Colombia, miércoles 5 de mayo de 2010
No pasa un día sin que el país conozca nuevas revelaciones sobre la alianza siniestra que hicieron sectores corrompidos de la Fuerza Pública con grupos paramilitares para asesinar a jóvenes de los sectores más empobrecidos de Colombia y presentarlos como guerrilleros o paramilitares caídos en combate.
Esos asesinatos extrajudiciales, que todos conocemos como falsos positivos, son una vergüenza nacional y un motivo de preocupación para la comunidad nacional e internacional, especialmente para las naciones en donde el respeto a los derechos humanos es el eje central de su sistema político y sus relaciones internacionales. Por ello, todo cuanto sucede con esa tragedia humanitaria es seguido por la Corte Penal Internacional, que está haciendo expedientes con los nombres de los oficiales, políticos y civiles que se vincularon a los carteles de asesinos conformados para depredar la vida de nuestros jóvenes. Para matar la democracia.
Más de dos mil de ellos fueron eliminados a sangre fría por quienes deberían protegerlos y garantizarles la vida. La mayoría hijos de familias sumidas en la pobreza, a quienes con falsas promesas se llevaron, a cambio de unas cuantas monedas, para ser ejecutados y cobrar recompensas, lograr ascensos y obtener permisos.
Los jefes paramilitares que están respondiendo por sus crímenes en tribunales de justicia y paz siguen revelando sus verdades. Y están confesando macabras alianzas con individuos de la Fuerza Pública para cometer crímenes de lesa humanidad. Tan solo esta semana, esos jefes aceptaron que en el Llano ejecutaron a más de 150 jóvenes que luego fueron presentados como triunfos de la lucha contra la delincuencia.
La Corte Penal está atenta para que la impunidad no gane esta batalla por la verdad. Tienen razón en su preocupación, dada la complejidad de este país, cruzado por un conflicto armado que parece interminable, en donde los jueces son asesinados por los sicarios. Y las bandas armadas no cesan en su empeño de apoderarse de la institucionalidad y arroparse con la impunidad.
Un país en donde el poder judicial ha sido amenazado por el DAS, es decir por el propio Estado, que ha seguido a los jueces, ha montado campañas de desprestigio en su contra y ha permitido que narcotraficantes se asocien con agentes oficiales para montar procesos contra las altas cortes. ¡Una afrenta a la democracia y a la ley!
La opinión pública reconoce el inmenso valor de los jueces. Y los apoya. Los rodea. Por eso, no se dejarán amedrentar por quienes los atacan, deslegitiman, desprestigian y amenazan para impedir que brille la justicia y paguen los actores e inspiradores de los falsos positivos.
Si en Colombia se castiga a los responsables de estos crímenes, no solo a los peones sino a los alfiles, y se llega hasta los niveles más altos de esas cadenas de mando que permitieron tales bochornosos hechos, podremos estar seguros de que la Corte Penal y la comunidad internacional estarán tranquilas. Y los familiares de las víctimas también.
