A propósito de los falsos positivos

Tomado de SEMANA

El otro Uribe les responde a los generales

Alirio Uribe y los militares Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar,
Henry William Torres y Nicasio de Jesús Martínez Espinel.
Foto: Archivo SEMANA

El representante Alirio Uribe aclara sus verdaderos propósitos del debate sobre falsos positivos.

En las redes sociales ha empezado a crecer la versión de que el gobierno y los congresistas de su coalición estarían impidiendo la realización de un debate promovido por el Polo Democrático sobre los mal llamados ‘falsos positivos’.

Todo porque en tres oportunidades la Cámara de Representantes ha decido aplazar el debate. Su promotor, el representante Alirio Uribe, presentó la proposición para adelantar ese control político el mismo día de la instalación del nuevo Congreso, el pasado 20 de julio. Ese día fue aprobado ese debate. Quedó citado para el 15 de octubre, pero no se hizo. El miércoles pasado era la cita, pero la plenaria decidió ocuparse de la reelección de alcaldes. 

Uribe, quien es reconocido por haber sido miembro del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quizás la organización que más ha investigado el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, y que incluso le ha ganado varios procesos judiciales al Ejército, es quien presentará la investigación.

De hecho se ha creado mucha expectativa alrededor del debate. Sobre todo porque el propio Uribe ha anticipado algunas conclusiones. Por ejemplo, en un documento conocido por Semana.com, y publicado el pasado miércoles, se advierte que el congresista pediría la destitución de ocho generales, tres de ellos de la actual cúpula militar, por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.

Esta afirmación generó una fuerte reacción del Ejército. El Comando de la institución, mediante un comunicado de seis puntos, descalificó las afirmaciones de Uribe.

“Rechazamos categóricamente las afirmaciones calumniosas hechas por el representante Alirio Uribe, contra los Generales de la República y las Fuerzas Militares. Confiamos en la sapiencia, imparcialidad y objetividad de nuestra justicia colombiana. (…) No aceptamos los escritos que solo buscan deslegitimar la Institución, creando confusión y desinformación en la sociedad colombiana. (…) Para que se cuestione la responsabilidad penal de algún miembro de las Fuerzas Militares en violación a los Derechos Humanos, es necesario establecer que ha actuado contra la población civil de manera intencional, como parte de una organización criminal”. (Vea el comunicado completo)

El Ejército también le dijo al representante Uribe que: “no existe, ni ha existido en el gobierno nacional o en las Fuerzas Militares una política, orden o instrucción, encaminada a promover ataques a la población civil”.  Leer más en SEMANA

El legado criminal

Fuente: Elespectador.com

Por: Felipe Zuleta Lleras
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"NOSOTROS NO NOS INVENTAMOS los falsos positivos, los acabamos", sostuvo el viernes Santos sin ruborizarse.

A él no lo desvela el asesinato de más de 2.200 muchachos, 159 de ellos menores de edad. Olvida Santos que durante su paso por el Ministerio de Defensa fueron brutalmente asesinados 1.200 jóvenes por el pago de unas recompensas que oscilaban entre el millón y medio y los tres millones de pesos. Por fortuna y a pesar de sus declaraciones, las ONG, las Naciones Unidas y aun la Corte Penal Internacional tienen sus ojos puestos en el tema.

Acá lo que hubo fue una “pauta criminal sistemática”, como lo sostiene Philip Alston, relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Uribe tiene sobre sus hombros estos crímenes y de ellos no podrá sacudirse nunca.

No importa lo que sostengan el gobierno y el Sr. Santos, más temprano que tarde estos crímenes serán juzgados por la Corte Penal Internacional. Esta semana precisamente las madres de Soacha le enviaron al fiscal Moreno de la CPI el informe hecho por FEDES llamado “Soacha: la punta del iceberg”. Este informe es aterrador, pues demuestra cómo fueron reclutados estos jóvenes y analiza en detalle cada asesinato y el ocultamiento doloso de las evidencias.

Cuando Santos sostiene que él detuvo los falsos positivos al enterarse de ellos, nos está confesando dos cosas: la primera, que nunca hizo nada para evitar que estos crímenes se cometieran, fue negligente en los controles, y la segunda, que estos eran unos delitos controlables y controlados, pues tan pronto dio la orden de que no se cometieran, éstos cesaron. ¿Y cómo explica Santos que hubo 33 brigadas del Ejército involucradas y él no se dio cuenta?

El candidato oficialista sostiene que él seguirá con el legado de Uribe. Pues interesante recordar que este legado consta de los falsos positivos, el asesinato de 1.500 sindicalistas y defensores de los DDHH, la entrega del DAS a los paramilitares, los seguimientos ordenados desde Palacio a los magistrados, las chuzadas, la compra de testigos en contra del magistrado Iván Velásquez, la compra de votos para la reelección, agro ingreso seguro, las zonas francas, la corrupción disparada, el nombramiento de criminales en cargos diplomáticos. ¡En fin!

Hemos sostenido que Santos no tiene los títulos morales para ser presidente de los colombianos. Y hoy quienes votamos tenemos la posibilidad de llevar a la Presidencia a una persona decente como Rafael Pardo, un liberal honesto a quien le cabe el país en la cabeza, preparado, serio, sensato y quien llega a Palacio sin el peso de los crímenes que acompañarán a Santos hasta el fin de sus días.

¿Acaso tiene sentido elegir a una persona que tendrá que dedicarse a tapar los delitos que se han cometido durante ocho años? Tenemos una oportunidad que no debemos desperdiciar.

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Notícula: Resulta sumamente peligroso ver a Álvaro Uribe acorralado por el pasado de su hermano y los crímenes del presente. ¡Aterrador!

Los falsos positivos y la justicia

Colombia, miércoles 5 de mayo de 2010

HORACIO SERPA

No pasa un día sin que el país conozca nuevas revelaciones sobre la alianza siniestra que hicieron sectores corrompidos de la Fuerza Pública con grupos paramilitares para asesinar a jóvenes de los sectores más empobrecidos de Colombia y presentarlos como guerrilleros o paramilitares caídos en combate.

Esos asesinatos extrajudiciales, que todos conocemos como falsos positivos, son una vergüenza nacional y un motivo de preocupación para la comunidad nacional e internacional, especialmente para las naciones en donde el respeto a los derechos humanos es el eje central de su sistema político y sus relaciones internacionales. Por ello, todo cuanto sucede con esa tragedia humanitaria es seguido por la Corte Penal Internacional, que está haciendo expedientes con los nombres de los oficiales, políticos y civiles que se vincularon a los carteles de asesinos conformados para depredar la vida de nuestros jóvenes. Para matar la democracia.

Más de dos mil de ellos fueron eliminados a sangre fría por quienes deberían protegerlos y garantizarles la vida. La mayoría hijos de familias sumidas en la pobreza, a quienes con falsas promesas se llevaron, a cambio de unas cuantas monedas, para ser ejecutados y cobrar recompensas, lograr ascensos y obtener permisos.

Los jefes paramilitares que están respondiendo por sus crímenes en tribunales de justicia y paz siguen revelando sus verdades. Y están confesando macabras alianzas con individuos de la Fuerza Pública para cometer crímenes de lesa humanidad. Tan solo esta semana, esos jefes aceptaron que en el Llano ejecutaron a más de 150 jóvenes que luego fueron presentados como triunfos de la lucha contra la delincuencia.

La Corte Penal está atenta para que la impunidad no gane esta batalla por la verdad. Tienen razón en su preocupación, dada la complejidad de este país, cruzado por un conflicto armado que parece interminable, en donde los jueces son asesinados por los sicarios. Y las bandas armadas no cesan en su empeño de apoderarse de la institucionalidad y arroparse con la impunidad.

Un país en donde el poder judicial ha sido amenazado por el DAS, es decir por el propio Estado, que ha seguido a los jueces, ha montado campañas de desprestigio en su contra y ha permitido que narcotraficantes se asocien con agentes oficiales para montar procesos contra las altas cortes. ¡Una afrenta a la democracia y a la ley!

La opinión pública reconoce el inmenso valor de los jueces. Y los apoya. Los rodea. Por eso, no se dejarán amedrentar por quienes los atacan, deslegitiman, desprestigian y amenazan para impedir que brille la justicia y paguen los actores e inspiradores de los falsos positivos.

Si en Colombia se castiga a los responsables de estos crímenes, no solo a los peones sino a los alfiles, y se llega hasta los niveles más altos de esas cadenas de mando que permitieron tales bochornosos hechos, podremos estar seguros de que la Corte Penal y la comunidad internacional estarán tranquilas. Y los familiares de las víctimas también. 

Más noticias de Santander

Nada es falso, todo es verdadero

Colombia, miércoles 13 de mayo de 2009. Fuente:elnuevosiglo.com

HORACIO SERPA
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Los llamados falsos positivos son la peor tragedia sucedida en Colombia en muchas décadas y la mayor vergüenza para el Estado y las Fuerzas Armadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por algunos miembros descompuestos del Ejército y la Policía y presentados como bajas en supuestos combates con guerrilleros o paramilitares.

Jóvenes de los sectores más empobrecidos fueron vendidos como yeguas viejas a asesinos que los ejecutaron con armas oficiales, para ganar ascensos, lograr descansos o congraciarse con las encuestas triunfadoras de una guerra inútil. Según el Cinep más de 1.200 jóvenes han muerto de esta manera a lo largo y ancho del país.

De acuerdo con revelaciones de ex reclutadores de los jóvenes muertos y de ex miembros del Ejército que han participado en esa danza macabra de exterminio, a los muchachos los vendían por 100 mil pesos, o menos, a los escuadrones de Santander, Sucre, Casanare o cualquier otra región del país. La Personería de Bogotá y la de Soacha han revelado esas prácticas que tienen aterrorizado al mundo, pero sobre todo a quienes se han atrevido a denunciar tales hechos que significan el golpe más contundente contra la política de seguridad democrática.

En Estados Unidos, Inglaterra y otros países civilizados, estas malas noticias han destrozado la imagen de Colombia y de nuestra Fuerza Pública. Porque en ninguno de los conflictos armados del orbe, integrantes de una fuerza institucional se habían degradado tanto, ni habían atacado de esa manera tan ruin a la población civil, violando todos los protocolos humanitarios y las mínimas normas de la decencia.

El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, ha reconocido las dificultades que este hecho ha generado en el exterior. Inglaterra ha cortado la ayuda militar a Colombia y miembros del Congreso de los Estados Unidos estudian medidas similares. Y eso que no se han reportado todos los casos, y que las madres de las víctimas, como Carmenza Gómez en Soacha, y otras, no han iniciado acciones penales internacionales por lo sucedido.

Colombia entera debería estar debatiendo el tema de los falsos positivos y corriendo el velo con que se ha querido cubrir esta desgracia nacional y esa vergüenza humanitaria. Como nación deberíamos estar preguntándonos si vale la pena ganar una guerra con cifras falsas manchadas con sangre de inocentes. Y exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Lo dramático es que aún no se conoce toda la verdad y los culpables siguen en la calle. A pesar de que el gobierno destituyó desde generales hasta cabos, la Fiscalía aún no avanza en las investigaciones y la justicia nada que llega.

Los falsos positivos son expedientes que toman forma en la Corte Penal Internacional, en donde se tendrá que pagar por acción u omisión por esas víctimas. En Colombia la guerra sucia es verdadera; nada es falso. La muerte no tiene cara democrática. Y el dolor del país es cierto.

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