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sábado, 8 de noviembre de 2014

A propósito de los falsos positivos

Tomado de SEMANA
El otro Uribe les responde a los generales
Alirio Uribe y los militares Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar,
Henry William Torres y Nicasio de Jesús Martínez Espinel.
Foto: Archivo SEMANA
El representante Alirio Uribe aclara sus verdaderos propósitos del debate sobre falsos positivos.
En las redes sociales ha empezado a crecer la versión de que el gobierno y los congresistas de su coalición estarían impidiendo la realización de un debate promovido por el Polo Democrático sobre los mal llamados ‘falsos positivos’.
Todo porque en tres oportunidades la Cámara de Representantes ha decido aplazar el debate. Su promotor, el representante Alirio Uribe, presentó la proposición para adelantar ese control político el mismo día de la instalación del nuevo Congreso, el pasado 20 de julio. Ese día fue aprobado ese debate. Quedó citado para el 15 de octubre, pero no se hizo. El miércoles pasado era la cita, pero la plenaria decidió ocuparse de la reelección de alcaldes. 
Uribe, quien es reconocido por haber sido miembro del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quizás la organización que más ha investigado el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, y que incluso le ha ganado varios procesos judiciales al Ejército, es quien presentará la investigación.
De hecho se ha creado mucha expectativa alrededor del debate. Sobre todo porque el propio Uribe ha anticipado algunas conclusiones. Por ejemplo, en un documento conocido por Semana.com, y publicado el pasado miércoles, se advierte que el congresista pediría la destitución de ocho generales, tres de ellos de la actual cúpula militar, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
Esta afirmación generó una fuerte reacción del Ejército. El Comando de la institución, mediante un comunicado de seis puntos, descalificó las afirmaciones de Uribe.
“Rechazamos categóricamente las afirmaciones calumniosas hechas por el representante Alirio Uribe, contra los Generales de la República y las Fuerzas Militares. Confiamos en la sapiencia, imparcialidad y objetividad de nuestra justicia colombiana. (…) No aceptamos los escritos que solo buscan deslegitimar la Institución, creando confusión y desinformación en la sociedad colombiana. (…) Para que se cuestione la responsabilidad penal de algún miembro de las Fuerzas Militares en violación a los Derechos Humanos, es necesario establecer que ha actuado contra la población civil de manera intencional, como parte de una organización criminal”. (Vea el comunicado completo)
El Ejército también le dijo al representante Uribe que: “no existe, ni ha existido en el gobierno nacional o en las Fuerzas Militares una política, orden o instrucción, encaminada a promover ataques a la población civil”.  Leer más en SEMANA

domingo, 30 de mayo de 2010

El legado criminal

Fuente: Elespectador.com

Por: Felipe Zuleta Lleras
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"NOSOTROS NO NOS INVENTAMOS los falsos positivos, los acabamos", sostuvo el viernes Santos sin ruborizarse.

A él no lo desvela el asesinato de más de 2.200 muchachos, 159 de ellos menores de edad. Olvida Santos que durante su paso por el Ministerio de Defensa fueron brutalmente asesinados 1.200 jóvenes por el pago de unas recompensas que oscilaban entre el millón y medio y los tres millones de pesos. Por fortuna y a pesar de sus declaraciones, las ONG, las Naciones Unidas y aun la Corte Penal Internacional tienen sus ojos puestos en el tema.

Acá lo que hubo fue una “pauta criminal sistemática”, como lo sostiene Philip Alston, relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Uribe tiene sobre sus hombros estos crímenes y de ellos no podrá sacudirse nunca.

No importa lo que sostengan el gobierno y el Sr. Santos, más temprano que tarde estos crímenes serán juzgados por la Corte Penal Internacional. Esta semana precisamente las madres de Soacha le enviaron al fiscal Moreno de la CPI el informe hecho por FEDES llamado “Soacha: la punta del iceberg”. Este informe es aterrador, pues demuestra cómo fueron reclutados estos jóvenes y analiza en detalle cada asesinato y el ocultamiento doloso de las evidencias.

Cuando Santos sostiene que él detuvo los falsos positivos al enterarse de ellos, nos está confesando dos cosas: la primera, que nunca hizo nada para evitar que estos crímenes se cometieran, fue negligente en los controles, y la segunda, que estos eran unos delitos controlables y controlados, pues tan pronto dio la orden de que no se cometieran, éstos cesaron. ¿Y cómo explica Santos que hubo 33 brigadas del Ejército involucradas y él no se dio cuenta?

El candidato oficialista sostiene que él seguirá con el legado de Uribe. Pues interesante recordar que este legado consta de los falsos positivos, el asesinato de 1.500 sindicalistas y defensores de los DDHH, la entrega del DAS a los paramilitares, los seguimientos ordenados desde Palacio a los magistrados, las chuzadas, la compra de testigos en contra del magistrado Iván Velásquez, la compra de votos para la reelección, agro ingreso seguro, las zonas francas, la corrupción disparada, el nombramiento de criminales en cargos diplomáticos. ¡En fin!

Hemos sostenido que Santos no tiene los títulos morales para ser presidente de los colombianos. Y hoy quienes votamos tenemos la posibilidad de llevar a la Presidencia a una persona decente como Rafael Pardo, un liberal honesto a quien le cabe el país en la cabeza, preparado, serio, sensato y quien llega a Palacio sin el peso de los crímenes que acompañarán a Santos hasta el fin de sus días.

¿Acaso tiene sentido elegir a una persona que tendrá que dedicarse a tapar los delitos que se han cometido durante ocho años? Tenemos una oportunidad que no debemos desperdiciar.
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Notícula: Resulta sumamente peligroso ver a Álvaro Uribe acorralado por el pasado de su hermano y los crímenes del presente. ¡Aterrador!

sábado, 29 de mayo de 2010

POR LO QUE ESTAMOS VIVIENDO, ¿POR QUIÉN VOTAR?

-----------------------------Por Gerardo Delgado Silva

A los aberrantes genocidios de las Fuerzas Armadas del Gobierno de Uribe, denominados eufemísticamente “falsos positivos”, en más de dos mil inermes jóvenes campesinos colombianos; a la siniestra política de los paramilitares de masacrar campesinos acusándolos de ser “auxiliadores” de la guerrilla; el desplazamiento masivo de millones de campesinos, y la apropiación ilegal de sus tierras, arrebatadas aún en aquellas reservas de los afrodescendientes, hoy cultivadas de palma; durante el sórdido ministerio de defensa del hoy candidato presidencial Juan Manuel Santos, a quien en el último debate de RCN, el inconsciente le arrojó un lapsus calami, expresando: “el cohecho – se refería al de Yidis- en nada invalidó la votación por la corrupción”, se percató de ello, y dijo entonces: “por la reelección…”. En el Psicoanálisis Criminal, Jiménez de Asúa comentó: “El yo consciente no es más que una pequeña porción del vasto confín anímico en nuestra conducta aflora motivos provenientes del inconsciente, que es en el alma humana, territorio de mucho mayor anchura y profundidad”.
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¡Vaya, vaya!, dirían los ingleses ante esta inmoralidad. Y bien. Se suma ahora, la firma del nefasto TLC, con la Unión Europea, sin que puedan soslayarse la lógica oculta de sus contradicciones y la ideológica de sus encubrimientos y manipulaciones, como tampoco las evidentes y fatales consecuencias sociales, esto es, el acelerado deterioro de los campesinos.
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Una catástrofe humanitaria, en medio de este tremendo desequilibrio nacional, inocultable y altamente peligroso para la paz pública.
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Las desventajas para Colombia han sido el piso de la negociación. Todos los TLC, no solo deben limitarse al acceso a otros mercados si no impedir la ruina definitiva de una de las partes, en este caso de nuestros campesinos lecheros. Esta desigual competencia persistirá en tanto no se desmonten los subsidios que reciben los agricultores europeos.

Curiosa manera de celebrar Uribe el bicentenario, con “nostalgia de cadenas”, como dijo en una ocasión Guillermo León Valencia.

Es un negro y triste espectáculo de rechazo a la equidad, que requiere que para todos haya igualdad de oportunidades en todos los campos, como es el desesperado clamor colectivo.

El libre mercado no puede ser un principio absoluto, sino relativo. Mistificado, como lo hace el Gobierno de Uribe, es una perversa conspiración montada para favorecer a unos pocos, que importa perpetuar el sufrimiento y el dolor de tantas familias colombianas, en su adversidad.

Para demostrarnos que el país anda bien, se publican los jugosos balances de las grandes empresas. Se nos habla del aumento del PIB. Lo que no nos dice el Gobierno es que la distribución de la riqueza es cada día más elitista y más se concentra en unas pocas manos, acelerando el deterioro social.

Entenderlo a tiempo, antes del continuismo que predica Santos, no es solo un deber, sino un acto de legítima defensa de la paz.

Ocho años por completo olvidado el Gobierno de Uribe de velar incansablemente, insomnemente, por que haya trabajo para todos, por que la dignidad de la persona lo exige, pues de lo contrario, no hay prosperidad posible para nadie.

Bajo el neoliberalismo, en nuestra patria se confabuló el Gobierno con ejecutivos pícaros, para convertir el Estado en alcahueta de la codicia y la venalidad, en nombre de la libre empresa.

Es necesaria la seguridad, que consagra nuestra Constitución Política, es cierto, pero hay legiones de colombianos sumidos en la miseria y el desamparo a quienes el Gobierno de Uribe les negó una larga lista de reformas, las hizo a un lado.

El país no puede continuar en la fervorosa equivocación con un Gobierno opuesto a la moral cristiana, traducida en los principios básicos de nuestra Constitución y leyes. No puede perpetuarse con los descarrilamientos constitucionales, con las criminales interceptaciones y seguimientos a tantos personajes de nuestra patria. No puede continuar con su dramático testimonio de la incapacidad para desentrañar los conflictos sociales y las causas reales de la violencia, un mal muy profundo que no se cura simplemente con la presencia de destacamentos militares, y que por tanto, hay que buscar a ese mal sus hondas raíces sociales, de modo que una labor sistemática y prolongada podrá conducir a una mejor situación. Si quiere el Estado, recuperar los territorios de influencia de las guaridas de las Farc, debe llegar completo: con salud, educación y vías, no solo apunta de fusiles.

Por otra parte, en el panorama de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, hay que ponerle un dique a las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas que eliminan esos derechos, obligatorios para Colombia según la Convención de Ginebra de 1949 y los protocolos anexos. Estos quebrantamientos, han estremecido a las Naciones Unidas.

Sin el constitucionalismo - como se ha querido subsumir al país, en estos ocho años - como sistema de ordenamiento jurídico, no puede existir la república, que es una estructura y mucho menos la democracia, que es su contenido ético.

La implacable exigencia es la de elegir a Mockus, un hombre que ejemplariza la democracia, la ética en su vida, en su ideal y en su obra, en la forma más cumplida y representativa.
Porque lo que estamos viviendo no es un designio divino de obligado cumplimiento: es la consecuencia de políticas abyectas que hay que remediar.

El cataclismo moral, económico y social que deja este Gobierno, felizmente agonizante, impone archivar para siempre la arrogancia y la desmesura, propia de los gobernantes que se creen providenciales como Uribe, preocupado por ajustar cuentas que por contribuir al advenimiento de la paz.

Por fin, como nos dice el himno: “cesó la horrible noche”, para el país y el constitucionalismo.

martes, 12 de mayo de 2009

Nada es falso, todo es verdadero

Colombia, miércoles 13 de mayo de 2009. Fuente:elnuevosiglo.com

HORACIO SERPA
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Los llamados falsos positivos son la peor tragedia sucedida en Colombia en muchas décadas y la mayor vergüenza para el Estado y las Fuerzas Armadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por algunos miembros descompuestos del Ejército y la Policía y presentados como bajas en supuestos combates con guerrilleros o paramilitares.

Jóvenes de los sectores más empobrecidos fueron vendidos como yeguas viejas a asesinos que los ejecutaron con armas oficiales, para ganar ascensos, lograr descansos o congraciarse con las encuestas triunfadoras de una guerra inútil. Según el Cinep más de 1.200 jóvenes han muerto de esta manera a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con revelaciones de ex reclutadores de los jóvenes muertos y de ex miembros del Ejército que han participado en esa danza macabra de exterminio, a los muchachos los vendían por 100 mil pesos, o menos, a los escuadrones de Santander, Sucre, Casanare o cualquier otra región del país. La Personería de Bogotá y la de Soacha han revelado esas prácticas que tienen aterrorizado al mundo, pero sobre todo a quienes se han atrevido a denunciar tales hechos que significan el golpe más contundente contra la política de seguridad democrática.

En Estados Unidos, Inglaterra y otros países civilizados, estas malas noticias han destrozado la imagen de Colombia y de nuestra Fuerza Pública. Porque en ninguno de los conflictos armados del orbe, integrantes de una fuerza institucional se habían degradado tanto, ni habían atacado de esa manera tan ruin a la población civil, violando todos los protocolos humanitarios y las mínimas normas de la decencia.

El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, ha reconocido las dificultades que este hecho ha generado en el exterior. Inglaterra ha cortado la ayuda militar a Colombia y miembros del Congreso de los Estados Unidos estudian medidas similares. Y eso que no se han reportado todos los casos, y que las madres de las víctimas, como Carmenza Gómez en Soacha, y otras, no han iniciado acciones penales internacionales por lo sucedido.

Colombia entera debería estar debatiendo el tema de los falsos positivos y corriendo el velo con que se ha querido cubrir esta desgracia nacional y esa vergüenza humanitaria. Como nación deberíamos estar preguntándonos si vale la pena ganar una guerra con cifras falsas manchadas con sangre de inocentes. Y exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Lo dramático es que aún no se conoce toda la verdad y los culpables siguen en la calle. A pesar de que el gobierno destituyó desde generales hasta cabos, la Fiscalía aún no avanza en las investigaciones y la justicia nada que llega.

Los falsos positivos son expedientes que toman forma en la Corte Penal Internacional, en donde se tendrá que pagar por acción u omisión por esas víctimas. En Colombia la guerra sucia es verdadera; nada es falso. La muerte no tiene cara democrática. Y el dolor del país es cierto.

Noticias de Santander >

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