El verdadero liderazgo nacional de las mayorías del congreso

Por Bernardo Socha Acosta

Algunos congresistas (muy pocos) están adelantando una campaña con el fin de desprestigiar el proyecto que crea un impuesto progresivo para quienes reciben jubilaciones SUPERIORES a 10 millones de pesos.

Esos mal llamados padres de la patria demuestran que son unos egoístas y mezquinos que solo les interesa su bienestar, pero no quieren compartir una mínima parte de lo que devengan, para aportar al colectivo social que padece hambre en Colombia.

Esos Senadores y representantes que adelantan esa compaña aprovechando las redes sociales, junto con otros potentados privados que usufructúan millonarias pensiones, no muestran ni sentido de solidaridad nacional y menos de querer ver un país más justo, sino todo lo contrario hacen campaña pero para llenar sus bolsillos; en mala hora muchos electores los han elegido para que sean sus verdugos a través de sus acciones negativas desde el congreso.

Los electores deben tenerlos en cuenta (hay que revelar la lista de malsanos y equivocados contradictores) para que en una próxima contienda electoral los desprecien con su voto negativo y apoyen a quienes trabajen verdaderamente por el pueblo.

Y es que dentro de esta campaña negativa aparecieron las aves de mal agüero y los matadores de sueños de la población, porque se resisten a aceptar los avances en los periodos de la historia de un país que ha sido sometido al manejo caprichoso de quienes han pretendo imponer el gamonalismo a base de una falsa protección a sus incondicionales seguidores, concediendo unas veces cargos particulares y otros oficiales aprovechando su condición de mal llamados representantes del pueblo. Esos mismos son los que viven dando canonjías a los que le sirven y de esta forma mantener la atención y la miseria de incautos para que los sigan.

No se equivocan quienes los califican como exterminadores de la esperanza de un pueblo, porque con sus acciones intentan poner al pueblo en contra de los sanos proyectos del gobierno que busca de una u otra forma reparar lo que han dejado en el pasado, con el apoyo de esos mismos congresistas que no trabajan para el pueblo sino para sus propios intereses.

La reforma Tributaria que se encuentra en estudio les ha servido de equivocado caballito de batalla a esos arrogantes congresistas opuestos al bien general y luchadores por sus intereses.

Cuál es la razón para que un congresista pensionado devengando como mínimo más de 20 millones de pesos no aporte algo para el beneficio colectivo del país. Dónde está la solidaridad de la que posan y falsamente se ufanan de hacerle bien al pueblo. Esos mal llamados dirigentes políticos que se oponen al bien nacional son los propagadores de la incertidumbre que se están convirtiendo en la sombra del espejismo y la maldad que intenta sobreponerse al bien de los colombianos. Ojalá que las mayorías del congreso de la república que a buene hora se integraron y que demuestran con hechos su verdadero liderazgo nacional, logren hacer ese aporte que los mezquinos niegan y tratan de torpedear no solo en el Congreso, sino de crear la cizaña del odio contra quienes quieren hacer bien las cosas que reclama el colectivo social. Que vivan las mayorías del congreso de la república, el pueblo sabrá recompensarlos con su credibilidad.

En el umbral de un cambio incierto

Mario González Vargas

La instalación del Congreso resalta las debilidades de nuestra democracia y las complejidades que marcarán los nuevos rumbos del país y debería entenderse como el primer eslabón del proceso político que se inicia. La elección del senador Roy Barreras a la presidencia del Senado encarna una concepción del cambio difícil de digerir hasta por muchos de los que abogan por su radical cometimiento, no solo por su avezado recorrido en el laberinto de las componendas clientelistas, sino también por su voluntad de practicarlas a su conveniencia. Atareado en la consecución de una aplanadora para la aprobación de toda reforma presentada por el presidente electo, supo atraer a su redil a quienes hoy atropelladamente adhieren, sin conocer sus contenidos, a las reformas que ayer combatieron. Los partidos históricos, y los más recientes, con la aún tímida excepción del centro democrático, aportan su apoyo simulando creer que se trata de la aplicación del axioma gatopardista “del cambio para que todo siga igual”. Pacto simoniaco que descalifica a quienes unilateralmente lo adoptaron y que los convertirán en el vagón trasero de los cambios que se avecinan, cualesquiera que sean sus orientaciones y objetivos.

Un escenario distinto asoma en el ejercicio de la política en Colombia. Seguramente, el 7 agosto conoceremos los textos de las primeras reformas que se quieren aprobar en el menor tiempo posible. Contendrán la visión y los instrumentos de los cambios que se persiguen en la vida nacional, que se estiman estructurales para elevar su importancia de conformidad con la jerga en boga y que, de ser resistidos, exigirán participación de la sociedad distinta al congreso, sus cámaras, comisiones y actores. Las reformas agraria, política, tributaria, junto con las leyes de presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo, desbrozarán la hoja de ruta del nuevo gobierno, fijarán los principios, herramientas y metas del nuevo régimen, y determinarán apoyos y oposiciones que seguramente se expresarán por fuera del Capitolio. De ellos dependen las dimensiones del cambio y de la oposición, y por lo mismo inaugurarían nuevas visiones que se expresarían por medio de espacios, acciones y procedimientos diferentes a los conocidos, muy disimiles al folclor que acompañó la instalación del Congreso.

El cambio en sí mismo es fenómeno propio de la vida. Lo que importa son sus principios y valores que determinan su direccionamiento, sus instrumentos y sus alcances y establecen su anclaje en la conciencia individual de los ciudadanos y en la colectiva de la nación. Bajo la premisa del cambio como resultado de la modernidad, la filosofía hoy más consultada tiene por sustrato el concepto de deconstrucción que propugnara Derrida y que inspira una tendencia de revolución cultural que se pretende hegemónica y universal. Es la expresión de la utopía más reciente que se expresa en un revisionismo sin límites de todas las estructuras sociales y políticas de tiempos pasados y presentes, pero que paradójicamente confina a los que juzga diferentes en compartimentos estancos. Rompe con los valores y principios que configuran la democracia y sus libertades.

El 7 de agosto aportará claridad sobre las opciones disponibles.

La discusión en el congreso sobre los paramilitares y las Farc

Tomado de la Revista Semana

Cepeda y Uribe, ¿el debate del año o del daño?

El mano a mano entre el senador Cepeda y el expresidente Uribe no cambió la opinión de ningún colombiano.

Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente Álvaro Uribe, fue asesinado
 por guerrilleros de las Farc en 1983. - El senador Manuel Cepeda Vargas,
padre del senador Iván Cepeda, fue asesinado por agentes
 del Estado y paramilitares, en 1994.

Lo extraordinario del debate sobre el paramilitarismo de la semana pasada en el Congreso de la República no fue tanto el contenido como la historia de los protagonistas. El padre del citante, Iván Cepeda, fue asesinado por los paramilitares. El del citado, el expresidente Uribe, fue asesinado por las Farc. Esos trágicos antecedentes no fueron los únicos que rodearon ese debate. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y los senadores Carlos Fernando, Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara son asimismo hijos de hombres asesinados por guerrilleros y narcotraficantes. Esa circunstancia dice más de los últimos 30 años de la historia de Colombia que la andanada de acusaciones mutuas que se escuchó en el recinto. (Ver recuadro: Una violencia que los dejó sin padres).

Los dos principales protagonistas, Uribe y Cepeda, tienen razones para considerarse simultáneamente ganadores y perdedores de ese mano a mano. De Iván Cepeda impresionó la serenidad con que habló y la diligencia con que recopiló el pliego de cargos contra Uribe. De Álvaro Uribe llamó la atención no solo su tradicional elocuencia sino la indignación de inocente que reflejó ante las acusaciones. 

La intención de Cepeda era demostrar los supuestos vínculos históricos del ahora senador Uribe con el cartel de Medellín y los paramilitares. Para ello presentó documentos que relacionan a Uribe y a su padre con el clan de los Ochoa y los Cifuentes Villa, a quienes supuestamente les otorgó licencias de vuelo mientras fue director de la Aeronáutica Civil. Para el senador de la izquierda los nexos del expresidente con ellos antes de llegar a la Casa de Nariño fueron más allá de la simple condición de compadres que compartían poesía, aguardiente y caballos. También mencionó que Jaime Alberto Uribe Vélez, un hermano, tuvo algo más que una relación sentimental con Dolly Cifuentes Villa, la mujer extraditada el año pasado por haber sido el enlace del cartel de Sinaloa en Medellín. Luego vinieron los videos y una puesta en escena de testimonios de paramilitares que han señalado a Uribe de haber impulsado la conformación de las Convivir y posteriormente las Autodefensas Unidas de Colombia. Leer en Revista Semana

¿Qué congreso queremos?

                                Por: Nicolas Ordóñez

El pasado seis (06) de Noviembre se acordó el segundo punto en la agenda del Proceso de Paz: “Participación política”, donde se abre la posibilidad que los miembros de las Farc hagan parte activa de la política colombiana, que estas personas que todos los días atentan contra las poblaciones colombianas, mañana puedan llegar a ser alcaldes, gobernadores, senadores y hasta presidentes de las republicas, del país al que tanto daño han causado.

¿Que pensara entonces con el campesino, que no pudo seguir sembrando, porque las Farc, tomaron sus tierras para sembrar coca?, ¿que opinaran los habitantes de Suarez-Cauca, que todos los días ven morir sus familiares, culpa de los hostigamientos de las Farc?, ¿qué dirá el soldado, que hoy no goza de movilidad porque una mina antipersona, le quito esta posibilidad?.  Realmente, ¿el precio de una supuesta paz, es entregar impunidad por doquier?

Pues si la respuesta es, sí, estamos condenados a centenares de años mas de guerra, porque, si la respuesta del gobierno, es perdón y olvido, ejercer violencia va a ser garantía para algún día llegar al poder.

Porque en otro sentido, el mensaje implícito que se le esta dando a nuestros jóvenes, es si quieren obtener privilegios, y llegar a hacer política, o simplemente conseguir visibilidad, el camino mas apropiado es alzarse en armas, es generar violencia; la medida del éxito en los jóvenes, es el que mayor criminal sea, el que mas actos de terror cometa.

¿Este es entonces el congreso que Colombia, anhela y merece?, un congreso con Timochenko en su presidencia, un congreso que cambie la imagen de nuestro libertador Simón Bolívar, por estatuas de Raúl Reyes y Cano. ¿Qué respuesta señores le darán ustedes a sus hijos, cuando les pregunten por qué el palacio de justicia se llama Iván Márquez?, ¿Qué enseñaran los profesores de historia?..., que Las Farc, fueron quienes llevaron las banderas de la democracia, y que  los verdaderos héroes, nuestro soldados, los antagonistas.

En Colombia, no podemos permitir esto, alcemos entonces la voz en pro de una democracia verdadera, una democracia que es la que realmente nos va a llegar, a conseguir una verdadera paz, una democracia activa y segura, donde no sea necesario para llamar la atención , alzar las armas, si no las ideas. Ese, ese es el único camino correcto, para que mas adelante logremos una paz verdadera.  Ese camino que hoy están los miembros de Uribe Centro Democrático construyendo. Un conjunto de ilustres desconocidos, que hoy por la única razón que hacen parte de estas filas, con un solo interés, recuperar el rumbo, que marcó, nuestro Presidente Álvaro Uribe.

Señores del UCD, ustedes son el Congreso que Colombia quiere y merece, éxito y Bendiciones.

Área Metropolitana suplantó al Congreso de la República

                                                    La embarraron

                                                                            Por Héctor Gómez Kabariq*

En anteriores columnas, y hoy reafirmo esa posición, he apoyado la iniciativa del Alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez Pedraza de implantar en la región la separación de los residuos sólidos en la fuente como parte del proceso de reciclaje y aprovechamiento de basuras.  Es una obligación social para beneficio de los seres humanos y del planeta.

Pero también, sobre esa iniciativa, he rechazado la decisión adoptada por el Area Metropolitana de Bucaramanga AMB de establecer un proceso sancionatorio y de amenazar con multas a quienes, voluntaria o involuntariamente, no lo hagan.

Pues bien.  Ahora he comprobado que esa amenaza de sanciones y de multas del AMB es ilegal. Está al margen de la ley.  Veamos.

El Acuerdo 012 del Area Metropolitana que implantó el proceso reza en el artículo noveno que serán sancionados quienes “…no realicen separación en la fuente de los residuos sólidos… sanción establecida en el numeral 1 del artículo sexto de la Ley 1259 de 2008…”.

Eso es falso. La ley 1259 de 2008 estableció 18 infracciones ambientales sancionables, ninguna de las cuales se refiere a la separación de los residuos sólidos. El citado numeral 1 del artículo sexto de esa ley lo que fija como infracción es “sacar la basura en horarios no establecidos por la empresa prestadora del servicio”.  Y el Decreto reglamentario de esa ley, el 3695 de 2009, tampoco establece como infracción la no separación de los residuos.  La separación de residuos en la fuente es un acto voluntario y quien no lo haga no comete ninguna infracción y mucho menos puede ser sancionado.

De manera que, en opinión de varios abogados que he consultado, el Area Metropolitana de Bucaramanga suplantó al Congreso de la República, incurrió en falsedad al atribuirle a una ley sanciones o infracciones no contenidas en ella, extralimitó sus funciones, abusó de su autoridad y hasta prevaricó.   Ningún ente nacional, municipal, metropolitano o departamental puede aplicar infracciones o sanciones que no estén expresamente contenidas en las leyes de la república.  Lo sucedido acá es un invento.

Pero además de ilegal, es injusto. Resulta que al entregar elementos reciclables, el usuario está regalando bienes que valen dinero. Y al entregarlos separados, le está ahorrando trabajo a las empresas que se van a lucrar con ese negocio.  Luego, no es justo que en compensación lo amenacen o lo sancionen si no lo hace.

Con humildad en el AMB deben aceptar que la embarraron, deben proceder a derogar esa medida y a cambio, deben ofrecer estímulos a quienes voluntariamente quieran hacer esa separación de residuos en la fuente, acatando la buena y plausible iniciativa del Alcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza.

Presidente Círculo Periodistas de Bucaramanga 

¿Licencias de conducción, o tortura y sometimiento?

                                         Por: Bernardo Socha Acosta

Cuando vemos las interminables colas, la serie de trámites y los abusos de especulación para efectos de renovar la licencia de conducción, nos da la impresión de que al estado colombiano (ciertos despachos como el Ministerio del Transporte) goza viendo el sufrimiento del pueblo.

Nadie puede pensar lo contrario, pues lo lamentable es que esas normas las aprueba una rama del poder público que se llama Congreso de la república, organismo que supuestamente representa a los colombianos.

Para nadie es ajeno pensar que si el gobierno nacional se inventa estos trámites, es el mismo estado el que debe financiar los costos de este documento que le está saliendo a los ciudadanos un gasto  imprevisto que solo está beneficiando  las arcas oficiales y el bolsillo de los especuladores de los exámenes. Esta disposición está basada, entre ellas en las Leyes 769 de 2002 y 1383 de 2010, lo que indica que los señores padres de la patria no pueden decir que nada tienen que ver con  lo que muchos han denominado el ‘regalo’ del año del gobierno.

Es claro y repito, que si el gobierno se inventa cambios en los documentos de los ciudadanos, pues el estado debe asumir los costos o al menos parte de ellos, pero no sacrificar el escaso presupuesto de los colombianos en un documento que para muchos es la fuente del sustento de la familia.   

El gobierno debería pensar que para una persona que devenga el salario mínimo y en estos momentos debe destinar un promedio de $150.000, si no es más, es un asalto a su escaso presupuesto.  Algunos  de la burocracia dirán que el valor de la licencia, no son sino $38.000, pero no prevén que los especuladores están haciendo su agosto con los exámenes, lo cual encarece el documento  tres o cuatro veces más y eso es responsabilidad del gobierno; o es que estas cosas son para facilitarle a los especuladores quitarle de frente lo que corresponde al pan de la familia.

En una palabra, el  Ministerio del Transporte  improvisó y ésta falta de planeación no la están pagando sino esos colombianos a los que está sometiendo, no solo a la tortura de hacer colas por un día infructuosamente,  sino quitarle el pan a sus hijos  para dárselo al sistema de gobierno que en ese caso debiera haber sufragado una parte de los costos y facilitar la realización del trámite.

Ahora falta que terminen los 3 meses de plazo para comenzar a poner los costosos  comparendos  y ahondar aún más el desespero, la zozobra, la ira, la angustia y el asalto del bolsillo de los  sufridos ciudadanos.

Y decimos que hay improvisación del Ministerio del Transporte, pues de lo contrario las dependencias que realizan los trámites y el suministro de la información al Registro único Nacional de Tránsito, llamado RUNT, no se vieran congestionadas, que como resultado, es  someter a las prolongadas demoras a quienes por infortunio del destino y disposición del estado, tienen que realizar esa gestión.

Ojala que hubiera al menos un congresista que intentara, al menos llevar al Ministro de esa cartera para que responda por qué no se hacen las cosas bien. Todo está mal y por eso el ánimo y la indignación de los colombianos es cada día peor. 
Es lamentable que cuando el presidente Santos quiere mejorar las cosas con lo dispuesto en la norma antitrámites, otras dependencias del Estado que solo piensan en agrandar las arcas, compliquen más las cosas con estas disposiciones que muchos han calificado como un atropello. En resumen, se borra con el codo lo que se hace con la mano...

Opinión política

         Las nuevas sesiones del Congreso Nacional

                                             Horacio Serpa

El Congreso Nacional representa a una de las tres ramas del Poder Público. Su importancia es enorme. Tiene el cometido de hacer las leyes y de ejercer el control político sobre la rama ejecutiva. Sus integrantes son elegidos por el voto popular. Por eso el Congreso es la más auténtica representación ciudadana que existe en una democracia.

El Congreso no tiene remplazo. Su funcionamiento garantiza el de las demás instituciones. Cuando hace 64 años el ejecutivo tuvo la osadía de cerrarlo, se precipitó sobre el país el más vergonzoso episodio de arbitrariedades, abusos y violencia que se recuerde. De ahí que hacia  las cámaras legislativas, como institución, se tenga acogida, respeto y acatamiento.

Pero el Congreso de hoy tiene dificultades en materia de credibilidad, de respeto y de acatamiento. Algunos de sus integrantes han cometido atropellos, otros han tenido equivocaciones, aquellos comportamientos delincuenciales. Y las corporaciones en sí, junto con los buenos, los cumplidores, los responsables, sufren enorme desprestigio. Es una lástima y  un fracaso.

Pero el Congreso tiene este año la posibilidad grata de mejorarse, de lograr superar los niveles de impopularidad que lo señalan como una institución poco deseable. Es un momento para los sanos y juiciosos, para los serios, para los cumplidores. Basta con empeñarse en el trabajo de prodigar al País las decisiones que necesita. No se requieren muchas leyes, ni muchos debates, ni grandes espectáculos. Austeridad, seriedad, eficacia.

Uno de los problemas mas grandes que sufre el pueblo colombiano es el de la salud. No hay promoción ni prevención. El sistema aprobado en 1.993 ya hizo agua, se va a pique, y de ese naufragio inevitable no se pueden seguir recogiendo los despojos. Hay que diseñar un nuevo sistema de salud, sin temores, sin ataduras con un pasado que solo ha dejado resentimientos e injusticias. Ese solo cometido reivindicaría al Congreso, para enorme satisfacción de los demócratas e imperecedera gratitud de todos los colombianos.

Hay más iniciativas. El proyecto de pensiones, por ejemplo, importante, reivindicativo. Algunos otros pueden ir estudiándose en las Comisiones, para tramitar en el siguiente período. Pero no más. Acaso un buen debate sobre los paros y movimientos sociales, para tener una dimensión exacta del por qué tanta agitación ciudadana. Llenarse de proyectos es desatenderlos todos y cometer errores. Ya se han visto. Después no queda sino el crujir de dientes.

El año entrante hay elecciones de Senadores y representantes a la Cámara. Es el momento de lucirse. De demostrar capacidad, que la hay, buena voluntad que existe sin duda, y eficiencia. Es la oportunidad de demostrar que si es necesaria la institución legislativa.

No hay que aceptar como excusa que en todo el mundo existe un mal predicamento hacia los Congresos y Parlamentos.  Es un pobre argumento. El país merece de nuevo un “Congreso Admirable” y existen todos los elementos para lograrlo. Los partidos tienen una gran responsabilidad y cada una y cada uno de sus integrantes. Solo hay que atreverse.

Bogotá D.C., 20 Marzo, 2013  Columna del NuevoSiglo                      

Columna política

     ¿La lucha será en el Congreso? Bienvenida

Horacio Serpa

Los comentarios, no desmentidos, de que el expresidente Uribe encabezará una lista de candidatos al Senado de la República en las elecciones de Marzo del año entrante, se convirtieron en el acontecimiento político de la semana. Todos queremos opinar al respecto. Y eso que no ha salido la noticia en concreto.El doctor Uribe es un personaje de alto coturno en la política nacional. Lo que haga, lo que diga, lo que proponga, lo que cuestione, tiene enormes repercusiones. En su nombre, en su trayectoria, en su futuro, está localizado uno de los extremos que hoy rigen la discusión pública.El otro se llama Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia. No ha dicho nada al respecto pero todo el mundo supone que irá a la reelección, en nombre del partido de la U, acompañado de fuerte coalición. Muchos unen su destino al que tenga el proceso de paz. El dijo que no es así, pero son aspectos que parecen indisolubles. Santos tratando de llegar y Uribe haciendo todo lo posible para que ello no se dé, es el escenario que está cantado. Con interesantes variables, desde luego. Se está organizando un colectivo político de sectores partidistas y de personalidad democráticas muy interesante. La voz autorizada es la de Navarro Wolf y ello es mucho decir porque es un político serio, constructivo y reconocido. Está pendiente el nacimiento de una izquierda democrática que represente a los suscriptores de los acuerdos de paz, si se dan, con múltiples sectores progresistas, contestatarios, inconformes, sociales, académicos y estudiantiles.

El presidente Santos le ganó de mano al expresidente Uribe sobre la jefatura de la U y a los disidentes no les queda más remedio que retirarse del Congreso antes de Marzo, para buscar cupo en la lista de Puro Centro Democrático. Cambio Radical está y estará con el gobierno pues aspira a sucederlo, ahora o en cuatro años. Los Verdes siguen muy independientes pero en la Mesa de Unidad Nacional. Los conservadores quien sabe si se arriesguen a sacar candidato. Los liberales han hecho ostentación con el cariño que le profesan al Presidente. Hay otros partidos diferentes, alternativos, en trance de ubicarse.

Ahí están las cartas. El primer round será en Marzo, con el Congreso. Si Uribe encabeza lista, ¿los conservadores pondrán a Pastrana? ¿Será que Vargas Lleras saldrá a la palestra para no dejarse barrer de los uribistas? En el Partido Verde podría aparecer Lucho para disputar la cabeza a Prada. ¿Se van a quedar quietos los expresidentes liberales? Del Polo ya se sabe que será Robledo pues Clarita va para la Presidencia. ¿Qué estará pensando Piedad? De Timochenko unos piensan que debe parar en la cárcel y otros queremos que dispare discursos en el Senado.

Como se ve, el asunto es difícil de entender y de armar. Hasta ahora no hay nada claro. Lo importante es desterrar la violencia en todas sus facetas y que vengan las discusiones democráticas.

 “Hagan sus apuestas señores”. 

Bogotá D.C., 22 de Enero, 2013

Publicada en el Nuevo Siglo    

A propósito de la reforma que avaló el Congreso

Aprobado el fuero de la impunidad

El Congreso le aprobó a la Fuerza Pública licencia para matar, desaparecer, torturar y violar los derechos humanos y el DIH impunemente

Por: Camilo Raigozo / Miércoles 12 de diciembre de 2012

Desafuero penal militar

El congreso de Colombia

Sin ninguna vergüenza, desoyendo el clamor internacional y nacional, el poder Legislativo y el Ejecutivo, salieron airosos al ser aprobado en último debate en el Congreso el esperpento de reforma a la Constitución para ampliar el fuero penal militar.

“La aprobación de esta reforma constitucional va en contra de las obligaciones internacionales contraídas por Colombia en materia de derechos humanos y entraña el riesgo de consolidar todavía más la impunidad de las fuerzas armadas y la policía", manifestó Susan Lee, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

“La aprobación de esta reforma será un indicativo claro de la falta de compromiso del gobierno con los derechos humanos en un contexto en que las fuerzas armadas y la policía continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos directamente o en coordinación con los paramilitares”

La ONU y Human Rights Watch, explicaron que todos los crímenes que cometan las fuerzas militares y la policía, “serán conocidos exclusivamente” por tribunales militares, excepto, aparentemente, los crímenes de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado.  Ampliación

Y... la pérdida de 75 mil kilómetros...

¿Apenas comienzan los pleitos?

Horacio Serpa                       

Han sido nueve días de indignación, opiniones diferentes, controversias, debates sobre el fallo y denuncias contra la comisión que representó los intereses de Colombia. También contra los gobiernos que actuaron a lo largo de los once años que duró el proceso. En el Congreso hablaron de declarar traidores a la patria a los funcionarios que resulten responsables de la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima en el Caribe.

La verdad es que si llegaren a deducirse responsabilidades políticas y gubernamentales, los únicos que no tendrían “velas en ese entierro” serían el actual Presidente de la República y su Canciller. Solo les tocó mirar las últimas actuaciones del equipo de defensa, conformado diez años antes, y conocer el fallo de la Corte Internacional. Los dos gobiernos anteriores nombraron a los delegados colombianos que representaron a Colombia, contrataron asesores internacionales, asumieron la competencia de la Corte, presentaron excepciones, aceptaron que se descartara el meridiano 82 como frontera, presentaron pruebas, alegaron, en fin, corrieron con la responsabilidad de atender el pleito.

El buen juicio indica que a este respecto no deben asumirse actitudes precipitadas. Ni que se hagan linchamientos morales, políticos o éticos, sin conocer a ciencia cierta todo lo que pasó y por qué pasó. Por fortuna el gobierno informó que ya cuenta con un comité asesor diferente para emprender las tareas que corresponden a buscar las aclaraciones necesarias, pedir revisión en lo que sea dable y denunciar ante las Naciones Unidas los desconocimientos y atropellos que se han advertido. Es lo que se pretende hacer, según informaciones públicas.

Entre acatar el fallo y rechazar la sentencia, ha surgido una tesis muy importante que debe estudiarse. No es posible  reconocer ni aceptar ni acatar un fallo que no se puede ejecutar. Opinión del exministro Jaime Pinzón, en Ola Política.

Varias razones se han expuesto para sustentar el planteamiento: con base en el meridiano 82 como línea de frontera, Colombia suscribió tratados limítrofes vigentes con Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Panamá. Si se acata el fallo se desbarata la geografía del Caribe y se desconocen olímpicamente los derechos de seis naciones.

Nicaragua no debiera precipitarse a ejercer vigilancia sobre los 75.000 kilómetros cuadrados a que se refiere la sentencia de La Haya, hasta que no se resuelvan los recursos y denuncios de Colombia y se sepa si la providencia es ejecutable. Todo indica que no lo es.

Como han dicho que Nicaragua reclamará más áreas marinas y que sus propósitos contra Colombia no cesarán hasta no quedarse con el Archipiélago, hay que estar atentos a los movimientos que se den en la República centroamericana. Por cierto, ya vienen sus barcos y se van a encontrar con los colombianos.

La situación  no es fácil. Todo menos la guerra, que es improbable. Entonces, tocará seguir pleiteando. Ojalá que para enfrentarlos, los nuevos defensores de nuestros derechos examinen a fondo de que se trata y nos eviten nuevos dolores de cabeza.

Bogotá D.C., 27 de Noviembre, 2012

NuevoSiglo

Proyecto de Ley

Por: Pedro Gerardo Tabares C.

La orientación de protección mínima al pueblo colombiano, al hacer desaparecer las empresas para la salud,  es una necesidad que al lado de las leyes prioritarias que deben rectificar otras de carácter estatutario, como la Ley 100 de 1993, deberá tener apoyo en cada una de las personas, pero en especial por el Congreso, en donde cada uno de sus miembros cuando acude a hacer  proselitismo que lo lleva al fin primordial que se denomina hacer las leyes, conoce por boca de quienes mayor dificultad tienen en salud los problemas sentidos y ausculta las soluciones. Una de las inexplicables formas de atender la salud, es que se preste el servicio público, por empresas que en estricto sentido dejan de serlo, porqué la definición de las mismas para su creación y existencia conlleva que todas tengan capital propio y por tanto se hace inversión en infraestructura, para entrar a competir en la realización de una determinada labor que produzca dividendos porque con sólo señalar la prestación de estos servicios ya bajo señalamiento de capitales que se ingenian demostrarnos, tienen el apoyo del Estado y la autorización de los descuentos de origen presupuestal que corresponden al rubro por una cantidad que supera en mucho el porcentaje que cualquier empresario obtiene como ganancia por su inversión. El manejo de cantidades considerables de dinero permite que los porcentajes que se pueden descontar desde la entrada del dinero perfectamente esas ganancias por la prestación de ese servicio, con sobrecostos en el manejo de lo que en otra época funcionó con el nombre de Hospitales, en donde las personas que los administraban lo hacían con un poco de sentido común, para utilizar con mesura los recursos que se les entregaban sin que entonces fueran entidades del Estado, calificación que posteriormente se le dio en general y con titularidad en los entes territoriales que lamentablemente sin que haya que hacer demostración estadística puede decirse que exista alguno que por sus excedentes de capital, como se indica para los fines de servicio público, tenga ganancias, sino que antes por el contrario se registran pérdidas a las cuales puede agregarse otro defecto que no se ha mirado relacionado con qué quienes han prestado servicio son objeto de demandas para que devuelvan parte de las caprichosas sumas que le fueron entregadas en compensación de pensiones y prestaciones sociales que también contribuyó a la pauperización de la medicina que se paga por cantidad y no calidad.Tl vez no haya cantidad tan amplia de empresas intervenidas como las de la salud, que siendo de origen privado administran bienes del Estado, y se orientan hacia la liquidación, como las demás del mismo.

 Es importante el proyecto para que la administración de los recursos del Estado se inviertan totalmente y no vaya en un mínimo del 30% para prestadores de servicios que a costa de trabajadores de la salud y recursos estatales han presentado pérdidas millonarias que han devenido en lo que por ser común, su mención se llama el colapso de la salud. Es necesario que haya análisis en todos los sentidos para que se observen las realidades y no se mantenga una situación de permanente gasto de los presupuestos y cuando se va a examinar en que se han invertido sólo aparecen pérdidas.  No se trata de criticar, sino de solicitar a quienes deciden en el Estado que observen los resultados de lo que se creyó  lleno de bondad, pero no dio los resultados que esa aspiración orientó.

Proyecto de Ley

Por: Pedro Gerardo Tabares

La orientación de protección mínima al pueblo colombiano, al hacer desaparecer las empresas para la salud,  es una necesidad que al lado de las leyes prioritarias que deben rectificar otras de carácter estatutario, como la Ley 100 de 1993, deberá tener apoyo en cada una de las personas, pero en especial por el Congreso, en donde cada uno de sus miembros cuando acude a hacer  proselitismo que lo lleva al fin primordial que se denomina hacer las leyes, conoce por boca de quienes mayor dificultad tienen en salud los problemas sentidos y ausculta las soluciones.

 Una de las inexplicables formas de atender la salud, es que se preste el servicio público, por empresas que en estricto sentido dejan de serlo, porqué la definición de las mismas para su creación y existencia conlleva que todas tengan capital propio y por tanto se hace inversión en infraestructura, para entrar a competir en la realización de una determinada labor que produzca dividendos porque con sólo señalar la prestación de estos servicios ya bajo señalamiento de capitales que se ingenian demostrarnos, tienen el apoyo del Estado y la autorización de los descuentos de origen presupuestal que corresponden al rubro por una cantidad que supera en mucho el porcentaje que cualquier empresario obtiene como ganancia por su inversión.

El manejo de cantidades considerables de dinero permite que los porcentajes que se pueden descontar desde la entrada del dinero perfectamente esas ganancias por la prestación de ese servicio, con sobrecostos en el manejo de lo que en otra época funcionó con el nombre de Hospitales, en donde las personas que los administraban lo hacían con un poco de sentido común, para utilizar con mesura los recursos que se les entregaban sin que entonces fueran entidades del Estado, calificación que posteriormente se le dio en general y con titularidad en los entes territoriales que lamentablemente sin que haya que hacer demostración estadística puede decirse que exista alguno que por sus excedentes de capital, como se indica para los fines de servicio público, tenga ganancias, sino que antes por el contrario se registran pérdidas a las cuales puede agregarse otro defecto que no se ha mirado relacionado con qué quienes han prestado servicio son objeto de demandas para que devuelvan parte de las caprichosas sumas que le fueron entregadas en compensación de pensiones y prestaciones sociales que también contribuyó a la pauperización de la medicina que se paga por cantidad y no calidad.

Tl vez no haya cantidad tan amplia de empresas intervenidas como las de la salud, que siendo de origen privado administran bienes del Estado, y se orientan hacia la liquidación, como las demás del mismo.

 Es importante el proyecto para que la administración de los recursos del Estado se inviertan totalmente y no vaya en un mínimo del 30% para prestadores de servicios que a costa de trabajadores de la salud y recursos estatales han presentado pérdidas millonarias que han devenido en lo que por ser común, su mención se llama el colapso de la salud. Es necesario que haya análisis en todos los sentidos para que se observen las realidades y no se mantenga una situación de permanente gasto de los presupuestos y cuando se va a examinar en que se han invertido sólo aparecen pérdidas.  No se trata de criticar, sino de solicitar a quienes deciden en el Estado que observen los resultados de lo que se creyó  lleno de bondad, pero no dio los resultados que esa aspiración orientó.

¿Se le llenó la copa al pueblo?

CONGRESISTAS, NO SE SIGAN EQUIVOCANDO

------------------------------------Horacio Serpa

La enérgica reacción ciudadana contra el Congreso a raíz del exabrupto de la Reforma a la Justicia, no lo fue solo por esa actuación. A la gente se le llenó la copa, con tanto desgreño, con tantos errores. Uno de los más criticados ha sido el propósito sistemático de reformar la Constitución. Equivocación grande es creer que todo se remedia modificando las normas superiores. Además, nunca tendremos un sistema político equilibrado, coherente, estable, si nos la pasamos probando instituciones, modificando reglas, inventando procedimientos, experimentado soluciones.

Parece que no todos los Congresistas se dieron cuenta de lo que pasó. O creen ingenuamente que solo fue una censura pasajera a la que no deben pararle muchas bolas. Por ello iniciaron la nueva legislatura, de la que los ciudadanos esperan seriedad, responsabilidad, trabajo, presentando otras propuestas de reformas constitucionales. Disculpas ofrezco a los Honorables Congresistas, a quienes aprecio y respeto, pero me parece increíble que no cogieran experiencia. El País está esperando otra cosa. Ojalá  leyeran bien la entrevista del nuevo Presidente del Senado. Si él siendo de la casa dice así del Congreso, imagínense lo que dicen los de afuera. ¡No se sigan equivocando!

Un ejemplo ilustra las observaciones. Con los comentarios de rechazo que se hicieron hace algunas semanas a la propuesta, pensé que no se volvería a hablar de eliminar la Vicepresidencia de la República. Las noticias dicen que ayer se presentó la iniciativa con el objeto de volver a la Designatura, una figura arcaica, antipopular, que en ocasiones se prestó para jugarretas, trapisondas y componendas.

Una de las razones que tuvo en cuenta la Constituyente para rechazar la Designatura fue la de que no es democrático que al eventual reemplazo del Presidente, elegido popularmente, lo escoja el Congreso. No hay razón que lo justifique. Con el riesgo de que un Congreso cuyas mayorías no sean amigas del Presidente, bien puede crear la expectativa de sucesión en una persona opositora o enemiga. Ni más, ni menos.

El argumento de que es necesario ahorrarse el sueldo del funcionario, es peregrino. ¿Con lo que vale esa asignación o el funcionamiento de la Vicepresidencia vamos a salir de pobres? Ahora, si el Presidente no le quiere asignar funciones, no sería empleado ni tendría sueldo.

Atribuirle competencias por Constitución sería como crear una Presidencia chiquita, con poderes plenos para desarrollarlas. Absurdo.

Pero lo más absurdo es creer que el País permitiría a los Congresistas elegir al eventual sucesor presidencial. Lo dispuso la Constituyente para suplir la falta absoluta del Vicepresidente, después de mucho debate y cuando el Congreso no estaba tan desprestigiado. 

Dificultades, ¿cuáles? Se presentaron cuando el Presidente Samper. Con los doctores Pastrana y Uribe no hubo problemas. En este tampoco.

Sin duda fue desobligante la presentación del proyecto estando enfermo el doctor  Angelino Garzón. Por fortuna son gratas las noticias de su recuperación. Debe estar sorprendido de que tan pronto dio la espalda para ir a la clínica, le comenzaron a mover la silla.

Bogotá D.C., 25 de Julio del 2012

El pueblo podría ir más allá de una Consulta

"El referendo podría terminar en la revocatoria del Congreso"

“Si el ministro hace las cosas bien, los triunfos son del presidente, pero si le va mal, es un problema del ministro”

Revista Semana

EN PLATA BLANCA El expresidente Andrés Pastrana habla del problema suscitado por la reforma a la Justicia, de sus relaciones con los conservadores y de la salud de Angelino Garzón.

Sábado 23 Junio 2012

MARÍA JIMENA DUZÁN: El presidente Santos, a última hora, decidió no promulgar la reforma a la Justicia. ¿Usted cree que por esa vía se desactiva realmente esta reforma?

ANDRÉS PASTRANA: La propuesta del presidente no resuelve el problema porque hay quienes aseguran que jurídicamente no es viable. Si quería frenarla pudo haberlo hecho durante los dos años que estuvo debatiéndose en el Congreso. Pero ya aprobada el tema es más difícil: como se trata de una reforma constitucional no requiere la firma del presidente. Es decir, estamos en una encrucijada y el país puede ser arrastrado hacia un limbo jurídico que podría ser aprovechado por varios de los funcionarios del anterior gobierno para salir de la cárcel.

M.J.D.: Según el presidente Santos, lo malo de la reforma fue la conciliación. Pero otros como el exmagistrado Hernando Yepes creen que lo malo es el espíritu de la reforma. ¿Usted en qué orilla está?

A.P.: La reforma es un esperpento y la considero un golpe de Estado a la Constitución. Y lo que estamos viendo es que ni los académicos, ni los medios, ni, lo que es más importante, el pueblo colombiano la han entendido. Además, no es una reforma a la Justicia, sino una contrarreforma al Congreso. Por eso, por primera vez los colombianos vamos a hacer uso del artículo 377 de la Constitución, que les da la posibilidad a los ciudadanos de convocar a un referendo para que sea el pueblo colombiano el que eche para atrás ese adefesio. Esa es la única forma.  Pase a Revista Semana

La Consulta y La Providencia del Tribunal

Ing. Florentino Rodríguez Pinzón

Nueva andanada se prepara en el Congreso de la Unidad Nacional contra la Constitución de 1.991 y os principios fundamentales que esta consagra; entre estos, la obligación del Estado de servir a la comunidad, defender la soberanía del pueblo y la protección de sus riquezas culturales y naturales.
Otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la educación pública gratuita, a la salud, al trabajo digno y estable, al derecho para que prime el interés público o social sobre el privado, el derecho a la equidad social, al acceso a la tierra, la autonomía universitaria, el derecho a la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlo y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y brindar protección de ecosistemas, están también  amenazados.
A altos intereses económicos y políticos están estorbando las formas de participación democrática como la acción de tutela, la descentralización administrativa y la autonomía regional.
En forma irracional se pretende someter la constitución y las leyes al servicio de la inversión extranjera, so pretexto de exiguas regalías y enormes concesiones fiscales otorgadas durante el gobierno anterior.

Nuestra autonomía territorial, para la protección del suelo, biodiversidad, aire, agua y el paisaje, importante logro de nuestra constitución, está en peligro.
Los movimientos ciudadanos y su fuerza de movilización cívica y pacífica, haremos frente al  apetito voraz de las multinacionales mineras y a los negociantes del todo vale.
Debemos afrontar lo que se avecina de la mano de las cortes y sus honorables magistrados, estando atentos a defender nuestra constitución y a los servidores de la justicia.
Conocida la providencia del Tribunal Administrativo de Santander que declara inconstitucional la  Consulta Popular del Agua su contexto y pregunta, esta debe ser acatada, respetada y aplicada.
Ha recordado el Tribunal Administrativo de Santander, que existe mandato constitucional y leyes suficientes que ordenan la protección de los ecosistemas esenciales y el agua, caso Santurbán. En  conclusión, es responsabilidad del Estado y de las autoridades ambientales defender nuestro territorio y las fuentes de agua amenazados por los proyectos de mega minería.
Un agradecimiento a nuestros magistrados y su meridiana claridad El Movimiento Conciencia Ciudadana y el Comité para la Defensa del Agua reafirmamos nuestro compromiso y firmeza en defensa del agua de los santandereanos.

La caída de los sátrapas

Miércoles, 2 de marzo de 2011

-------------------------------------Por: Horacio Serpa

En el mundo árabe ha despertado con fuerza la sociedad civil, que ha decidido quitarse de un solo envión el peso de décadas de dictaduras que les arrebataron con el uso de la fuerza y la violencia el derecho a la libre autodeterminación. Egipto, Túnez, Libia, están viviendo revoluciones impensables hace apenas unos meses.

En Egipto el eterno faraón Hosni Mubarak abandonó el poder, el pasado 11 de febrero, tras una oleada de protestas, apoyadas por las Fuerzas Armadas, que le costaron la vida a miles de ciudadanos hastiados de una satrapía insostenible que perduró 30 años. Un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tomó las riendas del país mientras se vive un proceso de transición hacia la democracia, que permita cambios profundos para la vida del mayor país del mundo árabe. El planeta mira con expectativa.

En Túnez había sucedido igual con el dictador Sine El Abidine Ben Al, quien permaneció en el poder 32 años. Hoy conspira contra su pueblo desde un exilio dorado y espera disfrutar de su inmensa fortuna ilegal mientras se calman las aguas turbias en su patria.

Ahora el turno es para Muamar Gadafi, quien es el más veterano de los dictadores árabes: 42 años en el poder han marcado el destino de los seis millones de libios, que han pasado de la resistencia civil a la insurrección armada.

Gadafi es un tirano mutante, que ha pasado por todas las etapas posibles; terrorista, financiador de revoluciones, enemigo de occidente, ideólogo de excentricidades risibles, amigo de sus atacantes. Hoy un tirano capaz de bombardear a su pueblo. De aniquilarlo como “ratas”, de usar las mas innobles armas para tratar de extirpar una revuelta que él quiere convertir en holocausto.

El mundo ve con horror la manera como estos tiranos se aferran al poder. Son insaciables en su sed de enriquecimiento, de saqueo de la riqueza colectiva. Del envilecimiento del pueblo, al que dominan con mano de hierro, haciendo uso del terror.

América Latina superó hace décadas esos tiempos de opresión. Los dictadores son especímenes raros en estos lados. Solo quedan algunos que se resisten al paso de la historia. A los cambios en la manera de entender el mundo. Para ellos Gadafi es un héroe, Duvalier una víctima, Mubarak un líder del panarabismo. Para los tiranos las constituciones solo valen cuando ellos las escriben para perpetuarse.

En Colombia vivimos la democracia con fuerza. Nuestra institucionalidad es vigorosa. La Corte Constitucional es la guardiana de nuestro futuro, de nuestra libertad. La Corte Suprema de Justicia nos protege de los malos servidores públicos. El Congreso legisla, aunque algunos de sus miembros a veces se aíslan en mundos subterráneos de juegos sucios, con paramilitares y narcotraficantes.

Aquí celebramos con fuerza cada elección, cada nuevo mandatario. Aquí no hay, ni habrá tierra fértil para dictadores, ni padrecitos, ni salvadores, ni libertadores. Aquí vive la democracia. Nuestra Carta Política, que cumple 20 años de existencia, es fuente de libertad y garantía de paz.

Oposición al estado excepcional del país

¿Quién se opone al estado de emergencia por el invierno?
Fuente: Revista SEMANA.COM

EMERGENCIA La declaración de emergencia parecía ser un tema de auténtica unidad nacional. Sin embargo, dos senadores se opusieron a ese estado excepcional. Dicen que hay aspectos que violan la Constitución. Jorge Robledo, uno de ellos, explica su posición. Miércoles 19 Enero 2011

El pasado lunes, el Congreso en pleno aprobó de forma casi unánime el primer decreto con el que el Gobierno declaró el estado excepcional de emergencia, como medida para enfrentar las consecuencias de la ola invernal. Y fue casi unánime porque, al menos en el Senado, de los 94 asistentes sólo dos congresistas se opusieron a ese respaldo.

Fueron dos senadores del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo y Alexánder López, quienes en un tema en el que parecía haber unanimismo -pues hasta había una decisión del partido de sumarse a ese respaldo- tuvieron la convicción de dejar por escrito, y de forma pública, su oposición a la decisión que adoptó el presidente Juan Manuel Santos el 7 de diciembre del 2010.

“Ya sé, van a decir que Robledo es un enemigo del país”, dice el senador del Polo al admitir su postura, y le dijo a Semana.com por qué tomó esa decisión.

"Emergencia anunciada"

Robledo dice que la declaración de emergencia es inconstitucional, al señalar que no cumple los requisitos básicos contemplados en el artículo 215 de la Carta Política.

Ese artículo dice que debe ser declarado el estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que amenacen perturbar los órdenes económico, social y ecológico. Para Robledo, el desastre generado por la ola invernal no constituye hechos sobrevinientes ni sorpresivos, “todo lo contrario, se trata de hechos anunciados”.

“El Gobierno ha sido lerdo a la hora de actuar”, dice, al registrar artículos de prensa en los que desde el 2009 se advertían tragedias como la del Canal del Dique en Atlántico, en la que sólo se actuó el 6 de diciembre, cuando se expidió el decreto. “¿Las inundaciones en La Mojana son nuevas? (...) En su primer acto de Gobierno, el presidente Santos visitó a las víctimas del invierno en esa región (...) Ni el gobierno de Uribe ni el de Santos hicieron lo que les correspondía”.

“Dictadura constitucional”

El senador del Polo dice que la emergencia social es un estado de excepción que le arrebata al Congreso su principal función, al suplir con decretos con fuerza de ley la facultad legisladora de Senado y Cámara de Representantes. leer más EN REVISTASEMANA.COM

Derrotar la corrupción

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

-----------------------------------Por Horacio Serpa

La corrupción es el cáncer de la democracia. Y está haciendo metástasis en Colombia. Con razón el Presidente Santos ha encendido las alarmas y ha fijado la derrota de ese delito en el mismo nivel que el terrorismo.

No hay cifras concretas de cuánto de la riqueza nacional se queda en los bolsillos de los corruptos, llámense contratistas, dirigentes políticos, empresarios, organizaciones criminales. La pobreza aumenta de manera vertiginosa de la mano de estos delincuentes que se roban la plata del desarrollo y el bienestar social, para financiar sus proyectos personales o grupales.

El caso más aberrante es el desfalco a la salud. Para nadie es un secreto que en muchos lugares del país esos recursos se han desviado hacia particulares, pero principalmente a los paramilitares, que saquearon la red hospitalaria y convirtieron los centros médicos en sitios de mala muerte, literalmente, en donde la gente va a morirse no a sanarse, en manos de personal que no recibe salarios durante años y no cuenta con elementos para realizar sus labores.

Basta escuchar las declaraciones de los paramilitares en Justicia y Paz para constatar esa realidad y visitar los hospitales de las zonas de influencia paramilitar para constar dicha realidad. No en vano el sistema de salud está quebrado. La plata se la roban de manera descarada los corruptos, armados y desarmados, sin que nadie haga nada para evitarlo. Pero así ocurre en todo el país, además, con los recursos para la educación, el agua potable, las carreteras, y un largo etc.

En los últimos días los medios de comunicación se han encargado de destapar muchas de esas ollas podridas. El olor es nauseabundo. El más notorio es el caso de los Nule, cabeza de los carteles de la contratación en Bogotá.

También se han destapado actos de corrupción en Fondelibertad, el Das, Incoder, Dirección Nacional de Estupefacientes, Banco Agrario, Inpec, Dian, Ingeominas e Inco. Tremenda labor tienen ante sí los órganos de control para identificar y castigar a los culpables de semejante tragedia nacional.

El Gobierno Nacional tiene que poner la lucha contra la corrupción como un objetivo nacional, si es que queremos avanzar en el fortalecimiento de la democracia, el logro de la paz y la generación de garantías para la inversión extranjera. No podemos seguir siendo una nación que se vanagloria de ganar la lucha contra el terrorismo, pero pierde todos los días la lucha contra los corruptos, que son langostas que se devoran el bienestar colectivo.

Esa cruzada nos involucra a todos los colombianos, pero debe comenzar con la aprobación de una ley anticorrupción que le otorgue verdaderas herramientas al Estado para desmontar ese flagelo. El Congreso tiene que demostrar que sí es digno de nuestra confianza. Nos merecemos ser una nación donde ser honesto sea una virtud y no una rareza. Hay que borrar el criterio de que la política es para enriquecerse y el Estado para esquilmarlo. La impunidad no puede ser el sello de nuestra nación.

Unidad en Arauca para defender sus derechos

Por: Francisco Torres

Arauca, octubre 10 de 2010.

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Los araucanos, en actitud enhiesta que recuerda su gloriosa contribución a la libertad de Colombia, le hicieron saber al Gobierno Nacional y al Congreso durante la sesión de la Comisión V de la Cámara realizada en Arauca el pasado 7 de octubre, que defenderán con la movilización su derecho a existir y progresar. El Gobernador, los Representantes a la Cámara, los siete alcaldes, la Asamblea Departamental en pleno, los Concejos Municipales, el Comité de Defensa de las Regalías que agrupa veintisiete organizaciones de gremios de la producción, organizaciones sindicales y comunales, el sector educativo y más de 600 araucanos en representación de los 300 mil habitantes de esta tierra bravía aunaron sus voces y argumentos con una sola consigna: ¡no permitiremos que nos quiten las regalías!

Se hicieron presentes los diputados del Meta y Casanare a coadyuvar la organización de la Orinoquia y el país contra el atropello. El próximo 14 del presente mes se reunirán los Comités de Defensa de las Regalías en Yopal para unificar contundentes tareas de protesta.

Y es que las razones de los araucanos para defender sus patrimonios son abundantes y probadas. Arauca, antes de comenzar la producción petrolera a mediados de los ochenta del siglo pasado no alcanzaba a tener 13 kilómetros de vías pavimentadas y no más de 130 de carreteables. La capital, aunque parezca increíble, no contaba con carretera, estaba aislada del resto del país, y sus comunicaciones terrestres dependían de las carreteras venezolanas por medio del puente José Antonio Páez construido sobre el Río Arauca por el gobierno de ese país. Llegar de Saravena a Tame era una aventura por una trocha, pasando ríos donde no había puentes. Muchos carros y muchos araucanos fueron arrastrados por las aguas. La única vía de comunicación de la Intendencia era la vía Saravena- Pamplona, una trocha que trasegaba por alucinantes precipicios. LEER MÁS

El gobierno le da un trato de segunda al Congreso

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 28 de septiembre de 2010.

Jorge Robledo

El gobierno está empeñado en tratar al Congreso de la República, no como otro de los Poderes Públicos, sino como una institución de segunda, pretendiendo enredarlo con respuestas piadosas en el trámite del proyecto de regalías, señaló hoy el senador Jorge Enrique Robledo al refutar la intervención del viceministro de Hacienda ante la Comisión Quinta.

El senador del Polo hizo la afirmación al denunciar que viene caminando una política para coger los recursos de municipios y departamentos y pasárselos al gobierno nacional, a fin de solventar el grave déficit fiscal. Pero los funcionarios se empecinan en ocultarlo, insistiendo en hacer creer que no serán tocados los recursos de regalías hoy asignados a municipios y departamentos. Como consta en el proyecto de presupuesto que acaban de aprobar las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, los 4,3 billones del Fondo de Regalías serán destinados a gastos en arterias viales e incluso a subsanar el hueco en la salud.

El proyecto de acto legislativo implica un cambio profundo en el Estado, al punto que los gastos de regalías no harán parte del presupuesto, y el problema de fondo sigue siendo el del déficit fiscal, concluyó Robledo.