONG, como HRW, solo hacen su trabajo de cuestionar y exigir soluciones para las víctimas y en procura de salvaguardar la democracia.

Esos informes también han encontrado en nuestro territorio descalificaciones de todo tipo y al más alto nivel. Y no ha faltado quien, incluso, los haya calificado como aliados del "narcoterrorismo de las FARC", o como enemigos de Colombia. Tras cada informe de HRW o Amnistía Internacional las autoridades nacionales responden con rudeza, pero no ofrecen soluciones.

Nada cambia. Los exabruptos de miembros aislados de la Fuerza Pública y la clase política corrompida se siguen repitiendo, como si nada pasara, como si nadie nos vigilara, como si no hubiera justicia nacional e internacional. Las masacres no se detienen, los asesinos siguen sin pagar sus culpas. Y eso lo observan las ONG de derechos humanos, que arman expedientes y se alistan a defender los derechos de las víctimas en los tribunales internacionales de justicia.

La decisión del gobierno de Chávez no le ha gustado al vecindario. El de Chile acaba de expresar su rechazo a lo acontecido contra su ciudadano, el señor Vivanco, porque HRW defendió los derechos humanos en las épocas de Pinochet.

Igual ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los cuestionamientos crecen. No se hace democracia, ni se construyen revoluciones atacando a los defensores de los derechos fundamentales.

Venezuela debe demostrar que en ese grato país hay espacios para la tolerancia, la crítica y el disenso. No hacerlo es dejar que aumente la percepción de que allí no hay campos democráticos.

La postura frente a las ONG de derechos humanos no puede ser decretarles el exilio, ni el destierro. Como tampoco la asociación perversa y malintencionada con el terrorismo. En Colombia, por desgracia y para nuestra vergüenza, a muchas les imponen el ostracismo.

Hay que defender los derechos fundamentales y proteger a quienes se juegan la vida por la democracia. ¡Bienvenido Señor Vivanco! > Volver a Inicio >