El ejemplo de Chile

Mario González Vargas

Los resultados del referendo constitucional en Chile marcan el punto de inflexión del proyecto de imposición de la agenda progresista en las Américas y el inicio de procesos políticos que permitan atender las premuras del cambio con mayores instrumentos para convergencias y concertaciones que consoliden los pilares del estado democrático. Con una participación del 85%, sin precedentes en democracias, los chilenos en decisión ampliamente mayoritaria pusieron fin al desbordamiento de utopías con las que se pretendió extinguir hasta los propios cimientos de la nación austral.

El espíritu adánico que prevalece hoy en la izquierda autodenominada progresista, al compás de una supuesta corrección política, pretende erigirse en fundacional, desdeñosa de todo logro pasado, que juzga la historia con la miopía de quienes no entienden que ella es maestra para desentrañar los errores cometidos, pero también para corregir e inspirar la formulación de valores que favorezcan y fortalezcan mayor humanidad en el devenir de las sociedades.

Los convencionistas chilenos creyeron que de las ruinas del sistema podían levantar arbitrariamente una arquitectura constitucional que solo obedeciera a las quimeras y simbologías que atormentan las conciencias de los paladines de la corrección histórica, y con ello cavaron la tumba de sus esperpentos creativos. Allí feneció el indigenismo levantisco y supuesto dueño del territorio, la conversión de todo deseo en derecho, la imposición de normas constitucionales para erradicar las voces contradictorias y la utopía como valor fundante de una nueva tiranía. El acto de contrición del presidente Boric reconforta porque indica la comprensión de lo acontecido.

Toda Constitución es un pacto social y político y por lo mismo supremo estatuto de convivencia pacífica de una sociedad. La historia de los regímenes democráticos así lo enseñan y Chile no era una excepción como lo indican los resultados del pacto de concertación que le permitió alcanzar índices y metas de progreso social, económico y político y dejar atrás los efectos y recuerdos de la dictadura. Para los colombianos, consiste en un mensaje poderoso e instructivo para los momentos de incertidumbre por los que al parecer atravesamos. Por ello, legitimo sinsabor ha despertado la reacción del presidente Petro ante el resultado del referendo constitucional chileno. Calificarlo como el retorno de Pinochet, no solo constituye agravio improcedente e injustificado a todo el pueblo chileno, impropio de un presidente de país amigo, sino que también devela un espíritu militante que parece aferrarse al despropósito de imponer un orden constitucional que refleje los contenidos de su parcialidad política.

La lectura del cambio en Colombia no puede convertirse en la continuidad o reedición de pasados y presente de violencia, que tantas heridas ha dejado en la conciencia nacional, ni conducirse con apego al ideologismo en boga. Nuestro futuro como nación reposa en la inmensa riqueza cultural que le es propia y que debe confluir en unidad en la consecución de objetivos comunes y no en compartimentación de las diversidades étnica y cultural que pregona la cartilla ideológica derrotada en Chile. La partitura que hasta hoy se ejecuta despierta legítimos temores. El presidente debe entenderlo para no establecer el caos.

El verdadero liderazgo nacional de las mayorías del congreso

Por Bernardo Socha Acosta

Algunos congresistas (muy pocos) están adelantando una campaña con el fin de desprestigiar el proyecto que crea un impuesto progresivo para quienes reciben jubilaciones SUPERIORES a 10 millones de pesos.

Esos mal llamados padres de la patria demuestran que son unos egoístas y mezquinos que solo les interesa su bienestar, pero no quieren compartir una mínima parte de lo que devengan, para aportar al colectivo social que padece hambre en Colombia.

Esos Senadores y representantes que adelantan esa compaña aprovechando las redes sociales, junto con otros potentados privados que usufructúan millonarias pensiones, no muestran ni sentido de solidaridad nacional y menos de querer ver un país más justo, sino todo lo contrario hacen campaña pero para llenar sus bolsillos; en mala hora muchos electores los han elegido para que sean sus verdugos a través de sus acciones negativas desde el congreso.

Los electores deben tenerlos en cuenta (hay que revelar la lista de malsanos y equivocados contradictores) para que en una próxima contienda electoral los desprecien con su voto negativo y apoyen a quienes trabajen verdaderamente por el pueblo.

Y es que dentro de esta campaña negativa aparecieron las aves de mal agüero y los matadores de sueños de la población, porque se resisten a aceptar los avances en los periodos de la historia de un país que ha sido sometido al manejo caprichoso de quienes han pretendo imponer el gamonalismo a base de una falsa protección a sus incondicionales seguidores, concediendo unas veces cargos particulares y otros oficiales aprovechando su condición de mal llamados representantes del pueblo. Esos mismos son los que viven dando canonjías a los que le sirven y de esta forma mantener la atención y la miseria de incautos para que los sigan.

No se equivocan quienes los califican como exterminadores de la esperanza de un pueblo, porque con sus acciones intentan poner al pueblo en contra de los sanos proyectos del gobierno que busca de una u otra forma reparar lo que han dejado en el pasado, con el apoyo de esos mismos congresistas que no trabajan para el pueblo sino para sus propios intereses.

La reforma Tributaria que se encuentra en estudio les ha servido de equivocado caballito de batalla a esos arrogantes congresistas opuestos al bien general y luchadores por sus intereses.

Cuál es la razón para que un congresista pensionado devengando como mínimo más de 20 millones de pesos no aporte algo para el beneficio colectivo del país. Dónde está la solidaridad de la que posan y falsamente se ufanan de hacerle bien al pueblo. Esos mal llamados dirigentes políticos que se oponen al bien nacional son los propagadores de la incertidumbre que se están convirtiendo en la sombra del espejismo y la maldad que intenta sobreponerse al bien de los colombianos. Ojalá que las mayorías del congreso de la república que a buene hora se integraron y que demuestran con hechos su verdadero liderazgo nacional, logren hacer ese aporte que los mezquinos niegan y tratan de torpedear no solo en el Congreso, sino de crear la cizaña del odio contra quienes quieren hacer bien las cosas que reclama el colectivo social. Que vivan las mayorías del congreso de la república, el pueblo sabrá recompensarlos con su credibilidad.

Un sainete inapropiado y costoso

Mario González Vargas

Nadie esperaba que el canciller Leyva se sumara a los “ires y venires” que han caracterizado a sus colegas de gabinete y sembrado muchas inquietudes sobre el contenido y consecuencias del mentado cambio que se pregona. Y ello, porque las disparatadas propuestas y acciones de los locuaces ministros carecen de los alcances y naturaleza que puedan afectar sensiblemente las relaciones internacionales de Colombia. El carácter efímero y contradictorio de las primeras comprometen temporalmente la credibilidad de sus autores, mientras se rectifican por propia iniciativa o por disposición presidencial; en cambio, las segundas comprometen no solo las formas que rigen las relaciones entre estados, sino también la adhesión del país a principios y fines contraídos en tratados bilaterales o multilaterales.

Los anuncios del gobierno de reevaluar la política contra las drogas y el TLC con los EEUU, aunados a las de una eventual legalización de las drogas y a modificaciones a los acuerdos vigentes de extradición, constituyen iniciativas de cuidado en las relaciones bilaterales, que no deben ser además maltratadas por la designación de embajadores imputados en procesos penales para representarnos en Argentina, Nicaragua y Venezuela, que afectan la tarea, por si exigente, para un canciller que apenas inicia su periplo por el empedrado sendero de la diplomacia.

La insólita ausencia de Colombia en la OEA en la sesión del Consejo Permanente sobre la situación en Nicaragua, en la que se resolvió “Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua” adquirió visos de sainete. Y se hizo porque a pesar de todas las advertencias al gobierno de Ortega, éste se empecinó e incumplir todas sus obligaciones en materia de derechos humanos. Con ello, ha violado no solamente el art. 1 de la Carta Democrática que dispone que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, sino también la carta de la OEA que establece que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” No se trata de asuntos de poca monta que puedan despacharse con la ausencia deliberada de Colombia, porque comprometen la voluntad del país en el cumplimiento de sus obligaciones en lo atinente a los principios y fines de la propia OEA. Aducir que la ausencia se debió a razones estratégicas y humanitarias cuya “acción de envergadura coincidió con la votación de ese día” se torna en ficción inapropiada y en explicación pueril, impropia de una cancillería de prestigio. Las pasajeras identidades ideológicas en nada modificarán las posiciones de Nicaragua en el litigio con Colombia, en las ha que ha persistido desde el siglo pasado, con recientes resultados positivos. No se debe actuar movido por impulsos de hermandades ideológicas, siempre transitorias. Canciller, la ingenuidad no le es propia, ni es de recibo en negociaciones de esta naturaleza, como tampoco lo es confiar en que un sátrapa septuagenario se reinvente en defensor de DDHH.

Gestión diplomática sin partitura musical

Mario González Vargas

La Paz Total ocupa un espacio relevante en el programa del gobierno Petro con la que sorprendió a muchos y suscitó amplia gama de inquietudes e incertidumbres que se vieron posteriormente confirmadas por las declaraciones de quienes son los encargados de llevarla a buen puerto.

El senador Iván Cepeda en declaraciones en El Tiempo distinguió entre las negociaciones que se llevarán a cabo con el ELN y los contactos que se surtirían con las organizaciones criminales del narcotráfico. “En el primer caso se trata de un camino que ya se ha recorrido en numerosas oportunidades, el de la negociación política. Con los segundos, ligados al narcotráfico y a la minería ilegal, se trata de buscar que se acojan a la justicia mediante acercamientos. Unos diálogos, que no son negociación, para acogerse a la justicia”. El canciller Leyva, en esa misma línea, ahondó primero en el tema señalando que el Clan de Golfo y las organizaciones semejantes serian objeto de la figura de sometimiento a la justicia, que luego enriqueció a su manera con la figura de acogimiento, de rasgos y naturaleza imprecisos, pero que bien pudiese asemejarse a una eventual negociación política. Consciente de las dificultades, con esa audaz creatividad que lo caracteriza, afirmó que "La partitura que esperan de la paz es una de música clásica, pero lo que yo digo es que es más como una de jazz", en el entendido que,” una partitura de música clásica es una guía para el intérprete musical que es precisa y detallada, mientras que en el jazz solo se dan indicaciones para que el músico, virtuoso o no, improvise en armonía con la banda”.

Esa sutileza para asemejar las negociaciones con el ELN con las de las organizaciones criminales del narcotráfico provocó la inmediata visita de una delegación del gobierno de los Estados Unidos en procura de precisiones sobre aspectos fundamentales de su relación con Colombia. Si bien el ELN ha acentuado sus actividades de narcotráfico y las ha extendido a Venezuela, benévolamente puede aún aspirar al reconocimiento de su carácter político para que le apliquen las normas del DIH, que empero son extrañas para los diálogos propios de un acogimiento a la justicia de organizaciones criminales del narcotráfico y la minería ilegal. No es la primera vez que Colombia sugiere cambios en el tema de la extradición. En el gobierno Uribe se exploró la suspensión de la extradición para los involucrados en los procesos de Justicia y Paz; en el de Santos se pretendió el levantamiento en el marco del proceso de paz, y en ambas ocasiones EEUU nunca accedió, a pesar del apoyo que siempre brindó a la paz en Colombia, para no afectar la independencia de su sistema judicial considerada inmodificable.

El tema puede convertirse en oportunidad para corregir anomalías que han llevado a los capos a preferir la extradición. Colombia no debe afectar el apoyo bipartidista que ha caracterizado sus relaciones con la potencia orbital. Evitar que la extradición provoque tensiones con Washington será tarea de nuestro embajador Murillo que esperamos cumpla con éxito sin necesidad de resguardarse en eufemismo de partituras musicales para lograrlo.

Utopía y Adanismo, el cambio progresista

Mario González Vargas

El país trata de comprender las dimensiones del cambio en medio de angustias y esperanzas que por sus caracteres no le permiten descifrar sus componentes y consecuencias. Acostumbrados los colombianos a la competencia y alternancia en el poder de partidos y organizaciones políticas que constituían variantes de pensamiento dentro de un mismo sistema de organización social y político, hoy nos hallamos inmersos en una confrontación ideológica de fuerzas antagónicas en la concepción del estado y de la sociedad, que si bien feneció en la segunda mitad del siglo XX con derrota del comunismo y del fascismo ante la democracia liberal, hoy renace con ropajes y denominaciones distintas, a pesar de reproducir las mismas diferencias insalvables. El progresismo propone la “deconstrucción creativa” para allanar el camino de nuevas construcciones que se ajusten a las ideas de los forjadores de mundos ideales. Vástagos del despotismo ilustrado, acuden a la Utopía que se nutre de un complejo adánico, y por ello se halla condenada a imponerse por la fuerza, porque entiende que no puede erigirse sino sobre los escombros de lo que destruye.

El mensaje de unidad del presidente en su posesión impactó a los invitados internacionales, regocijó a los mercaderes de puestos y contratos y adormeció al inquieto ciudadano, pero no corrigió ni menguó las preocupaciones suscitadas por las declaraciones de sus designados ministros. Por el contrario, la purga con la que castigó a la Fuerza Pública, aunado al desplante por ausencia en ceremonia de reconocimiento y a la amenaza de hacer responsables a sus mandos de las masacres que cometan las organizaciones criminales, no dejan dudas sobre la naturaleza de los cambios proyectados en las doctrinas militar y policial, sin consideración a la seguridad, soberanía e integridad territorial de Colombia amenazadas por los nuevos amigos de Venezuela y Nicaragua.

En su encuentro con los empresarios, descalificó como fracasado el modelo de desarrollo y advirtió sin ambages que el libre mercado es incompatible con la justicia social, proponiéndonos regresar al estado prepotente, planificador y dispensador único de gajes y servicios que derrumbó a la Unión Soviética y empobreció a sus estados satélites, y que asoma sus narices en todas las declaraciones de sus ministras de salud, ambiente, agricultura y minas y energía, habilitando al de hacienda, de breve paso por su cartera, para decir mañana “yo no fui”.

Resulta inverosímil que todo ocurra con pocas oposiciones que logren abrir el debate democrático sobre las medidas que afectarán a todos los colombianos. Sugiere sí, que los proyectos de reforma saldrán airosos en su paso por el Congreso, porque de tiempo atrás sabemos que allá vale más la mermelada que los intereses nacionales y ciudadanos. Dejar que todo suceda sin debate ni controversia y esperar por mayores errores del ejecutivo, es la mejor contribución que podemos hacer para la degradación de nuestra democracia. Hoy el debate público y la acción política son obligaciones ciudadanas a las que nadie debe sustraerse, y también únicos recursos para mudar de la deconstrucción a la convergencia en el fortalecimiento de una democracia que no debemos perder.

Las encrucijadas del nuevo gobierno

Mario González Vargas

El acto de posesión de Gustavo Petro no respondió del todo a las expectativas de los sectores más radicales del Pacto Histórico, ni a las incertidumbres de quienes votaron en su contra, o a los deseos de quienes anhelaban razones para iniciar una oposición desde del juramento presidencial. El llamado a la unidad aportó apaciguamiento en un escenario que muchos consideraban edificado para servir de primer campo de batalla. Si bien dejó en claro la profesión de fe del mandatario, hoy denominada progresista, sugirió la apertura de diálogos con los sectores nacionales y regionales que pudiesen fructificar en acuerdos que enriquecieran las políticas del gobierno, como acto de oportuno reconocimiento de la complejidad de la tarea que le espera. Algo va de la emotividad de las banderas de la campaña a las responsabilidades históricas que acechan al gobernante.

Con el paso de los días, no solamente tendrá que impulsar en el Congreso los proyectos legislativos para dar forma a su mandato, sino también resolver los conflictos que ya afloran en el Cauca y pueden extenderse a otras regiones, que deben resolverse sin menoscabar derechos legítimamente adquiridos, porque su resolución determinará el talante, la capacidad de convocatoria y de resolución pacífica del ejecutivo. La gobernabilidad es su primer reto, porque de ella se derivan participación, seguridad, justicia y credibilidad, pilares de la legitimidad democrática. Son los primeros desafíos que se confrontan y de sus desenlaces dependen los factores que incidirán en el fortalecimiento o decaimiento de los valores de la democracia.

Por ahora la prolijidad de iniciativas anunciadas no se han aún acompañado de elaboraciones que aporten claridad sobre sus finalidades y contenidos. La paz, que nos ha sido tan esquiva, se pretende alcanzar hoy con carácter total, pero carece aún de las definiciones conceptuales y de las herramientas que la hagan posible, duradera y fecunda en reconciliación y solidaridades de todos los sectores nacionales. Cerrar el ciclo de violencia que nos ha acongojado por décadas y ha menguado el ya precario control del territorio por el Estado, no puede lograrse solamente con la aplicación de los conceptos hasta ahora utilizados, máxime cuando su combustible es el narcotráfico, que obliga a la correcta caracterización de los grupos delincuenciales y lleve a su sometimiento, garantice el desmonte de las rentas criminales e impida la aparición de nuevas organizaciones adictas a tan rentable actividad. El narcotráfico es el principal flagelo que enfrenta el continente y su erradicación exige el desmantelamiento de los carteles internacionales que no puede lograrse sin acuerdos de seguridad y salubridad hemisféricos que involucren primordialmente a los Estados Unidos. Es tarea previa e ineludible y corresponde a la cancillería y sus embajadores que que ojalá cuenten con idoneidad semejante a la del embajador designado para los EEUU, para no vernos condenados a repetir una tragedia empoderada. El tiempo corre inexorablemente y la insistencia en derivas ideológicas no son aconsejables. Las reformas propuestas no deben reproducir experiencias fallidas en el pasado. De su capacidad de innovar y respetar los valores democráticos dependerá en buena parte el futuro del gobierno.

Celebramos el 7 de agosto con nuevo gobierno

Por: Bernardo Socha Acosta

Colombia ha superado muchas épocas de retraso, entre ellas la esclavitud, y descolló la era del transporte en mula, al aéreo y de la máquina de escribir, al computador y de la telegrafía a las comunicaciones en tiempo real con el Internet y muchos adelantos más, pero no había podido superar la copia decadente del feudalismo criollo en el poder del estado.

Pasaron muchos años del intento de progreso de las comunidades, pero la sumisión popular a la que lograron llevar por largo tiempo las castas políticas y algunos grupos poderosos y dominantes, impedían a toda costa cada 4 años, que los colombianos se liberaran de ese yugo que tiene rasgos esclavistas con máscara de libertad.

Hoy es una fecha significativa para la historia nacional. Es una fecha significativa para todos los colombianos marginados de la riqueza nacional que por años han querido tener acceso a los bienes del estado.

El nuevo gobierno ya se rodeó de una selecta nómina de profesionales que muy seguramente se identifican con el pensamiento progresista del entrante jefe de estado y millones de colombianos que quieren ver a un país distinto donde todos tengamos oportunidades.

Pero, nadie puede entender por qué algunos de la burguesía criolla critican tanto la designación de la nómina de ministros que ha escogido el presidente Gustavo Petro, si son personas de las más altas calidades, unos con sobrada experiencia y otros que apenas comienzan a realizar sus pinitos al servicio de los colombianos.

Por qué esos sabios críticos no pueden esperar un tiempo para ver cuáles son los resultados de la gestión de cada uno de los colaboradores del entrante gobierno para luego si hacer sus pronunciamientos. O, es que solo están demostrando la envidia y el espíritu de egoístas y de traficantes del odio y la violencia.

Pero mirando bien a quienes critican, vemos que son precisamente aquellos, unos que nacieron en cuna de oro herederos de las castas privilegiadas y otros con menos poder, pero que, durante su vida laboral, vivieron como zánganos, chupándole la sangre al estado y a los colombianos, y hoy aún siguen viviendo del estado, con jugosas pensiones y sienten envidia porque alguien pueda surgir. Qué sentido de la vida tendrán esos ciudadanos y cómo podrán soportarse ellos mismos y su familia, con ese espíritu mezquino que demuestran. Que tristeza que haya en una sociedad personas de ese falso y flaco talento y que son seguramente las que han venido atizando el fracaso nacional.

Sin embargo, en medio de ese desalentador panorama que venímos experimentando, se siente satisfacción, que este 7 de agosto de 2022, al conmemorar la fiesta Patria de la Batalla del Puente de Boyacá, se sienta un triunfo de los sectores populares que por muchos años anhelaron propiciar un cambio, pero las circunstancias propias de un país politiquero le impedían. Hoy es una realidad y los más de 11 millones de colombianos que orgullosamente hicieron e hicimos posible el triunfo en las urnas, debemos atraer a otros millones de buenos compatriotas para que Colombia sienta la fuerza social por la convivencia, la paz y el enriquecimiento de voluntades por el progreso de todos. Bienvenido el nuevo gobierno.  bersoa@hotmail.com

La falacia del acogimiento

Mario González Vargas

Después de la locuacidad de la mayoría de los designados ministros destinada a explorar el ánimo de la opinión y a alimentar la galería vociferante de sus más radicales partidarios antes de la consagración del líder ungido por el voto mayoritario en su multitudinaria y costosísima posesión en la Plaza de Bolívar, se acrecentaron las inquietudes que se habían despertado respecto a las reformas tributarias y rural, a la de la salud y a la revisión de la misión de la Policía y del consiguiente desmonte de las actividades de inteligencia de una fuerza orientada a la prevención del delito y a la garantía de la seguridad ciudadana, de la convivencia y del disfrute de los derechos fundamentales. La ruptura del silencio por el futuro canciller, con premeditado cálculo de tiempo y oportunidad, al señalarnos las herramientas de lo que han denominado la paz total, plantea unos interrogantes jurídicos y políticos que desbordan los objetivos y los conceptos que hasta ahora habían prevalecido en el controvertido acuerdo de paz con las Farc-Ep.

Se pretende distinguir entre sometimiento y acogimiento para otorgar ventajas y privilegios inéditos cuando se trata de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, a los paros armados en protección de sus actividades ilícitas, siempre acompañados de asesinatos a la población civil, de líderes sociales, y de agentes policiales en el oprobioso plan pistola. Para tal efecto, acuden a reconocerlas como actores del conflicto armado, atribuyéndoles línea de mando, control territorial y poder de beligerancia, como si trataran de organizaciones de carácter político y subversivo cuya meta es la sustitución del orden político existente.

El sometimiento implica la entrega de la organización criminal a la que se le aplica la ley penal, mientras que el acogimiento, que carece de desarrollo legal en instrumentos nacionales o internacionales, no permite la aplicación de la justicia transicional a organizaciones carentes de estatus político, que por su naturaleza exige negociación para que ellas entreguen la verdad, desmantelen sus negocios ilícitos, reparen a las víctimas y se comprometan a la no repetición de su actividad criminal. Ninguna norma nacional o internacional ha reconocido estatus político a las organizaciones del narcotráfico y por ende resulta aplicable la norma constitucional que dispone que el delito de narcotráfico no es conexo al delito político.

El acogimiento encarna la búsqueda de un subterfugio engañoso que conduciría a negociar para lograr la legitimación política de las disidencias de las FARC, de la Segunda Marquetalia y las de todo pelambre delincuencial, comprendidas los carteles internacionales del narcotráfico, con el objetivo, además, de frenar las extradiciones que hoy amenazan a los involucrados en ese comercio y de buscar la repatriación de quienes de conformidad con ese instrumento purgan penas en los Estados Unidos. Más que una ilusión resulta necia quimera pretender modificar el tratado de extradición vigente.

Es hora de saber que convertir la voluntad del gobernante en ley, como pareciera que se pretende, es camino seguro al desastre. La fuerza engendra anarquía e injusticia. Ninguna nación sobrevive al derrumbe de la justicia y de sus instituciones democráticas.

Expectativa por la ceremonia presidencial

La posesión de Gustavo Petro a la expectativa del cambio

(Tomado de la Revista Sur)

Gustavo Petro U. 

Todo está listo para la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia este 7 de agosto en las horas de la tarde. Hasta el último minuto el saliente gobierno ha intentado por todos los medios perpetuar su presencia en organismos estatales como en la junta directiva de Ecopetrol en donde de manera torticera los miembros de su junta directiva se prolongaron sus periodos por dos años más, nombramiento de funcionarios en las Comisiones de Regulación por cuatro años, nombramiento de notarios, contrataciones millonarias con dudosos procedimientos, en fin un cumulo de acciones que buscan atornillarse al poder sin justificación ninguna.

Y es que el logro primero y fundamental del triunfo de Gustavo Petro es el de desalojar del poder a las mafias y sus representantes políticos que lo han ocupado durante los dos mandatos de Uribe y el mandato de Iván Duque estos últimos cuatro años. Este logro no es menor pues ahora se trata de gobernar para el pueblo y realizar las reformas inaplazables que fueron las promesas de campaña. Ahora hay que pasar de la propuesta al gobierno, convertir en leyes y actos administrativos esas promesas. Este es el reto enorme que tiene la coalición de gobierno que se instalará este 7 de agosto.

Las transformaciones y los cambios se anuncian con tranquilidad, aunque habrá por supuesto muchas resistencias, aunque Petro asume el gobierno con una favorabilidad y aceptación de un 64% según la última encuesta de Invamer, mientras Duque se hunde con una imagen positiva apenas del 27%. Esta encuesta refleja, además un sentimiento de esperanza de que con Petro las cosas van a mejorar. Se respira optimismo.

El difícil camino de las reformas

Petro ha logrado conformar una coalición mayoritaria en el Senado y en la Cámara de representantes. No obstante, habrá que ver el comportamiento de dicha coalición ante la agenda reformista que se presentará este 7 de agosto. Lo primero y más difícil será el trámite de la reforma Tributaria que busca recursos nuevos por unos 30 billones de pesos que serán los recursos para financiar las reformas económicas anunciadas y comprometidas desde la campaña electoral.

Allí los ejes de la reforma aún en discusión en el equipo de gobierno serán la eliminación de las exenciones de la reforma tributaria de Duque, el impuesto al patrimonio, el impuesto a los dividendos y el impuesto a las bebidas azucaradas. Las dudas del equipo de gobierno están en si se aprueba un tributo al patrimonio de las 200 más grandes empresas del país, que daría unos 10 billones de pesos al año. En los tributos en que hay consenso solo dan unos 25 billones para un primer año que resulta insuficiente para gastos sociales imprescindibles como la lucha contra el hambre.

De acuerdo con Garay & Espitia la pobreza monetaria a junio 30 de 2022 estaría llegando a 45% del total de la población, es decir, estas personas sobreviven con un ingreso diario inferior a 23 mil pesos, es decir, con menos de 6 dólares diarios mientras que otro 30% de la población vive en condiciones de vulnerabilidad es decir entre pobres y vulnerables esta el 75% de la población.

Unos 17 millones de personas no consumen sino dos alimentos al día y cerca de 6 millones solo una comida al día. Por ello una de las tareas primordiales de la agenda legislativa será el plan contra el hambre que también está en construcción aún al momento de escribir este texto, pero, ese programa deberá contener subsidios monetarios a los más pobres, de esta manera se irrigan recursos para que estas familias puedan adquirir alimentos, pero, para hacer frente a la inflación que en el rubro de los alimentos en los sectores populares ha llegado al 30% durante el último año, se requiere de un plan para incentivar los cultivos de alimentos de la canasta básica garantizando la compra de las cosechas con unos precios de sustentación. No actuar sobre el frente de la producción limitaría enormemente el plan de lucha contra el hambre. No hay suficiente oferta de alimentos pues dependemos de las importaciones de trigo, maíz y frijol. Este tipo de cultivos son los que hay que incentivar si se quiere por un lado combatir el hambre, pero al mismo tiempo limitar el crecimiento de la inflación en el rubro de los alimentos que es lo que más está golpeando a los sectores populares. En este proyecto no creo que haya dificultades para su aprobación en el Congreso. Aquí el problema central es el de las fuentes de recursos con un déficit fiscal por encima del 7% o sea de unos 80 billones de pesos. Justamente es sobre esto último que trabaja el equipo de gobierno identificar esas fuentes de recursos mientras se aprueba la reforma tributaria.

Pero donde se sabrá de la solidez de la coalición será en el tramite de la reforma política que busca establecer las listas cerradas y paritarias, así como la transformación y cambio del Consejo Nacional Electoral, así como eventualmente la aprobación de un Tribunal Electoral adscrito a la rama judicial. Estarán los socios de la coalición que pertenecen a los partidos tradicionales el Conservador, el Liberal, el Partido de la U en la posición de crear una institucionalidad electoral plenamente democrática que es lo que busca esta reforma. Por lo pronto nos damos el derecho a la duda, pues durante decenas de años estos mismos partidos se han negado a su aprobación, así como a la democratización interna de los mismos.

En igual sentido nos asaltan las dudas sobre el paquete de la reforma rural integral. Buena parte del marco jurídico ya existe en la ley 160 de 1994, la ley de víctimas, 1448 de 2011, que da un marco para la restitución de las tierras despojadas y abandonadas como consecuencia del conflicto armado interno y que según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado y la Contraloría General de la República había llegado a 8 millones de hectáreas entre 1985 y 2013. Pero ese proceso marcha muy lento pues apenas se han restituido cerca de 550 mil hectáreas durante los 10 años de vigencia de la ley. Falta la creación de la Jurisdicción Agraria y legislar para que los baldíos sean adjudicados únicamente a los campesinos sin tierra, buena parte del trabajo en esta materia lo hizo la Corte Constitucional en sentencia de este año. Pero esto debería quedar consignado en una ley de la República. Bueno allí veremos la solidez de la coalición que tiene amplias mayorías en el Congreso de la República.

Por lo pronto como ya se dijo se respiran aires nuevos y esperanzadores. Tampoco creo que haya muchas dificultades para la aprobación del marco jurídico para la paz que debe distinguir tres actores diferenciados. El primero retomar la Agenda de Negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, esto está más o menos claro. Allí las dudas están más en relación la verdadera voluntad de paz de este grupo insurgente. Un segundo sector es el de las Disidencias, por una parte, las Disidencias de las FARC de Iván Mordisco y el recientemente abatido Gentil Duarte que nunca ingresaron al proceso de paz con las FARC y por el otro lado la diezmada Disidencia de Iván Márquez de la Nueva Marquetalia. Son dos procesos distintos. Y finalmente el proceso de acogimiento o sometimiento de las organizaciones armadas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Todos estos actores tienen sus especificidades y el marco jurídico para la Paz Total como lo ha denominado el presidente Gustavo Petro deberá ser cuidadoso y muy preciso de acuerdo con la naturaleza de cada grupo. Este marco jurídico deberá remover los obstáculos que sembró el gobierno saliente de Duque y uno de ellos que es central y que fue un punto de quiebre con el uribismo que es el de la conexidad del narcotráfico con el delito político, esto despejará las negociaciones con el ELN y con las Disidencias.

Son estos los temas centrales de la agenda que el gobierno ha anunciado que presentará este 7 de agosto. Como ya se dijo ahora el reto es gobernar para las mayorías y sacar adelante la agenda reformista. Este es el reto.

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur

Foto tomada de: laopinion.com

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