Petición a la fiscalía desde Santa Marta

                                                    Por: Alejandro Arias

                                              E-mail: alejandroarias@dialnet.net

Este documento puede ser asimilado por las autoridades como una denuncia

SEÑOR FISCAL, LOS SAMARIOS MERECEMOS

La Revista semana concluyó su publicación titulada “Un gobernador de miedo en La Guajira” haciendo la siguiente rogativa: “el gobernador Juan Francisco Gómez siempre ha negado todo esto y dice que son calumnias de sus contradictores. Por el bien del país es importante aclarar pronto la situación. Si es inocente para que de una vez por todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella historia”. (Ver http://bit.ly/13b7fqF) 

Rogativa que hemos elevado los samarios a la Fiscalía General de la Nación desde el momento en que supimos que Carlos Eduardo Caicedo Omar sería candidato para la Alcaldía de Santa Marta arropado por el aval del Partido Liberal.

Para entonces los samarios ya teníamos un amplio inventario de reproches en su contra como funcionario público.

Entre los reproches de naturaleza disciplinaria se cuentan 53 investigaciones, de naturaleza penal poco más de 30, sin incluir una relacionada con presuntos homicidios y acuerdos con   genocidas, y de naturaleza fiscal recordábamos el Auto 000634 de fecha 11 de diciembre de 2009 proferido dentro del proceso fiscal número 214 seguido en su contra, en calidad de rector de la Universidad del Magdalena, y de los señores César Augusto Henríquez Moreno e Isaac Enrique Pertúz Bolaño, hoy Secretario de Planeación Distrital, por la cual se determinó la responsabilidad fiscal de éstos al demostrarse que recibieron menores cantidades de obras de las contratadas con el contrato 0067 del 23 de abril de 2003. (Ver AUTO 000634 11DIC2009: http://sdrv.ms/19daVIv)

En ese inventario de reproches de forma especial los samarios seguimos aterrados el caso que por homicidio instruía, por ese entonces, la Fiscal 12 de DDHH y DIH bajo el radicado 832 en el que se vinculó a Caicedo Omar como presunto co-determinador  junto con alias Jorge 40 de los homicidios de Hugo Maduro, Julio Otero y Roque Morelli.

Aún hoy muchos nos mantenemos sorprendidos que en diciembre de 2011, ya siendo Alcalde electo Caicedo, sospechosamente la ex Fiscal General Viviane Morales dejó sin efectos la orden de captura que en su contra libró la Fiscal 12 de DDHH y DIH y en consecuencia no permitió que el General Mena materializara la misma. Hecho del que luego diera cuenta El Espectador. (Ver http://bit.ly/vGBjNu)  

Claro que Viviane Morales además de suspender la orden de captura también le regaló de navidad a Caicedo Omar un cambio de fiscal y entonces le remitieron el expediente al Fiscal 105 de DDHH y DIH quien a la fecha adelanta la instrucción de esa investigación y luego de año y medio de haberlo indagado no le ha resuelto situación jurídica al hoy alcalde de Santa Marta.

Proceso en el que actúa como parte civil el abogado Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reconocidos y respetados defensores de DDHH en nuestro país. Uribe ha liderado la lucha jurídica para que estos crímenes no queden impune tal y como lo logró frente al crimen del sociólogo Correa de Andréis.

De la sindicación contra Caicedo Omar en diciembre de 2007 dio cuenta el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión, José Nirio Sánchez, al proferir sentencia de primera instancia en contra de Reinaldo de Jesús Torres Forero al determinar con ella que éste fue el autor material del homicidio de Julio Otero Muñoz. Ampliación

¿Quién mató a Álvaro Gómez?

Miércoles, 22 de junio de 2011

------------------------------Por Horacio Serpa

Un mafioso llamado “rasguño” dice que el asesinato del doctor Álvaro Gómez fue un crimen de Estado, instigado por el ex Presidente Samper  y su Ministro del Interior.

“Rasguño” es un narcotraficante preso en los Estados Unidos, responsable de muchos crímenes. “El más tenebroso de los delincuentes del cartel del norte del Valle”, leí en una reciente publicación.

Cada vez que este “personaje” declara sale mi nombre a bailar. Dijo “rasguño” que presenció cuando el paramilitar Carlos Castaño dijo  a unos mafiosos que los narcos habían matado a Gómez Hurtado para proteger al gobierno de Samper. Todos están muertos.

Esta semana el baile fue porque el narco declaró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Dijeron los medios que había denunciado a 5 personas, a mí entre ellas.

Ahora la situación se complicó con denuncias de amenazas a los familiares del doctor Gómez y a Congresistas,  exilio, una bomba en la estatua del doctor Laureano Gómez, la llegada de “la mano negra” y anuncio de un libro sobre el homicidio.

Siempre me he referido al caso con tranquilidad y discreción. Solo he dicho que es un absurdo y una mentira.

Acudí a la Fiscalía poniéndome a sus órdenes para responder por todos mis actos públicos y privados y para referirme al asunto cuando lo requiera. Declaré en el proceso y contesté las preguntas del señor Fiscal y la parte civil, un sobrino del doctor Gómez.

Entiendo la preocupación de la familia del dirigente conservador inmolado porque se esclarezca el crimen. Creo también que “Colombia tiene derecho a saber quién mató a Álvaro Gómez”. Es lo que yo deseo. Si lo saben, ¡denúncienlo!. ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué?

No tengo la más mínima relación con ese crimen horroroso, ni con ningún acto delictuoso, indigno o vergonzoso. Soy hombre de bien, lo cual respaldo con 45 años de vida pública transparente y vida privada ejemplar.

Estoy seguro de que tampoco tiene ninguna responsabilidad el ex presidente Samper. Lo conozco suficientemente y en su gobierno hubo garantías y democracia.

Se está montando un tinglado para producir efectos electorales, desprestigiar una gestión gubernamental, presionar a las autoridades judiciales, cambiar el rumbo de la investigación y promocionar un libro.

Este crimen se ha investigado durante 15 años. ¿Todos los Fiscales se equivocaron? ¿Todos fueron negligentes? ¿Todos prevaricaron?

¿Igual pasó con Comandantes Militares y Policiales, con los mecanismos de inteligencia en Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, y con el DAS?

Si la Embajada Americana sabe, ¿por qué no lo denuncia?

La prensa anuncia que rendirán testimonio otros jefes narcotraficantes. Ya lo hicieron unos paramilitares ¿Solo testifican los rufianes?

¿La justicia únicamente se apoya en los carteles criminales, en los que financian a la guerrilla y crearon el paramilitarismo, en los que corrompieron la política y destruyeron nuestros valores éticos, en asesinos, en quienes “se jodieron en el País”? ¿Ya se les olvidó?

De nuevo acudiré a la Fiscalía. Demandaré garantías y protección a mis derechos. ¡No más bellaquerías!

Nada es falso, todo es verdadero

Colombia, miércoles 13 de mayo de 2009. Fuente:elnuevosiglo.com

HORACIO SERPA
________________________

Los llamados falsos positivos son la peor tragedia sucedida en Colombia en muchas décadas y la mayor vergüenza para el Estado y las Fuerzas Armadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por algunos miembros descompuestos del Ejército y la Policía y presentados como bajas en supuestos combates con guerrilleros o paramilitares.

Jóvenes de los sectores más empobrecidos fueron vendidos como yeguas viejas a asesinos que los ejecutaron con armas oficiales, para ganar ascensos, lograr descansos o congraciarse con las encuestas triunfadoras de una guerra inútil. Según el Cinep más de 1.200 jóvenes han muerto de esta manera a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con revelaciones de ex reclutadores de los jóvenes muertos y de ex miembros del Ejército que han participado en esa danza macabra de exterminio, a los muchachos los vendían por 100 mil pesos, o menos, a los escuadrones de Santander, Sucre, Casanare o cualquier otra región del país. La Personería de Bogotá y la de Soacha han revelado esas prácticas que tienen aterrorizado al mundo, pero sobre todo a quienes se han atrevido a denunciar tales hechos que significan el golpe más contundente contra la política de seguridad democrática.

En Estados Unidos, Inglaterra y otros países civilizados, estas malas noticias han destrozado la imagen de Colombia y de nuestra Fuerza Pública. Porque en ninguno de los conflictos armados del orbe, integrantes de una fuerza institucional se habían degradado tanto, ni habían atacado de esa manera tan ruin a la población civil, violando todos los protocolos humanitarios y las mínimas normas de la decencia.

El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, ha reconocido las dificultades que este hecho ha generado en el exterior. Inglaterra ha cortado la ayuda militar a Colombia y miembros del Congreso de los Estados Unidos estudian medidas similares. Y eso que no se han reportado todos los casos, y que las madres de las víctimas, como Carmenza Gómez en Soacha, y otras, no han iniciado acciones penales internacionales por lo sucedido.

Colombia entera debería estar debatiendo el tema de los falsos positivos y corriendo el velo con que se ha querido cubrir esta desgracia nacional y esa vergüenza humanitaria. Como nación deberíamos estar preguntándonos si vale la pena ganar una guerra con cifras falsas manchadas con sangre de inocentes. Y exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Lo dramático es que aún no se conoce toda la verdad y los culpables siguen en la calle. A pesar de que el gobierno destituyó desde generales hasta cabos, la Fiscalía aún no avanza en las investigaciones y la justicia nada que llega.

Los falsos positivos son expedientes que toman forma en la Corte Penal Internacional, en donde se tendrá que pagar por acción u omisión por esas víctimas. En Colombia la guerra sucia es verdadera; nada es falso. La muerte no tiene cara democrática. Y el dolor del país es cierto.

Noticias de Santander >